Coronel Calcagno

Denunciarían judicialmente caso Inzaurralde-Santana que implica al coronel Carlos Calcagno

Eran militantes del PVP y fueron detenidos en Paraguay en marzo de 1977. Los "Archivos del Terror" documentan que fueron entregados al coronel Calcagno para su traslado a Argentina en un avión. No se descarta que luego pudieran haber sido traídos a Uruguay, como ocurrió con los vuelos de los uruguayos de Orletti.

Organizaciones de derechos humanos y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) analizan la presentación de una denuncia penal sobre el caso de secuestro en Paraguay de los desaparecidos uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, quienes pudieron ser trasladados a Uruguay en 1977.

La detención de Inzaurralde y Santana, ambos militantes del PVP, está ampliamente documentada en el llamado "Archivo del Terror", encontrado en Paraguay, donde se registra que los dos uruguayos fueron entregados al coronel Carlos Calcagno Gorlero para su inicial traslado a Argentina.

La participación del hoy retirado coronel Calcagno en la desaparición de los dos uruguayos ha motivado que en Asunción de Paraguay se iniciara una causa penal sobre la coordinación represiva regional conocida como Plan Cóndor, en el marco de la cual se solicitó la extradición del militar uruguayo.

El caso Inzaurralde-Santana nunca fue presentado ante la Justicia uruguaya ante las evidencias de que habían sido detenidos en Paraguay y llevados a la Argentina, pero la confirmación de que otros uruguayos capturados en países vecinos fueron traídos a Uruguay alienta la hipótesis de su traslado.

Medio centenar de militantes del PVP fueron secuestrados en Buenos Aires y recluidos en el centro de represión "Automotores Orletti" en 1976. Veintitrés de ellos sobrevivieron tras su trasladado a Montevideo en un "primer vuelo", y otros 22, también traídos en un "segundo vuelo", habrían sido ejecutados.

Inzaurralde y Santana se incluyen entre las prioridades definidas por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien el pasado 31 de octubre, al anunciar el cese de las excavaciones sobre los desaparecidos, señaló que se comenzaba la búsqueda de quienes desaparecieron en el exterior.

"Minucioso" interrogatorio
Uno de los documentos de los "Archivos del Terror" que demuestra la participación del coronel Calcagno en la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana en 1977 señala su directa intervención en una sesión de torturas de los uruguayos, antes de su traslado a Argentina.

Santana e Inzaurralde habían sido detenidos en una pensión de Asunción el 28 de marzo de 1977, se los torturó en el Departamento de Investigaciones de la Policía y el 16 de mayo, según otro documento oficial, fueron trasladados en un avión de la armada argentina a Buenos Aires, donde desaparecieron.

El documento, un parte del comisario paraguayo Alberto B. Cantero al jefe del III Departamento de Investigaciones que dirigía Pastor M. Coronel, explicita las "tareas" desarrolladas por un "equipo de trabajo" que interrogó a Inzaurralde y Santana los días 5, 6 y 7 de abril de 1977.

Según el documento el "equipo" lo integraban el coronel Benito Guanes, el teniente coronel Galo Escobar, el teniente primero Angel Spada, y el sargento Juan Carlos Camicha de Paraguay, los agentes José Montenegro y Alejandro Strada del SIDE argentino, y el mayor Carlos Calcagno de Uruguay.

"Interrogados minuciosamente cada uno de los detenidos, no aportaron mayormente datos nuevos a los ya conocidos y que en su oportunidad esa jefatura ya elevara a la superioridad", dice textualmente el parte al explicar los resultados de la tortura aplicada.

El documento adjuntaba "Antecedentes Históricos de FAU, ROE y OPR 33", "Antecedentes de Inzaurralde y Santana Scotto", "Organización del PVP antes de mayo de 1976", y "Organización del PVP después de mayo de 1976", que presumiblemente habría aportado el entonces mayor Calcagno.

