LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA Y LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Con esta exposición pretenderemos ayudar a entender cómo en nuestro país se ha desarrollado la lucha contra la impunidad.

El 1º de marzo de 1985, se instala el primer gobierno democrático, luego de una dictadura que se había iniciado en 1973.

El 21 meses después, se aprobó la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Con esta norma el Parlamento estableció que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y policías no serian objeto de la acción punitiva por parte del Estado, quedarían impunes, sin castigo. El no castigo, está con total claridad explicitado en el texto de esa ley, que crea un mecanismo a partir del cual con la complicidad del gobierno de turno, ninguna investigación arrojaría luz sobre los delitos cometidos por la dictadura. Dos años y medio después, esa ley fue ratificada por un plebiscito y aun existe en nuestro ordenamiento legal interno a pesar de los cuestionamientos que ha recibido por la CIDH y las Naciones Unidas por ser violatoria de las obligaciones contraídas por Uruguay.

La explicación de los hechos que en Uruguay dieron origen a esa ley de impunidad y al esfuerzo que se realizó para su anulación entre los años 1987 a 89, los encontramos en la forma en que se desarrollo la transición democrática en Uruguay. Transición que se comparó al pacto de la Moncloa. El conjunto de contradicciones y desafíos que tuvo planteado la sociedad uruguaya en la lucha contra la dictadura y que se extiende hasta hoy día, se encuentran condensados en la problemática de los “Derechos Humanos” relacionados con nuestro pasado reciente. Cuando en Uruguay se habla de problemas con los derechos humanos, la población sabe que se esta hablando de algo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura. Esas tensiones que han pautado estos últimos 20 años se empezaron a expresar antes de que se aprobara la ley de impunidad, cuando se defendió que fuera la Justicia civil quien investigara los crímenes de la dictadura y en el reclamo de depurar a la democracia conquistada de todo vestigio de autoritarismo.

La lucha por los Derechos humanos, había sido durante la dictadura la más importante expresión de "desobediencia civil", frente al "orden militar", en momentos de profunda desactivación política y de silenciamiento forzado de todas las expresiones sociales y políticas de oposición. Fue además, de su aspecto humanitario, una reacción de la sociedad civil frente a la dictadura. Fue un desafió emergente, una denuncia al despotismo cívico-militar.

En todos los países latinoamericanos que padecieron dictaduras en las décadas de los 70 y 80, la movilización fue encabezada por los familiares de los presos políticos, de los desaparecidos y los exiliados políticos. Esta problemática en Uruguay, fue generando en el marco de una creciente movilización popular, grupos de Derechos Humanos a nivel sindical, estudiantil, barrial, religioso, etc. De ahí en más, el tema de los derechos humanos se instauro como un referente de la acción a todos los niveles de la oposición a la dictadura. Esto explica, que a más de 20 años del fin de la dictadura esa temática sea una de las más importantes en la agenda política.

El 1º de marzo de 1985, asume la Presidencia el Dr. Sanguinetti, el único de los tres líderes de los partidos que disputaron el gobierno, que la dictadura permitió participar en las elecciones como candidato. Una semana después el Parlamento cumpliendo un acuerdo previo de todos los partidos sancionó una ley que amnistío a los perseguidos de la dictadura y se liberó a todos los presos políticos. Esa amnistía excluyó a los ex guerrilleros acusados de hechos de sangre y excluyo a texto expreso, a los responsables de delitos graves cuando sus autores, cómplices o encubridores fuesen militares o policías o quienes hubieran cometido delitos desde cargos de gobierno o amparándose en el poder del Estado.

La aprobación de esta ley, le permitió al gobierno uruguayo, sostener ante los organismos internacionales, que "no se concedería impunidad y que las puertas de la Justicia estaban abiertas para todo el que se sintiera con derecho a reclamar, y que ésta iba a actuar".

