Documento congreso FA (II)

Un acuerdo social por el crecimiento económico con progreso humano en un modelo de desarrollo sustentable
Nunca antes como ahora la humanidad tuvo tanta capacidad de innovarse ni dispuso de tanta riqueza, pero también nunca antes ha sido tan grande la diferencia entre ricos y pobres, ni ha habido tantas expresiones de fracturas y exclusiones sociales. No ha sido la izquierda la única o mayor responsable del actual estado de cosas. Pero ello no la exime de la responsabilidad histórica de elaborar e impulsar un proyecto que, como alternativa al decadente fundamentalismo conservador, revitalice el humanismo y ponga la economía al servicio de la gente. Asumir en relación a ello la importancia del desarrollo económico, del crecimiento, para lograr la superación de la calidad de vida de la población, y la búsqueda de los caminos de diálogo y encuentro de la sociedad en torno a ese objetivo, constituye un desafío fundamental.

La inmensa mayoría de los analistas coinciden en que el impacto de las reformas estructurales de los noventa en Uruguay, -inspiradas casi al pie de la letra en las recetas del Consenso de Washington- se vio amortiguado, si se los compara con el conjunto de la región. Este desempeño de las políticas puede tener explicación en: las condiciones de entorno externo favorable que vivió el país hasta 1998; y el vigor mostrado por las organizaciones de la sociedad civil, que encontraron vías de acuerdos y de movilización que frenaron los embates más fundamentalistas de la derecha. Para dar sólo dos ejemplos: Plebiscito contra la ley de empresas públicas de 1992 y reforma constitucional sobre ajustes de pasividades de 1989. Esto muestra de que si se plantean objetivos claros, de extendido impacto existe en nuestra sociedad espacio para acuerdos que involucren a amplios y disímiles sectores.

La aplicación de las políticas dominantes, - que además de sus contenidos económicos y sociales implican un modelo institucional con signos autoritarios, no dialogante y de imposición unilateral de resoluciones – que orientan los innegables cambios sociales, culturales y en la base productiva, van generando fragmentación, crisis de representación y legitimidad de las organizaciones sociales históricas, surgimiento de otras nuevas, repliegue hacia lo individual y cuestionamientos a la efectividad de la acción colectiva.

El retroceso del Estado, la sobre-exposición a los choques externos, el desmantelamiento del aparato productivo y la crisis de participación han ambientado el debilitamiento cada vez mayor de las redes solidarias, de seguridad y equilibrio social. Se destaca entre estos el fenómeno de la concentración de la pobreza en los sectores más jóvenes de la sociedad lo que anuncia, de no ser abordado urgentemente, una polarización de la sociedad uruguaya de imprevisibles consecuencias.

El pacto social, el acuerdo tras un modelo de desarrollo justo y con futuro, implica dar cuenta de estos fenómenos, saber que si bien el modelo de la derecha tiene todavía margen de aplicación, no puede dar más, a no ser aumentar la deuda social y productiva. Se le agota cada vez más rápidamente la capacidad de generar consensos activos entorno a sus políticas.

Los desafíos del crecimiento sustentable, de la superación de las desigualdades, de la profundización democrática con el fin de ampliar y profundizar la creación de ciudadanía deben ser recogidos por un proyecto de país de amplio consenso, que al principios del nuevo milenio le de a las grandes mayorías esperanzas, horizontes de realización individual y colectiva; que permita la expresión de los más débiles, que escuche a las organizaciones de trabajadores, de productores y empresarios con voluntad de acuerdo. Desde nuestro punto de vista la construcción de este proyecto nacional pasa por la convocatoria al un Acuerdo Social por el crecimiento económico con progreso humano en un modelo de desarrollo sustentable.

La seña de identidad central del pacto social tiene que ser la democratización, el involucramiento de todos los sectores que apuestan al progreso y el crecimiento con justicia. Hay que apostar a la potencialidad del rico tejido social de organizaciones, asociaciones, gremios, sindicatos y cámaras. Se trata de una convocatoria totalmente amplia, sin exclusiones, en la que cada sector deberá contribuir a los objetivos planteados.

El acuerdo no elimina el conflicto sino que debe generar una manera distinta de resolverlo y de búsqueda de síntesis. Insistimos, bajo el signo de la participación, del involucramiento y del compromiso.

El proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos no se puede agotar en los temas económicos sino que tiene que incluir a aquellos derechos sociales y culturales que construyen ciudadanía, los que pueden dotar de sentido de desarrollo integral al mero crecimiento productivo.

De lo que se trata es de generar un modelo de crecimiento que genere los consensos sociales que hoy no existen.


Por una nueva relación entre Estado y Mercado
Los derechos sociales y económicos de la gente y el necesario desarrollo económico para su plena realización requieren de la intervención pública sobre la economía para garantizar su vigencia. La naturaleza, el rol y la gestión del Estado adquiere verdadero sentido en relación a los objetivos perseguidos para una sociedad y por extensión para su modelo económico en un momento determinado. Las nuevas circunstancia de la situación mundial y nacional suponen la necesidad de reflexionar sobre la relación estado-mercado, redefinir su naturaleza y su rol en nuestras sociedades, y encarar su transformación y reforma. Pero ello debe hacerse, a diferencia de lo que sostiene el pensamiento conservador, en función de objetivos claros que redunden en beneficio del conjunto de la sociedad y en definitiva, en su superación y transformación en una nueva sociedad que garantice el desarrollo pleno de los individuos en un marco de justicia, de igualdad y de libertad. Es precisamente a partir de esa nueva sociedad, de ese nuevo horizonte de valores según el cual queremos organizar nuestra vida, que definimos qué Estado y qué servicios públicos necesitamos y cómo gestionarlos, y en ello se fundamenta nuestra defensa de un Estado que sea capaz de combinar eficiencia económica y redistribución social.

Vivimos en una sociedad donde el mercado tiene un papel importante y debemos saber aprovechar para todos sus oportunidades, pues la competencia en el mercado es clave para que los ciudadanos puedan disponer de mercancías y servicios mercantiles en cantidad, calidad y precios razonables. Pero el libre funcionamiento del mercado no asegura que éste opere adecuadamente. Por eso mismo, impulsamos un proceso de reforma reguladora del mercado que evite sus frecuentes descompensaciones y efectos desigualitarios. En nuestro proyecto el Estado y el mercado no son incompatibles ni enemigos. Propugnamos un mejor Estado y un mejor mercado. Ello supone un Estado concebido actor que opera en distintos ámbitos articulando el conjunto de la sociedad. No hay contradicción Estado / mercado, pues mientras el Estado es un actor que opera en distintos ámbitos, el mercado es uno de esos ámbitos en lo que opera el Estado. Una de las funciones centrales del Estado es evitar las prácticas monopólicas u oligopólicas que muchas de las grandes empresas privadas producen en el mercado, distorsionándolo o anulando los aspectos beneficiosos para los consumidores, con el objetivo de maximizar su ganancia o su poder.

Vivimos en un mundo a su vez, donde se ha desarrollado una nueva área de trabajo a nivel de la sociedad que no pertenece a la órbita estatal ni a la de la empresa capitalista, sino a la del conjunto de instituciones y emprendimientos sociales con fines públicos o privados y sin fines de lucro, denominado “tercer sector”. Modalidad que en nuestro país se ha expresado, con matices, en mutualistas, cooperativas, clubes deportivos, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), fundaciones, proyectos auspiciados por iglesias, etc. Este sector puede ser concebido como complementario del Estado y de las instituciones regidas por la lógica de la ganancia empresarial, razón por la cual el relacionamiento del Estado con esta área debe ser asumido con creatividad desde una lógica progresista y transformadora.

No revisar y adaptar el actual modelo estatal a los nuevos tiempos es la mejor forma de condenar al Estado a una lenta agonía. Asumimos el desafío de reformar el modelo de Estado, tanto por compromiso ético como porque el Estado es importante garantía de cohesión social. La reforma del Estado no supone inexorablemente la reducción genérica de su tamaño, transciende este aspcto; debe orientarse a desarrollar un nuevo modelo de relacionamiento entre el sector público y la sociedad civil, entre el sector público y los actores económicos, y entre el funcionario público y el ciudadano.