Carlos Calcagno, alias "Martín"
Carlos Calcagno Gorlero, alias "El Gordo" o "Martín", nació el 2 de mayo de 1941 e ingresó al Ejército el 20 de enero de 1955, en el arma de Infantería.

En 1969 tenía el grado de capitán en el Batallón de Infantería N" 1, donde, a partir de 1972, pasó a integrar el servicio de Inteligencia del "S 2".

Entre los casos en los que Calcagno estaría implicado figuran el homicidio de los esposos Martirena en abril de 1972, la muerte de Juan Rosendo Fachinelli en el Batallón Florida en junio de 1972, y la tortura del uruguayo Antonio Viana Acosta, trasladado desde Argentina en febrero de 1974.

En enero de 1975, el capitán Carlos Calcagno fue elegido para hacer un curso especial de la "School of Americas" (SOA): el "Military Intelligence Off 0-11", en un "Año de la Orientalidad" en el que la generación de cadetes del Ejército cursó el "Basic Combat and Counterinsurgency Course C-6".

Para 1976, Calcagno se transformaba en mayor comandante de la Compañía de Contrainformación (C-CIE), y junto al capitán Armando Méndez aparece implicado en la muerte del obrero de la fábrica de papel Cicsa Humberto Pascoretta, según denunció el desertor Hugo García Rivas.

Como jefe de Contrainformación, García Rivas también le denuncia por el traslado clandestino, junto al mayor Alfredo Lamy, de dos niños desde Argentina a Uruguay a través de la cuenca de El Tigre, y de un viaje a Chile que coincide con el traslado de los niños Anatole y Victoria Julién.

Es en 1977 que su historia de represor queda comprometida, por su presencia en Asunción, donde asistió a los interrogatorios de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Nelson Inzaurralde y Carlos Santana, según documentos registrados en la burocracia de los "Archivos del Terror".

El 20 de marzo de 1980, asume como segundo jefe del Batallón de Infantería Nº 1, donde permanece hasta el 5 de febrero de 1982. Asciende al grado de teniente coronel y pasa a cumplir funciones en la Escuela de Inteligencia del Ejército. Llegó a coronel en 1990 y pasó a retiro el 2 de mayo de 1996.

La República

26/11/2006

Denuncian al Goyo y al coronel Calcagno por desaparición de Santana e Inzaurralde

El ex dictador Gregorio Alvarez y el coronel Carlos Calcagno son acusados junto a 10 represores paraguayos y cuatro argentinos. Inzaurralde y Santana eran militantes del PVP que fueron detenidos en Asunción y llevados a Buenos Aires, según los "Archivos del Terror". Testigos de su desaparición y el arzobispo de Asunción, Ismael Rolón, aseguran que ambos fueron trasladados luego a Uruguay. El caso fue presentado el viernes ante el juez Luis Charles, quien, junto a la fiscal Mirtha Guianze, indaga el caso del "segundo vuelo" de Orletti y la causa de Adalberto Soba por la que ya fueron procesados ocho militares y policías.

El ex dictador Gregorio Alvarez y el coronel Carlos Calcagno Gorlero, junto a diez represores paraguayos y cuatro argentinos fueron denunciados el viernes ante la Justicia Penal uruguaya por la desaparición, hace exactamente 30 años en Paraguay, de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, quienes pudieron haber sido trasladados a Uruguay en 1977.
La denuncia fue presentada, con otra sobre la desaparición en 1976 en Buenos Aires del uruguayo León Duarte, dirigente del sindicato de Funsa, al que también pertenecieron Inzaurralde y Santana, ante el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, quien indaga casos de desaparición durante la dictadura contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

El caso, patrocinado por el abogado Pablo Chargoñia, fue promovido por familiares de las víctimas y por la central de trabajadores PIT-CNT, del que eran militantes las víctimas, sobre cuya desaparición se ha presentado abundante documentación que compromete a los organismos de represión de las dictaduras militares de Argentina, Paraguay y Uruguay.
Chargoñia fundamentó la denuncia en el marco de las investigaciones que el juez Charles y la fiscal penal Mirtha Guianze vienen realizando sobre la desaparición de los uruguayos Alberto Mechoso y Adalberto Soba, causa en la que ya fueron procesados ocho militares y policías, y la conexión procesal que el tema tiene con el llamado "segundo vuelo" de Orletti.

