Crímenes sin archivo

Durante los cuatro años de gobierno de Bordaberry ya se habían producido incidentes como los del 14 de abril de 1972 que derivó en la declaración del Estado de Guerra interna en Uruguay, y a partir de entonces una serie de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles bajo terrorismo de Estado, de los que no aparecen archivos.


El asalto a la Seccional 20ª del Partido Comunista, la muerte por torturas de Walter Sanzó, Luis Batalla, Edison Marín, Juan Fachinelli, Héctor Avellaneda, Carlos Alvariza y Oscar Fernández Mendieta, o los entretelones del alzamiento de febrero y la desaparición de Roberto Gomensoro Josman, aún bajo régimen institucional.
Y, tras la disolución del Parlamento, las muertes de Ramón Peré, Gerardo Alter, Walter Arteche, Hugo De los Santos, Gilberto Goghlan, Aldo Perrini, Silvia Reyes, Laura Raggio, Diana Maidanick, Nybia Zabalsagaray, Ivan Morales, Oscar Olveira, Amelia Lavagna, Alvaro Balbi, Carlos Curuchaga, Pedro Lerena, Carlos Argenta, Julián López, Nicanor Aldabadle, Eduardo Mondello, Ivo Fernández, Silvina Saldaña y Humberto Pascaretta.


También durante la dictadura bordaberrista, se produjo la desaparición de José Arpino Vega, Eduardo Pérez Silveira, Olivar Sena, Luis González González, Asdrúbal Paciello, Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Fernando Miranda, Carlos Arévalo, Julio Correa Rodríguez, Otermín Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla, y Ubagesner Chaves Sosa.


En ese período se concretó, el primer traslado ilegal masivo de secuestrados en Argentina: los pasajeros del "vuelo cero" (Floreal García, Mirtha Yolanda Hernández, Héctor Brum, María de los Angeles Corbo y Graciela Estefanell), quienes serían fusilados en Soca como "represalia" por el asesinato del coronel Ramón Trabal en París.




Los archivos quemados
Una semana después de publicado el decreto de Bordaberry, aparecían en un auto los cuerpos acribillados de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, a la vez que desaparecía Manuel Liberoff. Semanas después, era secuestrado Gerardo Gatti, para comenzar la pesadilla de muertes en el pozo Automotores Orletti.


Luego de Bordaberry, pasaron a firmar como presidente Alberto Demichelli y Aparicio Méndez, hasta que en 1981 el general Gregorio Alvarez se instaló en el poder para determinar que la hasta entonces dictadura "cívico militar" se pusiera el uniforme y las botas que sus antecesores camuflaban con trajes y corbatas. Con el decreto de Bordaberry, todos los documentos comprometedores elaborados durante los trece años de dictadura pudieron ser reducidos a cenizas, aunque por la propia reglamentación debieron ser microfilmados "sin alteraciones", registrados en microfichas y respaldados en un "Archivo Central de Seguridad".


La destrucción de los documentos se dejaba a las "necesidades" de cada organismo y dependencia del Estado, pero debían labrarse actas que contuvieran la identificación y cantidad de documentos destruidos, el lugar de ubicación de los microfilmes y el lugar, repartición y fecha en que fueron incinerados. También se preveía la creación de una Comisión integrada por representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el Archivo General de la Nación, la Comisión del Patrimonio Histórico, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que debía establecer las características de los documentos a conservar. No hay datos de que ello haya ocurrido.