El juez Juan Fernández Lecchini, que investiga la muerte de Roberto Luzardo en 1973, tomó declaración este lunes a Nino Gavazzo, Ricardo Medina y el ex médico militar Jorge Rodríguez Juanotena.
Luzardo estaba acusado de haber sido el matador del hermano del general Gregorio Álvarez. Artigas Álvarez fue asesinado por los tupamaros el 25 de julio de 1972.
Roberto Luzardo fue detenido en un operativo de las Fuerzas Conjuntas en el Bar Asturias, en la zona de la Unión, el 17 de agosto de 1972, junto otros dirigentes tupamaros, entre los que se encontraba Henry Engler. Durante el operativo recibió un impacto de bala que lo hirió en la médula, y fue trasladado al Regimiento 9 de Caballería, donde no recibió atención sanitaria. Posteriormente se lo derivó al Hospital Militar. El militante murió el 12 de junio de 1973, y sus familiares denuncias omisión de asistencia y venganza. La Justicia penal continúa recibiendo testimonios que lo desvinculan del asesinato.
La familia de Luzardo dice que Gegorio Álvarez ordenó que se le retirara la asistencia médica, como forma de venganza. Incluso se afirma por parte de la familia que las autoridades del Hospital ofrecieron atención médica a Luzardo a cambio de que éste se hiciera responsable de la muerte de Artigas Álvarez.
Los Luzardo afirman que los militares torturaron a dos militantes tupamaros, Ulises Costa y José Luis Rodríguez, para que éstos incriminaran a Luzardo.
Costa descartó que Luzardo tuviera algo que ver con la muerte de Álvarez, y asumió haber sido él mismo, junto a José Luis Rodríguez, el matador del militar. Ulises Costa dijo que no haber conocido a Luzardo, y que "en el asesinato de Artigas Álvarez estábamos con Rodríguez, quien hace poco reconoció públicamente ser el que lo mató. Luzardo no tiene nada que ver".
El médico que operó a Luzardo, Jorge Rodríguez Juanotena, hizo declaraciones contradictorias a la prensa, diciendo alternativamente haberle realizado una intervención en la médula, y no recordar nada de ese paciente. Este profesional, según la familia Luzardo, es el responsable de la omisión de asistencia.
Rodríguez Juanotena dijo a la prensa no recordar si lo operó, para luego afirmar que "yo lo operé y le di de alta. Lo operé de una herida de la médula. No sé qué pasó después. Yo lo operé antes de la dictadura, después pedí el retiro, para no ser médico militar de una dictadura". Ante la precisión de que Luzardo falleció antes del inicio de la dictadura, el médico señaló que ""murió en una época que era muy dura", y dijo no recordar con exactitud.
Néstor Luzardo, hermano de la víctima expresó que "Gavazzo, Medina y otros personajes como el sobrino del Goyo, el teniente Rodríguez, también Trabal, que fue asesinado por los propios militares en Francia, participaron de la tortura de dos compañeros, entre ellos José Luis Rodríguez, para que acusaran a mi hermano de haber participado del ajusticiamiento de Artigas Álvarez. Mi hermano no estuvo ahí, y está comprobado". Hizo mención a que "en la bibliografía que publicaron los militares, en aquel libro 'Las Fuerzas Armadas al pueblo oriental' están los nombres de los que participaron, y mi hermano no está. Los militares saben que mi hermano no estuvo en ese operativo.
La familia Luzardo busca la historia clínica del hermano muerto en el Hospital Militar y agradecieron la disposición del ministerio de Defensa, que, extraoficialmente, les informó que la misma está en poder de la cartera.
También declararon por la misma causa Nino Gavazzo y Ricardo Medina, quienes están presos por crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar.
Montevideo Portal
25/06/07
Caso Luzardo: Gavazzo y Medina Declararon ante la Justicia
El Cnel. (r) José Gavazzo y el policía (r) Ricardo Medina declararon en esta semana por la muerte del militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) Roberto Luzardo. Los dos ex represores, procesados con prisión por la desaparición del militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Adalberto Soba, fueron interrogados por los dichos de José Luis Rodríguez, otro ex tupamaro que admitió haber sido quien dio muerte en 1972 al Cnel. Artigas Álvarez, hermano del ex dictador Gregorio Álvarez. Gavazzo y Medina negaron ante la justicia su participación en la muerte de Luzardo.
