La cárcel de Regina Coeli de Roma. Aquí está detenido el marino Jorge TróccoliLa detención del capitán de navío uruguayo Jorge Tróccoli el 24 de diciembre, en Salerno, acusado por la desaparición de uruguayos descendientes de italianos durante los años setenta, ha generado una imprevista repercusión en Italia y en los países que participaron de la coordinación represiva de las dictaduras, conocida como Plan Cóndor.
"Cuando en Italia se habla de Uruguay y de su dictadura, de inmediato surge la historia de las operaciones de la Logia Propaganda Due (P2) que en los años de los gobiernos militares en el Cono Sur tenía una de sus sedes de operación política y financiera en Montevideo", sostiene un periodista italiano que fue entonces corresponsal en Uruguay.
La observación se confirma en una serie de artículos publicados por la prensa italiana en las últimas semanas, desde que Tróccoli fue detenido por orden de la jueza Luissana Figliola por un pedido del fiscal Gianncarlo Capaldo, quien indaga desde hace ocho años los crímenes contra descendientes de italianos en el marco del Plan Cóndor.
Con el arresto de Tróccoli, el fiscal Capaldo logró que se reactivara un caso que había quedado encajonado en la Justicia italiana y pudo desempolvar una orden de captura sobre 140 represores de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, donde los ciudadanos italianos fueron desaparecidos. En toda la región hubo repercusiones.
La marca de la P2
La Propaganda Due es una Logia masónica que adquirió total poder en Italia y se expandió hacia Sudamérica durante los pontificados de Pablo VI (1963-78) y Juan Pablo II (1978-2005), en los que el "Instituto per le Opere di religione" se convirtió en fachada de operaciones de lavado de dinero de la mafia a través del Banco del Vaticano.
Las historias de corrupción, que incluyen la sospechosa muerte de Juan Pablo I (1978), señalan al arzobispo norteamericano Paul Marcinkus, quien al frente del banco papal se asoció con el banquero Michele Sindona y con el jefe del vaciado Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, quienes realizaron misteriosas inversiones con el dinero del Vaticano.
Sindona terminó preso por desfalco y fue envenenado con cianuro en una cárcel de alta seguridad. Calvi apareció colgado bajo el puente Blackfiars del Támesis en Londres. En ambas muertes se ha marcado la responsabilidad de la Propaganda Due, la logia creada por el "venerable" Lucio Gelli, aún preso hoy en una cárcel italiana.
Dinero de la Logia
La pasión y debate que en 1973 provocó entre democristianos gobernantes y comunistas opositores de Italia el golpe de Estado en Chile no se repitió tres años después, cuando se inició la dictadura en Argentina. Isabel Perón no era Salvador Allende, sintetiza el periodista Mauricio Mateuzzi en un artículo de "Il Manifiesto".
Mateuzzi recuerda que en esos días la Logia P2 de Lucio Gelli compraba "Il Corriere Della Sera" para iniciar su más fuerte industria financiera con intereses en Argentina, donde adquirieron el Grupo Rizzoli y la Editorial Abril. La dictadura argentina fue una aliada de la Logia de Gelli en cuyas listas aparecía buena parte del gobierno italiano.
En Uruguay, Gelli también dirigía inversiones a través de su socio Humberto Ortolani quien instalaría en Montevideo la Banca Financiera Sudamericana (Bafisud) y entre inversiones agropecuarias y financieras sería uno de los fundadores de la pesquera Astra SA. El Bafisud quebró y la terminal de La Paloma terminó estatizada.
Los socios de Gelli
Cuando Licio Gelli desembarcó en el Cono Sur, las dictaduras le abrieron las puertas. Para el general Alfredo Stroessner, Gelli era anticomunista y por lo tanto aliado. En Chile, se asoció con el general Manuel Contreras. En Argentina, con José López Rega (y su Triple A) y con el almirante Emilio Eduardo Massera, ambos integrados a la P2.
En Uruguay, Gelli operaba desde la sede de Orden de Malta, la empresa Promociones y Servicios del Edificio Artigas y se había asociado con importantes estudios jurídicos. Los generales Julio César Vadora, Luis Queirolo, Eduardo y Rodolfo Zubía, entre otros, lo ampararon, a diferencia del general Gregorio Alvarez, quien dejó morir el Bafisud.
En 1981 el inspector Víctor Castiglioni de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) comandó un allanamiento en Carrasco en que se incautó el archivo de la P2, donde figuraban los miembros uruguayos de la Logia. Esa lista negociaron en sucesivas visitas los primeros ministros italianos Giulio Andreotti y Bettino Craxi.
De Gladio al Cóndor
Licio Gelli había participado de la Operación Gladio, una organización terrorista secreta anticomunista creada en Europa Occidental luego de la segunda guerra mundial, con financiación de la CIA norteamericana y el M16 británico para generar una "estrategia de tensión" que impidiera el acceso al poder de gobiernos comunistas o socialistas.
