En dictadura y en democracia

LA PERSECUCIÓN A "PERICO" PÉREZ AGUIRRE
El jesuita Luis Pérez Aguirre fue uno de los sacerdotes más perseguidos por la dictadura uruguaya, e Inteligencia espió sus acciones aún varios años después de reinstaurada la democracia.

Fundador del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Pérez Aguirre, fallecido en 2001, era uno de los sacerdotes progresistas de la Iglesia Católica que hablaba de los "sin nombre" para identificar a los pobres y sumergidos de la sociedad. Uruguay aplicó bien la parte del Plan Banzer que apuntaba a incentivar las denuncias de los ciudadanos sobre los "subversivos". Pérez Aguirre fue denunciado en 1980 "por una vecina de las calles Soriano y Ejido", quien contó a la Policía que "en la finca de Soriano 1342 se efectúan reuniones antidemocráticas". Al caer la dictadura se mantuvo la persecución sobre el sacerdote y la misma suerte corrieron quienes integraban la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos o el SERPAJ.

Documentos de Inteligencia fechados en noviembre de 1985, bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti, describen con lujo de detalles el VI Congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM). Incluso informan quiénes durmieron en cada habitación del hotel Rivera, donde se desarrolló el congreso. A su vez, en el memorándum "reservado" número 094 de la DNII se describe un seguimiento que se le hizo el 4 de octubre de 1990 al Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, fundador del SERPAJ-América Latina. Había llegado a Salto para el IV Congreso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.


LAS ACCIONES DE LA CONFEDERACIÓN ANTICOMUNISTA
Los Archivos del Terror delatan a los uruguayos que votaron el "Plan Banzer" para reprimir a los sacerdotes "subversivos" de América Latina. En Uruguay hubo más de 180 religiosos azotados. Un documento desclasificado de los Archivos del Terror revela la identidad de los 12 personeros de la dictadura uruguaya que participaron en 1977 del III Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana, en Paraguay, donde se decidió la persecución, represión y en algunos casos la muerte de los sacerdotes católicos de América Latina que se oponían a los regímenes dictatoriales. En la delegación uruguaya destaca el ex consejero de Estado Buenaventura Caviglia Cámpora; el dirigente del Movimiento por el Resurgir Nacionalista (agrupación expulsada del Partido Nacional por presunta vinculación nazi), Fernando Bosch; y el empresario Gonzalo Aznárez, vinculado a la familia de la ex azucarera Rausa, entre algunos abogados y militares, según la documentación a la que accedió BRECHA.

La Confederación Anticomunista Latinoamericana es el brazo regional de la Liga Anticomunista Mundial (WACL, según las siglas en inglés), fundada luego de la Segunda Guerra Mundial por el reverendo Sun Myung Moon, líder de la Iglesia de la Unificación (secta Moon), el ex presidente taiwanés Chiang Kai-Shek y varios criminales de guerra nazis. El antecedente de la WACL es la Liga Anticomunista de los Pueblos de Asia, con sede en Taiwán, y el anterior Bloque Antibolchevique de Naciones, todos inspirados y apoyados logísticamente por sucesivos gobiernos de Estados Unidos, mediante la actuación de la CIA.

El III Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana se desarrolló entre el 28 y el 30 de marzo de 1977, en Asunción, con delegaciones de Paraguay, Argentina, México, Brasil, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Honduras, Venezuela, Perú, Cuba, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, y el invitado Félix Psenicnik Staresinic por Croacia. Asistieron los dictadores Alfredo Stroessner (Paraguay) y Hugo Banzer (Bolivia), quien presidía esa sección latinoamericana de la WACL.

Precisamente la delegación boliviana presentó el llamado Plan Banzer, un proyecto represivo de diverso alcance contra los líderes progresistas de la Iglesia Católica. En Bolivia se desarrollaba desde 1975, pero el tirano necesitaba mayor apoyo logístico y económico para desplegarlo. La idea fue apoyada por las delegaciones presentes, que acordaron trasladar el plan a sus respectivos países. La delegación uruguaya así lo hizo, y a partir de su retorno al país se dedicó con saña a la persecución y detención de sacerdotes, como lo revelan documentos desarchivados por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), a pedido de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Servicio Paz y Justicia.

Archivado bajo el rótulo "Relación de curas fichados", el Departamento 3 de la DNII conserva un listado de al menos 180 sacerdotes que la dictadura uruguaya –a influjo de la visión anticomunista latinoamericana– consideraba subversivos. BRECHA accedió a parte del listado (de la A a la M, por apellidos) en el que figuran sacerdotes uruguayos y extranjeros de las iglesias de Montevideo, San José, Paso de los Toros y Fray Bentos. Entre los 60 nombres de la lista figura el del ex obispo de San José Luis Baccino, y sacerdotes de las parroquias Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Punta Carretas), Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San Alfonso (Aguada), Inmaculada Concepción (Paso Molino), San Antonio y Santa Clara (Centro), Santa María de la Ayuda (Cerro), del grupo pastoral Litoral Norte y del Oficio Catequístico Nacional. Otros son mencionados de acuerdo a su número de prontuario.


