La dictadura brasileña realizó un meticuloso seguimiento de sus opositores dentro y fuera de fronteras entre 1964 y 1985. Existió intercambio de información entre los servicios secretos uruguayos y una agencia de espionaje desarrollada en Itamaraty. El Centro de Informaciones del Exterior (CIEX) fue creado por el diplomático Manuel Pío Correa, quien se desempeñó como embajador en Montevideo. En algunos archivos secretos divulgados por el periódico Correio Brasilenze se incluyen amplias menciones a dirigentes políticos uruguayos. Brasil también controlaba a sus países vecinos. La apertura de los archivos fue exigida en un seminario organizado por la Cámara de Diputados.
Los archivos secretos del Estado brasileño contienen información importante sobre lo que ocurría en Uruguay en los tiempos de autoritarismo democrático y durante la dictadura cívico militar de los años sesenta al ochenta, reconocieron a La República en Brasilia fuentes allegadas a documentos reservados de Itamaraty que fueron revelados por un periódico local.
Un servicio de Inteligencia, instrumentado a través de la política exterior brasileña, no sólo se habría dedicado a poner en práctica un Plan de Busca Externa para controlar a los opositores a su dictadura, sino que también habrían registrado las situaciones internas de los países vecinos y particularmente de Uruguay, donde se instalaron cientos de exiliados brasileños. Los meticulosos documentos "top secret" de la dictadura brasileña constituirían toda una crónica de las actividades represivas de la región y en particular de las operaciones del Plan Cóndor, donde Brasil tuvo menor protagonismo, pero de cuyas acciones fue permanentemente informado a través de sus embajadas y de informes de los servicios de Inteligencia vecinos.
La apertura de esos archivos secretos de la dictadura de Brasil fue exigida en la capital federal, Brasilia, por organizaciones de derechos humanos y legisladores que participaron entre el 15 y 17 de agosto del "1er. Seminário Anistiados do Brasil - Anistia e Dereitos Humanos" que se realizó en el Auditorio Nereu Ramos, anexo a la Cámara de Diputados.
En el seminario, donde hablaron el juez federal argentino Claudio Bonadío, impulsor de la nulidad de las leyes de punto final, la abogada chilena Faviola Letelier, hermana del asesinado ex canciller Orlando Letelier, y el activista de derechos humanos gaúcho Jair Krischke, también intervino La República, que expuso sus investigaciones periodísticas sobre el Plan Cóndor.
Desclasificar los archivos
La desclasificación de los archivos brasileños fue uno de los reclamos que las organizaciones de presos, destituidos y excluidos durante la dictadura hicieron al presidente Lula en una carta donde también piden la reparación a su situación de "amnistiados" a través de una ley posterior al régimen militar que no les reconoció todos sus derechos.
"O Brasil ainda esconde sua história de terror, em benefício de quem?
Para acobertar os horrores dos interesses americanos? Ou para esconder os criminosos nacionais?", dice la declaración suscrita por más de veinte organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que sesionaron en el seminario.
También la subprocuradora general de la República, María Eliane Menezes, admitió en el seminario que la ciudadanía tiene el derecho de saber la verdad, y sostuvo que mientras no se abran los archivos del Estado, en Brasil no habrá un reconocimiento cierto de lo ocurrido durante una dictadura en la que fueron amnistiados civiles y militares por igual.
El hallazgo de archivos secretos también ha generado una fuerte tensión política dentro de los edificios que rodean la Plaza de los Tres Poderes en el corazón de la capital de Brasil, cuyo presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, había ordenado remitir al Archivo General de la Nación toda documentación vinculada con la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1984.
El 31 de diciembre de 2002, horas antes de que Lula asumiera la presidencia, su antecesor Fernando Henrique Cardoso había ampliado por otros 30 años el plazo de reserva de todos los documentos secretos que pudieron realizarse durante la larga dictadura militar que se inició con el derrocamiento de João Goulart a mediados de los sesenta.
Un espía en Montevideo
La aparición de documentos de los años de la dictadura en Brasil también provocaron una fuerte expectativa en las organizaciones de derechos humanos y entre las víctimas de las dictaduras de la región que reabren sus esperanzas de conocer lo ocurrido con cientos de desaparecidos a través de los detallados informes elaborados por la Inteligencia brasileña.
En los años sesenta, desde la sede de la Cancillería de Brasil se instrumentó un sistema de espionaje denominado CIEX, al que todo el cuerpo diplomático brasileño aportaba datos referidos a las actividades de los opositores a su dictadura y los contactos que ellos tenían con organizaciones de izquierda de los otros países.
