Dos de los miles de facsímiles del informe: una orden de Queirolo para que toda la información sea comunicada al SID y la invitación de la DINA chilena para la reunión inaugural del Cóndor.
"La práctica de la desaparición forzada de personas como manifestación extrema del terrorismo de Estado fue expresión de la voluntad de un régimen instituido arbitrariamente y ejecutada por su personal burocrático, con financiamiento y medios oficiales que abarcaron hasta las relaciones diplomáticas", concluyen los técnicos que elaboraron los cinco libros titulados "Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos" que presentó el lunes el presidente Tabaré Vázquez.
LA REPUBLICA accedió ayer a una copia electrónica de la "Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.848". El informe tiene 3.612 páginas, está dividido en cinco tomos y presenta miles de documentos confidenciales de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía, el Servicio de Información y Defensa, la Cancillería y Estados Unidos sobre la represión y la desaparición de personas en Uruguay.
El informe establece la existencia de 5 unidades militares que funcionaron como centros de reclusión, 8 centros clandestinos de reclusión y 9 lugares de presuntos enterramientos.
El informe establece por primera vez, la magnitud de la represión contra el pueblo uruguayo y la extensión de la misma desde 1971, aún en democracia, hasta 1983, con la última operación represiva masiva contra la Juventud Comunista (ver nota aparte).
El informe también prueba y documenta la participación de las fuerzas represivas uruguayas en la Operación Cóndor y el conocimiento completo que de esto tenía Estados Unidos.
Finalmente también prueba la estrecha coordinación existente entre las fuerzas represivas, al documentar que tanto la Policía como otras dependencias militares informaban de todas sus operaciones al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y a la Junta de Comandantes en Jefe, lo que cuestiona el supuesto desconocimiento de las situaciones señalado, entre otros, por el dictador general Gregorio Goyo Alvarez, ante la Justicia.
En la presentación que realiza del informe, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, afirma que "no es un punto final ni pretende generar unanimidades respecto a lo acontecido, pero lejos de alentar rencores y reabrir heridas ha de servirnos para honrar la memoria de las víctimas y asumir con más fuerza aún el derecho y la responsabilidad de la democracia como forma de gobierno y de convivencia"
La investigación
El grupo de investigadores de la Universidad de la República, que realizó el trabajo durante más de un año, con acceso a documentos confidenciales del Estado, que ordenó y agrupó para explicar la represión de la dictadura, jerarquizó la dimensión humana del desaparecido y la dimensión institucional del terrorismo de Estado, según se explica.
"La recuperación de la dimensión persona del detenido desaparecido, en tanto el delito de la desaparición forzada implica el absoluto desprecio por el individuo, su identidad y su cuerpo, incluso más allá de la misma muerte", enfatiza el trabajo publicado al que accedió LA REPUBLICA.
"La dimensión institucional del terrorismo de Estado, en tanto las desapariciones le ocurrieron a personas que fueron antes detenidas y resultaron consecuencia directa del trato inhumano dado por las fuerzas de seguridad que representaban las políticas del Estado", agrega el informe.
En el extenso trabajo, calificado como inédito por su carácter técnico y no político, se destaca que no se recibió ninguna directiva o sugerencia por parte de la Presidencia de la República, aunque la labor se restringió a la documentación explícitamente autorizada por el Poder Ejecutivo (actas de la Comisión para la Paz) y archivos de la Cancillería y el Ministerio del Interior.
El equipo de investigación
La Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos fue efectuada por un equipo técnico de la Universidad de la República, coordinado por el investigador Alvaro Rico y con la supervisión académica de los historiadores José Pedro Barrán y Gerardo Caetano.
Para la elaboración se constituyó un "equipo de Historia" en la Facultad de Humanidades, se elaboró un plan de investigación, se relevaron archivos estatales y privados, nacionales y regionales, en un trabajo que se inició el 5 de setiembre de 2005 y finalizó en noviembre de 2006.
El trabajo inicial de 14 libros encuadernados, fue luego reorganizado por un grupo reducido de investigadores y el coordinador Alvaro Rico en la obra de cuatro tomos sobre los desaparecidos y la inclusión de un quinto ejemplar con el informe de la investigación arqueológica del profesor José López Mazz.
