Guianze: “la víctima es la dueña del conflicto”

Una vez que tuvo el tiempo para leer el auto de procesamiento de Gregorio Álvarez, la fiscal Mirtha Guianze saludó las coincidencias que encontró con el juez Luis Charles. “Si hubiera habido voluntad de colaborar (de los militares), otro habría sido el resultado. Tal vez el conflicto social no habría llegado al punto al que ha llegado”, comentó la fiscal, y destacó el papel de los familiares de desaparecidos. Agregó que hay una constante a tener en cuenta: que la víctima es la dueña del conflicto y es la que maneja sus pulsiones en el sentido de buscar la verdad.

EMILIANO COTELO:
Es el tema principal en la portada de todos los matutinos de la capital.

El País: “Álvarez preso. No se resistió y está aislado”.

La Diaria: “Hay justicia”.

La República: “27 D, el día justo. El traidor ya está preso”.

Últimas Noticias: “Álvarez ya está preso”.

Plan B: “Golpe democrático. El juez Charles hizo lugar al pedido de la fiscal Guianze y procesó con prisión al último dictador uruguayo”.

El Observador: “La caída” (incluye las fotografías de Álvarez en el momento de ser fichado, las tradicionales tomas de frente y de perfil con el número 276.487.17-12-07).

Gregorio Álvarez está preso, casi 23 años después de entregar el poder, ayer fue procesado por el juez Luis Charles por reiterados delitos de desaparición forzada, a propósito de lo ocurrido con uruguayos detenidos en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay.

Dice la nota de El País que el ex dictador durmió anoche por primera vez en la cárcel especial construida para responsables de violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura, en la que también están alojados, desde mayo de 2006, otros ocho represores. El ex comandante en jefe del Ejército es el reo de mayor rango en ese establecimiento. Pero ayer Charles también procesó por el mismo delito al marino retirado Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, detenido en el departamento de Colonia y pidió la captura internacional de otro marino retirado: Jorge Néstor Tróccoli Fernández.

La denuncia contra los mandos del gobierno militar que terminó en el procesamiento de Álvarez había sido presentada el 16 de mayo por familiares de uruguayos detenidos en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay en 1978.

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EC – Ayer, sobre las 10.00 de la mañana, En Perspectiva tenía el primer contacto con la fiscal de este caso, la doctora Mirtha Guianze, que en ese momento todavía no había tenido acceso al auto de procesamiento.

¿Ahora sí ha podido estudiar la resolución del juez Charles?

MIRTHA GUIANZE:
Sí. Al poco rato de que me llegó. Me pareció muy bueno el auto de procesamiento.

EC - ¿El juez acoge su planteo? ¿Hay una coincidencia con su visión de este caso?

MG - Sí, hay coincidencia en cuanto a los hechos que se encuentran probados y en cuanto a su tipificación. El juez recogió el pedido sobre desaparición forzada. Es una tipificación provisoria, como todo auto de procesamiento.

EC - El juez dice “sin perjuicio”.

MG - Después se verá, es una instrucción que va a empezar. Hay pruebas para diligenciar y pruebas para pedir la defensa.

EC - ¿Por qué este caso no está comprendido en la Ley de Caducidad?

MG - Con referencia a los marinos, el Poder Ejecutivo los dejó fuera de la Ley de Caducidad por entender –en lo que coincido– que los hechos acaecidos en la República Argentina no quedan comprendidos. En el caso de Álvarez hay una jurisprudencia constante, que ya se ha dado en otros casos, de que los mandos no están comprendidos, de acuerdo con el propio texto de la Ley de Caducidad.

EC - Si esa es la interpretación, ¿por qué recién ahora, 22 años después de terminada la dictadura, aparece una denuncia que incrimina directamente a alguien que ocupó nada menos que la Presidencia de la República como dictador, y que antes había sido comandante en jefe del Ejército? ¿Por qué la denuncia contra Álvarez recién se presentó en mayo de este año?