En sus comienzos no se percibían en ninguna de las fuerzas políticas uruguayas matices sobre la necesidad de esclarecer la verdad sobre el pasado dictatorial y establecer las responsabilidades.

Todo parecía indicar que el reclamo de las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura se cumpliría cuando se instala una Comisión Parlamentaria para investigar las desapariciones y sus resultados son enviados al Poder Judicial para que sirvieran para el enjuiciamiento de los responsables.

Paralelamente a esta investigadora se desarrolló otra relativa a los asesinatos de los ex parlamentario Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en la Argentina en mayo de 1976. Sin embargo, el gobierno desarrolla con relación a muchos de los militares individualizados como responsables de gravísimos delitos, una política ascensos y promoción.

En 1984 y con mayor intensidad en 1985, se habían presentado denuncias penales contra militares y policías por violaciones a los derechos humanos. También eran presentadas en la Argentina denuncias por delitos cometidos contra uruguayos exiliados en aquel país, por acción coordinada de las dictaduras de ambos países. Cuando en estos últimos casos, la Justicia de Argentina procesa a militares uruguayos y solicita su extradición, el gobierno de Uruguay realiza los intentos de extradición una política de protección de los militares hasta que la complicidad del gobierno de Menem en la Argentina los indulta. Hoy 22 años después esta en curso un nuevo pedido de la justicia de Argentina de extradición que han dado lugar en estas últimas horas a la detención de algunos de ellos.

También se presentaron denuncias penales contra otros integrantes de la dictadura, por ilícitos económicos, contra los civiles y los militares que dieron el golpe de Estado, y contra distintas autoridades estatales por omisión a sus funciones con relación al secuestro de la maestra Elena Quinteros del interior de la embajada de Venezuela en 1976.

¿Cuál fue el comportamiento del Poder Judicial? Los jueces comienzan las indagatorias y citan a declarar a militares y policías. Los militares amenazan con no concurrir a los Juzgados.

Para amparar el desacato de los militares, el gobierno de Sanguinetti entabla contiendas de competencia ante la Suprema Corte de Justicia, reclamando que en esas denuncias actuaran los juzgados militares.

La Suprema Corte de Justicia se pronuncio a favor de la Justicia Ordinaria, por que la Constitución no reconoce un fuero especial para los militares y dice que " No debe haber una Justicia para los militares y otra para los civiles”.

Perdida esa batalla, el gobierno y la mayoría del partido Nacional, el otro partido de la derecha, logran acuerdos para una formula que evitara que los militares fueran enjuiciados.

Luego que la Suprema Corte de Justicia resolviera sobre qué justicia sería la que actuara en la consideración de las violaciones a los derechos humanos, la sociedad uruguaya tuvo planteada una nueva interrogante sobre si los militares seguían constituyendo un poder detrás del sillón presidencial. Eso se expresaría, en si los militares concurrirían o no, a declarar ante la justicia cuando fueran citados. Esa nueva situación dio origen a la consigna TODOS IGUALES ANTE LA LEY, que levanto el movimiento popular.

Las amenazas primero, y la negativa después a concurrir a los juzgados, fue la respuesta clara a la interrogante. Mientras la Aso­ciación de Magistrados y el Colegio de Abogados protestaban airadamente frente a esos hechos, desde el gobierno se planteaba que: “El futuro importa mucho más que el pasado”.

Paz o justicia aparecen como opciones contradictorias y excluyentes.

El siguiente paso de la estrategia para la consagración de la impunidad, consistió en cuestionar la independencia del Poder Judicial. Se declaraba que “hoy no hay posibili­dad de tener un sereno juicio de la justicia”, era necesaria una “solución política” y no jurídica, que el problema del enjuiciamiento a los autores de delitos de lesa humanidad pasaba a la categoría de “un asunto esencialmente político y así debía resolverse”.

Posteriormente que los generales retirados, se responsabilizan ante el gobierno de todas las operaciones realizadas en la dictadura, el partido del Presidente presenta en el Parlamento una ley de Amnistía, que es rechazada por los otros dos partidos. Pocos días después, el partido Nacional presenta una nueva ley de amnistía, que es también rechazada por los otros dos partidos.