El costo del equipo de investigación histórica en sus trece meses de trabajo, implicó un gasto presupuestal en salarios de 639.465,66 pesos uruguayos, en tanto que los gastos de papelería y encuadernación fueron canalizados a través de la actual Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.
El método de trabajo
"La investigación fue realizada sobre criterios estrictamente académicos, con la finalidad de estudiar profesional y documentalmente el período a efectos de contribuir al proceso de construcción de un conocimiento histórico, político y social más público, plural y democrático de nuestra historia reciente", se afirma.
"No resulta ocioso el advertir que esta tarea le pertenece al conjunto de la sociedad y, por supuesto, no se resuelve ni se agota con la finalización de una investigación universitaria. La misma no admite "puntos finales", subraya el trabajo que adelanta la creación de una ley de archivos para el acceso público responsable a la documentación utilizada.
La investigación se concentró en los casos de desaparición forzada ocurridos en el período 1973- 1985, pero se incluyeron los casos de desaparición desde 1971 y se registraron documentos y acontecimientos ocurridos con posterioridad a la etapa histórica reseñada.
La represión dictatorial
El primer tomo corresponde a la reconstrucción del contexto represivo en los casos en que la detención, desaparición y eventual traslado de ciudadanos respondió a operativos planificados y ejecutados por las fuerzas de seguridad uruguayas y/o en coordinación con otras de la región entre 1975 y 1982
En particular, ese primer libro incluye las acciones contra militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), los Grupos de Acción Unificadora (GAU), la Agrupación de Militantes Socialistas (AMS), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T).
En su contexto, también se incluye la coordinación represiva regional conocida como "Plan Cóndor", en la que se incorporó documentación desclasificada proveniente de los archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Archivo del Terror de Paraguay, y otros documentos.
Finalmente, el tomo incluye el testimonio de 20 personas, víctimas y victimarios, quienes a través de sus relatos dan cuenta de las formas que adquirió el terrorismo de Estado en Uruguay, la violación de los derechos humanos y, en particular, el fenómeno de la desaparición forzada.
Los documentos hallados
El segundo y tercer tomo contienen datos de las víctimas a través de fichas individuales, en las que se incluyeron los datos que el Estado y sus organismos de Inteligencia habían acumulado sobre cada persona, de acuerdo a los archivos que pudieron ser encontrados en dependencias ministeriales.
En el tercer tomo se incluyen los casos de secuestro y desaparición de niños y adolescentes, hijos de uruguayos desaparecidos, algunos nacidos en cautiverio dentro de centros clandestinos de reclusión. Así mismo, están los datos sobre los cuerpos "NN" encontrados en las costas uruguayas entre 1976 y 1978.
El cuarto tomo pretende ilustrar lo avanzado por la sociedad uruguaya, desde 1985 hasta el presente, a través de comisiones investigadoras del Parlamento y el Ejecutivo, informes de las Fuerzas Armadas, leyes y convenios internacionales, resoluciones del gobierno y sentencias del Poder Judicial.
El quinto tomo, anexado al trabajo de los historiadores, incluye el informe completo del arqueólogo José López Mazz y reseña las denuncias, testimonios y trabajos de excavación realizados en los batallones de infantería 13 y 14 y en la chacra de Pando.
A lo que no se accedió
El equipo de investigación tampoco pudo acceder a documentación localizada en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, con excepción al Centro de Altos Estudios Militares (Calen), es decir a los archivos existentes en oficinas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Los documentos de esa secretaría de Estado y de las oficinas o dependencias de las Fuerzas Armadas fueron obtenidos de copias enviadas en su momento a Inteligencia Policial del Ministerio del Interior o a oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El su informe, los técnicos universitarios explican que tampoco pudieron acceder a otros archivos, como la Oficina Laboral del Estado Mayor Conjunto (Esmaco) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ni al Archivo de la Comisión de Asuntos Políticos (Comaspo).
Tampoco se les facilitó regionalmente el acceso al Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), de la ciudad de La Plata, dependiente de la Comisión Provincial por la Memoria en la República Argentina.
Lugares de enterramiento
En el Tomo 5 que presenta el informe final de las investigaciones y excavaciones realizadas, por el equipo de antropólogos de la Facultad de Humanidades, se establecen 9 lugares como centros de enterramiento: el Batallón 13 de Infantería, el Batallón 14 de Paracaidistas, una chacra en Las Piedras, la Cantera de Ancap, el centro clandestino La Casona, una chacra militar en Piedras Blancas, un lugar ubicado en el departamento de Maldonado, el Batallón de Artillería Antiaéreo Nº 1 y el Parador Tajes.