MG - No puedo entrar en consideraciones psicológicas o sociológicas que no son de mi órbita. Pero hace muy poquito, el mes pasado, estuve en un taller regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y hay una constante que hay que tener en cuenta: que la víctima es la dueña del conflicto, es la que maneja sus propias pulsiones en el sentido de buscar la verdad. Había una cantidad de gente que venía manejando eso desde hacía mucho tiempo, que venía tratando de investigar qué había pasado con sus familiares y como que llegó el momento de presentarse a pedir que la justicia investigara, con un aporte muy importante de datos y con el aporte de posibles testigos. Después eso fue complementado en el transcurso de la instrucción, pero la base está en las víctimas. Esas víctimas siguen sufriendo las consecuencias de los hechos, al punto que ayer hablé con un familiar que me decía: “Tengo sentimientos encontrados. Hay gente que festeja y lo festeja desde su punto de vista, pero a las víctimas en sí se les remueven todas las cosas que pasaron”.

Tampoco es la primera vez. Hay que recordar el procesamiento de Juan Carlos Blanco, que era un expediente muy antiguo. Lo digo porque el abogado de Álvarez decía que yo monopolizaba estos casos, y en realidad mi fiscalía, el segundo turno, es de las más antiguas. Antes éramos cuatro fiscalías del crimen y en ellas estaban radicados muchos de los casos antiguos. Por ejemplo, el caso de la madre de Macarena, que estaba en la fiscalía de cuarto turno. En el segundo turno estaba el caso de Elena Quinteros y fue Tota Quinteros quien en un momento determinado decidió volver a remover la denuncia. Lo mismo pasó con el expediente de Michelini y Gutiérrez Ruiz, que también estaba en la fiscalía de segundo turno. En un momento determinado, no sé si hay un proceso de maduración, pero las víctimas deciden que esto sea así. Y no fue en este gobierno, fue en el anterior.

EC - Pero ¿por qué Álvarez termina procesado con prisión por estos casos que se investigan en este expediente y no lo fue por otros que ya han dado lugar a otros procesamientos? ¿Por qué el grado de responsabilidad de Álvarez se tuvo en cuenta en este expediente y no en los anteriores?

MG - Álvarez tuvo distintos cargos. Fue jefe del Estado Mayor Conjunto en el año 74. Ahí teníamos una denuncia por la cual fue interrogado; concretamente sobre la desaparición de Washington Barrios. En ese caso podía haber tenido responsabilidad cupular, pero hasta ahora no hemos recibido de Argentina los documentos necesarios para completar la instrucción. Después, Álvarez pasó a ser jefe de la Región Militar Nº 4. Por lo tanto, cuando sucedieron todos estos hechos del 76 que investigamos (incluso el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz) él no ocupaba la posición de mando en los lugares donde podían tomarse las decisiones para ejecutar esos hechos. A partir de febrero del 78 pasó a ser comandante en jefe del Ejército y estos hechos que tenemos ahora caen en ese período. Ahí habrían comenzado los traslados clandestinos, por ejemplo en lancha, de acuerdo con la información que tenemos.

EC-El propio Álvarez, hace pocos días, en la entrevista que concedió al semanario Búsqueda a propósito de los traslados de uruguayos detenidos en Argentina, dijo: “Si los hubiera traído yo, si los hubiera mandado a buscar yo, si los aviones y barcos en que vinieron, dependieran de mí, sería responsable, pero yo no tenía ni barcos ni aviones”. ¿Cómo tiene en cuenta ese argumento?

MG - Es un argumento bastante endeble. No puedo hablar de la prueba, pero actuaron en Argentina –está probado– efectivos uruguayos tanto del Ejército como de la Marina. Hasta ahora nadie ha mencionado a la Fuerza Aérea, pero no se descarta esa posibilidad. También tenemos testigos que señalan que efectivos del Ejército bajaron a los prisioneros de las lanchas y tenemos claramente identificado que los efectivos operaban en La Tablada, que eran del Ejército y de la OCOA. Esa parte de la instrucción todavía no se ha completado, porque llegó un momento en que hubo como un desborde de información y teníamos que terminar en algún punto para después seguir, ya sea con ese expediente o formando piezas separadas. En ese lugar fueron vistas personas que fueron detenidas y torturadas en pozos, en chupaderos argentinos, y luego traídas a Uruguay y torturadas aquí, y están desaparecidas.