Los jueces citan a militares, y estos anuncian que no concurrirán. El Ministro de Defensa, retiene las citaciones a los militares, dando tiempo para que la mayoría del partido Colorado y Nacional, acuerden una nueva ley de impunidad. Esta ingresa al Parlamento el 20/12/86 y es aprobada dos días después, pocas horas antes que venciera el plazo otorgado para que los militares comparecieran ante los juzgados y al no hacerlo incurrieran en desacato.

El 24 de diciembre, el movimiento sindical convoca a un acto en repudió a la ley de impunidad y dos días después, madres y familiares de uruguayos detenidos-desaparecidos, y las viudas de los legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz lanzan el llamado para la organización de un referéndum contra la ley.

En el Poder Judicial, la Ley de Caducidad fue impugnada por inconstitucionalidad tanto por parte de los denunciantes y como por los propios jueces ante la Suprema Corte de Justicia.

Mientras a nivel social y político se iniciaba un trabajoso y largo proceso que permitiera plebiscitar mediante un Referéndum la ley.

Es claro, el cambio que se advierte a partir de ese momento en las conductas del Poder Judicial. Los jueces penales, salvo aquellos que habían interpuesto el recurso de inconstitucionalidad, el resto aplicó con exceso la ley enviando todos los expedientes al Poder Ejecutivo para que éste resolviera si se archivaban las denuncias o no. El gobierno, sin excepciones ordenó su archivo. Inclusive, algunos jueces aceptaron pacíficamente, incorporar a la ley delitos anteriores al periodo amparado por la misma y aceptaron que se amparara en ella a los mandos militares y a los delitos económicos, que claramente estaban excluidos de la ley.

En mayo de 1988, la Suprema Corte de Justicia por tres votos contra dos resuelve que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado era constitucional.

Decíamos en la introducción a nuestra ponencia que en la ley de impunidad el no castigo, estaba claramente establecido en el texto, pero que sin que lo dijera, o más bien diciendo lo contrario, establecía un mecanismo a partir del cual con la complicidad del gobierno de turno, ninguna investigación arrojaría luz sobre los delitos cometidos por la dictadura. Ese mecanismo empieza a funcionar cuando los jueces se ven obligados al gobierno todas las denuncias de hechos ocurridos durante la dictadura y este en cumplimiento de uno de los artículos de la Ley, encomienda a fiscales militares las investigaciones administrativas de los hechos denunciados. Por supuesto que los fiscales militares no encontraron ninguna responsabilidad de sus pares. Con relación a los niños desaparecidos, el gobierno encomendó la investigación al Instituto del Menor, quien nunca logró la restitución de ninguno de ellos. De los casos de niños desaparecidos que fueron resuelton, ninguno lo fue hasta hoy, por la acción del Estado.

Luego de dos años de movilización popular, se lograron las firmas necesarias, para realizar el Referéndum.

Días antes de realizarse el Referéndum el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuestionó severamente la compatibilidad de la ley de impunidad, con las normas del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

En abril de 1989 por voto de la ciudadanía, se ratificó la ley de caducidad, con un 57,5 de los votos a favor, frente a un 42,5 en contra.

Si bien, se es coincidente que el Referéndum significó la materialización de un gran esfuerzo social y político, los efectos que produjo la derrota afecto al movimiento popular en todos sus niveles. Pocas fueron las visiones que sostuvieron la inconveniencia o el error que significó, haber puesto a referéndum una disposición legal de esa naturaleza. El Dr. Alejandro Artucio hasta hace poco delegado uruguayo ante ONU y recientemente designado embajador uruguayo aquí en España, fue uno de los pocos que sostuvo que el hecho de que la ley haya sido confirmada por la soberanía popular, seguía siendo un acto unilateral del Estado, que no le permite desligarse de compromisos asumidos internacionalmente. Otros, como el sociólogo Gerónimo de Sierra, también sostuvieron que ni siquiera se podría plebiscitar algo que era en si mismo ilegal y descaecedor del propio Estado. Nosotros estamos convencidos de que fue un error, haber plebiscitado esa ley.