Inzaurralde y Santana serían víctimas del mismo operativo de coordinación represiva de las dictaduras por el que en 1976 un grupo de militantes del PVP fue secuestrado en Argentina y, luego de ser torturados y extorsionados en el centro clandestino Automotores Orletti, fueron trasladados ilegalmente a Montevideo, donde una veintena de personas continúa desaparecida.

Las víctimas
Gustavo Inzaurralde era un maestro dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio en la CNT, que estaba casado con María del Carmen Pose Merino. Perteneció a la Resistencia Obrero Estudiantil y a la Federación Anarquista Uruguaya, hasta que en 1975 en Buenos Aires fue fundador de PVP.

Había sido procesado en Uruguay 1970 y optó por exiliarse en Argentina, de donde fue expulsado en mayo de 1971.

Se radicó en Chile donde trabajó en organizaciones de base de la Unión Popular hasta el golpe de Estado del general Augusto Pinochet, cuando regresa a Argentina para acogerse a una ley de amnistía del entonces presidente Juan Domingo Perón.

En julio de 1974 fue detenido junto a otros uruguayos cuando realizaba un acto político contra la dictadura uruguaya y luego del golpe militar en Argentina cuando se realizaba un segundo operativo coordinado contra el PVP en setiembre de 1976, obtuvo del Alto Comisionado de Naciones Unidas (Acnur) el estatus de refugiado.

Inzaurralde logró sobrevivir a los operativos de secuestro que sus compañeros sufrieron en el marco del Plan Cóndor y viajó a Paraguay desde donde procuraba viajar a Suecia para reunirse con su esposa, embarazada de pocos meses. Fue detenido en Asunción el 29 de marzo de 1977 y habría sido trasladado a Argentina y luego a Uruguay, donde continúa desaparecido. Nelson Santana fue estudiante de UTU en la que aprendió el oficio de pintor de obra. Fue despedido de la textil Manufactura Norte por participar de la huelga contra el golpe de Estado de 1973 y se integró a Funsa. Militaba en la ROE y en 1974 se radicó en Buenos Aires, donde también fue uno de los fundadores del PVP.

Los hechos
Inzaurralde y Santana sobrevivieron a los operativos que sobre el PVP se realizaron en julio de 1976, cuando un grupo de 23 personas fueron trasladadas en un vuelo piloteado por el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Enrique Bonelli, y la otra serie de secuestros que sus compañeros sufrieron en setiembre y octubre, cuando se realizó el "segundo vuelo".

Gustavo Inzaurralde era el único miembro de la dirección del PVP que había escapado de los secuestros realizados desde Orletti. En setiembre de 1976 salió de Buenos Aires para establecer una ruta de salida hacia Europa de los uruguayos que vivían en la inseguridad de Argentina. En ese marco Inzaurralde y Santana ingresaron a Paraguay en marzo de 1977.

Ambos fueron detenidos en el Hostel Stella de Italia en Asunción el 29 de marzo de 1977 y tres días después fueron interrogados por el jefe del Tercer Departamento de Investigaciones de la Policía paraguaya, Pastor Milciades Coronel, según consta en actas rescatadas de los llamados "Archivos del Terror" localizados en Paraguay luego de la dictadura.

La documentación indica que el 5 y 6 de abril de 1977 la situación de Inzaurralde y Santana es analizada en una reunión a la que asiste "personal del Servicio de Inteligencia de la República Oriental del Uruguay", quien llevó informes con antecedentes de ambos. Un documento del 9 de abril señala que en aquella reunión estuvo el mayor Carlos Calcagno del SID uruguayo.

