Derivaciones del caso Bardesio, las piezas del Escuadrón van encajando

Si algo caracteriza al hoy senador Julio María Sanguinetti es la coherencia. En abril y mayo de 1972, siendo ministro de Educación en el recién estrenado gobierno de Juan María Bordaberry, negó la existencia del Escuadrón de la Muerte cuyos miembros habían sido identificados por el funcionario policial y agente de la cia Nelson Bardesio, mientras una mayoría parlamentaria de blancos y colorados, que secundaba los pujos dictatoriales de los militares, enterró toda posibilidad de investigar los vínculos institucionales de los grupos paramilitares y parapoliciales responsables de asesinatos, desapariciones y cientos de atentados.

Durante una década larga, el modelo represivo paramilitar fue adoptado masivamente por las Fuerzas Armadas, de modo que en 1985, ya como presidente, Sanguinetti impulsó el ocultamiento de las aberraciones del pasado, obstruyendo mediante la ley de caducidad la investigación de las numerosas denuncias que llegaban a la justicia penal. En sus dos períodos presidenciales (1985-1990 y 1995-2000) consolidó la impunidad que probablemente pactó con los militares en la trastienda del Club Naval: desconoció la aplicación del artículo 4 de la ley, que obligaba a investigar las desapariciones;; obstruyó cualquier esfuerzo por conocer las ramificaciones uruguayas del Plan Cóndor (ordenó archivar la investigación de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz);; y se obstinó -infructuosamente- en impedir la ubicación de niños secuestrados, especialmente Simón Riquelo -hijo de Sara Méndez- y Macarena Gelman, en manos de un apropiador que cumplía funciones de confianza política en su gobierno.

La amplitud del paraguas de impunidad entonces vigente dejó en un cono de sombra una iniciativa de Sanguinetti que hoy, tras la detención de Bardesio, cobra una sugestiva significación. La ley de caducidad fue, propiamente dicho, una elaboración del Partido Nacional que, aunque consagraba una amnistía encubierta para los violadores de los derechos humanos, salía al cruce del proyecto de ley que el propio Sanguinetti había impulsado desde la Presidencia y que el Parlamento decidió rechazar por sus desmesurados alcances. El rechazo parlamentario se produjo en setiembre de 1986. El proyecto amnistiaba a "policías y militares que cometieron delitos entre el 1 de enero de 1962 y el 1 de marzo de 1985";; el artículo 2 establecía que "quedan comprendidos en esta amnistía los autores, coautores y cómplices de los delitos amnistiados y los encubridores de los mismos, hayan sido o no condenados o procesados y aun cuando fueren reincidentes o habituales".

Se puede interpretar que Sanguinetti tenía el propósito de amnistiar a las bandas fascistas de la jup, a los miembros de los escuadrones de la muerte y también a los políticos y ministros que encubrieron a sus responsables desde el gobierno. Los blancos no tragaron semejante propósito y sumaron sus votos a los del Frente Amplio para rechazar ese proyecto. Hay que reconocer que el líder del Foro Batllista logró mantener esa impunidad durante 20 años, aun cuando no hubiera norma legal que respaldara a los miembros del Escuadrón y a sus cómplices. Hoy, sin embargo, se consolida una nueva coyuntura, a partir de la política de derechos humanos que sustenta el gobierno progresista y, en especial, en lo que tiene que ver con el Escuadrón de la Muerte, a partir de la detención de Bardesio.

En esta cobertura de Brecha, que se suma a la edición especial de la semana anterior sobre la ubicación de Bardesio en Argentina, se ofrecen testimonios que confirman las maniobras del gobierno de Bordaberry para encubrir a los miembros del Escuadrón. El ex senador blanco Carlos Julio Pereyra detalla cómo Sanguinetti y el general Magnani, entonces ministro de Defensa, traicionaron la promesa extendida a Bardesio de que no sería entregado a la Policía, después de su liberación por los tupamaros en mayo de 1972. Héctor Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara de Representantes, quien conversó con Bardesio en una sala del colegio Sagrado Corazón donde se negociaba el futuro del funcionario policial, no está hoy entre nosotros (fue asesinado por los herederos del Escuadrón) para testimoniar los detalles de aquel episodio clave;; pero sí está dispuesto a ofrecer esos detalles -según adelantó a los abogados del Serpaj- Juan Raúl Ferreira (hijo de Wilson Ferreira Aldunate), quien a sus 19 años acompañó a Gutiérrez Ruiz en ese primer encuentro con Bardesio.

Ferreira confirmó a Brecha que Bardesio -que reclamaba asilo en alguna embajada para evitar que sus colegas policías lo asesinaran por sus confesiones a los tupamaros- no sólo mantuvo en todos sus términos sus declaraciones que involucraban en los operativos del Escuadrón a inspectores, comisarios, oficiales de las Fuerzas Armadas, y a los subsecretarios Vigorito, Pirán y Acosta y Lara, sino que también manifestó su disposición a declarar ante un juez. La violación de aquel compromiso permitió que Bardesio, presionado en la Jefatura de Policía de Montevideo, rectificara sus confesiones, lo que constituyó un pretexto para "enterrar" la investigación parlamentaria sobre el Escuadrón.

Treinta y seis años después, Bardesio se enfrenta a la misma disyuntiva. Si se concreta su extradición, cuyo trámite ya ha comenzado tanto en Montevideo como en Buenos Aires, tendrá poco margen de maniobra, en el caso de que persista en su retractación. Será decisivo, en esa eventualidad, el testimonio de Mauricio Rosencof, hoy director de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Rosencof fue, en marzo de 1972, uno de los dirigentes tupamaros que interrogó a Bardesio. El detalle de esos interrogatorios (que se consignan en este informe) será decisivo para los magistrados que hoy investigan todos los asesinatos y desapariciones del Escuadrón.

De hecho, la sede penal pedirá la extradición de Bardesio por dos delitos de desaparición forzada y otros dos de homicidio muy especialmente agravado y no sólo por el caso de Héctor Castagnetto, cuya denuncia judicial habilitó esta instancia decisiva para el esclarecimiento de los hechos del terrorismo de Estado y sus capítulos preparatorios durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, quien, insólitamente, acaba de ser homenajeado por los ediles colorados de la Junta Departamental de Montevideo.

Samuel Blixen/Walter Pernas/Fabián Kovacic
(Brecha)