EC - Por otra parte, hay documentos en los cuales Álvarez asumió responsabilidad por eventuales violaciones a los derechos humanos cometidas en aquellos años. Esa es una parte contradictoria de la forma como el teniente general Álvarez ha manejado su vinculación con aquellos hechos. Está la orden 7777, del año 1978 y está la carta de ex comandantes en jefe del Ejército, que él firmó, de mayo del año 2006. Con este tipo de documentos, ¿comprometió su situación y su futuro?

MG - A la de 2006 le atribuyo un valor más bien simbólico si no tenemos hechos concretos que permitan responsabilizar a esas personas en carácter de mandos. Lo que hicieron fue una manifestación pública, como las personas que presentaron aquella carta que circulaba por internet diciendo que se hacían responsables de haber practicado un aborto, de haber colaborado o haber asistido. Eso tenía un valor simbólico. Pero en el caso de Álvarez hay hechos concretos que lo incriminan.

EC - El caso de la orden 7777, de 1978...

MG - Sí, porque ahí tenía mando y se hizo responsable de haber dado la primera orden.

EC - Decía: “Este comando no permitirá fijar forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión y si alguna actividad reñida con los derechos humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden en ese sentido por su condición de jefe de Estado Mayor Conjunto en la época de referencia”.

MG – Sí. Hay otra que también es trascendente, dictada creo que el 3 de marzo del 78, en la cual termina con la compartimentación. Cuando se le pidió que explicara eso, dijo que cuando entró, encontró que había cuestiones secretas, que había organismos de Inteligencia que no le comunicaban y dio la orden de que nada fuera reservado para él y desde entonces comenzó a tener conocimiento de todo. Eso lo implica.

Hay otra cuestión que el juez menciona en el auto de procesamiento –que yo había mencionado al pedir el procesamiento–, agregó un documento emanado de la Junta de Oficiales Generales cuando asumió la Presidencia, en el cual se decía que la Junta de Oficiales Generales, la junta de comandantes en jefe, iba a ser la que iba a marcar las líneas políticas, el estado subordinado. Como él en su carácter de comandante en jefe del Ejército integraba la Junta de Oficiales generales, era consciente de que las decisiones de carácter político y estratégico lo comprendían.

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EC - El juez Luis Charles le tipificó al teniente general Álvarez el delito de desaparición forzada, que usted había solicitado. Es un delito “nuevo” en la legislación uruguaya. Está previsto en la ley 18.026, de octubre de 2006, hace poco más de un año.

MG - Es un delito nuevo en nuestra legislación positiva, pero ya existía en el derecho positivo del orden jurídico internacional, del que Uruguay forma parte. Es buscar que Uruguay se adapte a las nuevas tendencias y a la jurisprudencia en general de los organismos de derechos humanos, de la Corte Interamericana y de la jurisprudencia extranjera.

EC - De su pedido de procesamiento y de la resolución del juez se discute cómo se puede aplicar un delito “nuevo”, creado el año pasado, a situaciones que se generaron en los años 77 o 78. ¿Qué responde usted?

MG - Es una cuestión bastante compleja para debatirla en el expediente. Además, la tipificación del delito puede ser cambiada en otra instancia. Pero tenemos la característica de delito permanente. La desaparición forzada es un delito que se sigue cometiendo hoy día porque se sigue ocultando la desaparición de las personas, su destino final. En sí es cierto que pueden estar muertas, pero no se puede asimilar nunca la muerte en el domicilio a la desaparición forzada. La desaparición forzada –esto es aceptado universalmente– es un delito diferente, es pluriofensivo, comprende no sólo el derecho a la integridad física sino toda otra serie de derechos que son vulnerados. También están los derechos de los familiares y de la sociedad de conocer la verdad.