El 16 de mayo de 1977, Santana e Inzaurralde fueron llevados a Buenos Aires en un avión de la Armada argentina de matrícula 5T-30, piloteado por el capitán de corbeta D'Imperio, donde también fueron trasladados los argentinos José Nell, Alejandro Logoluso y Dora Marta Landi. El grupo fue entregado a los agentes de la SIDE José Montenegro y Juan Manuel Barret.

La desaparición
Un informe de la policía paraguaya consigna que los dos uruguayos y los tres argentinos fueron expulsados del país por carecer de documentación, pero el testimonio de un sobreviviente del Centro Clandestino de Detención conocido como "Club Atlético" señala que Gustavo Inzaurralde compartió su celda.

Curiosamente, con fecha 21 de julio de 1977 la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas de Uruguay emitió un comunicado en el que requería la captura de Gustavo Inzaurralde por supuestos delitos al Código Penal Militar. La requisitoria de detenidos que eran muertos o desaparecidos fue reconocida como modo operativo del Ejército uruguayo.

El 22 de setiembre de 1977, María del Carmen Posse envía una nota al Arzobispo de Asunción, monseñor Ismael Rolón para que indague la suerte de su esposo. El 5 de octubre, Rolón responde que "fue trasladado, con otros detenidos por la policía paraguaya en un avión militar argentino a Bs. As. y de ahí a Montevideo, él solo. Esto sucedió en mayo de este año 1977".

Desde entonces la situación fue denunciada ante la OEA y Amnistía Internacional, hasta que en febrero de 1980 el testimonio de otros dos paraguayos que estuvieron detenidos confirman que Santana e Inzaurralde fueron entregados a represores de sus países que habían concurrido a las fiestas de la independencia paraguaya el 15 de mayo de 1977.

En una nota fechada el 6 de noviembre de 1980 monseñor Ismael Rolón dio nuevos datos sobre el destino de Nelson Santana al activista brasileño por los derechos humanos Jair Krischke de Porto Alegre: "Fueron llevados al Aeropuerto Internacional para ser embarcados en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, llegado al efecto", testimonió.

El encubrimiento
A fines del año 2001, en el marco de una causa vinculada a la desaparición del argentino Alejandro Logoluso al Plan Cóndor, la Justicia Federal argentina libró a Uruguay un exhorto solicitando la declaración del militar Carlos Calcagno. El magistrado actuante, Dr. Homero Da Costa fijó una audiencia para el 14 de noviembre de 2001 a la que Calcagno no compareció.

El 20 de noviembre de ese año, el entonces ministro de Defensa Nacional, Luiz Brezzo, comunicó a la sede judicial que "no correspondería diligenciar" el pedido de ubicar e interrogar a Calcagno porque con ello se afectaban "principios generales y normas de orden público internacional de la República Oriental del Uruguay".

El ministro del gobierno del presidente Julio María Sanguinetti argumentó que se afectaba el artículo 10º del Código Penal Uruguayo que sostiene que los nacionales no se sustraen a las leyes locales a la hora de juzgar delitos cometidos por funcionarios "al servicio de la República, con abuso de sus funciones o mediante violación de los deberes inherentes al cargo".

Brezzo también expresó que Calcagno estaba amparado a la Ley 15.848 por la que había caducado la pretensión punitiva del Estado respecto a delitos cometidos por militares o policías por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto.

Frente a la negativa del Poder Ejecutivo la solicitud de la Justicia Federal argentina pasó a estudio de la Suprema Corte de Justicia donde, luego de agregársele algunas constancias administrativa, fue devuelta al Juzgado del juez Homero Da Costa el 17 de diciembre de 2001, según se explica en la presentación del abogado Chargoñia.

