1972: El año de la furia

La memoria de los sucesos de 1972 se ve prácticamente colmada por los dramáticos hechos ocurridos entre abril y octubre: la "guerra interna" y sus episodios ocupan casi todo el espacio disponible para los recuerdos.

Sin embargo, la perduración dramática de la guerra deja en la sombra muchos de los episodios más propiamente "políticos" de ese año tan conflictuado: las movidas en el escenario político que parecían suspendidas durante el período más duro del enfrentamiento habían recuperado su energía cuando la "lucha contra la sedición" tocaba ya a su fin y había que marcar el rumbo a seguir en lo sucesivo.

Para los militares se trataba de profundizar su camino de intervención en la política, de la cual -consideraban- habían sido inconvenientemente apartados; el brigadier José Pedro Jaume había sido muy explícito en su discurso en oportunidad del aniversario de la muerte de Artigas: "No queremos ganar sólo la batalla: queremos ganar la guerra. Y la lucha no ha terminado ni terminará si además de extirpar el cáncer, no emprendemos con igual energía la tarea patriótica de remoción de las causas de la violencia". El enemigo en este caso no eran solamente quienes empuñaban las armas, ya que "tan enemigo como éstos, son los agiotistas, los usureros, los contrabandistas, los especuladores, los estafadores del erario público…" (diario Ahora, 24-IX-72).

Para los partidos políticos (especialmente los mayoritarios) estas palabras definían un nuevo problema: se trataba de reubicar a los militares en su carril institucional, un proyecto complejo a la vista de las modificaciones que había sufrido el estatus militar y sus relaciones con el poder político en los últimos meses. En principio, no había transcurrido un mes desde el discurso de Jaume cuando se aprobó la ley de represión de ilícitos económicos y se instaló la comisión encargada de la tarea (CRIE). Ésta inmediatamente comenzó a investigar las operaciones del Banco Mercantil, lo que volcaba sospechas sobre uno de los más renombrados ministros de Jorge Pacheco: el doctor Jorge Peirano Facio.

En esta perspectiva, los últimos meses de 1972 estuvieron colmados de movidas de los actores políticos, que se manifestaban en acontecimientos muy resonantes pero que resultaban de muy difícil interpretación para una masa ciudadana hastiada de la crisis, desorientada por la confusión política, impactada por los sangrientos acontecimientos de ese año y seducida por la eficacia demostrada por los militares. El repaso de esos confusos tiempos hace visibles algunas claves para entender los episodios de febrero de 1973.


EL CARRUSEL POLÍTICO.
Tal vez como un efecto de la parálisis política del año, los últimos meses tuvieron una actividad de vértigo y contribuyeron a configurar la imagen del escenario político y de los actores en la población.

Cinco hechos específicamente políticos contribuyeron a ese resultado: el discurso del doctor Jorge Batlle por cadena denunciando el acoso de los militares, que determinara su prisión en un establecimiento militar; las denuncias de Wilson Ferreira Aldunate sobre maniobras de buques argentinos en el Río de la Plata, autorizadas por una disposición (ilegal) del gobierno anterior; la lectura hecha por Amílcar Vasconcellos en el Senado de un plan político de los militares; la publicación de un "Plan de ocho puntos" elaborado por sectores políticos (aparentemente del oficialismo) para enfrentar a los militares, y los rumores de la presentación de un proyecto de reforma constitucional.

Más que un simple repaso del anecdotario político, estos episodios representan un elemento importante para comprender los sucesos posteriores. En cada caso, la publicación de documentos respondía a estrategias políticas para posicionar favorablemente a cada sector en un escenario que había sufrido una dramática transformación.

Para Batlle, la actitud de las Fuerzas Armadas amenazaba con eliminarlo definitivamente del escenario político. Su intento de poner a Juan María Bordaberry en la disyuntiva de optar entre el apoyo de su sector político y la ilegalidad de los militares había fracasado cuando el presidente había cedido a las presiones castrenses; como resultado se encontró apoyando a un gobierno que lo había puesto preso sin motivos legales. En el intento por salvar su posición presentó a la figura del general Esteban Cristi como el principal promotor de la lucha contra los ilícitos económicos, una política que tenía innegable apoyo en la población.

