Te compromete el legajo

Guianze pidió que militares y policías sean juzgados por desaparición forzada

El juez Luis Charles tomó contacto ayer con la acusación de la fiscal Mirtha Guianze en el caso llamado Segundo Vuelo, que pidió que se procese a los responsables del traslado clandestino de los prisioneros del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) por coautoría de desaparición forzada.

Seis militares y dos policías fueron procesados por “privación de libertad” en reiteración real de “asociación para delinquir” en setiembre del 2006. Era por el secuestro de dos integrantes del PVP. Ahora la carátula cambiaría si lo entiende pertinente Charles, y son 28 las desapariciones forzadas que computó la fiscal entre julio y octubre de 1976.

Para Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Arab, José Nino Gavazzo y Gilberto Vázquez, la fiscal Guianze solicitó 25 años de penitenciaría por coautoría de delitos de desaparición forzada, descontando la prisión preventiva que vienen cumpliendo en la Unidad 8 de detención. Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande Lima tendrían 20 años de cárcel, a los que se les descontarían los que ya computaron desde el procesamiento del 11 de setiembre de 2006.

En una pieza separada, Guianze solicitó el enjuiciamiento también por desaparición forzada para el canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, ya preso por el cuádruple
asesinato del 20 de mayo de 1976.

Ernesto Soca y José Umpiérrez pasarían 25 años presos por los crímenes contra militantes políticas, en su mayoría del PVP.

En el escrito que Guianze presentó a última hora del martes, se puede leer un capítulo del Plan Cóndor.

Los secuestros y las desapariciones de integrantes del PVP fueron de las últimas grandes operaciones que realizó la coordinación represiva del Cono Sur. El centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti albergó a todos estos uruguayos y también a chilenos, argentinos, cubanos, bolivianos y paraguayos. Guianze recordó que el Cóndor tenía como objetivo el secuestro, tortura, y traslado de un país a otro. Posteriormente sobrevendría la desaparición o la muerte de todas aquellas personas consideradas subversivas.


Pasó y pasa
Al hoy comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, después de aterrizar un Fairchild le dijeron que no se moviera de la cabina, de su puesto de copiloto; estaba participando de una misión secreta. Era un 24 de julio de 1976 en el aeropuerto Jorge Newberry de Buenos Aires; los uruguayos estaban estacionados en la cabecera 31. Una hora después de la llegada partieron a Carrasco. Bajaron a los prisioneros por detrás del avión. Eso es todo lo que dijo Bonelli del llamado Primer Vuelo. También aportó algunos nombres a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz que no quiso revelar en la Justicia.

Los datos del Segundo Vuelo, de las personas que desaparecieron, son los ya públicos.

Fueron fusilados y transportados desde el aeropuerto Newberry, aterrizaron en una nave C47 en el Batallón 14, el 5 de octubre de 1976. El vuelo lo coordinó José Umpiérrez, que cumple detención administrativa por un pedido de extradición de la Justicia argentina, que lo investiga por estos mismos hechos. El legajo de Umpiérrez es claro. En 1976 estaba asignado al grupo de aviación 3 y piloteaba aviones C47. Guianze armó un expediente aparte por este caso, en el que también se está investigando a Walter Pintos y Mario Muñoz, que tendrían implicancias en el segundo traslado, según el periodista Roger Rodríguez.


Yo fui, pero ahí no fui
Un militar superior de Arab en los años de plomo recordó que interrogaba prisioneros, “intensa y prolongadamente” con una probada eficacia para determinar responsabilidades en los cuadros sediciosos.

Sin embargo, en audiencia no reconoció haber interrogado a nadie. Ramas negó haber estado en el exterior. Pero en su legajo se indica que combatió a una “organización
sediciosa” en el extranjero.

Todos los integrantes del Servicio de Información y Defensa (SID), menos José Sande Lima y Ricardo Medina, fueron afectados a ese servicio en el año 1976, por lo que
la fiscal entendió que la pena con ellos debería ser menor. La participación de Juan Carlos Blanco en la represión queda denunciada en tantísimos pasajes de la historia nacional.
Uno de aquellos en los que apunta la acusación es un cable de la cancillería uruguaya a la Embajada en Buenos Aires, en junio de 1976. El documento culmina señalando que si se encontraran personas requeridas por las autoridades uruguayas “se servirá proveer a su traslado” a Uruguay.

Guianze citó numerosa jurisprudencia nacional e internacional en su acusación. Recordó que la desaparición es un delito que se continúa consumando en tanto no se encuentre el cadáver. También recordó el hecho de que los familiares siguen sin conocer la verdad. El reconocimiento gubernamental de que hubo terrorismo de Estado y que se buscó por todos los medios destruir pruebas y ocultar elementos son los argumentos que se desprenden del escrito de 217 páginas, resumidos en menos de una.

Guillermo Garat
La Diaria
01/08/08