Lasalvia, restituido, apunta sobre Batlle y demanda una explicación
El gobierno fue intimado a cumplir con una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de 2006, que dispuso que el ex director del Instituto Nacional de Oncología (INDO), Eduardo Lasalvia, procesado sin prisión en 1999, debe ser restituido.
Paralelamente con esto, el doctor Lasalvia mantiene una acción legal por concepto de daños y perjuicios, en la cual sumando los salarios impagos se reclama por una suma superior al millón de dólares.
A pesar de esto, Lasalvia dijo ayer a LA REPUBLICA que su interés no es movido por el dinero, "sino por la reparación por el daño moral, profesional, académico y científico que me ocasionaron".
El médico fue procesado sin prisión en 1999, acusado de haber asumido una conducta ilegal al promover una licitación pública y aconsejar la contratación de una empresa de la cual él era director. (Ver columna).
Lasalvia remarcó que su destitución fue responsabilidad de la anterior administración e incluso responsabilizó directamente al ex presidente Jorge Batlle, y sostuvo que cree que no existirán inconvenientes para alcanzar un acuerdo con las actuales autoridades.
"La decisión equivocada fue cometida por el Poder Ejecutivo encabezado por el ex presidente Jorge Batlle, que quedó demostrado fue muy mal asesorado jurídicamente. Fue una decisión política, sin motivos ni fundamentos. Fue una arbitrariedad, yo tenía 30 años de carrera en Salud Pública, ingresé por concurso y además renuncié a mi cargo como docente para dedicarme full time a mi tarea en el INDO", sostuvo el profesional, que agregó, "Espero algún día encontrarme con Jorge Batlle para que me explique por qué me hizo esto".
En cuanto a la reparación económicamente que debe percibir, vale decir que sólo por lo dispuesto por el (TCA), se le debe pagar todos los sueldos que hubiera percibido desde mayo de 2001, cuando fue removido de su cargo, pero a esto se le debe sumar los medios sueldos que no se le pagaron desde 1999 cuando fuera procesado sin prisión por "conjunción del interés público y privado".
Sobre todo el aspecto económico, Lasalvia dijo: "Estoy dispuesto a flexibilizar lo más posible en cuanto a lo que tiene que ver con el tema del dinero, pero también se me debe retribuir por el daño que se me hizo en todo sentido desde económico hasta moral y profesional", aunque también sostuvo, "los que motivaron el problema ya no están en el gobierno. Ellos generaron un gasto por concepto de reparación de daños, que debemos pagar todos, lo cual me parece una irresponsabilidad".
En cuanto a su restitución al cargo, el médico dijo que entiende que debe ser reintegrado con el mismo cargo y en el mismo escalafón jerárquico, aunque sabe que no tiene porqué ser concretamente en el INDO.
En relación a esto último, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñóz, dijo ayer que los servicios de salud del Estado deben reintegrarlo a un cargo, aunque no al cargo de director que estaba ocupando, porque ya está cubierto, "en el plazo que el tribunal lo ha dispuesto".
La República
09/08/08
Larga batalla administrativa
En 1999, el ex director del Instituto Nacional de Oncología (INDO) Eduardo Lasalvia, fue procesado "sin prisión" por el juez Walter Carmona, por el delito de "conjunción del interés personal y público", tras promover durante una licitación pública del Ministerio de Salud Pública (MSP) la contratación de una empresa de la cual era director.
La empresa en cuestión Bio Health también era integrada por la esposa del ex director del INDO, Laura Albertini, por entonces subsecretaria de Salud Pública, quien renunció a su cargo en la Secretaría de Estado, tras detectarse esta "irregularidad".
El fallo de primera instancia fue ratificado por un Tribunal de Apelaciones en febrero de 2000, pero un año más tarde (en marzo de 2001) la Suprema Corte de Justicia resolvió conceder la "gracia" al ex jerarca, por lo cual el delito extinguió.
Sin embargo, el entonces presidente de la República, Jorge Batlle, resolvió llamar a concurso abierto para ocupar el cargo de director del INDO, invocando el principio de "separación de poderes" y el antecedente judicial del ex jerarca imputado. Ante esto, Lasalvia presentó un "recurso de amparo" ante el Tribunal de lo Contencioso. La entonces jueza del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 1º Turno, Rossina Rossi, sin embargo, consideró que la Secretaría de Estado "actuó conforme a derecho", porque "si bien no es normal que el MSP cese a funcionarios que son interinos en sus cargos si no es mediante sumario, no existe una norma legal que proteja al funcionario interino". Tras ello, el ex jerarca elevó una demanda ante el TCA , que en setiembre de 2006 resolvió anular la resolución del Poder Ejecutivo de mayo de 2001. Ahora, el Tribunal ratificó su fallo e intimó al MSP a cumplir la resolución de reintegrar a Lasalvia.
La vacuna fatula
Tres médicos uruguayos estarán en el banquillo de los acusados cuando en los próximos días se inicie un juicio por fraude en Puerto Rico.
Se trata del oncólogo, y ex director del Instituto Nacional de Oncología uruguayo, Eduardo Lasalvia Prisco, su esposa, Laura Albertini, y Silvia Cucchi, quienes junto a profesionales boricuas están bajo la mira de la Fiscalía federal puertorriqueña por lucrar con una falsa vacuna contra el cáncer.
En 1999 Lasalvia fue procesado sin prisión por conjunción del interés público con el privado y Albertini dejó su cargo de subsecretaria de Salud Pública, sospechada en el mismo caso (ver recuadro).
