A pesar de las concesiones del gobierno al ejército

“El Ejército nacional como institución no quiere ser juzgado por eventuales acciones individuales incorrectas desarrolladas por algunos de sus integrantes.” Este exabrupto pertenece nada menos que al comandante del Ejército, Jorge Rosales.

Fue pronunciado ante el presidente de la República y algunos de sus ministros durante la conmemoración del Día del Ejército, el viernes 18, es decir, dos días antes de que se celebrara la Marcha del Silencio en la cual se ratificó masivamente el sentido del Nunca Más al terrorismo de Estado y cobró nuevos bríos el reclamo por la anulación de la ley de caducidad. Ese día, además, y apenas finalizado el discurso del comandante del Ejército, el presidente Vázquez anunciaba el reinicio de las excavaciones en los cuarteles en busca de restos de desaparecidos.

Este contexto viene a cuento para dimensionar el sentido y el contenido del discurso de Rosales, para quien, además, el Ejército “no acepta ni quiere ser rehén de las extemporáneas y parcializadas interpretaciones históricas que sobre su accionar pretenden algunos reivindicar, olvidando que las mismas respondieron a la acción de aquellos sectores de la sociedad que intentaron derrocar a gobiernos democráticos a través de las armas”.

La calificación de “acciones individuales incorrectas” a lo que buena parte de la sociedad entiende fue terrorismo de Estado, sumada a la grosera justificación de una década de dictadura, no sólo indignó a una extendida sensibilidad de izquierda; también sacó de quicio, quizá por razones opuestas, a mandos y mandaderos militares a cargo de la represión. Es que la tesis de Rosales reduce el sometimiento de toda la sociedad a manos del aparato militar del Estado a las “eventuales acciones incorrectas” de una banda de desquiciados que dependían del clavel del aire.

Pero además, aun en la lógica militar, expresada por ejemplo en el documento que diez ex comandantes emitieron el 18 de mayo de 2006, la “pérdida de los puntos de referencia” (como dijera el general Hugo Medina a la salida de la dictadura) no fue una cuestión individual sino plenamente institucional y siguiendo la cadena de mando. La peculiar interpretación de Rosales pasa por alto que sus antecesores durante el “proceso”, más allá de las causas que se puedan alegar, estuvieron comprometidos en las graves violaciones a los derechos humanos y que por lo tanto, salvo casos puntuales, en todo momento estuvo vigente el principio de que los jefes son responsables de lo que hacen sus subordinados en el cumplimiento de órdenes.

Hasta el propio represor Gilberto Vázquez ­detenido junto a otros militares y policías en la cárcel de Piedras Blancas por la desaparición de Adalberto Soba en Buenos Aires­ echó por tierra la tesis de Rosales. En una carta publicada en Búsqueda (ayer, jueves), Vázquez recordó que era oficial subalterno cuando ocurrieron los hechos por los cuales está procesado y que actuó cumpliendo órdenes y no por “acciones individuales incorrectas”.


CAUSAS Y CONSECUENCIAS.
Se trató de “un discurso muy enjundioso, muy profundo, que merece ser estudiado”, respondió Tabaré Vázquez cuando se lo consultó sobre los dichos de Rosales. Con esa frase, el presidente quizá estaba ganando tiempo para, en frío, tomar una decisión que segurante será pasarle una discreta filípica al jefe del Ejército, aunque no puede descartarse que tome otro camino. La hipótesis más probable es que alguien debe haber advertido a Vázquez que Rosales expresaría ciertas opiniones duras. Al menos el diputado tupamaro Luis Rosadilla, que integra la Comisión de Defensa de la Cámara, y otros dirigentes del MPP habían sido puestos sobre aviso y no fueron al acto.

Un dato significativo es que tampoco asistió la ministra Azucena Berrutti, quien delegó representación en el subsecretario José Bayardi. La ministra, que sí concurrió dos días después a la marcha por los desaparecidos, adujo razones personales para ausentarse en el Día del Ejército. En declaraciones posteriores a la prensa, el propio Rosales explicó que en su discurso habían influido las declaraciones de uno de los militantes del MLN que participó en el atentado que costó la vida en 1972 al coronel Artigas Álvarez, hermano de Gregorio.

En rigor, parece imposible hallar un “contexto explicativo” para un discurso que reintroduce al Ejército en la era jurásica, borrando incluso los pujos de adaptación a la nueva realidad social y política de sus antecesores Ángel Bertolotti y Carlos Díaz bajo el gobierno de izquierda. Con todo, resulta difícil vislumbrar qué beneficio pudo haber obtenido el comandante el jefe al desarrollar su peculiar tesis. Para el presidente de la Comisión de Defensa de diputados, Jorge Menéndez, se trata de un error “no fatal” que expresa los flujos y reflujos de la aplicación de la política del gobierno en busca de verdad y justicia, algo que para el legislador socialista resulta innegociable.

El diputado Rosadilla no está de acuerdo con la posición de Rosales, aunque admite que tiene derecho a opinar sobre la interpretación del pasado, y más que la polémica frase sobre las “acciones incorrectas” criticó que el máximo jerarca del Ejército se haya puesto a dar sus puntos de vista como si fuera un actor político cualquiera, por ejemplo sobre la decisión del presidente de conmemorar el 19 de junio el Nunca Más, una tentación en la cual también cayó el comandante de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli.

La sorpresa parece abarcar tanto a militares como a civiles. Tampoco el vicepresidente, Rodolfo Nin, quien la semana anterior visitó a las tropas desplegadas en Haití junto a Rosales, habría tenido noticia previa del contenido del discurso. Por otra parte, aunque se supone que un discurso de estas características expresa siempre un consenso entre los generales, en este caso Rosales habría optado por cortarse solo. Esta independencia con respecto a los generales, algunos de ellos con mayor experiencia, también se estaría dando en la práctica con respecto al mando civil.

El hecho de que algunos cargos estratégicos en la burocracia del Ministerio de Defensa ahora sean desempeñados por civiles no indica necesariamente que haya una conducción bien definida de las Fuerzas Armadas. Los mandos podrían valorar la lealtad y la austeridad de Berrutti pero también dejan trascender que, salvo Bayardi por su experiencia parlamentaria, ni ella ni ninguno de los colaboradores directos tienen los conocimientos necesarios para lidiar con una burocracia tan compleja. Desde afuera, más bien se percibe que la política hacia las Fuerzas Armadas no está clara. A diferencia de lo que sucede en Economía (donde, más allá de las opiniones, el ministro Danilo Astori tiene una línea definida y la expresa a quien la quiera oír), en materia militar no estaría ocurriendo lo mismo.

Sea como fuere, la “tesis Rosales” sería indicativa del escasísimo efecto obtenido por el gobierno en su política de buenos gestos hacia las Fuerzas Armadas. Que no han sido pocos, sobre todo en materia de derechos humanos, y que tantos dolores de cabeza le han deparado con su fuerza política y otras porciones de la izquierda. Nótese que en un período de apenas seis meses el gobierno dio por “culminada la primera etapa” de las investigaciones sobre el paradero de los desaparecidos, eximiendo así al Ejército de la responsabilidad de aportar nuevos datos; envió al Parlamento el proyecto de ley sobre la reparación a los familiares de las “víctimas de la sedición”, haciéndose eco in extremis de una iniciativa del diputado colorado Daniel García Pintos que contradice la elaboración histórica de la izquierda sobre el pasado reciente; y forzó una concepción del Nunca Más que reduce los acontecimientos previos y posteriores al golpe de Estado a “enfrentamientos entre uruguayos”.



Nelson Cesin
Brecha
25/5/07