Puntos de vista respecto a la política militar y las relaciones cívico-militares en Uruguay

En Uruguay, a diferencia de Argentina que desde 1930 ha vivido una cadena de dictaduras , podemos hablar en singular, ya que la anterior dictadura (Presidente Dr. Gabriel Terra 1933-1939) quedó superada y separada por un fermental período de acción democrática – republicana, con ejercicio de las libertades individuales.

En la experiencia política de presidencialismo o colegiado (Consejo de Gobierno de 1952 a 1967) las FF.AA. (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) tuvieron poca presencia en público y no se manifestaron como actores políticos. Actuaron dentro de las normas de la Ley Orgánica Militar Nº. 10.050 de 1940 y su modificativa Nº 10.757 de 1947. Es de tener presente que la discusión parlamentaria extensa y conocida para la sanción de la ley se dio en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. El Uruguay practicaba la política exterior –y, por extensión su política militar-, de neutralidad y no era beligerante,. Aunque llegó a declarar la guerra a los países del “eje” no destinó fuerzas armadas fuera del territorio nacional. La República no era expansionista y tenía la “política de la defensa nacional. Las FFAA atendían una hipótesis de conflicto y se preparaban profesionalmente para desarrollar una guerra convencional en caso de que su territorio fuera agredido. Su pequeñez hacía pensar en una acción con aliados y organismos internacionales que acudieran en su ayuda.

Las FFAA, como apoyo a la acción policial (dependiente del Ministerio del Interior), participaron en el control de conflictos laborales y, aún, sustituyeron y tomaron a su cargo algunas actividades para asegurar transportes u otros servicios a la población. O ante conmociones producidas por fenómenos de la naturaleza. Terminados los conflictos o las emergencias volvían a su rutina de cuartel.

En esa etapa el M.D.N. (FF.AA, Servicios y otras reparticiones bajo su dependencia) llegó a tener en 1969 un máximo de 16.000 efectivos entre civiles y militares. Los cuadros de oficiales originados en institutos de formación profesional y personal de tropa de reclutamiento entre voluntario-contratados. Se les reconocía hondo sentido civilista y constitucionalista., mirando a la defensa de la Patria, la Nación, su integridad territorial, la Constitución y las leyes; bajo el mando superior ejercido por el Presidente de la República y el ministro respectivo.

En la post guerra tuvieron la influencia del país hegemónico y se inscribieron en las doctrinas militares emanadas del Pentágono; equipamiento, armamento, aspectos técnicos, principios tácticos y aún en cierto modo concepción estratégica para la defensa militar continental. Con la Alianza para el Progreso se introdujo la “acción cívica” y llevó a las FF-AA- a actividades en planes de desarrollo. Con ello se involucraron en actividades de tipo esencialmente políticas y ejercieron su influencia.

A partir del año 1971 , bajo la presidencia de la República de Jorge Pacheco Areco, las FF.AA. fueron responsabilizadas por el Poder Ejecutivo de la acción antisubversiva, tenida en cuenta la acción de la guerrilla y los conflictos con la población (huelgas, manifestaciones, etc.). Se hizo abuso del uso de los instrumentos constitucionales de excepción (medidas prontas de seguridad, suspensión de las garantías individuales) que se complementaron con la “ley de estado de guerra interna”, a la que le sigue la “ley de Seguridad del Estado y del Orden Público”. Momento de un cambio sustancial en la política militar, ampliando la organización, responsabilidades y acción de la Justicia Militar.

Las FF.AA. entran de lleno a participar como “actores políticos”, quedando claro el enfrentamiento del poder militar al poder político, particularmente con el Parlamento. En febrero de 1973, con evidente desconocimiento del poder político constitucional, en clara insubordinación, que los mandos militares denominaron “fuerzas en operaciones” acompañado de la divulgación de comunicados. Se resalta los Nºs. 4 y 7 porque constituyen verdaderos programas para la acción futura. Puede decirse que fue el comienzo real del proceso de la dictadura que el 27 de junio de 1973 el Poder Ejecutivo decretó con la disolución de las Cámaras.

