Investigar al Goyo por "Operación Conserva"

Al ex dictador Gregorio Alvarez le están apuntando a la línea de flotación. Legisladores del Frente Amplio promoverán que la Justicia investigue sus cuentas bancarias, que se sospechan abultadas y con dinero fraudulento. El oscuro "Operativo Conserva" será uno de los capítulos a abrir.

Contrariamente a lo aplicado a otros dictadores latinoamericanos como es el caso del fallecido Augusto Pinochet al que se le investigaron sus cuentas bancarias locales e internacionales, en nuestro país la Justicia no ha podido incursionar en esa materia y por lo visto ha sido así hasta estos días.

Negocio ruinoso. La operación obligaba al Estado uruguayo a comprar el producido a un precio superior al internacional.

El senador Jorge Saravia (Espacio 609) dijo a este diario que "sería oportuno y razonable que la Justicia investigara las cuentas bancarias de Alvarez porque en ellas hay dinero obtenido de negocios turbios, como el caso conocido como Operativo Conserva, en el que el ex dictador participó junto a un terraniente de Cerro Largo y a un empresario frigorífico".

El llamado "Operativo Conserva" fue una maniobra comercial desarrollada entre los años 1981y 1982 en la que participaron los que luego fueron identificados como "la triple A uruguaya". Allí estaban el empresario cárnico José María Alori, titular del Grupo Alori, un terraniente y ganadero de apellido Arigón, allegado a Alvarez cuando éste estaba al frente del Regimiento de Caballería Nº 7 apostado en Santa Clara de Olimar, y la tercera "A" es la del hoy procesado.

En esa maniobra en la que el terceto se enfundó -por lo menos- unos 13 millones de dólares consistió en exportar ganado en pie a Argentina para ser procesado allá, luego transformado en corned beef para que volviera enlatado a Uruguay.

Posteriormente, el MGAP asumía la obligación de comprar el producto e intentar venderlo al exterior aunque el rédito oculto estaba en que la totalidad de las ganancias iba para los grupos económicos que intervenían en la maniobra.

Pero existe un detalle más terrible aún que a la postre le costó el cargo como titular del Instituto Nacional de Carnes (INAC) al Mayor de la Marina Armando Méndez cuando ocupaba ese lugar en 1982. En aquél año Méndez dijo que el operativo era "inconveniente" porque el precio final de adquisición del corned beef era superior al de su posible colocación internacional y que la conserva no procedía del ganado exportado. Tras esta afirmación, el INAC pasó a estar comandado por un Coronel del Ejército.

La partida de corned beef se hizo a un costo promedio de 22 dólares la caja, equivalente a un 25% por encima del precio internacional del producto, precio/valor de aquellos años. La conserva cárnica fue re-exportada por el Grupo Alori a 16 dólares la caja, perdiendo el Estado la diferencia y ganando Alori las comisiones que INAC pagó por la venta. Clink, caja.

Coincidentemente, la esposa de Alvarez trabajaba en uno de los frigoríficos que participó en la maniobra y el ex dictador era accionista de Central Frigorífica Uruguaya Sociedad Anónima (Cufsa), perteneciente al Grupo Alori. Cufsa era un establecimiento frigorífico erigido en un inmueble que pertenecía a Efcsa en el departamento de Durazno y que fuera expropiado por la dictadura.

Las acciones de Alvarez en Cufsa son datos que -según los legisladores- están fácilmente detectables en los archivos de la Dirección General Impositiva.



ZUMARAN NO PUDO
La investigación sobre el "Operativo Conserva" tiene únicamente un antecedente en los andariveles judiciales. El entonces senador Alberto Zumarán en la primera administración gubernamental del ex presidente Julio María Sanguinetti llevó adelante una investigación que finalmente no prosperó. Por otro lado, en el año 1986 el Ministerio de Ganadería realizó también una investigación administrativa como consecuencia de las denuncias de Zumarán en el Parlamento. Tras esa investigación oficial, se determinó que el Estado uruguayo había perdido más de 12 millones de dólares en el operativo comercial, que se violó la ley de contabilidad y de administración financiera. No obstante la contundencia del dictamen del MGAP, el entonces ministro Pedro Bonino determinó que el expediente se clausurara y se archivaran los documentos. El ex senador Alberto Zumarán contraatacó en 1987 y realizó la denuncia penal correspondiente. Tras esa gestión logró que el ex dictador respondiera ante la Justicia. Allí por segunda vez consecutiva, el caso fue archivado y no repercutió en ningún otro estado.



EL RESPALDO DE LA REVISTA "HOY" DE ALORI
Algunos medios periodísticos que circulaban en las postrimerías de la dictadura titulaban la noticia del "Operativo Conserva" como "Operativo Coraje". Como la revista "Hoy", un medio periodístico perteneciente también al Grupo Alori. En la revista "Hoy frigoríficos" (así se presentaba) funcionaba como editor Danilo Arbilla. En "Hoy" Alori tituló en su editorial de setiembre de 1982 como Operación Coraje, definiendo así al "Operativo Conserva".

Al final del editorial, se aseguraba "es mucho lo que está en juego. Para mantenerlo, en una operación de las características atípicas como las que hoy analizamos, sólo se puede salir adelante como lo ha hecho el Gobierno Nacional: pisando fuerte. Duela a quien le duela. Pese a quien pese (porque éste es) un acto de soberanía sin precedentes, desafiando al poder mundial que controla el mercado de conservas, con todos los beneficios y riesgos que ellos implica". Uno de los pocos trabajos periodísticos de investigación que se dieron a conocer estuvo a cargo del economista Miguel Carrió en su libro "País vaciado. Dictadura y negociados" publicado en 1987. El libro reseña el entramado comercial del "Operativo Conserva" y la participación de Alvarez en el mismo. Por otro lado, desde el exterior, el periodista uruguayo Javier Zevallos realizó un trabajo de investigación para el semanario Voces del Frente sobre el Operativo. En el mismo se informa de la aparición de un dato nuevo en el caso que compromete el accionar del dictador Gregorio Alvarez. Zevallos prometía en esa crónica que denunciaría el hecho ante la Justicia.

La República
08/01/08