Dos años después de ratificada la Ley, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, concluye que la misma viola la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El gobierno uruguayo no acepta ese cuestionamiento con el argumento de que "no existe instrumento alguno de Derecho Internacional que consagre la potestad de cuestionar y deslegitimar, la soberana expresión de un pueblo a través del sufragio”. De esta forma, si al electorado de un país se le ocurre volver a instalar la esclavitud, por ejemplo, solo nos queda aceptarlo pacíficamente.

Un año después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un nuevo informe confirma los términos del anterior y recomienda al gobierno esclarecer los hechos e individualizar a los responsables.

La derrota que el movimiento popular uruguayo sufrió al intentar anular la Ley mediante el referéndum, produjo efectos diversos y profundos en todo el tejido social y en el seno de las organizaciones políticas y sociales que aun hoy perduran.

A partir de ellos se introdujo en el pensamiento de la mayoría de la izquierda una lógica de que los compromisos asumidos internacionalmente por Uruguay no pueden cuestionar y menos deslegitimar, la decisión que tomo en su momento de avalar a través del sufragio la ley de impunidad. Esta ley es sagrada, indiscutible incuestionable. Adquirió una lógica que por mucho tiempo ordenó sus definiciones y conductas políticas y que se había resuelto dar vuelta.

Esto impregno, a la hora de establecer las estrategias con relación a nuestro pasado reciente y su relación con la defensa de los Derechos Humanos de una impronta que confinó la misma exclusivamente por muchos años a la lucha por la Verdad en el marco de la propia Ley reclamando el cumplimiento del artículo que establecía las investigaciones administrativas y otras formas que se empezaron a desarrollar en ese periodo.

El tema del juicio a los responsables, quedó fuera de la agendas políticas y las preocupaciones jurídicas por mucho tiempo.

El cumplimiento del artículo de la ley de impunidad que establecía las investigaciones administrativas (artículo 4º), estaba en sus comienzos y hasta que se demostró lo contrario acotado a un problema de voluntad política del gobierno de turno que de mil formas daban cabal muestra que no la tenían. La única investigación administrativa por el artículo 4º que no la realizaron los propios militares, fue la que se debió realizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso del secuestro de la maestra Elena Quinteros del predio de la embajada de Venezuela en Montevideo, porque a raíz de ese caso se habían roto las relaciones diplomáticas con Venezuela y su reanudación en 1985 lo había sido con el compromiso de que se establecieran las responsabilidades. Llamativamente esa investigación que no realizaron los militares, fue la única que llegó a establecer algunas responsabilidades del personal civil de la Cancillería por las que posteriormente ya en el año 2001 fue preso el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. Pero la investigación no se pudo o quiso que continuara en el Ministerio de Defensa o Interior, donde estaba el personal que había actuado directamente en los hechos. Aun así, lo que dejaba al descubierto esa investigación administrativa, debía quedar en las sombras y por eso se intento mantener el expediente oculto en los escritorios de la presidencia de la república.

Existieron también preocupaciones, que ubicaron la posibilidad de la verdad en el terreno judicial, mediante juicios civiles de Reparación patrimonial, durante el segundo gobierno a cargo del partido Nacional.

Cuando los jueces que tenían que establecer las responsabilidades del Estado de las que emergería la reparación patrimonial dispusieron algunas medidas que rozaron a las fuerzas armadas, como el allanamiento del local donde había funcionado una cárcel clandestina, el gobierno ofrece transacciones que logran poner fin a los juicios al haber aceptado los litigantes la transacción ofrecida.

