Alvaro Balbi

Corría el año 1975, años de terror en Uruguay. Años en que delincuentes disfrazados con uniforme militar, se dedicaban a secuestrar, asesinar y desaparecer personas y además para ser coherentes consigo mismo, a robar a las víctimas. Años en que el capital de una buena cantidad de militares aumentaría sin que se pudiera saber como, pero seguramente no con sus sueldos, que nunca fueron nada del otro mundo.


Años en que se asesinaba y desaparecía a mujeres indefensas, a niños, ancianos y a cualquiera que tratara de hacer frente a estos criminales, demostrando la cobardía del que es guapo si va en grupo y si está armado, pero que mano a mano siempre pierde, como toda esta clase de gentuza.


Años en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el 8 de agosto de 1975 y el 15 de diciembre de 1975, informaba los siguiente: “Alvaro Balbi. Empleado de comercio, de 30 años, casado y padre de cuatro hijos. Fue detenido por personal policial el 29 de julio de 1975 junto con todos los demás participantes de una reunión (a la que se aludirá en los puntos siguientes).


Trasladado al Cuartel del Regimiento de Coraceros (Avda. Batlle y Ordoñez) murió allí menos de 24 horas después de la detención. Su cuerpo fue entregado a sus familiares con explicaciones contradictorias e inverosímiles: asma por enfriamiento (no padecía esa enfermedad y llevaba consigo ropas de abrigo), accidente de tránsito y otras. Según el certificado de defunción, se diagnosticó por médico militar su muerte debida a una crisis cardiovascular. Presentaba exteriormente evidentes huellas de violencia, que pudieron observar numerosas personas concurrentes al velatorio, ante las cuales se abrió el ataúd.



El padre de la víctima, Prof. Selmar Balbi formuló una minuciosa denuncia del hecho ante el Juzgado Letrado de Instrucción (civil) de 5o Turno. Sin embargo, este juzgado no pudo actuar en el caso por serle reclamada jurisdicción por la Justicia Militar. Los antecedentes pasaron al Juzgado Militar de Instrucción de 1o Turno y luego de ello no aconteció nada más: no existe investigación alguna en curso, ni se aplicó sanción (criminal ni administrativa) de ninguna especie. ”


El gobierno de la dictadura uruguaya, contestó el 20 de mayo de 1976 :“Alvaro Balbi, fue detenido el 29 de julio de 1975, durante una reunión clandestina del Secretariado de la Regional 3 del proscripto Partido Comunista con otros importantes dirigentes, a quienes se les ocupó la cantidad de documentos relativos a la actividad de agitación que venía cumpliendo ese grupo ilegal. Encontrándose recluido en un local policial el 31 de julio de 1975 sin vigilancia de vista, pero sí exterior y con controles periódicos, en un momento determinado, al penetrar funcionarios al recinto encontraron a Balbi caído de cúbito ventral, con sus rodillas y codos apoyados en el suelo, a unos 4 o 5 metros del lugar donde se encontraba la silla donde había sido dejado sentado, y al parecer sin vida. De inmediato se dio intervención al Juez Militar de Instrucción de ler. Turno quien se constituyó en el lugar con el señor médico forense. El magistrado actuante dispuso la realización de la autopsia y la iniciación del sumario correspondiente. ”


“La autopsia fue practicada por el Prof. Dr. José A. Mautones quien estableció en el certificado de defunción correspondiente, como causa de la muerte “insuficiencia cardiaca pulmonar aguda debido a stress”.

El 29 de agosto de 1975, el Juez Militar de Instrucción de ler. Turno, decretó a pedido del fiscal la clausura de los procedimientos de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 245 del Código de Procedimiento Penal Militar.


“Las actuaciones fueron elevadas al Supremo Tribunal Militar, por intermedio del Juez Militar de 1a. instancia de 4o. Turno, quien dispuso con fecha 30 de diciembre de 1975, el archivo de las actuaciones. ”La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió el 3 de marzo de 1976 una nota al gobierno uruguayo solicitando una copia del protocolo completo de la autopsia practicada a Alvaro Balbi.