Los denunciados
En su fundamentación los denunciantes subrayan que es público y notorio que agentes estatales de Uruguay y Argentina actuaron conjuntamente con agentes paraguayos en el marco del Plan Cóndor, para detener, sustraer menores, torturar, extorsionar y trasladar ilegalmente a exiliados uruguayos que buscaban refugio de la dictadura de su país.

Recuerdan que el comandante de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, reconoció la existencia de vuelos ilegales, lo que se suma a las responsabilidades en los homicidios como los de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la aparición en Uruguay de la nieta del poeta Juan Gelman y otras pruebas sobre traslados desde Brasil, lo que evidencia el terrorismo de Estado sufrido.

En ese marco es que acusan al coronel retirado Carlos Calcagno Gorlero, quien en 1976 era mayor comandante de la Compañía de Contrainformación del Ejército, y al ex dictador Gregorio Alvarez por su condición de "mando" en la fecha del secuestro y traslado de Inzaurralde y Santana, y su posterior condición de presidente de facto. La denuncia también solicita al juez Charles que analice la responsabilidad penal de los policías paraguayos Alberto B. Cantero, Pastor Miliciades Coronel, Augusto César Montanaro, Juan Ramón Caballero, Federico Galeano, Carmelo Báez y de los militares de ese país Benito Guanes Serrano, Galo Escobar, Angel Spada y Juan Carlos Camicha.

La presentación judicial también implica a los agentes de la SIDE argentina José Montenegro, Juan Manuel Berret y Alejandro Stada, como al capitán de corbeta D'Imperio, quienes como los represores paraguayos se ven comprometidos en la detención, traslado y desaparición de Santana e Inzaurralde según evidencian los "Archivos del Terror"

La República

01/04/2007

CASO MARTIRENA: EL CORONEL CALCAGNO MINTIÓ COMO TESTIGO

Cuando algunos de sus camaradas de armas le pidieron que no fuera a declarar ante el juez Rolando Vomero, el coronel retirado Carlos Calcagno les dijo “No, no… voy a ir porque le tengo que hacer una pierna al Tito”.

El “Tito” es el comandante en jefe del Ejército, el teniente general Ángel Bertolotti, y Calcagno era el militar que estaba al mando en el operativo en el que el 14 de abril de 1972 fueron asesinados Ivette Gimenez y Luis Martirena, uno de los actos de retaliación derivados del asesinato de la cúpula del Escuadrón de la Muerte a manos del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) en la mañana de ese mismo día. El crimen está siendo investigado por el juez Vomero, y no está amparado por la Ley de Caducidad, ya que se produjo más de un año antes de la entrada en vigencia de la norma que impide castigar a los militares y los policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura de 1973-1985.

Según el diario ULTIMAS NOTICIAS, el general Bertolotti convenció a Calcagno de que concurriera a declarar recordándole que lo hacía sólo como “testigo” de lo ocurrido ese día. De acuerdo al diario EL OBSERVADOR, luego del interrogatorio del juez Vomero, Calcagno volvió a informar a la fuerza sobre sus declaraciones. Las fuentes militares de esta publicación dijeron que cuando el magistrado que investiga el asesinato de Giménez y Martirena le preguntó a Calcagno acerca de por qué los policías y los militares que realizaron el operativo abrieron fuego contra la vivienda, Calcagno mintió que sus hombres se limitaron a responder a los disparos que provenían del interior de la casa.

El testimonio de Calcagno contradice abiertamente al del juez penal Daniel Echevarría, quien ese día llegó a la casa del matrimonio Martirena-Giménez poco después de los hechos. Echevarría declaró ante Vomero que en esa vivienda no se hallaron armas de fuego que justificaran el uso de armas pesadas por parte de las “fuerzas del orden” (se acribilló la casa hasta con ametralladoras antiaéreas). La pareja no tenía ningún tipo de armas a su disposición porque su casa estaba destinada a ocultar personas en una habitación secreta que los militares y policías que la allanaron ese día no pudieron encontrar.