El caso de la vacuna "fatula"- como denominan los portorriqueños a lo falso, lo "trucho"-tomó estado público el 2 de marzo. Los médicos fueron denunciados por embolsarse 246 mil dólares, entre 2003 y 2004, luego de ofrecer en sitios de internet una supuesta cura contra el cáncer. Consistía en extraer, hervir y congelar la sangre de los propios pacientes terminales para luego volvérsela a inyectar al enfermo y estimular así su sistema inmunológico.
Según el fiscal federal José Ruiz, este tratamiento no corresponde a una "medicina alternativa" y señaló que los acusados promovían e inyectaban una vacuna contra el cáncer, cuando ésta no había sido aprobada por la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. "El delito aquí está en defraudar al público general diciendo que esto es una vacuna", explicó Ruiz al diario El Nuevo Día de Puerto Rico.
La Fiscalía estimó que cerca de 50 personas fueron víctimas del fraude. Los pacientes tenían que pagar entre 8.000 y 12.900 dólares por el tratamiento.
En el Tribunal Federal de Puerto Rico hay una sola demanda en relación a este caso. El demandante es Alberto Anaya y reclama dos millones de dólares por la muerte de su compañera a la que, asegura, "usaron de conejillo de indias". Anaya demandó a Lasalvia y al resto de los profesionales por el fallecimiento de su cónyuge a consecuencia de un cáncer de mama que se le regó a sus órganos vitales sin que recibiera tratamiento convencional y apostando a la vacuna ofrecida por los médicos.
Para comerciar la vacuna, los implicados utilizaban la firma Pharma Blood, en la cual figuran Lasalvia y Albertini en cargos jerárquicos. El grupo operaba un portal de internet (www.pharmablood.com), con información sobre "los tratamientos del mañana" y, según consignan los diarios boricuas, ofrecía la vacuna como una alternativa a la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia.
Actualmente, el sitio web sigue vigente, pero un gran sobreimpreso rojo aclara que la página es sólo de consulta y la mayoría de los links no funcionan.
Los cargos que deberán enfrentar Lasalvia, Albertini y Cucchi son por conspirar para defraudar a la FDA, por fraude electrónico y por usar el correo para enviar drogas no aprobadas por la FDA, bajo fraude y engaño. Las condenas pueden ser de tres a 20 años.
¿Y dónde está el doctor?
Lasalvia tiene un consultorio médico en Montevideo, pero hace varias semanas que no lo atiende. La secretaria del médico dijo a Qué Pasa que el doctor se pasa de "viaje en viaje", aunque no pudo precisar con exactitud en dónde estaba en ese momento. En la casa de Lasalvia en Pocitos la respuesta fue la misma.
Allegados aseguran que en octubre estará de vuelta en el país junto a su esposa. La doctora Silvia Cucchi tampoco pudo ser ubicada en Uruguay.
Al oncólogo, la prensa de Puerto Rico le perdió el rastro desde mediados de marzo, cuando compareció ante el tribunal federal boricua acompañado por dos abogados, el puertorriqueño Robert W. Odasz y el estadounidense con oficina en Florida, John E. Bergendahl. En esa ocasión se declaró no culpable de los cargos, aunque fue sancionado por el Juez Bruce McGiverin por no tener autorización para ejercer la medicina en la isla.
La última vez que habló a los medios de comunicación, el médico se defendió de todas las acusaciones en su contra. En declaraciones a El País, el 6 de junio, dijo que su labor en Puerto Rico fue sólo de entrenamiento a médicos "en la aplicación de nuevos tratamientos en cáncer" y agregó que dedicó seis meses de 2003 para ese fin. También aseguró que en la isla le otorgaron licencias para trabajar por mérito científico, y alegó que nunca cobró una consulta. En referencia al resto de los acusados, Lasalvia dijo desconocer cómo hicieron la aplicación de los conocimientos enseñados por él.
Y aventuró, ajeno: "Parece que han tenido algún problema por el cual ahora están denunciados".
Historia clínica
NO ES LA PRIMERA VEZ que el oncólogo Lasalvia está en el ojo de la tormenta por actividades relacionadas con su profesión. En 1999, año en el que el médico era director técnico del Instituto Nacional de Oncología, fue destituido de su cargo y procesado sin prisión por el juez Walter Carmona, acusado de conjunción del interés personal y público. En ese momento el magistrado entendió que el funcionario asumió una conducta ilegal al haber promovido una licitación pública y aconsejar la contratación de una empresa de la cual era director. Se trataba de la sociedad Bio Health creada por Lasalvia y su esposa, Laura Albertini, quien debió abandonar su cargo como subsecretaria del Ministerio de Salud Pública. Por este caso, el Comité Ejecutivo y el Comité de Ética del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) resolvieron la suspensión del médico por un período de cinco años. Lasalvia se vio envuelto en otro caso polémico cuando el laboratorio Biofarma, de su propiedad, fue investigado por la intoxicación con litio de pacientes sometidos a hemodiálisis mediante la provisión de medicamentos elaborado en su laboratorio. Se hallaron errores metodológicos de producción, lo cual obligó a la suspensión de la elaboración de medicamentos y a la clausura del laboratorio. El actual caso de Puerto Rico ni siquiera es tema de agenda en el SMU. Si bien los integrantes del Comité Ejecutivo de la gremial médica están al tanto, dicen no saber más de lo que dijo la prensa. Fuentes del SMU señalaron que a Lasalvia "ya se le conoce el paño", y no hay interés "por parte de nadie de complicarse con este tema".
El País
15/09/07
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