Por supuesto que el gobierno no contestó a la nota enviada por la CIDH, por lo cual el 17 de noviembre de 1977, la Comisión determinó :



“Articulo 53. 1. Se presumirán verdaderos los hechos sobre los cuales se ha solicitado información si en el plazo de ciento ochenta días desde la fecha en que se solicitó la información correspondiente al Gobierno aludido, éste no suministrare la información correspondiente, siempre y cuando la improcedencia de los hechos denunciados no resultare de otros elementos de convicción. ”


Resuelve: 1. Por aplicación del Artículo 51 1) del Reglamento, presumir verdaderos los hechos materia de la denuncia relacionados con la muerte del señor Alvaro Balbi, a saber: “El cadáver de Alvaro Balbi presentaba exteriormente evidentes huellas de violencia”.


2. Que hay indicios vehementes de que el señor Alvaro Balbi de 30 años, que había sido detenido por las autoridades y que fue encontrado muerto dos días después en la prisión, falleció como consecuencia de actos de violencia, que la Comisión presume verdaderos.


3. Observar al Gobierno del Uruguay que tales hechos configuran gravísimas violaciones al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad e integridad de la persona (Artículo I de la Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre); al derecho de justicia (Artículo XVIII) y al derecho a proceso regular (Artículo XXVI).


4. Recomendar al Gobierno: a) que disponga una investigación completa e imparcial para determinar la autoría de los hechos denunciados y de acuerdo con las leyes uruguayas, que sancione a los responsables de dichos hechos; b) que informe a la Comisión sobre las medidas tomadas para poner en práctica la recomendación contenida en el párrafo anterior, dentro de un plazo máximo de 30 días.


5. Comunicar esta resolución al Gobierno del Uruguay y a los reclamantes.



6. Si en el plazo de 30 días el Gobierno no hubiere comunicado a la Comisión las medidas efectivas que haya adoptado para llevar a cabo la investigación dispuesta en el párrafo 4, incluir esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización (Artículo 9 (bis), inciso c, iii. del Estatuto).



El gobierno dictatorial ni se molestó en contestar. A fin de cuentas, que asesino envía una carta diciendo: “Si, tienen razón lo matamos porque pensaba diferente a nosotros”.



Pero veamos otro enfoque del tema, leamos la carta que el padre del asesinado Balbi, le enviara al Presidente Dictador Juan María Bordaberry


Montevideo, 6 de agosto de 1975.

Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay Don Juan María Bordaberry


Sr. Presidente: Escribo a Ud. la carta más difícil de mi vida. Y como se trata de un imperativo de razón y de conciencia, me propongo lograr la mayor y más fría precisión para pedir justicia. Me dirijo a Ud. en su condición de Presidente de la República y específicamente por su poder de decisión como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Quiere decir esto que no procuro condolencias. Que no necesito palabras de consuelo. A diario me las prodiga el pueblo entero. No hay en esto la mínima exageración, debe Ud. creerlo. Pregúntele a sus hijos. Por su condición de Jefe del Estado Sr. Presidente, Ud. sólo puede contestarme con hechos y el hecho en este caso horrendo -no único en el país, desgraciadamente- es un castigo ejemplar y terminante, concreto y público, garantido y documentado, como se realiza en forma tan frecuente a través de todos los medios de Información.


Mi encarecimiento, Sr. Presidente, no obedece a un mezquino sentimiento de venganza. Sí, en forma absoluta, a dar garantías a la gente común de laRepública, de que no habrá impunidad para el atentado discrecional. Nada más pido, a nada más aspiro en este instante. Ud. puede decidirlo desde elcargo más encumbrado del país.


El martes 29 de julio próximo pasado fue detenido por las Fuerzas Conjuntas que el Sr. Presidente comanda, mi hijo Alvaro Balbi, oriental, casado, de 31 años de edad, padre de cuatro pequeños niños, hombre de trabajo y hombre de bien. Infructuosas resultaron las gestiones de su mujer, mi joven nuera, ante las reparticiones oficiales para ubicar su paradero. Pasó el miércoles 30. El jueves 31 nos dispusimos a reiniciar la búsqueda.