No todas las causas civiles de reparación terminaron en una solución de conciliación, alguna de ellas lograron sentencias muy favorables y lograron avanzar en el conocimiento de algunos hechos.

Sin embargo, ninguna de dichas causas, incursionó en el tema de la reparación, en la lógica que se recoge en un caso ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la reparación, incluyó, además de la indemnización económica, la obligación del Estado de individualizar a los responsables, aplicar el justo castigo y otros aspectos que hacen a la reivindicación de la víctima.

La vía, en procura de la Verdad, logrando modificar la voluntad política del Poder Ejecutivo, se intentó materializar en un Petitorio elevado al Poder Ejecutivo por los familiares de detenidos desaparecidos, solicitando que se reabrieran las investigaciones sobre los desaparecidos.

La respuesta esta vez del partido colorado que había vuelto a ganar las elecciones, es que el gobierno no se sentía en el deber jurídico de investigar, que ya se había investigado por los fiscales militares y que no correspondía reabrirlas ni comenzar nuevas.

Cuando todo parecía señalar, que a la impunidad de la ausencia de responsabilidad penal, se sumaba la impunidad definitiva de la no verdad, Tota Quinteros y el movimiento sindical, reclaman por vía judicial, a fines de 1999, el derecho a saber el destino de Elena Quinteros mediante una acción judicial de amparo.

El gobierno se opone al reclamo repitiendo ante la justicia los mismos argumentos con que se había negado a atender el Petitorio colectivo de los familiares de desaparecidos.

El 10 de mayo del 2000, en primera instancia y el 31 de mayo del 2000, por un Tribunal de Apelaciones, se logra una sentencia histórica que ordena al Gobierno a investigar la desaparición de la maestra Elena Quinteros.

Esa sentencia abre la posibilidad de que por vía judicial se reclamara el derecho a saber el destino de los desaparecidos. La importancia que tuvo esta acción vino a echar por tierra los argumentos de quienes habían abandonado la vía judicial para hacer valer sus derechos y habían hipotecado esos derechos a la voluntad siempre arbitraria de la voluntad política de los gobiernos, que mas que hacer valer y velar los derechos de la gente se han erguido en administradores de los derechos en función de proteger al colectivo militar. También quedó explícito una vez más, la verdadera voluntad del los partidos que habían votado la ley de impunidad, para cumplir alguna investigación que afectara al colectivo militar, pues incumplieron lo ordenado por el Poder Judicial. La sociedad uruguaya se encontró ante un nuevo dilema que quedó sin respuesta, ¿cómo hace un Poder del Estado (El Judicial), para obligar a hacer a otro Poder (el Ejecutivo), lo que no quiere hacer?

La movilización popular continuo, con altibajos, luego de ratificada la ley de impunidad. En 1989, se presenta ante la justicia paraguaya una denuncia por desaparecidos uruguayos en aquel país, en el que aparece vinculados militares uruguayos.

En 1990, el Senado investiga la responsabilidad del entonces Senador y ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, en el secuestro de Elena Quinteros, a partir de que se había hecho público un documento secreto de la dictadura elaborado en 1976 por orden del citado Juan Carlos Blanco. Mediante ese documento se supo como la dictadura resolvió el destino de la maestra Elena Quinteros secuestrada en la embajada de Venezuela. En esa investigadora con las mismas pruebas que 10 años después se procesaría al ex canciller, los partidos defensores de la impunidad eximen de responsabilidad a Blanco.

Se hacen públicas informaciones sobre enterramientos de cuerpos en unidades militares y la justicia de Argentina recibe nueva negativa de colaboración por parte del gobierno uruguayo para investigar la actuación de militares uruguayos en aquel país.

1991, se caracteriza por los esfuerzos internacionales que se realizan por parte de las organizaciones de DD.HH, para que se aprueben legislaciones que fortalezcan la protección de los derechos humanos a nivel latinoamericano.

En 1992, se encuentran los llamados “Archivos del Terror” de la policía paraguaya, en el que aparece documentación muy comprometedora sobre la participación de militares uruguayos en Paraguay vinculados a la desaparición de uruguayos.

