Cómo los Estados Unidos ocultaron información sobre los detenidos-desaparecidos de la dictadura militar argentina.

Revelaciones del ex embajador norteamericano Raúl Castro sobre los años de noche y plomo que explican la trama de cómo actuó la dictadura militar, con la complicidad de los Estados Unidos y de la clase dirigente argentina de la época.

Fuentes seguras de Washington confirman las declaraciones formuladas por el ex embajador norteamericano en la Argentina, Raúl Castro formuladas a la agencia Asociated Press (AP). Fueron años terribles en donde los militares constituyeron el brazo ejecutor de crímenes -toda una generación de hombres y mujeres jóvenes- alentados por sectores civiles empresarios, políticos de derecha y no pocos pretendidos liberales, junto a eclesiásticos que llegaron a bendecir las armas de los "grupos de tareas".

Algunas semanas después que los cadáveres de siete mujeres que habían encabezado un movimiento para liberar a sus seres queridos, aparecieron en una playa del sur de Argentina, en 1978, el gobierno de Estados Unidos se habría enterrado de quiénes eran los culpables de los asesinatos, los ejecutores directos y la Junta Militar. En Washington sostienen que se ocultó la información y ello es ratificado por el embajador Raúl Castro, pero lo cierto es que todas las dictaduras militares latinoamericanas tuvieron el visto bueno de ese país y la colaboración de la CIA y otros organismos de seguridad.

El llamado Plan Cóndor que integraron las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, fue un plan de factura norteamericana en los tiempos de la Guerra Fría, cuando estaba vigente la teoría de las "guerras de baja intensidad" y la Doctrina de la Seguridad Nacional, enseñanzas impartidas en la Escuela de las Américas, en los colegios y escuelas militares latinoamericanas, de acuerda a la doctrina de la "guerra contra revolucionaria". Esa mentalidad fue ampliada en los Documentos Santa Fe I y II de los ideólogos reaganistas del Partido Republicano.



Raúl Castro
Raúl Castro, entonces embajador de Estados Unidos en Argentina dijo a la agencia mencionada que él consideraba más importante trabajar entre bastidores para lograr que el régimen anticomunista mejorara la situación de los derechos humanos en su país, que criticarlo públicamente. "Estábamos tratando de defender los derechos humanos, pero de manera callada", explicó Castro, un ex gobernador de Arizona de origen hispánico, al memorar su sinuosa actuación en la Argentina.

Las declaraciones de Castro se producen luego que una institución privada, Archivos de Seguridad Nacional, reveló documentos previamente secretos en los que se indicó, de acuerdo a información del gobierno de Estados Unidos que las siete mujeres antes mencionadas habían sido capturadas por funcionarios militares. Esa situación se analizó y sancionó después de 1983 en el Juicio a las Juntas, pero nunca se ha sancionado la actuación, directa o indirecta, de los norteamericanos, embajadores, funcionarios de distinto rango y jefes castrenses, agentes especiales que actuaron en aquellos años. Un caso paradigmático es el de Henry Kissinger, responsable directo junto a la ITT del golpe militar en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende.



Madres de Plaza de Mayo
Las siete mujeres asesinadas eran dirigentes de las Madres de Plaza de Mayo, que representan a familiares de miles de desaparecidos, secuestrados y posteriormente asesinados, enterrados en fosas comunes o lanzados al mar.

Doce dirigentes de las Madres de Plaza de Mayo fueron secuestrados en diciembre de 1977. En una muestra de su histrionismo y maldad, la Junta militar acusó de los secuestros a grupos insurgentes. El embajador Raúl Castro se enteró de la verdad, según manifiesta ahora, a través de sus contactos en esa junta, que las mujeres habían sido secuestradas por el gobierno y que 'las evidencias' atribuidas a la guerrilla eran una invención.



Un telegrama revelador
El 20 de enero de 1978, en un telegrama enviado al Departamento de Estado, Castro dijo : 'Nuestras fuentes concuerdan en que el operativo fue llevado a cabo por alguna rama de las fuerzas de seguridad, pero no es claro de qué grupo específico se trata y de su nivel de responsabilidad'.

