"Una de las cosas curiosas de la dictadura uruguaya es que dejó todo documentado, así que todos los detalles del Operativo Conserva que encabezó el dictador Gregorio 'Goyo' Alvarez deben estar en algún lado", afirmó el ex senador nacionalista Alberto Zumarán.
El dirigente realizó a la salida de la dictadura, en ejercicio de su función legislativa, una exhaustiva investigación sobre el negocio y terminó presentando una denuncia ante la Justicia.
Este procedimiento legal efectuado por el ex legislador obligó a Alvarez a concurrir por primera vez ante un juez penal, a fines de la década del 80. "Las pruebas sobre el Operativo Conserva deben estar en alguna parte del Estado uruguayo", afirmó Zumarán. El nacionalista recordó a LA REPUBLICA además, que "eso se pagó, hubo millones de dólares en juego y tiene que estar todo documentado".
"Hay que buscar y buscar, porque me parece imposible que no haya ningún documento", enfatizó. "En alguna caja, en alguna parte del Estado, aunque sea en la Esmaco, todo eso tiene que estar", insistió.
Zumarán dijo sentirse satisfecho por la propuesta del senador de Participación Masoller (Espacio 609) Jorge Saravia, publicada ayer por nuestro matutino, quien planteó la posibilidad de levantar el secreto bancario de las cuentas del dictador para averiguar sobre este negocio. "El denominado Operativo Conserva fue un delito económico, pero a la salida de la dictadura el gran tema era la posibilidad de juzgar a los militares por su violación a la Constitución, a los derechos fundamentales, por la disolución del Parlamento", recordó el ex candidato presidencial nacionalista.
"Siempre quedó afuera el tema de los delitos económicos, sin embargo, yo personalmente me encargué de investigar el Operativo Conserva durante los años 1987, 1988 y 1989". "El Operativo Conserva no era una cosa alocada, porque el ganado se estaba muriendo y había que encontrar alguna solución, pero lo increíble es que las cuentas nunca aparecieron", agregó. "Los hechos ocurrieron en dictadura y durante el período dictatorial presidido por Gregorio Alvarez. Durante una sequía muy grande que padeció el país, había gran cantidad de ganado flaco y débil, que no llegaba a terminar su engorde, entonces había que llevarlos a la faena con destino a la industria", recordó Zumarán. "El gobierno de la época resolvió llevar ese ganado a varios frigoríficos de Argentina. Los productores recibieron bien la decisión, pero casi de inmediato empezaron a intervenir intermediarios", señaló el ex legislador. Finalmente "el Estado tuvo que poner 13 o 14 millones de dólares, por lo que se pagó a los productores". "Quienes hicieron ese proceso de intermediación y de fletes, que yo calificaría como un infierno impresentable, fueron los integrantes de la denominada Triple A, integrada por Alvarez, Alori y Arigón", dijo Zumarán, refrendando lo publicado ayer por este matutino.
CONSIDERADO INIMPUTABLE
Después de llevar adelante una investigación parlamentaria que no prosperó, Zumarán presentó la denuncia ante la Justicia.
"Lo bueno que yo recuerdo de todo esto es que, por lo menos, Alvarez fue citado por primera vez ante una sede penal para ser interrogado por este asunto. Fue a declarar, lo tuvieron allí varias horas, y tuvo que contestar las preguntas de un magistrado independiente, basadas en la denuncia que yo había hecho".
"El negó todo y decía que nada de lo que se denunciaba había ocurrido, pero lo cierto es que hubo un negocio de millones de dólares. Lo triste es que no se le pudo probar nada y lo positivo es que Alvarez fue por primera vez a la Justicia, en un momento que era considerado inimputable".
La República
09/01/08
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