En la imagen, de poco tiempo antes de su expulsión de Chile en 1978, aparece Michael Townley y su compañera de ruta, la también agente de la DINA Mariana Callejas El 8 de abril de 1978, el agente DINA Michael Townley fue expulsado de Chile a EEUU. Para atraerlo al cuartel de Investigaciones lo citaron con la excusa de un traslado a Concepción, donde un juez lo requería. Tres meses después, Townley prestó declaración ante un juez norteamericano. El texto pasó a la historia como su primera declaración judicial.
La trampa tendida a Michael Townley fue que el 7 de abril de 1978 debía presentarse al cuartel central de Investigaciones, en Santiago, por una orden de detención emanada en su contra desde un juzgado de Concepción. El asunto Townley lo conocía bien. Se trataba de la muerte, en marzo de 1973, del pintor de brocha gorda Jorge Henríquez en oficinas de Dirección de Servicios Eléctricos. Ahí, prestando servicios para Patria y Libertad (PL), Townley y militantes de PL ubicaron y sustrajeron el dispositivo electrónico con el cual se interferían las transmisiones de Canal 5, filial de Canal 13 en Concepción, estación opositora a la Unidad Popular. La acción se efectuó en concordancia con el sacerdote Raúl Hasbún, director de Canal 13, con quien Townley y dirigentes de PL se reunieron para ofrecerle el trabajo.
‘El Gringo’ llegó al cuartel convencido de que todo se aclararía, como hasta entonces efectivamente se había aclarado en su favor bajo la protección gubernamental, aunque sobre todo de Pedro Espinoza.
Pero fue un ardid. El objetivo de atraerlo inocentemente al cuartel era para expulsarlo del país. “¡De inmediato!”, como ordenó Pinochet. A éste, el Gobierno de Estados Unidos se le había ido encima a raíz del asesinato del ex canciller Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, ocurrido a manos de este norteamericano desgarbado en septiembre de 1976 en Washington.
Cinco meses después de la presencia de Townley en Investigaciones, EEUU pidió a Chile la extradición del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, del segundo hombre, Pedro Espinoza, y del agente Armando Fernández Larios. Pero en octubre de 1978 la Corte Suprema las rechazó.
Tres meses después de su expulsión, el 13 de julio de 1978, Michael Vernon Townley Welch estaba sentado como declarante ante el tribunal para el Distrito de Columbia. Frente suyo estaba el juez John Lewis Smith y los fiscales adjuntos, Eugene Propper y Lawrence Barcella Jr. Estos dos últimos se iban a convertir en perseguidores implacables en el juicio por el crimen de Letelier y Moffitt. De esa reunión saldría una pieza histórica: el primer testimonio –hasta ahora desconocido- prestado por Townley ante un juez. El interrogatorio se originó por un exhorto desde Chile por un recurso interpuesto a favor de Townley, pero que no cambió su suerte.
“Me presenté a Investigaciones ese día con mi abogado Manuel Acuña Kraith y con el teniente coronel Mery, de la CNI chilena”, dijo. Sus recuerdos estaban frescos. El prefecto Juan Francisco Salinas le mostró al delgado personaje con pinta de hippie la orden de arresto del tribunal de Concepción. Hasta ese instante las cosas se desenvolvían como el primer acto de una pieza de teatro.
Sólo se habló de la orden de detención. Pero todo eso era para el “tío Kenny” -como lo llamaban a veces los hijos de Mariana Callejas, su compañera en la DINA y en la vida- pan comido. Sabía que sus amigos llegarían a salvarlo. Si bien ya la DINA se había reciclado en la CNI, sus amigos todavía tenían poder: “El señor Salinas ordenó a un secretario que redactara los documentos de mi arresto, para ser transferido hasta la ciudad de Concepción para presentarme donde el juez a la mañana siguiente. Eran alrededor de las 18:15 horas”.
Segundo acto
Cuando todo estaba listo y timbrado para efectuar el traslado a Concepción, se bajó el telón para dar lugar luego al acto segundo.
“Casi al mismo tiempo entró otra persona en la oficina”, con otro tipo de documento. Townley no le dio mayor importancia, pues pensó que se trataba de lo mismo. Con su abogado Acuña intercambiaban miradas tranquilizadoras.