Nuestro objetivo es lograr la conformación de un Estado que vele por los derechos esenciales de la gente y reasigne recursos para dar cumplimiento a los mismos; un Estado que gestione y controle los sectores estratégicos de la nación; un Estado articulador, orientador, coordinador de grupos e iniciativas, técnicamente capacitado para ejercer el liderazgo en los emprendimientos colectivos así como para apoyar iniciativas privadas que apuntalen el desarrollo económico y promoverla y orientarla en aquellas áreas que no puede o decide no ecarar en función de sus objetivos prioritarias; un Estado regulador de la actividad privada cuando la misma no contemple el bienestar general, el medio ambiente o el patrimonio nacional. Un Estado que, en definitiva, controle las áreas estratégicas vitales para el desarrollo del país, y oriente, promueva o se asocie con el capital privado cuando sea necesario, en función del beneficio del país y el objetivo superior de lograr la superación de la calidad de vida de las grandes mayorías de la sociedad. En ese sentido las empresas públicas constituyen un patrimonio colectivo que debe ser preservado en función de todo ello, gestionadas con eficacia, eficiencia, y con los niveles necesarios de control que garanticen la necesaria transparencia al conjunto de los ciudadanos que son, en definitiva, sus únicos “accionistas” legítimos.

Una sociedad integrada, que no deje “nadie afuera” implica un compromiso de todos los actores. Implica un Estado responsable, capaz de articular políticas públicas de integración social, de orientación de la actividad productivas, de investigación e innovación. Un Estado dinámico que gaste con objetivo de ayudar al desarrollo y que recaude con justicia, con fines redistributivos e incentivando la producción. Un estado capaz de llevar adelante políticas exteriores que defienda el lugar del país en el mundo.

Un Estado que deje lugar al mercado como asignado de recursos, en forma auténtica, ayudando con regulaciones transparentes a aquellos sectores más débiles como las pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales. De lo que se trata aquí es de establecer regulaciones que habiliten la competencia y que persigan con efectividad las prácticas oligopólicas y monopólicas, preservando realmente los derechos de los consumidores. Hay que generar reglas que permitan el desarrollo del sector social de la economía, incentivando a partir de políticas crediticias, comerciales, tributarias y de capacitación los emprendimientos de carácter asociativo. Nuestro país cuenta con un sector cooperativo muy desarrollado, con capacidad de propuesta y variadas experiencias asociativas que es fundamental que cuenten con un marco institucional que propicie su desarrollo.

Un Estado que promueva la eficiencia y el compromiso de sus funcionarios públicos, cambiando la práctica clientelística para el ingreso y el ascenso; recuperando la carrera administrativa que vincule el ascenso al desempeño y no al tiempo transcurrido en el cargo o al favor del jerarca de turno; recuperando el concepto de “servidor público” que, sobre la base de un salario digno, y la participación en la planificación, ejecución y control de las tareas en la medida de la especificidad de cada una, comprometa a los funcionarios en el desempeño de su tarea al servicio del pueblo, que es quien en última instancia los contrata. Enfrentando al burocratismo, al corporativismo, y a la corrupción que tanto daño le ha hecho al funcionamiento del Estado y a la sociedad en su conjunto.



Educación, tecnología, trabajo y empleo.
Una de las características más sobresalientes de la realidad a la que nos enfrentamos es la importancia que ha adquirido la capacidad de innovación y el saber en el mundo contemporáneo. Vivimos en la “sociedad del conocimiento” con las oportunidades y los desafíos que ello supone.

La globalización económica y el nuevo entorno tecnológico han alterado radicalmente el propio concepto de trabajo, las formas de producción, y ha provocado cambios profundos en la estructura ocupacional. A su vez, el desarrollo científico y técnico ha adquirido una relevancia estratégica y tiene implicancia concreta en la conformación de las relaciones de poder en el mundo y en las sociedades. Ahora como nunca el conocimiento y la información es poder. Ello explica el importante crecimiento de la inversión en investigación científica y desarrollo producido en las últimas décadas del siglo XX en los países desarrollados, encarado a nivel privado por las empresas y a nivel público por los Estados. La capacidad de innovación adquiere una importancia creciente en las sociedades y en las economías por su fuerte impacto productivo e incidencia en los aspectos cultural y social. Por tanto en la actualidad, la consistencia del desarrollo económico y la prosperidad de los países está cada vez más ligado a su desarrollo tecnológico, y a la posesión de sistemas educativos fuertes y sistemas de comunicaciones modernos y potentes.