Puedo asegurar a Ud., Sr. Presidente, más allá de la angustia de padre en las presentes circunstancias del país (Ud. como padre de familia numerosa sin duda puede comprender), que yo tenía la convicción plena de que por lo menos, en manos de funcionarios de su confianza, la vida de mi hijo estaba a salvo. ¡Qué doloroso error, Sr. Presidente. Pasado el mediodía del jueves 31, funcionarios suyos comunicaron a la mujer de mi hijo y a mi mujer, su madre, personalmente, que a la una de la mañana de ese día mi hijo había muerto a consecuencia de un ataque de asma provocado por enfriamiento, y que podíamos reclamar su cadáver en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Doce horas después de su fallecimiento nosotros habíamos estado preguntando por las oficinas y nadie sabía decirnos nada sobra su reclusión! Las fuerzas del gobierno habían detenido a un hombre pleno de vitalidad y sólo pudo vivir poco más de un día entre sus manos. Yo ignoro dónde, en qué momento, quiénes lo detuvieron. Pero hay responsables concretos que dependen de Ud., Sr. Presidente y por lo tanto sólo Ud. puede decidir su identificación y precisar sus actos.


Sr. Presidente Bordaberry: Era mi hijo, como Ud. ve, muy joven. Los médicos que lo trataron por males comunes y corrientes pueden decir a Ud., que de complexión delgada, era sano y fuerte. Desde luego no padecía asma ni enfermedad crónica alguna. Su característica -y de eso hay incontables testimonios- era la alegría, el ánimo contagioso y la actividad: trabajaba ocho horas y aún más en un cargo de gran responsabilidad; estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música con el propósito de ingresar a la Sinfónica Oficial y era un alumno distinguido. Con estudios completos de piano, conocimientos de violín y guitarra y otros instrumentos, había comenzado hace alrededor de un año a estudiar fagot con la idea mencionada. Frecuentemente no almorzaba al mediodía para trabajar con su profesor de piano en experiencias sobre el encordado que le apasionaban. Componía música. Las exigencias de nuestro sistema de vida le dificultaron avanzar más como creador singular, porque tenía familia numerosa y era pobre. No era un muchacho, convenga Ud. conmigo, en situación de morir por enfriamiento y un ataque de asma que no sufría, como no padecía ningún otro mal.


Pero hay más, Sr. Presidente: cuando retiré sus ropas del hospital, incluido el anillo de esponsales, me entregaron su ropa interior, pullóver de lana, traje entero, sobretodo, zapatos de invierno. De dónde provino el enfriamiento. Un enfriamiento capaz de provocar la muerte a un hombre joven y bien nutrido, de buena salud. Hubo tortura, Sr. Presidente. Por qué estaban sus ropas como embarradas. Por qué su cabeza vendada.


Sr. Presidente: Ante testigos, el Sr. Comisario Tellechea del Departamento 2 de Policía, no conozco bien si esos son los títulos exactos, me dijo que él era una persona derecha y que me aseguraba que no tenía ninguna responsabilidad en el hecho, del que estaban a cargo por simples razones administrativas. Yo antes había hablado una sola vez con el Sr. Tellechea y no tengo por qué dar fe a su palabra. No tengo inconveniente en declararlo aún públicamente. Por eso mismo creo que dijo verdad cuando agregó, esto sí textualmente, “este mochuelo me lo metieron a las 12 de hoy”.


Yo me pregunto, Sr. Presidente, qué quiso decir el señor Tellechea con su natural llaneza, con esa expresión usada a modo de “slang” policial.Para mí, “mochuelo” suena como algún mal encargo, como algo que se arroja sobre otro para no verse comprometido.


Sr. Presidente: No acuso. Digo lo que puedo yo pensar y sentir. Todas las circunstancias me muestran que mi hijo fue muerto en dependencias de las Fuerzas Conjuntas. A Ud. toca determinarlo. Pero quiero decir lo siguiente:

En el Uruguay la pena de muerte no existe. Ni la más alta dignidad judicial, hasta frente al mayor criminal y el más grave delito, puede condenar a muerte al peor de los reos. Nadie tuvo entonces derecho a matarme a mi hijo. Sólo la impunidad más absoluta pudo amparar el crimen, así fuera como a veces se sugiere, porque se le fue la mano.