“Pero era el decreto de expulsión. Eran las 19:15 horas. Mi abogado estaba presente. Le dije que pidiera una copia y no lo hizo”. Fue en ese momento cuando el hombre fiel de la DINA se dio cuenta de qué se trataba todo. Sus amigos lo habían engañado. “Pedí de inmediato una entrevista con el general Baeza (Ernesto) para apelar a este acto repentino, pero me la negaron (…) Dije que quería hablar con el general Baeza para protestar por esta acción ilegal. Se me estaba negando el debido procedimiento legal. Mi expulsión era ilegal”.
La infidelidad de los hombres del puño de hierro
Al “tío Kenny” se le derrumbó el valor de la fidelidad de los juramentados, del que tanto le habían hablado los hombres del puño de hierro. ¿Acaso él no había cumplido siempre? Mató al general Carlos Prats y su esposa. Mató a Letelier y Moffitt. Tramó el atentado a Bernardo Leighton y su mujer en Roma. E intentó eliminar a Carlos Altamirano y otros líderes de la izquierda en España y México. Además, pocos meses antes del golpe de Estado le propuso a Patria y Libertad un plan para matar a Allende, mientras su mujer lanzaba al aire como locutora las transmisiones clandestinas de “Radio Liberación”, la emisora de Patria y Libertad construida con un equipo que ‘El Gringo’ se robó en un yate en Quintero.
Lo condujeron a un sótano del cuartel de General Mackenna y le pasaron un teléfono. Al menos, le concedían el último deseo del condenado. “Cerca de las 11 de la noche llegó mi esposa y el jefe del estado mayor de la CNI, el coronel Jerónimo Pantoja. También llegaron otros dos amigos. Estuvieron conmigo como hasta la 1 de la madrugada”.
Mariana Callejas, por su lado, hizo lo imposible por salvarlo. Hasta amenazó a Pinochet con revelar todo lo que se hizo en la casa de Lo Curro, donde vivían, partiendo por la fabricación del gas sarín y la confección de 119 cédulas de identidad falsas, con las que se hizo el montaje de los prisioneros supuestamente muertos en la Operación Colombo. Su abogado Acuña llamó a las 2 de madrugada al presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre. “No se preocupe, que en Chile hay leyes, presente a primera hora un recurso de amparo”, le contestó el ministro.
Cuando sus visitas se fueron, el norteamericano se fue a dormir en un camarote resignado a su suerte. Se aprestaban a esposarlo al camastro cuando escuchó el choque de las bolas de una mesa de pool. Con gran frialdad se fue a jugar con sus custodios. “Jugué billar con algunos detectives hasta aproximadamente las 3 y media de la madrugada, hora en que se me pidió que me acostara”.
En manos del FBI
A las ocho le trajeron un café y un sandwich “y me retuvieron hasta que llegó la hora de llevarme al aeropuerto”. A las 9:45 lo sacaron y se armó el operativo para el traslado. “Todo el personal de guardia llevaba armas automáticas, ametralladoras ligeras con cañones cortos. Me pusieron en un auto con chofer. Iban el subcomisario Cáceres y el prefecto Aburto y llevábamos un vehículo escolta al frente y otro detrás”.
En el aeropuerto “se me condujo a la oficina del prefecto Mario Rojas. Ahí estuve unos 20 minutos. Conocía a varios de los oficiales de Investigaciones. Con el prefecto Rojas tenía amistad. Recibí buen trato. Siempre estuve con esposas”.
Lo sacaron y lo metieron en un auto de la embajada de Estados Unidos para llevarlo por la losa directo al vuelo de Ecuatoriana de Aviación: “Recuerdo que era un auto verde pálido con patente diplomática”.
Al llegar a la base de la escalera, sintió que lo tomaron brusco y fuerte de un brazo. “Era un americano. Supe que era John Sheely, el jefe del servicio de seguridad de la embajada de Estados Unidos en Santiago. Me tomó fuertemente por el brazo y con el prefecto Mario Rojas por detrás me subieron esposado por la escalera de embarque”.
Cruzaron con él todo el pasillo y al fondo, en la última fila de asientos “me entregaron bajo custodia a los agentes del FBI, Carter Cornick y Robert Scherrer”.
Al final del interrogatorio, el juez Lewis pidió a Townley que hablara de sus viajes en misiones de la DINA. Después de todo lo vivido, increíblemente el fiel “tío Kenny” respondió: “Como agente de DINA no puedo contestar estas preguntas sin una orden directa de un oficial superior de lo que ahora es la CNI, que asumió las responsabilidades de DINA”.
Jorge Escalante
La Nación
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DINA - 21 de enero de 1982
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