Por otra parte, se tomaron declaraciones a otros testigos del caso. En primera instancia declaró Ulises Costa, un ex tupamaro que reconoció haber participado del operativo del MLN-T en el que fue asesinado el Cnel. Alvarez. Costa negó que Luzardo hubiera participado de manera alguna en el hecho, aunque explícitamente ante el Juez y la Fiscal no admitió haber sido sometido a apremios físicos para involucrar al militante fallecido. Por otra parte comparecieron tres ex médicos del Hospital Militar.
El Dr. Jorge Marabotto, quien aseguró que la atención que recibió Luzardo fue la adecuada. La Dra. Braseiro, quien firmó el acta de defunción del militante tupamaro, declaró que Luzardo había sido operado a causa de un impacto de bala recibido en la médula. Incluso, Braseiro reconoció que por orden de las autoridades del Hospital Militar de la época firmó un acta en la cual se establecía que la muerte fue a causa de una caquexia, un estado terminal del paciente a causa de la falta de atención médica.
El neurocirujano Jorge Rodríguez Juanotena, quien en principio, dijo haber operado a Luzardo, luego afirmó no recordar. En este sentido, en artículo publicado por el diario “La República” (28/06) el periodista Raúl Legnani escribe sobre los responsables de la muerte, en junio de 1973, de Roberto Luzardo.
El 17 de agosto de 1972, al ser detenido en un operativo militar junto con otros dirigentes del MLN-T, Luzardo recibió un impacto de bala que lo hirió en la médula. En consecuencia fue internado en el Hospital Militar y según sus familiares, su posterior fallecimiento se debió a la omisión de asistencia, siendo el responsable directo el Neurocirujano, Dr. Jorge Rodríguez Juanotena. En su artículo, Legnani señala que en un primer momento Juanotena dijo que no recordaba si operó a Luzardo, para después señalar que: "Lo operé de una herida de la médula. No sé qué pasó después”.
Por otra parte, cabe mencionar que el Dr. Rodríguez Juanotena, no solo fue médico del Hospital Militar sino que además es “Profesor Emérito” de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Fue a su vez uno de los pioneros de la neurocirugía en Uruguay, miembro de la “Comisión de Ética de la Asociación Mundial de Neurocirugía", militante del Partido Socialista, y miembro del Sindicato Médico del Uruguay. Durante el período dictatorial (1973-1985) fue destituido de sus funciones en el Hospital de Clínicas y posteriormente del Hospital Militar y estuvo detenido en prisión por un tiempo.
(La República Sección POLÍTICA 23, 25, 26 y 28/06/07; El País Sección NACIONAL 26/06/07)
GREGORIO ÁLVAREZ Y LA MUERTE DE ROBERTO LUZARDO UN ASESINATO PREMEDITADO EN EL HOSPITAL MILITAR
Gestor de una venganza personal que determinó la muerte premeditada de un prisionero herido durante la represión de 1972, el General Gregorio “Goyo” Álvarez enfrenta otra acusación judicial. Los testimonios de dos testigos clave en el “caso Luzardo” precipitarían su citación ante el juez Juan Carlos Fernández Lecchini.
Gregorio Álvarez permaneció varios minutos junto a la cama de un prisionero político, Roberto “Perico” Luzardo, que a fines de mayo de 1973 agonizaba en el Hospital Militar, víctima de una herida de bala que lo había dejado parapléjico. Álvarez había ido expresamente al hospital para confirmar que el prisionero falsamente acusado de participar en la muerte de su hermano, el Coronel Artigas Álvarez moriría como consecuencia de la omisión de asistencia que él y otros generales habían ordenado.
Luzardo, de 30 años, vecino muy querido de Durazno, había sido gravemente herido en un operativo militar ocurrido en agosto de 1972 en el bar Asturias, donde también fueron detenidos otros dos militantes del mln, Henry Engler y José Serrano Piedecasas. Luzardo murió días después de la visita de Álvarez. La orden había sido ejecutada a conciencia: entre diciembre de 1972 y junio de 1973 y después de haber sido sometido a una patraña de operación quirúrgica, Perico no recibió ninguna asistencia. Con su cuerpo lacerado por heridas infectadas, éscaras provocadas por su inmovilidad, y por la falta de higiene, falleció finalmente de inanición.
Su madre, Zulma Cazeneuve de Luzardo, su viuda Ana Blanco y sus hermanos, decididos a establecer las responsabilidades de médicos y oficiales, impulsaron una denuncia penal cuyo trámite ingresa en estos días en una etapa decisiva con la presentación de dos nuevos testigos, clave para demostrar el asesinato premeditado. Sobre los detalles del proceso BRECHA conversó con Raúl Luzardo, uno de los hermanos de Perico. Lo que sigue es parte de una extensa conversación.
