Los hermanos Aram y Berch Rupenian se despidieron del aire con oldies y críticas al gobierno. No tuvieron mayores apoyos. Qué hacer con ésas y otras frecuencias es el centro del debate.
El lunes 9 se concretó el cierre de las cuatro emisoras de la familia Rupenian. Ese día dejaron de emitir la vieja radio Independencia, en am, Concierto fm y las dos fm de Punta del Este, Radio Punta y Concierto Punta.
La decisión del Poder Ejecutivo ya había sido anunciada el año pasado por el propio presidente Tabaré Vázquez luego de que la jueza penal Fanny Canessa procesara a Aram y Berch Rupenian por defraudación tributaria.
Canessa libró una orden de búsqueda y captura internacional porque ellos no se presentaron voluntariamente ante la justicia y abandonaron el país luego de que la fiscal Elsa Machado pidiera su procesamiento en octubre de 2005.
Esa situación sirvió desde el pique como termómetro para medir la aceptación social de la que gozan ambos hermanos. La gremial de los broadcasters, andebu, en lugar de defenderlos les quitó su calidad de socios. Esa decisión se mantuvo inalterada aun luego que los hermanos regresaran al país y se entregaran a la justicia para pasar breve tiempo en la cárcel.
Si bien una vez que el gobierno revocara los permisos, andebu emitió un largo comunicado en el cual afirma que el dolo aún no está probado y que se debería haber esperado a la condena, la defensa fue tímida y la relación de los Rupenian con la gremial que representa a 165 emisoras de radio y televisión de todo el país no mejoró. El presidente de andebu, Rafael Inchausti, confirmó a Brecha que pese a que se restableció el diálogo entre la asociación y los procesados, la suspensión de su calidad de socios no se levantó porque ellos se negaron a declarar ante un tribunal de honor que se había dispuesto para juzgar su actuación.
DEL GLAMOUR A LA SOLEDAD.
Durante décadas, la familia Rupenian hizo buenos negocios en el mundo de la comunicación. Aunque su fuerte fue la música, también supieron labrar relaciones con el poder político, ya sea en dictadura o en democracia. Las buenas relaciones con operadores de los gobiernos de Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle se extendieron también a la izquierda. Al final de su primer mandato, el entonces intendente de Montevideo y hoy ministro de Vivienda, Mariano Arana, festejó uno de sus cumpleaños en la mansión de los Rupenian en Carrasco. A instancias de su secretario privado, Mario Areán, el entonces intendente fue agasajado en una fiesta a todo lujo organizada por los Rupenian.
Entre 1998 y 2000 el periodista Enrique Roldós publicó en Brecha detalles escandalosos de algunas de las maniobras comerciales en las cuales estaban involucrados, entre otros, los hermanos Rupenian. Se trataba de complejas operaciones de sobrefacturación de eventos deportivos y artísticos en las cuales participaron también el padelista Pablo Boselli, Ernesto Laguardia –ex secretario privado de Sanguinetti–, el organizador de espectáculos Alberto Bebo Bianchi y varias empresas, entre ellas Hyundai Fidocar, Barraca Europa y Pintos Risso. La investigación reveló que, solamente por un recital del cantante Luis Miguel en el estadio Centenario, Boselli y Aram Rupenian facturaron a Hyundai Fidocar 500 mil dólares.
Las buenas relaciones con el poder comenzaron a declinar durante el gobierno de Jorge Batlle. La llegada a la dgi del contador Eduardo Zaidensztat, que siguió en el cargo con el gobierno de Vázquez, representó un viraje en la cultura de relacionamiento entre los empresarios y la Impositiva.
En ese contexto, el Ministerio Público comenzó a estudiar una denuncia presentada por la dgi contra los Rupenian.
El procesamiento por defraudación tributaria se produjo exclusivamente porque éstos trasladaron, a partir de 1998, la mayor parte de su facturación de publicidad de la empresa Parasel sa, con sede en Montevideo, a otra radicada en Punta del Este que lleva el nombre de Berch Rupenian.