En 1995, causas que se tramitan en la Argentina y España a través del Juez Garzón, se suma a los intentos de afectar la impunidad en el Río de la Plata. Es aprobada la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

En 1996, un integrante de la armada uruguaya, una suerte de Schilingo oriental, reconoce su participación en la represión y la comisión de actos ilegales. Se realiza el 20 de mayo la primera marcha del silencio por los desaparecidos, cuando se cumplían 20 años de los asesinatos de los ex legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz. Esta marcha se repetirá todos los años hasta hoy.

Un año después los reclamos por “Verdad”, toma impulsos, y se le incorpora de manera más sustancial, el de “Justicia”, ya sea por acciones en Uruguay, o en el extranjero. El Juez Garzón, desde España realizara rogatorias al Estado uruguayo, y un Juez uruguayo por primera vez, luego de aprobada la ley de impunidad intenta avanzar a partir de una denuncia sobre enterramientos clandestinos, lo que se conoce como la “Operación Zanahoria”.

Pese a que la decisión del Juez de investigar la operación zanahoria es apelada y revocada por un Tribunal de Apelaciones, es la primera vez desde la aprobación de la Convención sobre desaparición forzada, que la misma es fuente de fundamento de una decisión judicial.

La segunda Marcha del 20 de mayo, es acompañada con nuevos pronunciamientos respaldando el reclamo de que se reabran las investigaciones sobre los desaparecidos.

Aparecen desde distintos ámbitos, propuestas de mediación sobre el problema de los desaparecidos. Todas ellas apuntan a el logro restringido de una parte de los reclamos que se estaban realizando: saber cuando habían sido asesinados y entregar información que permitieran ubicar los restos de los mismos sin identificar a los responsables. Todas ellas partían de la base que se trataba de solucionar un problema que no era de la sociedad, sino de los familiares de las víctimas.

La primera propuesta que no prospera es formulada por un obispo católico. Consistía en que la Iglesia, que seria garantía de verdad y secreto, mediaría entre las Fuerzas Armadas y los Familia­res de Desaparecidos, para que los militares informaran acerca del destino de cuerpos de los desaparecidos para darles sepultura.

Una segunda que tampoco prospera, es formulada por un ex guerrillero. Consistía en que militares y victimas negociarían en privado, ante un tercero neutral la información confidencial existente sobre el destino de los desaparecidos.

Una tercera propuesta, que tampoco prosperó, es formulada por un parlamentario de la izquierda y según la misma los militares se harían cargo de la investigación sobre los desaparecidos, se garantizaría el anonimato de los autores y los resultados serian entregados a la iglesia; se declararía muertos a los desaparecidos, y los involucrados asumirían el compromiso de declarar cerrado el tema.

Mientras tanto uno de los más connotados torturadores y asesinos es nombrado asesor del Comandante en Jefe del Ejército, y los Centros militares llamaban a cerrar filas ante las campañas de desprestigio contra las fuerzas armadas.

Se realiza por tercer año consecutivo la Marcha por los desaparecidos.

En octubre de 1998, ocurre muy lejos de Uruguay, aquí en Europa, un hecho que tendrá profundas reprecisiones en el tiempo, Pinochet, es detenido en Londres por orden de un juez español.

Con la detención de Pinochet, se inicia un intenso debate y un crecimiento en la conciencia universal, en la necesidad de perseguir y castigar los delitos de lesa humanidad, que produce efectos en los sistemas judiciales, generó a nivel del movimiento de lucha por los Derechos Humanos, una especial atención en el uso de los instrumentos y mecanismos internacionales, tanto para su puesta en funcionamiento, como en la necesidad de su perfeccionamiento y eficacia.

Se desclasifican miles de documentos secretos en los Estados Unidos, y los juicios en la Argentina por Sustracción de Menores”, determinan la prisión de Videla y otros connotados militares y empiezan a apuntar hacia los militares uruguayos. En Italia se inicia una demanda penal contra militares uruguayos.