En esta perspectiva resulta indispensable tanto el despliegue de políticas activas en investigación y educación y desarrollo a nivel nacional, como la superación de las enormes diferencias en el acceso y la distribución que en este plano existe entre países y regiones del mundo con importantes consecuencias de dominación y subordinación. La socialización del saber constituye una reivindicación central en el programa de la izquierda en el siglo XXI. Es condición elemental para la democratización indispensable de la sociedad del conocimiento.

La inteligencia humana y el conocimiento son en última instancia las claves determinantes de todo progreso. Por ello, promovemos una fuerte apuesta a la educación en todos sus niveles como espacio fundamental para la enseñanza, el desarrollo, la consolidación y la elaboración colectiva de los principios éticos aplicables a toda la actividad humana. Hoy más que nunca importa que los jóvenes aprendan y obtengan capacidades que les habilite su desempeño laboral; pero resulta fundamental además, que desarrollen un espíritu crítico y solidario que los prepare para el pleno ejercicio de sus derechos, sus responsabilidades ciudadanas, y para hacer frente a los nuevos desafíos que un mundo en permanente transformación les depara.

Ese peso que la educación, la investigación y el avance que la tecnología ha adquirido, ha transformado el mundo del trabajo y nos plantea el desafío de eliminar las dificultades y potenciar la oportunidades que ello representa para los trabajadores. El Uruguay no es ajeno a esas transformaciones que se manifiestan en una peligrosa dualidad: mientras algunos sectores trabajan, producen y consumen como nunca, otros parecen ser productiva y socialmente excluidos para siempre, aún también de la posibilidad de trabajar, o ven afectados su ingresos y beneficios sociales. Asumir esta realidad para modificarla es y será parte medular de nuestro compromiso fundamental.

En este marco la educación ocupa un lugar clave y un papel que debe ser privilegiando. Reafirma la importancia que la educación ha tenido y debe tener en la sociedad. Es una necesidad vital para el individuo, como proceso de adaptación e incidencia en el medio físico y social, y para la sociedad como forma de aprovechar mejor el principal recurso, el recurso humano.

La educación debe ser un proceso permanente, porque la sociedad implica relaciones muy diversas, complejas y cambiantes y porque el nivel de conocimientos y técnicas requeridas se acrecienta en la actualidad. Tenemos un sistema educativo de historia muy prestigiosa pero que ha sido devaluado por sucesivos gobiernos conservadores al punto de que en la actualidad no se ajusta a las necesidades nacionales. Por tanto queremos un sistema educativo que responda a las necesidades de nuestro pueblo.

Los principios consagrados históricamente en las bases programáticas del Frente Amplio en cuanto a laicidad, obligatoriedad, gratuidad, autonomía, participación, asistencialidad, que deben servir de base a la Educación Pública, forman el núcleo principal de la profunda transformación del sistema que promovemos, garantizando así el derecho fundamental de los seres humanos a la educación. El Estado debe ser el responsable principal de la educación permanente de la comunidad, asumir sus compromisos ineludibles en esa área, con la preocupación fundamental de que la enseñanza pública en todos los niveles sea de la más alta calidad y no una enseñanza inferior destinada a los sectores carenciados de la sociedad.

El sistema educativo debe procurar recuperar el sentido de identidad nacional. Las transformaciones requeridas en tanto manifestación y práctica de la vida social, se deberán llevar adelante con el protagonismo del conjunto de la sociedad, especialmente de los docentes y de todos los sectores vinculados a la educación, tomando como referencia la amplia elaboración aportada a lo largo de los años.

La acción educacional que llevan a cabo los organismos públicos tiende en nuestro proyecto, a desarrollar en los educandos la capacidad para vivir en un mundo cambiante, dinámico, con aceleradas transformaciones culturales (técnicas, ideológicas, políticas) incidiendo en ese mundo con creatividad y responsabilidad, siendo capaces tanto de promover cambios como de resistirlos cuando éstos afecten los valores esenciales (aquellos que hacen a la solidaridad, la libertad, la cooperación, el respeto a la individualidad) promoviendo una nueva ética de relacionamiento social basada en el respeto a la diversidad cultural, étnica y de género. El sistema educativo propenderá a eliminar las discriminaciones por razones de raza, género o condición social para que los resultados sean realmente justos. La noción de cultura productora será una guía firme de la enseñanza pública; ella implicará que todos sus educandos aprendan a trabajar pensando y a pensar trabajando.

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