Por su parte, Bordaberry debió aceptar la prisión de uno de sus más firmes apoyos políticos (lo que significaba una ominosa señal para el resto de los integrantes del gobierno: ningún civil podía contar con el apoyo del presidente en caso de problemas con el Ejército), y los militares podían mostrar su juego presentándose como libres de "tabúes" en la lucha antisubversiva. La jugada política había dejado a Bordaberry en más estrecha dependencia de los militares.

Por su parte Wilson Ferreira Aldunate había construido la imagen del más firme opositor al gobierno: aún faltaba mucho para que se transformara en el impulsor de la "gobernabilidad". Pero este firme discurso opositor se había visto amortiguado a partir de los sucesos de abril, cuando la mayoría del partido había acompañado con sus votos la solicitud de declaración de estado de guerra interno y la aprobación de la ley de seguridad (véase nota de Álvaro Rico). En ese momento todos los legisladores de los partidos tradicionales habían cerrado filas detrás de las propuestas del gobierno, lo que si bien representó una firme actitud de disciplina partidaria, por otro lado dejó desdibujados, del mismo lado, a rochanos y ferreiristas junto con los reeleccionistas y los "blancos baratos".

En ese noviembre la denuncia de Ferreira lo colocaba como continuador de la tradición de defensa de la soberanía nacional de su partido y, aunque se preocupó por no dirigir sus ataques a los mandos militares del momento sino a las autoridades políticas, generó una reacción en los militares que sintieron el ataque a la Armada como dirigido contra toda la organización militar. Todo el incidente dejaba resultados ambiguos: por un lado el liderazgo de Ferreira quedaba reforzado dentro de su partido, que se había volcado en su apoyo de manera casi unánime. Pero también había provocado el empeoramiento de las relaciones entre Ferreira y los militares como institución, nunca demasiado cordiales, pero que alcanzaron en este momento un nivel crítico.

Desde las páginas de Marcha comentaba Óscar Bottinelli: "Dos cosas son ciertas y no pueden pasarse por alto: que alguien tuvo en mente y sugirió la posibilidad de la inmediata aprehensión del senador; que ella no se concretó ni hubo intentos objetivos de concretarla" (Marcha, 24-XII-72). De la afirmación periodística parecía surgir la existencia de dos posiciones en el gobierno, donde una de ellas, la más "ultra", no había tenido el respaldo de la cúpula militar. Resultaba imposible discriminar por dónde pasaba la divisoria de aguas, pero había algunos aparentes indicios: la línea de fractura parecía separar a los civiles (políticos comprometidos con el gobierno anterior -identificados con la corrupción-, donde se encontraría el presidente de la República) de los militares, bien intencionados pero desconocedores del manejo político.


BALANCE PROVISORIO.
En este panorama tan variable, resultaba muy difícil encontrar una ubicación precisa. Bordaberry y la mayoría de su entorno aparecían como poco confiables, tanto para los legalistas (por su debilidad ante las presiones militares) como para quienes veían en él la continuación de las prácticas del gobierno anterior; en este contexto las versiones de una reforma constitucional no respaldaban a los gobernantes sino que aceleraban su salida, lo que tampoco consolidaba el sistema. Por otro lado, los militares gozaban de un inocultable prestigio entre buena parte de la población (un concepto que aparece permanentemente detrás de todas estas movidas políticas). Capitalizar el apoyo de los militares o capturar su prestigio y popularidad era el objetivo que daba sentido a todo este complejo carrusel político.

Después de todos estos incidentes no cabe duda de que el respaldo popular a los militares no solamente no disminuyó sino que se incrementó: la revelación de los documentos de militares y de políticos mostraba que nadie tenía demasiada adhesión al sistema democrático, pero los militares tenían el impulso renovador, mientras que los políticos sólo ofrecían "más de lo mismo".

