La sobreviviencia de archivos surgió por un incidente durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, cuando trabajadores del diario "El Observador" fueron detenidos en una razzia y la policía utilizó antecedentes políticos de uno de ellos.
El ministro del Interior Luis Hierro López anunció entonces que quemaría los archivos de la dictadura.
También entonces aparecieron los primeros archivos de la Cancillería con el documento que comprometía a Juan Carlos Blanco en el Caso Elena Quinteros. "Asunto: Conducta a seguir frente al caso Venezuela", así se caratulaba el memorándum secreto del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se analizaba "a) no entregar a la mujer y b) entregar la mujer"
Sólo luego de asumir el presidente Tabaré Vázquez el material del Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a ser desclasificado.
Otro tanto ocurrió con los archivos de la policial Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), que aceptó desempolvar fotos e informes de sus seguimientos al movimiento estudiantil en 1983 y luego abrió sus fichas sobre desaparecidos incluidas en el libro del gobierno y por algunos casos específicamente solicitados a nivel judicial.
También aparecieron archivos del Fusna que la Armada Nacional incorporó a sus informes sobre desaparecidos; pero los microfilmes hallados en una dependencia del Ejército por la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, son los que mayor expectativa y polémica han generado en la medida que aún no se ha develado su contenido.
En distintos ámbitos se reclama hoy la aprobación de las leyes de un archivo nacional y el hábeas data para regular el uso de esa documentación, que se supone incluye materiales falsos u obtenidos bajo tortura, para que de una vez por todas lo que queda de los archivos de la dictadura pueda ser usado por la Justicia en la búsqueda de la verdad.
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