Juan Carlos Blanco tenía "perfecto conocimiento de la situación de los exiliados" y tuvo "participación en las medidas que se adoptaron respecto a ellos".
Juan María Bordaberry "compartía plenamente la filosofía del golpe de Estado y el papel de los militares".
En un fallo histórico, el juez Roberto Timbal dictó el procesamiento con prisión para el dictador Juan María Bordaberry y el canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, como coautores responsables de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravados.
"Surgen elementos de convicción suficientes" para probar la participación de Bordaberry y Blanco "en los homicidios" de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y del matrimonio William Whitelaw y Rosario Barredo en mayo de 1976, previo "secuestro de las víctimas y hurto de sus pertenencias, en un mismo procedimiento criminal", sostiene la sentencia.
En las fojas, el magistrado analiza los hechos que rodearon al secuestro y asesinato de las cuatro víctimas, halladas "con claros signos de muerte violenta".
Además se demuestra "un cúmulo de indicios que involucran a los indagados en estos hechos, los cuales, como no pudo ser de otra manera fueron cometidos en el marco de un acuerdo o coordinación entre los regímenes de facto que imperaban en Uruguay y Argentina" y agrega el expediente que "resulta impensable que ciudadanos uruguayos" fueran "secuestrados y se les diera muerte" sin "intervención" de nuestro país o sin acuerdo previo, por lo que resultan "responsables quienes tuvieron participación directa y quienes adoptaron decisiones al respecto o influyeron en las mismas determinándolas".
El magistrado agrega que "más allá de que pudiera también haber existido una intervención material" en los crímenes, "el cúmulo de indicios relacionados prueba inequívocamente la intervención del gobierno uruguayo y particularmente del ex canciller Blanco en un conjunto de acciones que culminaron en el secuestro y muerte" de los cuatro asesinados.
En tanto Timbal confirma que "Bordaberry disolvió las Cámaras el 27 de junio de 1973, suspendió las garantías individuales, encabezó un gobierno de facto" comprobándose por sus manifestaciones públicas que "compartía plenamente la filosofía del golpe de Estado y el papel de los militares". Mientras que sobre Blanco explica las características del cargo que ocupaba, que lo llevó a tener "perfecto conocimiento de la situación de los exiliados y participación en las medidas que se adoptaron respecto a ellos". Debido a la "posición institucional" que ocuparon se entiende que "propiciaron y alentaron" la "represión de actividades políticas contrarias a los regímenes de facto" de Argentina y Uruguay.
He aquí la sentencia:
La República
18/11/06
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