¿Cuál debía ser el camino en esa confusión? Carlos Quijano, desde Marcha, describía la incapacidad del gobierno para actuar en ese momento, pero agregaba: "la incapacidad de unos no les da título de capacidad a esos otros" (Marcha, 7-XII-1972), y proponía la consulta al pueblo y el cambio de las estructuras. Puede sospecharse que, si se hubiera realizado la consulta reclamada, no hubiera sido extraño que los militares recogieran un apoyo inédito para sus propuestas. Pero tal afirmación no puede salir de la dimensión hipotética: sólo la pasividad de la población ante los sucesos de febrero permite sospechar que pocos lamentaban que se modificara una situación que parecía haber agotado sus posibilidades. Es explicable, en este contexto, que la convocatoria de Bordaberry al pueblo en medio de aquella crisis tuviera tan escaso eco.


Protagonista: ¿Qué pasó el 14 de abril?
Ni los tupamaros que "sirvieron en bandeja" el pretexto para que las Fuerzas Armadas desencadenaran la represión -dice Samuel Blixen1 en su libro "Sendic"- ni los parlamentarios que votaron sin chistar el estado de guerra interno tuvieron conciencia de que se instalaba el terrorismo de Estado.

"Pues bien: el 14 de abril de 1972 el MLN cayó en una emboscada que le tendieron el gobierno y las Fuerzas Armadas, y el golpe fue tan devastador que en siete meses la estructura militar de los tupamaros quedó desarticulada, herida de muerte. Por cierto, el Ejército y los cuerpos represivos de la Policía hicieron bien su trabajo, pero nunca hubieran obtenido el resultado que recogieron si no fuera por las profundas contradicciones, las desviaciones, las desprolijidades y las frivolidades que como un cáncer venían comiendo el cuerpo de la guerrilla, úlceras que quedaron expuestas al primer golpe. Una derrota siempre es, antes que nada, consecuencia de los errores propios más que de los aciertos del enemigo.

Hoy se sabe que las Fuerzas Armadas, que habían asumido el control de las operaciones antisubversivas en setiembre de 1971, [...] venían planificando ese golpe y lo preparaban concienzudamente; hasta habían elegido los acordes de la marcha militar de sus comunicados de guerra, la famosa "cadena" que sería el único canal de información autorizado. Cuando decidieron que estaban prontas, aguardaron el pretexto que permitiera desencadenar la represión en una intensidad y una profundidad no conocidas hasta ese momento. Necesitaban el pretexto para accionar la propaganda, la tarea de inteligencia y la manipulación de masas que acotaría la oposición de la gente, del Parlamento y de los partidos políticos. Ese pretexto el MLN lo sirvió en bandeja el 14 de abril, cuando desencadenó la represalia contra el Escuadrón de la Muerte." 2

"A fines de marzo de 1972 los tupamaros habían ajustado los detalles de una operación que implicaba golpes simultáneos en un solo día [...]. Era sin duda un paso de gran trascendencia, de honda repercusión: al golpear al corazón del terrorismo de Estado se estaba golpeando al poder político, al cuerpo de elite policial (la inteligencia) y a las Fuerzas Armadas; demasiados enemigos, demasiado poderosos como para invocarlos al mismo tiempo. Pero en el MLN una tal operación no se percibía como una especie de Rubicón, como el mojón que instalaría un antes y un después. Se calculaba que habría que resistir alguna forma de reacción dura, pero existía la convicción de que el gobierno finalmente 'asimilaría' el golpe como lo había hecho anteriormente con Mitrione o con la fuga de 111 presos. En cambio, para los aparatos de masas la represalia podía significar la eliminación del accionar paramilitar; si la respuesta era lo suficientemente contundente, los impulsos terroristas quedarían definitivamente neutralizados, y ésa era una aspiración muy sentida y reclamada. Sendic tenía prevenciones, Fernández Huidobro percibía una "frivolidad" en tanto esas acciones no se encuadraban en una estrategia, y Mujica alertaba sobre el error político. Algo así como la intuición de que algo estaba mal, pero sin llegar a detectar el origen del alerta." 3