En la tarde del 14 de abril de 1972, en esa habitación estaban ocultos dos guerrilleros: el hoy senador oficialista Eleuterio Fernández Huidobro y el ingeniero David Cámpora. Ambos permanecieron en su escondite durante todo el episodio, y sólo salieron de él al percatarse de la llegada del juez Echevarría, circunstancia a la que atribuyen haber salvado sus vidas. En el libro “Las manos en el fuego” el escritor Ernesto González Bermejo, recogió el testimonio de Cámpora, quien recuerda así lo sucedido ese día:

“Eran las dos de la tarde. Luis había vuelto a casa, Laura estaba en el liceo, Anita en la escuela (Laura y Anita son las hijas del matrimonio), Ivette acababa de recoger los platos de la comida y el Ñato (Fernández Huidobro) se había atragantado con una espina de pescado e iba a bajar al baño para sacársela cuando oímos por la VHF con toda claridad. ‘¡Atención, por favor no proceder hasta que llegue número uno, no proceder hasta que llegue…!´ Nos miramos con el Ñato. Eso debe ser cerca. Dos ruidos rotundos llegaron hasta el escondite. Pienso, fulminante, debe ser Ivette que se cayó por la escalera. Y voy hacia la boca del berretín. (...)

Voy a descender cuando el Ñato me pone la mano en el hombro y me lo impide. ‘¿Que haces loco?´, me dice ‘cerrá que están los milicos´. De pronto todo está claro para mi. Los ruidos habían sido detonaciones potentes de (fusiles) M-1. (...) Ya no son dos disparos, es toda una artillería la que se descarga sobre la casa. (…) El Ñato no responde y sigue derrumbándose hecho un ovillo hacia la boca abierta del pozo, y entonces giro la cabeza y lo veo. Del cuello de la camisa le sale un chorro rapidísimo y grueso de sangre que moja la camisa y salta y me salpica a mi también. (…)

Cuando los soldados entraron a la casa hubo aquella ráfaga diez, doce, catorce tiros y un poco después aquella otra más lejos, más soprano y el pac, pac de un arma corta de poco calibre, quizás una 7.65 sobre los que prevalecieron los gritos del oficial: ‘Alto el fuego, no tiren más´. Tan ansioso el oficial que pensé, ‘se deben estar disparando entre ellos´. Suele haber confusiones en esas entradas y además sabía que Luis e Ivettte estaban desarmados. Cuando cesó el tiroteo grande y los policías entraron a la casa, Luis salió del dormitorio, avanzó hacia los que subían y gritó con voz entera: ‘¡No tiren, por favor, no tiren, estamos solos y no tenemos armas!´. Sobre esa frase se oyó la ráfaga diez, doce, catorce tiros, el ‘ej´ de Martirena, y el derrumbe del cuerpo. El peso muerto, sobre el piso de madera.

Cuando salí del dormitorio chico para abandonar la casa, junto a la boca de la escalera, lo vi. El cuerpo de Luis estaba boca arriba, la cabeza hacia la escalera y los pies hacia el dormitorio, un poco reclinado hacia la izquierda, los lentes en una mano muy crispada. La cara sin expresión concreta, la boca entreabierta. “¿Acá en la casa vive una mujer?”, me preguntó el hombre que estaba con el juez cuando bajé del berretín. “‘Si, si, ¿de qué edad?”, pregunté. “‘Unos treinta y poco años”, había dicho el hombre. “Es Ivette”, dije. “Mejor que no vaya a verla”, había dicho el hombre, como si yo hubiera podido moverme de donde estaba. “No tiene cabeza”, dijo el hombre.”

Carlos Calcagno también está involucrado en el secuestro en Paraguay y el traslado y desaparición en Argentina de los ciudadanos uruguayos Insaurralde y Santana, y de haber trasladado hijos de desaparecidos desde Argentina a Uruguay por el delta del río Paraná.

16.06.05/COMCOSUR AL DÍA