Si no les parece bien la desaparición forzada, podrían tomar otros delitos del Código Penal. En otra oportunidad yo pedí procesamiento por privación de libertad agravada. Ese sería uno de los tipos penales en los cuales encuadraría. Pero hay otra serie de delitos, porque toda esta gente fue sometida a tortura, a vejámenes de todo tipo, se ocultó su paradero, se mintió. Todo eso se puede meter en distintos tipos penales del código vigente hasta el año 2006 y llegaríamos a una serie de delitos que en sí configuran la desaparición forzada. Si se dice que la desaparición forzada como tal no está tipificada no es tan así, en el sentido de que esas conductas ya eran delito antes, en el derecho penal internacional el delito de desaparición forzada ya era delito antes y Uruguay estaba obligado, en función de los instrumentos internacionales que ha firmado, a aplicarlo.

EC - Aparte de la fundamentación que el juez Charles hace, en su escrito de 99 páginas, del pedido de procesamiento por este delito de desaparición forzada, insiste mucho, sobre todo en el tramo final del auto de procesamiento, en el concepto del derecho a saber, el derecho a la verdad y a la información, que es de los familiares de las víctimas, pero además de la sociedad toda. ¿Cómo entra este derecho a saber en la decisión de procesar con prisión al teniente general Álvarez? ¿Por qué aparece de esta forma?

MG - El derecho a la verdad es lo que subyace en el delito de desaparición forzada. Es uno de los mayores agravios que se les hace a las víctimas y a la sociedad. Cuando una persona muere se puede hacer el duelo, se puede saber dónde está enterrada, pero en esos casos hay un manto de silencio, toda una construcción de pistas falsas para llevar a otro lugar donde no tendríamos que haber buscado.

EC - ¿Cuál es la idea? Ese es uno de los derechos humanos que ha sido violado en este caso.

MG - Sí, es uno de los más trascendentes, el derecho a la verdad. Lo ha dicho la Corte Interamericana, la desaparición forzada es violatoria del derecho a la vida y a la integridad física, y cuanto más tiempo pase más peligro se corre. Pero uno de los derechos más trascendentes es el derecho a la verdad, el derecho a saber que tenemos todos.

EC - Se lo preguntaba porque está ocurriendo el procesamiento de dos militares y el requerimiento de un tercero por sus responsabilidades en estos casos de desapariciones y traslados clandestinos a Uruguay, pero no se está consiguiendo información. La verdad no parece haber avanzado, no se sabe qué ocurrió, no se conoce el destino de esos desaparecidos. ¿Cómo puede la investigación penal llegar a completar esa tarea?

MG - Hay que seguir buscando. Siempre hay pedacitos de verdad. Se han conseguido algunos avances en los interrogatorios. Si hubiera habido voluntad de colaborar, otro habría sido el resultado.

EC - ¿Qué quiere decir con eso?

MG - Tal vez el conflicto social no habría llegado al punto al que ha llegado. Porque en verdad los que mantuvieron el deseo de saber y la persecución de la justicia fueron sobre todo los familiares de los desaparecidos, que tienen todo el derecho a saber qué pasó. Es una información que no se les puede negar. Hay muchas personas en este país que están comprendidas en la Ley de Caducidad a las que no les costaría –tal vez les costaría porque tienen ese pacto de silencio ya impuesto por sus propios pares– tanto aliviar el sufrimiento de los familiares dando algún dato, y tal vez eso contribuyera a la reconciliación que tanto se ha buscado.

EC - ¿Tiene la impresión de que un procesamiento como el del teniente general Álvarez puede llevar a que militares que tengan información sobre el destino de estos desaparecidos se resuelvan a hablar? ¿Puede haber alguna relación entre una cosa y la otra?

MG - No tengo la menor idea, no lo creo. El procesamiento de Álvarez en sí no puede ser determinante de una situación de ese tipo. Tiene que haber un sinceramiento y una resolución que depende de otras personas. Tal vez sí una investigación judicial prolija, incluso de otro tipo, que provenga del Poder Ejecutivo, del equipo de antropólogos con todos los datos que hay para continuar excavaciones. Lo deseable sería que se llegara a la verdad y que muchas personas de edad que han peleado durante años para saber qué pasó con sus familiares tuvieran una satisfacción, por lo menos un alivio al fin de su vida, al saber qué pasó con sus hijos, con sus hermanos, con sus familiares directos.

El Espectador
18/12/07