Se realiza por cuarto año consecutivo la Marcha por los desaparecidos.

A fines de 1999, la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos produce un vuelco en sus reivindicaciones históricas al declarar que ya no constituye parte de sus reclamos el saber el “quien” es el autor de las desapariciones. De esta manera se crean las condiciones objetivas para que el nuevo gobierno del partido colorado que asumiría con el comienzo del nuevo siglo, instrumentara la llamada comisión para la paz en la que se recogen en lo sustancial las intenciones formuladas anteriormente en las propuestas de la iglesia, de un ex guerrillero y un parlamentario de izquierda a la que hacíamos mención hace un momento.

En febrero del 2000, el electo Presidente Jorge Batlle del partido colorado y el Presidente de la coalición de izquierda Tabaré Vázquez comienzan a discutir una formula de salida al tema. Un mes después al asumir la presidencia, Batlle anuncia- por primera vez en 26 años-, que se encarará una solución al tema de los desaparecidos.

A poco de asumir el nuevo Presidente se resuelven dos aspectos de dos casos de singular relevancia: Es ubicada por su abuelo en Uruguay, la nieta de Juan Gelman y se logra por la gestión del nuevo presidente que un joven que se presumía podía ser Simón Riquelo el hijo desaparecido de Sara Méndez, se realizara los exámenes de ADN y con ello descartar una pista seguida infructuosamente desde hacia más de 15 años. La forma en que originariamente es presentada la ubicación de la nieta del poeta argentino, donde el nuevo gobierno es presentado como coautor del hallazgo, crean a nivel de la opinión publica un respaldo y unas expectativas desmedidas en torno a lo que esa administración realizaría efectivamente en torno a las violaciones a los derechos humanos.

En este nuevo contexto, en agosto el presidente Batlle crea la llamada Comisión Para la Paz, con el objetivo de realizar averiguaciones reservadas para saber que había pasado con los desaparecidos en territorio uruguayo y donde estaban sus restos.

Luego de más de dos años de actuación la Comisión para la paz, realiza los objetivos que originariamente planteaban las propuestas antes mencionadas: en secreto los militares informarían qué pasó con los desaparecidos y se los declararía muertos. Fuentes anónimas dieron fechas en que habían muerto, las mismas fuentes dirán que los cuerpos no hay que buscarlos, pues habían sido cremados y sus cenizas arrojadas al mar. Todo eso sobre los desaparecidos en Uruguay, lo que habían desaparecido en otros países con intervención de militares uruguayos, poco o nada se dirá. Es decir, ya no habían desaparecidos y con ello desaparecía el riesgo de que algún juez considerara esas desapariciones como delitos permanentes. No había restos que buscar, pues sus cenizas habían sido arrojadas la mar. El Estado en forma genérica, asumira la responsabilidad y se estaba en condiciones de poner punto final.

Todo estaba dispuesto para que así ocurriera. La propia integración de la Comisión para la Paz, en la que se incluía a la Iglesia, representantes de todos los partidos, del Movimiento sindical e indirectamente de los familiares de las victimas, parecía indicar que así ocurriría. Sin embargo el movimiento sindical, si bien aceptó marcando con claridad sus diferencias con la misma, que su principal e histórico referente la integrara, tuvo el gran acierto de que su participación no excluía que continuara desarrollando a otros niveles las acciones que creyera conveniente para el logro de toda la verdad y la justicia.

Es en ese marco de no atarse a los resultados constreñidos que ofrecía la Comisión para la Paz, que Sara Méndez recupera a su hijo Simón, sin ningún aporte de esa Comisión y poniendo en evidencia su ineficacia y sus limites. También es ese marco, el movimiento sindical con el procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco, muestra que la impunidad no era una barrera infranqueable. También desde el movimiento sindical se desarrollara en el ámbito judicial una acción con relación a la búsqueda de restos de desaparecidos en unidades militares, que recientemente pondría en cuestión la versión que los militares dieron a la Comisión para la Paz. Desaparecidos que según esas fuentes sus restos habían sido arrogados al mar, empezaron a aparecer en predios militares.