Hasta el año 1985 actuó el gobierno cívico-militar, sustituyendo el ordenamiento constitucional por la “institucionalidad del proceso revolucionario”. La Junta de Oficiales Generales (generales y almirantes de Ejército, Armada y Fuerza Aérea), resultaron el centro del poder, apoyándose en el CO.SE.NA (Consejo de Defensa Nacional),en la Junta de Comandantes en Jefe, en los designados para los diversos cargos: desde presidente de la República, ministros, directores de empresas del Estado, Justicia Militar, órganos de jurisdicción legislativa nacional y gobiernos departamentales. Las FF.AA y las policiales, actuando como “fuerzas conjuntas” fueron de ocupación de todo el territorio nacional y, con una red de oficiales de enlace, controlaron toda la actividad de la sociedad uruguaya.

Al final del período de la dictadura, la política militar era generada por las propias FF.AA y suponía: el ejercicio del gobierno, atender “la seguridad exterior e interior del país”; desarrollar “la acción cívica”; participar en “planes de desarrollo”; tareas de “apoyo a la comunidad”; todo en clara aplicación de la “doctrina de la seguridad nacional” (D.S.N.). Conceptos recogidos en las leyes orgánicas de las FF.AA y las particulares de cada Fuerza. El país tenía sus FF.AA. insertas en el “sistema militar panamericano” dirigido por el Departamento de Estado y El Pentágono de EE.UU. de América.

Las FF.AA. pretendieron siempre dar un marco legal a su accionar y proyectar hacia el futuro el modelo institucional. Eso se puso de manifiesto en las tentativas de reforma de la Constitución: plebiscito en el año 1980, nueva tentativa en 1983 y conversaciones de su Comisión de Asuntos Políticos (COMASPO) con representantes de los partidos políticas. Período de cierta apertura política acompañada de movilización, concertación y negociaciones llevadas por la Interpartidaria y la Asamblea Intersectorial. Hay que resaltar el acto del 27 de noviembre de 1983 en Montevideo frente al Obelisco a los Constituyentes en que 400.000 personas presentes formaron “un río de gente” Aunque los militares no consiguieron que se aceptara su proyecto de imponer el contralor militar permanente, en el denominado “pacto del Club Naval” de 1984 acordaron la forma de regular el proceso de transición. De este acuerdo registrado unilateralmente por Acto Institucional Nº 19 del Poder Ejecutivo, se han manejado diversas interpretaciones, pero, en el año 1986, se llegó a la sanción de la ley Nº 15.848, “ley de caducidad”, que se ha aplicado como verdadera ley de impunidad.

Para estudiar la sustitución del andamiaje institucional de la dictadura por el régimen democrático – republicano, en el entorno de las elecciones nacionales de noviembre de 1984 y la asunción en marzo de 1985 del nuevo gobierno electo, funcionó, la Concertación Nacional Programática (CONAPRO). Ninguna constancia expresa que tuviera relación con la revisión de la actuación pasada de los militares, pero sí se comprometía pleno apoyo para la eficiente actuación de la Justicia.

Referido al poder militar, es de tener en cuenta que, al comienzo del año 1986 el Poder Ejecutivo presentó proyecto de ley que, en el mensaje dirigido al Patrlamento, argumentaba la necesidad de modificar la Ley Nº 14.157 de 1974, Orgánica de las FF.AA, porque ésta estaba inspirada en una filosofía distinta a la de los principios democráticos y republicanos que habían sido tradición en la República. Y, en el Parlamento, quedó expresamente dicho que se quería quitar de la ley toda influencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

En esa primera etapa de reimplantación de la Constitución se puede apreciar:

-legislación para restituir las libertades, el pleno ejercicio de la Justicia Ordinaria, y quitar los elementos que dieron marco a la acción negativa de las FF.AA.: el CO.SE.NA., la Junta de Oficiales Generales, la anulación de la ESEDENA (Escuela de Seguridad y Defensa Nacional), la anulación de la responsabilidad de la “seguridad interior” del país, reparación a militares destituídos por razones ideológicas o de arbitrariedad, anular las responsabilidades excesivas adjudicadas a la Justicia Militar, etc.. Aspectos que se pueden caracterizar e identificar en las FF.AA. por:

1º) Autonomía, ya que ellas habían sido el gobierno (suplantando al propio Estado) y emitieron todas las políticas y doctrinas de empleo, organización, educación, entrenamiento, equipamiento, armamento, financiamiento y despliegue de las Fuerzas; 2º) Sobredimensionadas, ya que de un M.D.N. con 16.000 efectivos en 1969 habían al 1º de marzo de 1985 alcanzado a 42.700. 3º) Ideología, “anticomunista”, catalogando en ella a toda persona que no acompañara el “proceso cívico-militar”; 4º) Fuerte sentido corporativo, con cubertura a todos sus integrantes (asunto que se vió materializado cuando el Tte. Gral. Medina como Cte. J. E. y luego como M.D.N. guardó y no dio curso a las citaciones de juez competente a militares acusados de violación a los DD.HH u otros delitos). Asunto diferente a lo que en desarrollo positivo de las fuerzas morales se impulsa como “espíritu de cuerpo”; 5º) un desarrollo amplio de la “diplomacia militar paralela”, creadora de vínculos con el exterior sin contralor de los poderes del Estado.

En estos veinte años transcurridos desde 1985 al 2005 se puede apreciar:

-Comandos militares que en declaraciones públicas reiteran su suborninación al poder político y adhesión a la Constitución de la República;

-Militares que, al justificar la corrección de sus procederes durante el pasado, entienden que, si se llegara a repetir situaciones parecidas actuarían de la mismo forma que en el pasado;

-M.D.N. con un volúmen de 32.000 efectivos (civiles y militares) que aún duplican los que tenía inmediatamente antes del período de la dictadura;

-NO DEPURADAS en sus cuadros; ni con claro control del imprescindible cambio ideológico. Es de tener presente que la ESEDENA (Escuela de Seguridad y Defensa Nacional), -creada para imponer la D.S.N.-, se prolongó en el CALEN (Centro de Altos Estudios Nacionales) como instituto heredero de instalaciones y cuerpo docente que viene de la dictadura. En la doctrina de preparación militar el enemigo, señalado como el movimiento comunista internacional, tuvo su sustitución por la lucha contra el “narcotráfico”, la “narco guerrilla”; manteniendo lo de “antisubversivo” y “antisediciosos”, prontos a controlar y atender los servicios esenciales y el órden público interno, actuar en la “acción cívica”, en “planes de desarrollo” y otras tareas de “apoyo a la comunidad”. Todas misiones confirmadas por la Ley de Presupuesto General de la Nación Nº 16.170 sancionada en 1990 a impulso de la Presidencia del Dr. Luis A. Lacalle.. A ello se agrega lo de “antiterrorismo” superalentado luego del 11.09.2001.

-Se puede recalcar que, hasta la asunción del gobierno presidido por el Dr. Tabaré Vázquez, ningún militar había sido puesto ante un Juez y, que, en estos momentos, julio de 2005, los intermediarios mediáticos señalan una especie de crisis en lo interno de las FF.AA., en particular dentro del Ejército, aunque con una subordinación expresada hacia el mando superior, y con fuerte protagonismo público que los muestra como aún verdaderos “actores políticos” actuando fuera de las limitantes emergentes de las normas de la Constitución de la República. El tema violaciones a los DD.HH, los detenidos desaparecidos y la aplicación de la Ley 15.848 de la “caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, así cómo se procesarán las citaciones a militares para concurrir ante la Justicia Ordinaria, están en el centro de la discusión pública, a la que no se sustraen quiénes fueron presidentes de la República y responsables del relacionamiento político – militar desde 1985: Dr. Julio Ma. Sanguinetti, Dr. Luis A. Lacalle y Dr. Jorge Batlle.

-Es de recordar que, cuando el primer gobierno del Dr. Sanguinetti, al restituir el grado de general a los destituídos Líber Seregni y Victor M. Licandro, algún jefe de D.E. (Gral. José Sequeira, Cte. de División de Ejército IV) renunció y pasó a situación de retiro. Cuando el presidente de la República, Dr. Luis A. Lacalle, visitaba Gran Bretaña, debió adelantar su previsto regreso para atender el planteamiento de los generales y reunirse con ellos, ante el caso suscitado con el espía chileno Eugenio Berríos, cobijado por miembros de los servicios de información del Uruguay.

-Cuando en su segundo período de gobierno el Dr. Sanguinetti firmó el decreto por el cuál se cambió el tratamiento de “militares en situación de reforma” a “situación de retiro” en reparación parcial a cuarenta militares destituidos por la dictadura cívico – militar, tuvo la reacción de la renuncia del Te. Gral. Hugo Mermot, al cargo de Comandante en Jefe del Ejército, por discrepar con la resolución del Poder Ejecutivo.