Existen grandes presiones desde círculos militares y también políticos para que “no hagamos olas”. Estamos esperanzados en que la investigación que lleva adelante el juez Fernández Lecchini cobre un gran impulso en los próximos días. Llegamos a un eslabón fundamental en la cadena de testigos y de hechos. El 6 de diciembre declaró el cirujano León Sazbon, quien se contradijo, pero ante la insistencia del juez admitió que trabajó en la sala 8 del Hospital Militar, y que había operado a mi hermano Roberto. Y también admitió que su jefe era, en aquel entonces, el médico Jorge Rodríguez Juanotena.
Este cirujano también fue citado, pero aparentemente no ubicaron su domicilio. Nosotros encontramos su actual dirección y se la hicimos saber al juez en un escrito. La importancia de este testigo, que ya había sido citado por mi hermano en cartas, antes de morir, radica en que en 1990 fue interpelado por mi hermana María Nilsa, que logró localizarlo en el casmu. Ante mi hermana, Rodríguez Juanotena deslindó cualquier responsabilidad y dijo haberlo visto sólo una vez antes de renunciar al Hospital Militar. Creemos que ello no es cierto, no sólo por las cartas que nos enviaba mi hermano, sino por otros testimonios que pudimos recoger; pero además está ahora el testimonio del cirujano Sazbon, quien lo identifica como su jefe directo. Nosotros tenemos la convicción de la responsabilidad de ambos: la del cirujano, que se limitó a abrirlo y cerrarlo, y la del jefe de la sala. ¿Cuál era el estado físico de su hermano? Mi hermano tenía una herida de bala que había afectado la médula de la columna vertebral y que lo había dejado paralítico. Al principio, en los meses que van desde agosto de 1972, cuando fue capturado, hasta diciembre de ese año, mostró una cierta recuperación. En diciembre, los principales jefes del Ejército, los generales Esteban Cristi, Hugo Chiappe Posse y Julio César Vadora, acusaron a mi hermano de haber conducido la camioneta que participó en el atentado contra el coronel Artigas Álvarez, hermano del general Gregorio Álvarez, y desde ese momento Roberto no recibió ninguna asistencia hasta su muerte, en junio de 1973. Se trató de un verdadero complot, que tuvo por objeto involucrar al propio Gregorio Álvarez, por razones que tienen que ver con la relación de fuerzas entre las fracciones de los mandos del Ejército. El Goyo era en esos tiempos el jefe del Estado Mayor y en una entrevista con mi padre, en la sede de la Región 1, en la avenida Agraciada, manifestó cierta d ispos ición a permitir que Roberto fuera entregado a la familia para su asistencia médica. Después de que mi hermano fue acusado de intervenir en el atentado contra Artigas Álvarez la actitud del Goyo cambió radicalmente. La misma conducta tuvo el general Chiappe Posse, comandante del Ejército. En la entrevista que mantuvimos con él mi madre y yo, Chiappe se comprometió a estudiar el pedido de que Roberto fuera trasladado a otro hospital para su asistencia, pero después modificó su actitud.
¿Cómo se orquestó el complot? Para involucrar a mi hermano en el atentado y está claro que él no tuvo nada que ver: en su comparecencia ante el juez el médico Henry Engler, que en aquel entonces ocupaba un cargo de responsabilidad en el mln Tupamaros, declaró explícitamente que Roberto no participó en esa acción. Los militares obligaron a cuatro prisioneros, que fueron torturados salvajemente, a formular la acusación. La falsa acusación que dio lugar al complot está debidamente documentada en un escrito que presentamos al juez y en el que uno de los cuatro prisioneros detalla cómo fue presionado; los cuatro prisioneros fueron obligados también a realizar un reconocimiento, en el Hospital Militar, y por ello existe otro testimonio, además de los de la familia, sobre las condiciones inhumanas a las que estaba sometido Roberto. ¿Qué pretendían con ese complot? Hacerlo pagar por su militancia, pese a que no tenían cargos específicos contra él, adjudicarle un castigo mayor y, además, inducir a Álvarez a comprometerse. Un torturador de Durazno, el coronel Ramos, me dijo personalmente, mientras me mantenían de plantón en el cuartel cuando me detuvieron después del golpe: “Queremos que siga viviendo y sufriendo”. Sus interrogadores le ofrecían el oro y el moro para que brindara información, pero no lograron doblegarlo, pese a su situación crítica; de ahí el odio. Álvarez se subió al carro del complot y aceptó la falsa historia para incriminar y dejar que Perico muriera sin asistencia.
¿Qué elementos maneja el juez sobre la decisión premeditada de omitir la asistencia y provocarle la muerte a Luzardo?
