Peligro de fuga

El Serpaj solicitó a la justicia que decrete el "cierre de fronteras" para otros reconocidos ex integrantes del Escuadrón de la Muerte, entre ellos Miguel Sofía, Carlos José Pirán, Nelson Benítez Saldivia, Alberto Sosa González, Hernán Silvera Techera, Estanislao Lamenza, Washington Grignoli, Jorge Grau Saint Laurent y Pedro Antonio Mato.

Fue precisamente Bardesio quien en 1972 "brindó la identidad de todos los mencionados" por Serpaj en la denuncia como integrantes del Escuadrón, y por ello el escrito presentado por la organización de derechos humanos solicita "medidas a los efectos de evitar que alguna de estas personas pueda sustraerse a la acción de la justicia, obstaculizando la producción de prueba de los delitos de lesa humanidad que se investigan en esta causa". Si bien el peligro de que alguno de estos individuos se fugue es real, la sede penal deberá estudiar en qué condiciones se puede decretar el cierre de fronteras para los indagados, en virtud de que aún no pesa sobre ellos un pedido de procesamiento.

El Serpaj sostiene que las medidas solicitadas no tienen "por objeto adelantar un juicio de responsabilidad, sino la sujeción al proceso de tales personas de forma que no puedan obstaculizar la indagatoria y la producción de la prueba", y alega que se cumplen los cuatro presupuestos jurídicos necesarios para que se admita la medida, entre ellos "la proporcionalidad entre la gravedad de la medida cautelar y la providencia judicial que corre peligro de frustración". La organización solicita que el cierre se realice por el tiempo que la sede penal "estime conveniente a los efectos de poder completar la instrucción y evitar que la prueba se vea frustrada". Entre esas pruebas se destacan "nuevos interrogatorios, careos y reconocimientos" de personas.

El Serpaj destaca la información publicada la semana pasada por Brecha acerca de que "el indagado Miguel Sofía ha vendido parte de sus bienes en el país", y podría fugarse. "Los derechos a la verdad y a la justicia, que pertenecen no solamente a la denunciante sino a toda la sociedad, se podrían ver conculcados de no accederse a lo peticionado", señala el escrito. No obstante, pide que de no hacerse lugar al cierre de fronteras, "se intime a los indagados a que informen su domicilio real actual, y la obligación de comunicar todo cambio que hagan del mismo por constituir uno nuevo en el territorio nacional o por ausentarse de éste".

Brecha
Agosto 2008