-Es permanente la acción discrepante de los centros sociales militares actuando como portavoces de la llamada “familia militar”, ante cualquier medida que suponga mirada o revisión del pasado en temas de DD.HH., y lo hacen en forma pública. En ocasiones, teniendo como asociados a oficiales militares en actividad o en retiro, resultan actividades políticas, (por ejemplo el haber declarado persona no grata al entonces M.D.N. Dr. Mariano Britos),. Actividades políticas prohibidas expresamente por sus estatutos, sin que el Ministerio Público haya controlado el estricto cumplimiento de las respectivas personerías jurídicas.

-Se hizo pública la declaración de expreso apoyo que los comandos darían para la asesoría jurídica a los denunciados torturadores.

-Se continúa con la práctica de reuniones de generales actuando en evidente asamblea en tanto fue derogado el artículo de la ley que recogía lo de la “junta de oficiales generales”.

-En estos días un comunicado del Comandante en Jefe del Ejército refiere a la “corporación”, a “apoyo” a los que fueren citados por la justicia; planteando superar el pasado doblando la página; pero dejando un marco a la interpretación sobre la imposición a sus subordinados y demás de la familia militar en cuanto a su incuestionable subordinación a la Constitución y la Ley, en forma expresa al Mando Superior de las FF.AA. y Poderes del Estado.

-Queda abierta aún la interrogante de cómo se acatará la decisión del Poder Ejecutivo trasmitida por el Cte. J.E. en relación al acatamiento de militares ante las citaciones de la Justicia Ordinaria..Estando informada la reunión de militares que presentarían recurso contra la disposición del Poder Ejecutivo.

-En relación al PARLAMENTO, se debe señalar que no ha tenido una acción clara, firme, de plena vigencia en sus potestades y responsabilidades constitucionales.

-Antes del período de la dictadura, en el mes de febrero de 1973, tuvo una actitud de tibieza ante la insubordinación de las FF.AA

-En el proceso de revisión de la legislación que hace a las FF.AA, luego del coimienzo de discusión de 1986, se llamó a silencio, siendo común escuchar la expresión de que el Parlamento tiene como “asignatura pendiente” la discusión de la temática de “defensa nacional” y el “para qué las FF.AA.”. Cuando la ley de Presupuesto general de la Nación Nº 16.170/1990, la mayoría -y con voto negativo del Frente Amplio-, aprobó cometidos, misiones o tareas registradas en los Anexos a la Ley, pero sin difusión ni discusión suficientemente democrática.

-No ha tenido capacidad para generar “políticas de Estado” en cuánto a defensa nacional, defensa militar y fuerzas armadas, resultando que las normas sancionadas en relación a políticas militares fueron producto del entendimiento de los Partido Nacional y Partido Colorado. En este proceso los respectivos Poderes Ejecutivos negaron o retacearon información necesaria al partido político Frente Amplio del Uruguay.

Dada la gran incidencia que EE.UU. de América tiene como país hegemónico, nunca hubo voto afirmativo del Frente Amplio para las maniobras navales “Operación UNITAS”, ni hubo unanimidad de votos en la sanción de autorizaciones parlamentarias para salida o entrada de tropas a la realización de ejercicios conjunto combinados impulsados por EE.UU. de América.

-Es evidente que en el Uruguay no ha habido aún capacidad o voluntad suficiente en el medio civil para encarar con solvencia la discusión democrática que el Frente Amplio viene proponiendo públicamente en sus documentos desde sus trabajos del año 1986. Asunto citado por el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, en su discurso del 1º de marzo de 2005 pronunciado en la escalinata del Palacio Legislativo. Lo que estaría por iniciarse en los próximos meses.

-Los militares, las FF.AA., han desarrollado un amplio relacionamiento con Fuerzas de otros países a través de seminarios, ejercicios, acuerdos de cooperación y de apoyo; y continúan con las prácticas de las Conferencias de Ejércitos de América (C.E.A.), de Armadas y de Fuerzas Aérea, actuando como una organización estable, en el marco de acuerdos, con obligaciones expresas para sus miembros, sin claro contralor del Parlamento Nacional. Ya desde el año 1987, cuando el diputado Gonzálo Carámbula del Frente Amplio, en ejercicio de potestades constitucionales, solicitó información sobre la posición llevada `por la delegación uruguaya a la XVII CEA desarrollada en Mar del Plata // Rpca. Argentina, el entonces M.D-N., Tte. Gral. Medina, se negó a proporcionar la información aduciendo que las actas de la conferencia eran material secreto.