Al referirse al grupo insurgente, Castro dijo : 'la supuesta nota de los Montoneros atribuyéndose la responsabilidad por el secuestro ha sido generalmente desestimada'. Castro, que conocía a alguna de las señoras desaparecidas habría hecho inicialmente presiones para que las liberaran. Pero en un telegrama enviado posteriormente, que ahora se conoce por fuentes ajenas al ex embajador, dijo que ulteriores protestas 'serían infructuosas y sólo causarían reticencia si la junta está reteniendo información de manera deliberada' por temor a que causase 'demasiado daño si fuese revelada'.



El gobierno norteamericano
El 20 de marzo de 1978, Castro envió otro telegrama a sus jefes en el gobierno norteamericano, indicando que varios cadáveres "habían llegado a la playa" en el sur de Argentina "debido a vientos muy fuertes". Eso incluyó a siete mujeres del grupo de madres y entre ellas dos monjas francesas. En el cable diplomático también se indicó que un funcionario argentino había confirmado el arresto de las siete mujeres "bajo un amplio mandato contra terroristas y subversivos".

Castro envió una nota de protesta al general Jorge Rafael Videla y agrega que el gobierno francés desalentó ulteriores protestas por el asesinato de las monjas, pues eso causaba daños a su comercio con Argentina. Sin embargo, a diferencia de los norteamericanos los gobiernos francés han reclamado siempre, hasta ahora por las dos monjas francesas secuestradas y asesinadas por los militares.

El ex embajador norteamericano no quiso contar a las familias de los desaparecidos sobre sus hallazgos diciendo en otro telegrama que "eso sería infructuoso y podría desviarnos de las oportunidades que tenemos en la actual situación".

El diplomático pidió entonces a la Casa Blanca que "evitara todo lenguaje capaz de estigmatizar al gobierno y se concentrara, en cambio, en las perspectivas de una mejora del respeto a los derechos humanos en la Argentina".



Protestas semanales de la Madres
Las Madres comenzaron a hacer protestas semanales frente a la Casa Rosada, en Buenos Aires, que atrajeron a centenares de personas y la atención internacional. Luego de cada protesta, las dirigentes del grupo se reunían con el embajador Castro en la embajada y le informaban de nuevas desapariciones. "Yo tenía una línea directa con la Junta", dice Castro, "y realizaba indagaciones". Los informantes que tenía Castro en la Junta militar le dijeron que por lo menos dos de los dirigentes que asistían a las reuniones semanales eran infiltrados enviados por el gobierno, pero él mantuvo el secreto, "Yo tenía que proceder con cautela", afirma ahora Castro con desparpajo.

Una trascripción de un informe presentado en mayo de 1978 a un subsecretario de Estado por otro diplomático, Tex Harris, indica que los funcionarios del gobierno norteamericano prefirieron ignorar denuncias sobre las actividades represivas de la Junta indica que los funcionarios norteamericanos prefirieron ignorar denuncias sobre las actividades represivas de la Junta aunque "nuestros archivos", señaló Harris, "estaban repletos con información sobre dirigentes estudiantiles, psicólogos, psiquiatras, miembros de grupos de discusión socialista y otros, que habían desparecido". Harris cita declaraciones de un informante de la policía que le explicó lo ocurrido con los "desaparecidos".

"A esas personas que se les dice que van a ser transferidas y que deben recibir una inyección antes de partir, por razones médicas... Las personas se someten con amabilidad a esa inyección que contiene curia, un derivado del veneno usado por los aborígenes del Amazonas en sus cerbatanas. Evidentemente eso tiene el efecto de contraer los músculos. Luego, se la sube a aviones y se las arroja en la desembocadura del río, donde son rápidamente devoradas por los peces".

En el caso de las siete mujeres ya mencionadas, sus cadáveres fueron hallados cerca de la costa de Mar del Plata.

Meses después de los asesinatos, el gobierno norteamericano a instancias del Pentágono autorizó ventas de equipo militar para la Junta por 120 millones de dólares, además de otorgar más de treinta puestos de adiestramiento para oficiales argentinos en instalaciones y escuelas militares norteamericanas.

Castro afirma en sus declaraciones a AP, que la relación entre los militares estadounidenses y los argentinos "era muy afable". Los militares "tenían ingreso en Washington, en el Pentágono".

De los cinco confidentes infiltrados, todos varones, se desconoce a cuatro y un quinto "Gustavo Niño" fue identificado como el teniente de la armada Alfredo Astíz.


Argenpresse.info
Buenos Aires, 16 de diciembre del 2002