ENTONCES EL 14 DE ABRIL...
"A primeras horas de la mañana del 14 de abril el capitán Ernesto Motto fue abatido cuando salía de su domicilio en la ciudad de Las Piedras; casi simultáneamente, en Montevideo era ametrallado el automóvil en que se desplazaba el subcomisario Óscar Delega, quien murió junto con su chofer, Carlos Leites; y cerca de las 11 de la mañana fue abatido, cuando salía de su domicilio, el ex subsecretario del Interior Armando Acosta y Lara. Fracasó una acción prevista contra el paramilitar Miguel Sofía cuando fue detectada una camioneta en la que viajaba un comando tupamaro; tras un combate dos de sus miembros, Nicolás Gropp y Norma Carmen Pagliano, fueron abatidos.

Pasado el mediodía del 14 de abril la Policía efectuó dos allanamientos, uno en la calle Amazonas y otro en la calle Pérez Gomar. En Amazonas, efectivos comandados por el comisario Campos Hermida, miembro del Escuadrón, entraron a la casa disparando con metralletas y hasta con una ametralladora. El dueño de casa, el periodista Luis Martirena, fue acribillado cuando abría la puerta, y su mujer, Ivette, que estaba almorzando, fue acribillada cuando se levantaba de la mesa con las manos en alto. Los policías rociaron plomo en todas las piezas y algunas municiones que se incrustaron en el cielo raso hirieron a Fernández Huidobro, que se ocultaba con David Cámpora en un "berretín" disimulado en el techo; salvaron la vida porque el Ñato se fue desangrando sin emitir una queja, y para cuando los policías, abajo, percibieron que goteaba sangre del techo, ya estaban presentes las autoridades judiciales que impidieron que se reanudara el tiroteo. En Pérez Gomar, otro miembro del Escuadrón, el inspector Víctor Castiglioni, comandó el allanamiento. Entraron en la casa y detuvieron a ocho personas, pero a cuatro de ellas, Candán Grajales, Horacio Rovira, Gabriel Schroeder y Armando Blanco, los ejecutaron a tiros. Los otro cuatro detenidos no sólo salvaron la vida; quedaron en libertad. Los policías sabían a quiénes tenían que matar. [...] La respuesta que dio el gobierno fue de otra dimensión: solicitó autorización parlamentaria, el mismo 14 de abril, para la implantación del 'estado de guerra interno' y la suspensión de la seguridad individual. Y mientras se tramitaba la autorización, el Ejército comenzó ese mismo día a realizar allanamientos, detener personas, torturarlas en unidades militares, obtener información y realizar nuevas detenciones, instalando una cadena de producción de un nuevo producto: el terrorismo de Estado para 'salvar a la patria'. A la tarde del día siguiente, 15 de abril, cuando el Parlamento comenzaba la discusión del pedido presidencial, los soldados actuaban en la capital como un ejército de ocupación, actuaban como los franceses actuaron en Argel. [...] El estado de guerra interno era la institucionalización y generalización de los métodos del Escuadrón de la Muerte. De ahora en adelante la tortura sistemática sería la única herramienta para obtener información. [...] Para que no hubiera dudas de que el terror no era selectivo, el 17 de abril los militares allanaron un local del Partido Comunista en el Paso Molino y mataron fríamente a ocho militantes." 4

Notas:
1. Blixen es periodista y escritor. Militó en el MLN-T y estuvo preso entre 1972 y 1985.
2. Sendic, Samuel Blixen. página 234, Trilce, Montevideo, 2000.
3. Ibidem, páginas 239 y 240.
4. Ibidem, páginas 242 y 243.


Carlos Demasi