"Honrar la memoria de las víctimas"
"Leer este primer volumen de la investigación histórica sobre ciudadanos uruguayos detenidos desaparecidos será tan duro como fue su elaboración pues la misma da cuenta de hechos que en un pasado reciente desgarraron a la sociedad uruguaya y muestra el lado más oscuro de la naturaleza humana.
Sin embargo, por varias razones, se trata de una lectura indispensable.
Indispensable para conocer lo que pasó y hacernos cargo de un momento de nuestra historia que no por haber sido terrible debe ser eludido. Por el contrario: la experiencia indica que en materia de violaciones a los Derechos Humanos, y muy especialmente en lo que refiere a la desaparición de personas detenidas, "dar vuelta la página" es un atajo que sólo conduce a dejar preguntas sin respuesta, a agudizar el dolor individual, a denigrar a la sociedad y a deteriorar a sus instituciones.
La publicación de esta investigación realizada en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 15.848 es también indispensable para que lo que sucedió nunca más vuelva a suceder. Lo que aquí se informa no es un punto final ni pretende generar unanimidades respecto a lo acontecido, pero lejos de alentar rencores y reabrir heridas ha de servirnos para honrar la memoria de las víctimas, fortalecer la tolerancia y el respeto entre los uruguayos, y asumir con más fuerza aún el derecho y la responsabilidad de la democracia como forma de gobierno y de convivencia.
Asimismo, la investigación reafirma el valor y la dignidad de quienes sobreponiéndose al terror y al dolor de aquellas circunstancias, buscaron a sus seres queridos desaparecidos, reivindicando la vigencia de los Derechos Humanos y lucharon junto a muchos otros por la recuperación de la democracia.
Denota además -no por hacerlo, sino porque es el justo reconocimiento a una verdad histórica- el compromiso ético y la responsabilidad ciudadana de un amplio arco de personas e instituciones que una vez restablecida la democracia no se resignaron a esa suerte de agnosticismo cívico del "no se puede" o "no vale la pena", sino que continuaron o emprendieron acciones concretas a favor de la verdad y la justicia. Un arco que abarca a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, partidos políticos, el movimiento sindical, organizaciones sociales, instituciones religiosas, la Universidad de la República, la Comisión para la Paz, creada durante la Presidencia del Dr. Jorge Batlle, el equipo técnico encabezado por el licenciado José López Mazz y las Fuerzas Armadas, cuya respuesta a las órdenes impartidas por la Presidencia de la República a partir de marzo de 2005, demuestran su compromiso para que nunca más se repitan.
Como ciudadano uruguayo y como Presidente de la República siento el honor y la emoción de presentar esta investigación histórica que con sobresaliente responsabilidad profesional y sentido de nación han realizado los profesores José Pedro Barrán, Gerardo Caetano y Alvaro Rico.
Siento también el renovado compromiso con la verdad, la justicia y la reparación en tanto valores fundamentales en una política de Derechos Humanos acorde con el Uruguay que los hombres y las mujeres de este país deseamos, merecemos, podemos y tenemos la tarea histórica de construir.
Por las razones antedichas, y por muchos otros motivos difícilmente expresables con palabras, este es un libro para la memoria, para la reflexión, para el compromiso y para todos los uruguayos".
Dr. Tabaré Vázquez
Presidente de la República Oriental del Uruguay
La documentación
El informe de la Investigación Histórica contiene 173 documentos y 173 fichas personales sobre los desaparecidos; esta documentación se despliega en miles de facsímiles, fotos y folios.
Los documentos se agrupan de la siguiente forma.
12 documentos sobre la represión contra el PCU y la UJC.
17 documentos sobre la represión contra el PVP.
11 documentos sobre la represión contra los GAU.
4 documentos sobre la represión contra el PCR.
11 documentos sobre la represión contra el MLN.
6 apartados y 12 documentos sobre la participación de Uruguay en la Operación Cóndor.
20 testimonios sobre la represión y las desapariciones.
6 apartados sobre Centros de Reclusión y de Enterramientos clandestinos.
