La conquista del agua

El 4 de diciembre de 1867, El Poder Ejecutivo presidido por el General Flores acepta la propuesta de Don Enrique Fynn para abastecer de agua a la ciudad de Montevideo. "El agua será del Río Santa Lucia –tomada de la mayor altura, para que sea potable y limpia– y se le dará corriente por caños de hierro fundido, hasta la mayor altura del ejido de la capital, donde formará un recibidor de distribución y reserva, con veinte mil picas de capacidad" Se inaugura la obra, con gran pompa en julio de 1871. Había costado 500 mil libras de oro (unos ocho millones de dólares de hoy). Fynn contrajo fuertes deudas para llevar adelante el proyecto. Una por 350 mil libras que no pudo saldar, lo obliga a vender a la compañía inglesa The Montevideo Waterworks Company, originando la recordada "Compañía de Aguas Corrientes".
La obra se fue adaptando al devenir de la ciudad. En 1908 se tiende una segunda línea de tuberías. Casi medio siglo después durante la Presidencia de Don Luis Batlle Berres (1947 / 1950) fue adquirida por el Estado. Se crea la OSE (Obras sanitarias del Estado). Y otro medio siglo después, el gobierno que encabeza el hijo de Don Luís le da otro rumbo al libreto de la historia. La consigna impuesta por los acreedores de hoy, se llamen FMI, BM y otros, a través de la deuda externa –como le pasó a Don Enrique Fynn– es entregar la OSE y los importantes reservorios de agua dulce con que cuenta el país, como un valioso patrimonio de los uruguayos, al capital extranjero. El Poder económico manda.

En diciembre del pasado año 2002 se negocia con el FMI un Pliego de Condiciones y luego la OPP (Oficina de Presupuesto y Planeamiento) y una Sub Gerencia de OSE elaboran un Marco Normativo. A fines de enero de este año 2003, ese documento se llevo al FMI. Los delegados del Gobierno fueron el Ec. Isaac Alfie y el Cr. Ariel Davrieux, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas y Director de la OPP, respectivamente. ¿De que se trataba? De la privatización de OSE y de la extranjerización de los yacimientos uruguayos de agua dulce. Ese documento menciona el nombre de compañías que habrían de ser favorecidas con el "paquete" estructurado. Serían "Seinco" y "Sogreah", vinculadas a firmas nacionales como "CSI Srl", "Hidrosud Srl" y "Tracoviax" y además se interesaban grupos transnacionales francesas, israelíes y estadounidenses.

El agua será el bien esencial -y escaso- de las próximas décadas. Por eso las grandes compañías se apresuran a establecer en los tratados internacionales, como el ALCA, una serie de normas que la convertirían en una mercancía sujeta, como otras, a las leyes de la oferta y la demanda. Los múltiples temores que genera el ALCA en el Norte están justificados por la experiencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) vigente desde 1994 entre Canadá, EE.UU. y México, que servirá de modelo para la integración continental. Uno de sus temas centrales, el agua, permite entender la lógica utilizada en esta negociación. Ese elemento esencial para el mantenimiento de los ecosistemas y para la supervivencia de la especie humana, corre grave peligro de ser transformado en simple mercancía.

Las grandes corporaciones compiten para explotar la creciente penuria del precioso líquido y, junto a algunos países poseedores de ese recurso, se ven a sí mismas como "la OPEP del agua", fingiendo ignorar que en este caso se trata de un recurso vital. En América del Norte ya se despertaron los apetitos. El Toronto Globe and Mail, de Canadá, ya preveía en 1991 que la privatización del agua sería la mega industria de la siguiente década. El Wall Street Journal anunciaba en 1998 que, luego del teléfono, la energía y el gas, el agua sería el próximo servicio donde se desarrollaría la competencia internacional. Las grandes transnacionales esperan tranquilamente el día en que finalmente puedan organizar el comercio mundial del agua, como el del petróleo o el de la madera

En los hechos, el agua quedaría así fuera del principio de "soberanía permanente sobre los recursos naturales". Con el ALCA, todos los pueblos de América se verían legalmente obligados a perpetuar un uso no sostenible de los recursos hídricos del continente y a aceptar un reparto de ese recurso ya no equitativo, sino mercantil, en función de la ley de la oferta y la demanda. Para grandes sectores de la población americana, que sólo sobreviven por medio de la autosuficiencia alimentaria, esto sería funesto. En la lógica del libre mercado, la presión de la demanda sobre un recurso limitado haría subir el precio y el agua se transformaría así en una riqueza para quienes pueden acapararla, se encuentre donde se encuentre.

Pero los ecosistemas y los pueblos seguirán necesitando agua para vivir, aún sin disponer del dinero para comprarla. Recurso vital, el agua es un tema emblemático del debate que comienza en América. Si la vida no es una mercancía, es necesario volver a encontrar urgentemente el sentido y el espacio de un bien colectivo, de un patrimonio común de la Humanidad que en ningún caso puede quedar sometido a los imperativos del mercado. En una lógica donde la escasez determina el precio, o donde el valor se fija según la ley de la oferta y la demanda, una computadora vale más que una vida, pues la "demanda" de los ecosistemas no será jamás "solvente", ni tampoco la de millones de seres humanos "iguales en dignidad y en derechos", como sin embargo se afirmaba solemnemente hace apenas medio siglo.

Excluir el agua de todas las transacciones internacionales, colocarla fuera del campo de la Organización Mundial del Comercio y de los tratados sobre las inversiones internacionales, y, además, pensar en organizar la forma de compartirla a nivel, sería un primer paso simbólicamente esencial. Excluyendo el agua de las transacciones comerciales, es el derecho a la vida el que se intenta preservar. Y por supuesto, el conjunto de los bienes comunes –la educación, la salud, el conocimiento y la información– que hacen de la Humanidad lo que ella es.

Félix Duarte
"Caras y Caretas" 14/2/03