Más allá de la responsabilidad de los médicos que cometieron el delito de omisión de asistencia, somos conscientes de que hubo una orden específica, proveniente de los mandos militares, y nosotros queremos establecer quiénes dieron esa orden, queremos que se castigue a los responsables intelectuales de ese asesinato. Mi hermano permaneció en la sala 8 del Hospital Militar desde fines de enero de 1973 hasta el 12 de junio de ese año sin recibir medicamentos, sin que le curaran las heridas espantosas provocadas por éscaras infectadas. Ni siquiera se lo higienizaba; además no era alimentado y de hecho murió de hambre. En la última semana deliraba y tuvo una agonía infame. Nosotros pudimos entrar al hospital cuatro semanas antes de la muerte, para acompañarlo, después de insistentes gestiones de mi padre, Guillermo Luzardo, de mi madre y de Elia Blanco de Ziola (madre de Ana Blanco, la compañera de Roberto). Roberto no podía ser específico en sus cartas, pero en una de las últim as es cribió: “Me han hecho algo que no merezco”. Sabíamos de la situación a la que estaba sometido y finalmente logramos la autorización. De todas formas nosotros estábamos impedidos de ayudarlo en su agonía y no teníamos respuesta cada vez que solicitábamos asistencia; estábamos permanentemente bajo vigilancia de un soldado: sólo pudimos presenciar su sufrimiento. ¿Cuál fue la responsabilidad de Álvarez en la muerte de su hermano?
En el expediente constan mis declaraciones y las de mi madre sobre las entrevistas que mantuvimos con él y que demuestran que él estaba enterado de la situación. Pero una declaración clave es la de mi hermana Beatriz, que estaba cuidando a Perico días antes de su fallecimiento, cuando de repente se apareció el general Álvarez en la sala 8. Se paró al pie de la cama y permaneció tres minutos mirándolo fijamente; fue a comprobar que se moría. Antes de irse lanzó una pregunta en tono de orden: “¿Parentesco?”, y Beatriz respondió: “Hermana”.
¿Qué otros testimonios aportaron? Hay un testigo clave. Es un médico militar que estuvo en la sala 8 que vio el estado deplorable de mi hermano y que, conmovido, se puso en contacto con mi madre. Le aconsejó que hiciéramos lo posible por sacarlo del Hospital Militar. A ese médico lo ubicamos en la ciudad donde reside y esperamos que en su momento brinde testimonio ante el juez. Por ahora preferimos no dar a conocer su nombre. Si Roberto hubiera recibido asistencia, ¿habría sobrevivido? Sí. En su momento hubo ofrecimientos de Cuba y de Suecia para brindarle el tratamiento adecuado, pero los militares se negaron rotundamente. El cirujano Sazbon declaró ante el juez que Roberto habría muerto irremediablemente, cualquiera fuera el tratamiento aplicado, pero se contradijo, porque admitió, ante preguntas del juez, que incluso en Uruguay, en el Clínicas, existía un centro especializado en el tratamiento de esos pacientes parapléjicos. Ello es fundamental para demostrar la omisión de asistencia. Y la responsabilidad, además del Goyo Álvarez y de los mandos militares, es compartida también por los directores del hospital. Mientras mi hermano estuvo internado hubo tres jefes, Scala, Arregui y un tercero cuyo nombre no pude confirmar. No es casual que cuando se formuló la denuncia ante la Comisión para la Paz y se solicitó la historia clínica, respondieran que toda la documentación había desaparecido. El testimonio de Rodríguez Juanotena puede ser fundamental en este sent ido.
¿Qué militares deberían ser interrogados por el juez? Aparte de Álvarez, que es el único de los generales involucrados en el complot que sigue vivo, están los coroneles que ejercieron la jefatura del Hospital Militar en la época, y un asistente del general Chiappe Posse, que fue testigo de las entrevistas que mantuvimos. Sabemos quién es porque es oriundo de Durazno, de donde provenimos los Luzardo. Y cuando el juez tome conocimiento del testimonio de uno de los prisioneros que fueron obligados a incriminar a mi hermano, será difícil eludir la responsabilidad de los oficiales, que aparecen citados con pelos y señales y que confirma la patraña. La muerte de mi hermano fue un asesinato premeditado. Sabemos de muchos casos de omisión de asistencia a prisioneros políticos durante la dictadura, y hoy se abre la posibilidad de que se haga justicia, entre otras cosas por la decidida actitud de quienes fueron testigos y están dispuestos a dar su testimonio. Volver al índice
Samuel Blixen (Brecha)
20/02/07
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