La investigación periodística realizada por el cronista Claudio Dantas Sequeira del matutino Correio Brasilenze en la capital federal brasileña, explica que este sistema de Inteligencia, que operó entre 1966 y 1985, fue creado por el diplomático Manuel Pío Correa, formado en la Escuela Superior de Guerra, quien luego cumplió funciones de embajador en Uruguay.
En Montevideo, el diplomático Pío Correa hizo el primer ensayo del CIEX que luego extendió a otros países. Actuaba junto a su agregado militar, coronel Camara Senna, en el seguimiento de las actividades de los exiliados Leonel Brizola y João Goulart, para la cual tejieron una red de informantes entre políticos, militares, jueces, policías, empresarios y comerciantes uruguayos.
El sistema de seguimiento e información, que contó con un particular apoyo de la policía en el interior del país, se extendió a toda la zona fronteriza uruguayo-brasileña, desde donde se elaboraron informes que luego eran intercambiados con los servicios de Inteligencia militar del poderoso III Ejército, hoy Comando Militar del Sur.
10 años antes del Cóndor
En declaraciones a Correio Brasilenze, el historiador Luiz Alberto Moniz Bandeira recordó que durante su exilio en Uruguay el diplomático Pío Correia fue un precursor de la Operación 30 horas por la que Brasil planificó invadir Uruguay si el Frente Amplio ganaba las elecciones de 1971. Pío Correa habría pretendido implementar la operación ya en 1965.
El trabajo de espionaje del CIEX no se limitó a la acumulación de información para la inteligencia del Estado brasileño, sino que también implicó un sistema de intercambio de información con los "servicios" de los países vecinos, lo que constituyó la implementación de la coordinación represiva diez años antes de que en Chile se instituyera el llamado Plan Cóndor.
A fines de 1975 cuando en Santiago de Chile se formalizó la Operación Cóndor en una reunión de servicios de Inteligencia convocada por la DINA trasandina, Brasil ya había desarrollado todo un aparato de seguimiento y represión fuera de fronteras que había denominado Plan de Busca Externa, que derivaba sus datos al Servicio Nacional de Informaciones (SNI). En la reunión constitutiva del Plan Cóndor, en representación de Brasil fue invitado el general João Figueiredo, entonces director del SNI, quien terminó por enviar a un representante, dada su desconfianza a la indiscreta forma de actuar de la Inteligencia chilena, que ya había ejecutado en Buenos Aires el asesinato del general Carlos Prats.
Aunque Brasil no aparece como uno de los principales protagonistas de las acciones del Plan Cóndor, toda la información surgida en la red de coordinación con los otros países también le era enviada para su procesamiento y evaluación. "Brasil debe tener el mejor archivo de todos los servicios de Inteligencia de la región", se indicó en Brasilia a La República.
"Olhos do Grande Hermano"
Entre los documentos que afectan a Uruguay, se incluye el Informe 334 del 13 de setiembre de 1977, en el que -a pedido de los servicios de Inteligencia uruguayos que solicitaban "poner en práctica el Plan Cóndor"- se da cuenta de las actividades que en Brasil realizaron representantes del ilegalizado gremio de estudiantes uruguayo.
"As autoridades suspeitam que estão sendo reativadas as ações clandestinas da Federação de Estudantes Universitários do Uruguai (FEUU), o ramo representativo do PC uruguaio no meio estudantil", dice el documento que anota la prisión de los consejeros docentes Alberto Castillo Alvarez, Max Cognolli, Hugo Selinko y César Corengia, y del estudiantil Edgardo Rodas.
En el Informe 151/71 el CIEX se enorgullece de haber identificado a subversivos en el Banco do Brasil: "Na agencia havia sido organizada uma célula da esquerda radical (FER ou MLN), descoberta pela polícia uruguaia, quando seus membros realizavam uma reunião clandestina na Escola Pública/171, em Villa García (km. 21 do Camino Maldonado, Montevidéu)", dice. Como consecuencia de ese operativo, terminaron siendo procesados con prisión los dirigentes bancarios Ary Cabrera Prates, Ruben Julio Vaneiro Roso y Luis Alberto Chemi de Mello, según confirmó a La República Adriana Cabrera, hija del sindicalista que en abril de 1976 en Buenos Aires terminaría convirtiéndose en víctima de la desaparición forzada.
Uruguay es mencionado en varios de los documentos relativos al seguimiento del dirigente comunista brasileño Carlos Lamarca y del ex diputado de la ALN, Carlos Marighella, de quien se destaca su relacionamiento con el dirigente del Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), Ariel Collazo, a quien acusan de ser nexo de los opositores brasileños con el gobierno de Cuba.
Roger Rodriguez
Diario La República, Uruguay
22 de agosto de 2007
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