En Gladio, Gelli conoció al neofascista Stefano Delle Chiaie (Avanguardia Nazionale) y al terrorista ultraderechista Vincenzo Vinciguerra, quienes participarían directamente en uno de los más importantes atentados elaborados por la coordinación represiva del Plan Cóndor: el intento de homicidio contra el chileno Bernardo Leigthon en Roma en 1974.
Entre 1973 y 1976 los represores uruguayos (OCOA y SID) actuaron en Buenos Aires en coordinación, primero con la Triple A de Rega y luego con el Batallón 601 que comandaba el general Guillermo Suárez Mason, miembro de la P2. En 1977, Tróccoli operó desde el Fusna con el propio Emilio Massera, cabecilla de la P2 en Argentina.
¿Ayuda diplomática?
Cuando era evidente su procesamiento, junto al dictador Gregorio Alvarez y su camarada de armas Juan Carlos Larcebeau, el capitán Tróccoli decidió fugar a Italia. No compareció en el último interrogatorio judicial y fue requerido internacionalmente por el juez penal Luis Charles. Su abogado, Gastón Chaves, dijo que estaba embarcado.
Tróccoli había comenzado a tramitar la nacionalidad italiana en 1996, apenas fue denunciado como represor del Fusna en la revista Posdata, pero un año antes había acompañado al embajador uruguayo en una supuesta "misión oficial". El embajador uruguayo en Italia era Julio César Lupinacci, el embajador ante Caracas cuando el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros de la Embajada de Venezuela en 1976.
Diplomático de la dictadura, Lupinacci fue quien en 1993 envió desde Italia una foto de la última víctima del Plan Cóndor, el chileno Eugenio Berríos, quien aparecía "vivo" en Milán tres meses después de muerto. Lupinacci casualmente fue embajador ante Chile, Naciones Unidas, Argentina y en 2000, Jorge Batlle lo designó en el propio Vaticano.
La causa de Capaldo
El fiscal Gianncarlo Capaldo comenzó a indagar sobre los italodescendientes desaparecidos en Sudamérica a fines de los años noventa, al igual que su colega español Baltasar Garzón, cuando en los países que habían sufrido las dictaduras se habían impuesto leyes de amnistía, obediencia debida y punto final.
Desde 1999 se comenzaron a presentar los primeros casos de uruguayos que incluían a Daniel Banfi, asesinado en 1974, Bernardo Arnone, Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno, desaparecidos en 1976 y Andrés Bellizzi desaparecido en 1977. Capaldo viajó a Argentina y Uruguay en 2002, pero no tuvo apoyo de ambos gobiernos.
Tróccoli pudo fugar a Italia para evitar la extradición por su condición de ciudadano, pero es probable que no supiera que en la causa de Capaldo se habían agregado los casos de Edmundo Dossetti, Iliana García Ramos, Julio César D´Elía, Yolanda Casco, Raúl Borrelli y Raúl Gambaro desaparecidos en 1977, cuando él operaba en el Fusna.
La "conexión" Tróccoli
Suponer que el capitán de navío Jorge Tróccoli haya logrado una "conexión" con los resabios de la Propaganda Due para escapar de la Justicia uruguaya y ser sobreseído ante las leyes de Italia, parece tan improbable como haber creído treinta años atrás que existía una coordinación internacional represiva financiada por una logia masónica.
Tan improbable como que se lleguen a esclarecer los verdaderos entretelones que la logia de Lucio Gelli tuvo (¿y tiene?) en Uruguay desde los años de la dictadura y durante los sucesivos gobiernos electos en los que nunca se reveló ni lo ocurrido con las cuentas del Bafisud, ni con el contenido del archivo de la P2 y sus miembros uruguayos.
En Italia, sin embargo, la sombra de la P2 sigue latente y su fantasma suele aparecer en la prensa cada vez que en los tribunales superiores de Justicia se concretan sentencias dudosas que suelen beneficiar a sospechados de integrar grupos mafiosos económicos o políticos, o casos de corrupción que todavía no se han aclarado.
Un mal antecedente
El periodista Claudio Tognonato en "Il Manifiesto"1 (27/12/07) recuerda que no es la primera vez que la policía italiana arresta a un represor sudamericano. El 6 de agosto del año 2000 había sido detenido el argentino Jorge Olivera requerido por la Justicia francesa por la desaparición de Marie Anne Erize, en Buenos Aires en octubre de 1976.
Olivera, ex mayor del Ejército argentino, abogado y vinculado a la P2, dirigió un campo de concentración en la Provincia de San Juan y se vanagloriaba de haber sido el primero en violar a la desaparecida francesa. En 1985 llegó a ofrecerse como abogado defensor del nazi Eric Priekbe, cuando el criminal de guerra fue detenido en Bariloche.
Sin embargo, el 18 de agosto de 2000, la Cuarta Corte de Apelaciones de Roma emitió en secreto una imprevista sentencia de excarcelación y Olivera, que estaba detenido, como hoy Tróccoli, en la cárcel de Regina Coeli de Roma, pudo escapar de Francia al embarcar en un avión a Buenos Aires. Tróccoli, al menos, no podría regresar a Uruguay.
La República
07/01/08
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