-El Parlamento ha aceptado en reiteradas oportunidades la presencia, en sesión de las comisiones de defensa nacional, del Jefe del Comando Sur de los EE.UU. de América. Con constancia en sus actas de expresiones tales como “estoy recorriendo mi territorio” pronunciada por el Jefe del Comando Sur. También ha recibido la visita de directores del Centro Hemisférico de Estudios de Seguridad y Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa de EE.UU. de América, en las que se ha planteado el apoyo posible para el desarrollo de tareas afines a aquel instituto. (Nota: ya se desarrolló en la Cámara de Diputados un seminario en conjunción con ese instituto).

-Desde el año 1982 tropas uruguayas fueron destacadas por el gobierno “cívico – militar” en la Península del Sinaí en apoyo al cumplimiento de los Acuerdos de Camp Davies firmados por Israel, Egipto y EE.UU. de América, y el Parlamento Nacional ha reiterado la autorización prolongando hasta el presente dicha salida del territorio nacional. Nunca antes, desde la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, se habían destacado fuerzas militares para operar fuera del territorio nacional.

-Terminada la “guerra fría” el gobierno nacional ha impulsado el empleo de tropas uruguayas en operaciones de mantenimiento de la paz dispuestas por las Naciones Unidas, teniendo efectivos en permanente preparación para los relevos o refuerzos.. Paralelamente las FF.AA. uruguayas han intensificado ejercicios conjunto combinados, con fuerzas de otros países, de preparación para el cumplimiento de esas misiones. Los EE.UU. de América, su Cdo. Sur, impulsan particularmente esos ejercicios que abarcan desde el tipo “ejercicio computarizado” a “ejercicio de tropas en el terreno”, en las diferentes modalidades de empleo incluyendo empleo de la fuerza con medios pesados “para la conquista de la paz”., Se tienen destacadas tropas por volúmen aproximado a los 3.000 efectivos. Eso supone personal de relevo en preparación, personal relevado en recuperación, y políticas de inversiones que priorizan esas tareas, en claro desmedro de inversiones necesarias a aatender la preparación para la misión fundamental de la defensa militar del territorio de la República O. del Uruguay.

-Desde 1995 se desarrollan las dos líneas que siguen, por un lado las Conferencias de Ministros de Defensa del Hemisferio iniciadas en Williamsburg/EE.UU., y por otro la Comisión de Seguridad Hemisférica de la O.E.A. Se amplía el empleo de fuerzas armadas en apoyo de la política exterior de la República.

-Hoy, a julio del 2005, el Poder Político ha dado algunas señales:

El Parlamento uruguayo con su homólogo argentino desarrollaron un seminarios sobre “Control Parlamentario en Defensa y Seguridad”, contando con la participación de delegaciones de varios países latinoamericanos que integran la Unión Interparlamentaria, y de especialistas en el tema.

El Poder Ejecutivo ha tomado decisiones que marcarían su acción efectiva como “el mando superior de todas las fuerzas armadas”, según prescribe la Constitución de la República O. del Uruguay.

El poder militar, las FF.AA., a estar por las declaraciones de los mandos naturales, ratifica su total subordinación a los Poderes del Estado, pero están presentes como un “actor político”.

COMUNICADO de los CLUBES SOCIALES de las FUERZAS ARMADAS

Ponemos en conocimiento que ha sido instrumentada la creación de un fondo especial por parte de Clubes Sociales de las Fuerzas Armadas, con destino a brindar apoyo económico Institucional, para atender la defensa jurídica de aquellos Señores Oficiales en Situación de Actividad y/o Retiro, que así lo requieran.
A tales fines se encuentra disponible para los respectivos depósitos en la Agencia "19 de Junio" del BROU, la cuenta corriente en moneda nacional.

(Nota: distribuído desde el Comando del Ejército)



REFLEXION FINAL: hay como un repetir el proceso seguido a la salida de la dictadura cívico-militar, priorizando la discusión de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y Policiales en las violaciones a los Derechos Humanos, dejando para un segundo plano las discusiones y medidas a adoptar para realmente revisar lo de “defensa nacional” y el “para qué, cómo y con qué las FF.AA.”

Gral. (R) Victor M. Licandro
PVP
Julio 2005