2 informes y 2 actas de la Comisión Investigadora del Parlamento sobre Desapariciones.
1 Informe Final de la Comisión para la Paz.
5 Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República.
17 Leyes y modificaciones sobre Desaparición Forzada
15 Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo.
6 Sentencias y Resoluciones Judiciales.
16 Casos de uruguayos desaparecidos presentados ante Organismos Internacionales.
2 Informes de Organismos Internacionales sobre desapariciones en Uruguay.
5 Respuestas de Uruguay a Organismos Internacionales.
1 Informe final de Investigaciones arqueológicas en 8 unidades militares y lugares de enterramiento.
2 Decretos del Poder Ejecutivo autorizando la destrucción de archivos.
Quedaron lugares por investigar
El quinto tomo del trabajo de Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos publicado por la Imprenta Oficial (IMPO), que incluye los trabajos y conclusiones del antropólogo José López Mazz, concluye que aún quedan lugares donde se denunciaron enterramientos y no fue posible excavar.
En el amplio trabajo de los técnicos de la Facultad de Humanidades se explican los estudios, planos y fotografías de los nueve sitios en los que se realizaron trabajos de campo o se efectuaron inspecciones sin llegar a realizarse excavaciones.
Los trabajos, que permitieron la recuperación de los restos de los desaparecidos Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda, incluyeron el hallazgo de otros restos óseos que, pese a estudios nacionales e internacionales, no fue posible identificar.
López Mazz, quien adelantó parte de su informe a sendos juzgados penales en los que se indaga la situación de desaparecidos, retomará los trabajos de estudio y excavación a fines de junio, cuando regrese de Europa, donde se encuentra actualmente.
Unidades militares
En el Batallón de Infantería Mecanizada Nº 13, ubicado sobre la Avenida de las Instrucciones, se indica que la zona puesta a disposición de la investigación "es sólo una parte del área cautelada por la Justicia" y no se accedió a unidades linderas sobre las cuales también existen denuncias de eventuales enterramientos.
Respecto al Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo, se explica que no se encontraron restos en las zonas señaladas en informes oficiales, pero advierte que existen áreas en esa unidad militar y el campo de maniobras lindero que no pudieron ser objeto de investigación.
En los trabajos en la chacra de Camino Piedritas, Pando, donde se identificaron los restos de Chaves Sosa, no se pudieron hallar los restos del desaparecido José Arpino Vega, también ubicado allí por el informe oficial de la Fuerza Aérea. No se descarta continuar la búsqueda en el lugar.
También se realizaron trabajos de búsqueda en una cantera de Ancap próxima a la bahía de Montevideo, donde se encontraron restos óseos de animales y se realizaron trabajos con equipos de buzos que ingresaron a lugares indicados sin resultados positivos.
En el centro clandestino de detención La Casona, que se ubicaba en Millán 4269 y Loreto Gomensoro, si bien existen informaciones sobre eventuales enterramientos no se registraron hallazgos que permitan suponer la existencia de rastros óseos.
Datos no oficiales
Los arqueólogos también inspeccionaron una chacra militar en el camino Pajas Blancas, donde los informes iniciales de un ex soldado que revistó en una unidad militar cercana no pudieron ser confirmados ante los múltiples cambios que se produjeron en el paisaje del lugar.
El séptimo lugar inspeccionado fue en el departamento de Maldonado, donde existían datos de un eventual lugar de enterramiento del desaparecido Horacio Gelós Bonilla, que no pudieron ser confirmados, aunque no se descartan otros trabajos en tumbas no identificadas en el departamento.
También se efectuaron tareas de búsqueda en el Parador Tajes, departamento de Canelones, en torno a un lugar que no pudo ser individualizado en la medida en que hubo inexactitudes entre el campo de trabajo y un plano que había sido dibujado por el testigo.
Finalmente se menciona la existencia de datos concretos en el Batallón de Artillería Antiaérea Nº 1, ubicado en la Ruta 34, kilómetro 42,500, donde no se llegaron a realizar aún trabajos de campo, dado que la información se obtuvo en los últimos días del plazo dado para la investigación.
En sus conclusiones finales, el arqueólogo López Mazz sostiene que para habilitar futuras investigaciones se recomienda proteger la identidad de las personas que suministren información, a la vez que asegurar la integridad de los lugares donde puedan existir enterramientos clandestinos.
La República
06/06/07
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