La defensa de los empresarios considera que se trató de una elusión (en el sentido de eludir pero dentro de la ley) mientras que la fiscal, la jueza de primera instancia y los tres ministros del Tribunal de Apelaciones, Jorge Ruibal Pino, Milka Núñez y Ángel Cal, sostienen que se trató de una maniobra dolosa para evadir al fisco. En una sentencia del 15 de marzo pasado, el Tribunal consideró: “La evasión es clara y los elementos de convicción son suficientes acerca de la participación de los encausados en el delito de defraudación tributaria”.
Los magistrados tuvieron en cuenta que se usaron boletas a nombre de una radio del Interior, que están exentas de iva, para facturar publicidad de Montevideo bajando en un 90 por ciento el aporte del iric entre 1999 y 2001. Además, el dolo se habría concretado porque imprimieron las facturas con la inscripción “iva al día” y la dirección de Montevideo.
Precisamente esa competencia desleal y el hecho de que otros pueden caer en el futuro por operaciones similares explicaría el poco eco que tuvo la campaña defensiva. Una campaña que comenzó con el relanzamiento, incluso con avisos en la prensa, del programa musical Impactos en Concierto fm y tuvo su cenit cuando el lunes 9 se despidieron del aire, frente a las cámaras de tevé, con un abrazo y entre lágrimas de Berch y su madre.
Más allá del efecto emotivo, todo indica que la revocación no levantará mayores resistencias. Los empresarios afectados quisieron presentar el caso como persecución política, un atentado a la libertad de expresión e incluso como una discriminación étnica por su origen armenio, esto último debido a que en radio Independencia parte de la programación estaba dirigida a esa colectividad, pero no tuvieron éxito.
Aunque la medida de cierre de sus emisoras fue ejecutada por la URSEC que preside León Lev, las ahora magras baterías de los Rupenian se concentraron en el ministro de Industria, Jorge Lepra, a quien responsabilizan de una decisión que consideran desproporcionada y fuera de la ley.
Los argumentos del gobierno son que si bien se consideró conveniente esperar la opinión del tribunal de segunda instancia, la decisión que se adoptó es independiente del Poder Judicial y se tomó siguiendo el criterio de ausencia de solvencia moral y económica.
La oposición no ha salido a respaldar a los Rupenian, pero se está preparando para lanzar una ofensiva sobre el Multimedio Plural (AM Libre, TV Libre y La República) con el argumento de que fue declarado grupo económico y que también está embargado, como los Rupenian, aunque contaría con los favores del gobierno.
Repercusiones y perspectivas
Gustavo Gómez, vocero de las radios comunitarias, expresó que la decisión de cierre de las radios de los Rupenian es adecuada, pero que, en lugar de readjudicar ahora esas ondas hay que fijar criterios de asignación. Hoy no los hay, y todo llamado a expresiones de interés que se haga queda al libre albedrío del Poder Ejecutivo, señaló.
La gremial de periodistas (APU) apoyó la medida y recordó, en un comunicado, que las empresas ahora cerradas deben unos 150 mil dólares en créditos laborales.
Entre los profesionales de la comunicación, mientras Sergio Puglia dijo que los Rupenian sirven de chivos expiatorios, dando a entender que la evasión estuvo o está muy extendida en el medio, el periodista Emiliano Cotelo, de El Espectador, opinó –en un editorial que en su programa En perspectiva dedicó al tema el martes 10– que hubo apresuramiento del gobierno al no existir sentencia judicial firme, pero reconoció que la norma vigente otorga amplia discrecionalidad al Ejecutivo.
Entre los posibles interesados por alguna de las cuatro frecuencias que operaban los Rupenian están el sodre, que aspira a recuperar una onda en el este que tenía adjudicada pero no llegó a usar, el PIT-CNT y algunos privados, entre ellos una cooperativa de los actuales trabajadores de las radios cerradas.
Sergio Israel
Brecha
13/07/07
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