Siempre hemos sostenido y el libro que escribimos con Sara Méndez “Secuestro en la embajada. El caso de la maestra Elena Quinteros”, tiene el objetivo de demostrarlo, que la impunidad en Uruguay más que el efecto lineal de una norma jurídica- la ley de caducidad- era el resultado de la política articulada desde el poder político. El año pasado asumió en Uruguay un nuevo gobierno en el que están alineadas las fuerzas que en el pasado libraron la lucha contra la impunidad. Las fuerzas que integraron sus filas los asesinados, los desaparecidos, los torturados, los prisioneros de la dictadura. Ese cambio empieza a producir una apertura en las grietas que empezamos a producir incansablemente durante estos últimos 30 años. Se han abierto muchas causas, se han empezado a citar y comparecen en los juzgados penales militares y civiles de la dictadura, se han extraditado tres militares a Chile y está en curso otras extradiciones a Argentina, algunos archivos se han abierto. Todo eso, muchas veces con marchas y contramarchas, muchas veces tímidamente y sin la profundidad que sería necesario.

En la última década la memoria en sus distintas formas se ha transformado en un valioso recurso crítico utilizado para examinar el pasado. La instalación de la Comisión para la Paz, estuvo destinada a cerrar un tema que estaba amenazando de producir efectos que afectaban la impunidad a partir de una nueva situación en el mundo que empezaba a terminar con la impunidad con relación a nuestro pasado reciente y la posibilidad cierta de que la izquierda llegara al gobierno. Las conductas que actualmente desarrolla el actual gobierno de izquierda son el resultado de una larga lucha desde la sociedad civil y un contexto regional e internacional que revisa y presiona continuamente en el sentido de investigar y condenar las violaciones a los Derechos Humanos.

Con casi dos décadas de atraso en relación a los países de la región – recordemos que en Argentina los juicios a la junta militar se realizaron en el periodo inmediato de la salida de la dictadura, se produjo el documento oficial "Nunca Más"; y que en Chile, y acompasando la recuperación democrática, se produjo el "Informe Reittig"-, Uruguay parece estar inaugurando un nuevo tiempo para la recuperación del pasado inmediato y para que resplandezca la justicia. Aún no podemos hablar de una eclosión de la memoria como la que se materializó recientemente en la Argentina al cumplirse 30 años del golpe. Para ello, deberemos persistir en una conducta que como dice Kundera LA LUCHA DEL HOMBRE CONTRA EL PODER ES LA LUCHA DE LA MEMORIA CONTRA EL OLVIDO.

Raúl Olivera Alfaro
(*) Nació en Montevideo, Uruguay en 1944. Fue dirigente en los gremios de trabajadores ferroviarios, de la industria pesquera y del Poder Judicial. Militó en la Federación Anarquista Uruguaya y en la Resistencia Obrero Estudiantil. Fue integrante de la dirección de la CNT y posteriormente del PIT CNT. Durante la dictadura estuvo preso desde 1973 hasta 1980. Impulsó la causa judicial en la que se procesó al ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. Se desempeña en la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT, en el área de investigación y lucha contra la impunidad. Integra la Comisión Social Consultiva de la Universidad de la República en representación de la central sindical. Es autor de “Desaparecidos: la coordinación represiva” y “Secuestro en la embajada: El caso de la maestra Elena Quinteros” y varios trabajos sobre el tema. Integra el Secretariado Ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo.

PONENCIA realizada el 13/05/06 en el III Simposio Internacional Itinerarios políticos de la izquierda revolucionaria en Argentina y Uruguay: Golpes, dictaduras e exilios, organizado por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Santiago de Compostela.