ALLENDE URUGUAYO
Uno de los mayores verdugos teóricos –y no sólo en el campo intelectual– de los sacerdotes progresistas fue y es Caviglia Cámpora. A fines de marzo de 1977 el entonces consejero de Estado de la dictadura partió junto a la delegación que representaría a Uruguay en el Congreso Anticomunista Latinoamericano. Viajó junto a su esposa, Lía H. de Caviglia, quien también participó del evento, donde se decidió la suerte que correrían los integrantes de la Iglesia que por sus acciones eran considerados "subversivos".

Cámpora, un miembro servil de la dictadura, fue nombrado en 1978 embajador en la República China, con poderes plenipotenciarios. Su pasión por el anticomunismo lo llevó hasta la región asiática donde podía participar con mayor fluidez en las decisiones de la WACL, que tenía la sede en Taiwán. Cámpora es abogado, se graduó con honores como teniente coronel del Ejército, y entre sus estudios se especializó en guerra psicopolítica.

"No me interesa para nada su conversación", dijo Cámpora antes de colgar el tubo y de escuchar las preguntas de BRECHA. La brusca interrupción de la llamada impidió dialogar sobre uno de sus últimos artículos en la publicación Panorama católico internacional, donde renueva sus ataques hacia la Iglesia Católica uruguaya y en especial al arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno. Bajo el título "La pasión de la Iglesia", Cámpora señala que está "comprobada en Uruguay la campaña de la Iglesia en apoyo del triunfo total del ‘frente popular’ denominado Frente Amplio-Encuentro Progresista en las elecciones del 31 de octubre de 2004, Frente cuyo mandamás es el doctor Tabaré Vázquez, sin duda el ‘Allende uruguayo’". El artículo, que data de época electoral, señala que "se apoya políticamente al comunista Frente Amplio con duplicidad y predicaciones subliminares que pasan inadvertidas para los católicos más piadosos y formados".

En sus escritos Cámpora conserva el odio y la pasión por la represión que ostentó cuando aprobó el Plan Banzer en los años setenta, un mecanismo por el cual se reprimió hasta la tortura a muchos sacerdotes uruguayos, y que en otros países –como Bolivia y El Salvador– desató decenas de asesinatos a miembros de la Iglesia.


LAS CARTAS...
Según el ensayo de Phillip Berryman, el Plan Banzer también proponía procedimientos para desacreditar a líderes progresistas de la Iglesia y dividirla. "Las tácticas que se sugerían incluían dejar documentos subversivos en locales eclesiásticos, así como censurar o clausurar periódicos religiosos o estaciones de radio. Este plan fue adoptado después por unos diez gobiernos latinoamericanos que mandaron delegaciones a la reunión de la Confederación Anticomunista Latinoamericana de 1977", sostiene Berryman.

Otro de los documentos, fechado en Montevideo el 16 de julio de 1980, está dirigido al titular de la DNII: "(...) Elevo a usted la nómina titulada ‘Uruguayos desaparecidos’, que se encontraba en el interior de una carta dirigida al cura párroco de la Iglesia Santa María de la Ayuda (N de R: Mariano Dri) sita en la calle Bogotá entre Prusia y Viacaba (Cerro)", señala el memorándum firmado por el comisario Pedro Walter Freitas Martínez, jefe del Departamento 2 de Inteligencia. Se adjunta el sobre de la carta –que había sido depositada en el buzón del Cerro– y la lista en la cual figuran unas 110 personas desaparecidas hasta 1978.

El 17 de julio de 1980 la documentación fue enviada al Departamento 3 bajo la firma del entonces jefe de secretaría de la DNII, subcomisario Nelson Rodríguez Rienzo, quien además fuera jefe de Policía de Montevideo durante el gobierno de Batlle. La orden indicaba: pase "para anotación y archivo". En ese listado se tildó cada uno de los nombres de los desaparecidos en Uruguay, Argentina y Paraguay. En general, esa marca significaba que la persona tenía un prontuario en los servicios de inteligencia, según entienden algunos integrantes de organizaciones de derechos humanos. Hubo al menos dos sacerdotes de la iglesia del Cerro fichados en el archivo de Inteligencia, Marlés Cayetano y Ricardo Iglesias Casas, conocido por sus ideas progresistas, por su apoyo a la comunidad local y al gremio del Frigorífico Nacional. Ellos, como otros sacerdotes perseguidos y reprimidos, eran destinatarios de las "cartas que no llegaron".

Walter Pernas
BRECHA, Política, Página 11, 30/09/2005