Sr. Presidente: Constituimos una familia vasta y considerada, sin exceptuar uno solo de sus miembros. Pregunte, Sr. Presidente; haga preguntar en nuestro sitio de origen, Agraciada, Dolores o Mercedes en el Departamento de Soriano. Por parte de padre, descendemos directamente del Cnel. Tomás Gómez, héroe de la Cruzada de los Treinta y Tres, y en esos campos la familia conserva indivisa la casa solariega que fuera de su hija, doña Palmira, mi bisabuela. Mi abuelo paterno ejerció la justicia de paz en la zona, y dejó buena memoria hasta en tiempos de guerra civil. Por parte de madre venimos de inmigrantes garibaldinos, y un hermano de ella, Alberto Mazzeo, discípulo dilecto de Vaz Ferreira, poeta, escritor y sobre todo periodista al servicio de las libertades fue asesinado a puñaladas en 1918 por un mercenario impune. Dejó herencia: su hijo, Arbelio Ramírez, mi primo hermano, investigador de la historia patria, profesor querido, fue asesinado de un balazo en la carótida cuando se dirigía a dar clase en el instituto Alfredo Vázquez Acevedo, una noche de 1961. Su matador está impune. Ahora es Alvaro, Sr. Presidente. No quiero más impunidad para el crimen. Sea quien sea el autor, sea quién sea la víctima.

Podrá Ud. imaginar, Sr. Presidente, que un hombre como yo -es forzoso que hable en primera persona- educado en tan rigurosa escuela familiar (porque me he referido tan sólo a nuestra más costosa contribución, la de la sangre, y no al pequeño y no menos heroico, a veces laborar cotidiano), no pudo formar una familia fuera de esta ley consecuente. Alvaro abrevó fervorosamente de esta cultura hasta por temperamento. Por cierto que enuna familia de tan antigua estirpe juega todo el espectro de las ideas y de las profesiones. Pero juega la armonía y el amor, y la tolerancia y preside la rectitud y la hombría. Podrán matarnos pero no doblarnos.

De ahí que si mi bendito hijo noble pudo, siguiendo la tradición familiar y la maravillosa tradición oriental, caer en falta ante la actual situación de la República y hasta admito que pudiera haber cometido un hecho punible por el actual gobierno, categóricamente, rabiosamente, Sr. Presidente,sé y afirmo y me juego la vida, que el joven Alvaro Balbi no pudo cometer el mínimo atentado contra la fuerza moral del género humano.Y esto agrava el delito contra su vida ante el alma entera de la Nación.

Pocas horas antes de la muerte de mi hijo, una comisión policial allanó su casa. Le aclaro que no había allí nada punible, así como en el allanamientode su lugar de trabajo ni de la casa del dueño del comercio donde él trabajaba. La comisión obró correctamente, pero al salir, uno de los policías preguntó a mi nuera: “¿El padre de su marido es dirigente gremial?” La pregunta me sigue golpeando. ¿Acaso mi condición de dirigente gremial tuvo algo que ver con el trágico destino de mi hijo? ¿Quién hizo la pregunta?

Sr. Presidente, no quiero discutir sus ideas políticas ni las mías con Ud. Pero debo decir que mi formación humana, mis convicciones filosóficas y políticas, las mismas de mi hijo a quien no impuse jamás una sola idea, me han llevado siempre a considerar a todas las gentes no como ajenos sinocomo prójimos. A sentir sus problemas y a ayudarlos. Y si esto tiene en su base la convicción de la verdad científica de que la felicidad de cada uno dependerá eternamente de la felicidad colectiva, el real milagro de esta conciencia está en que provengo de gente que trabajó para vivir, que conviví siempre con la gente que trabajó para vivir, que desde allí, desde ese ángulo, aprendí a considerar mi compromiso con la vida. Por ninguna circunstancia puedo yo, ni Alvaro pudo, cambiar su óptica de las cosas.

Muchas de mis actividades sociales y políticas están registradas por los servicios respectivos del Estado, seguramente y algunas deben ser verdad. Pero tal vez no sean las principales. Quiero que Ud. sepa algo para ver a mi hijo. Tengo 62 años. De ellos, casi cincuenta he hecho algo por el hombre, por lo que sinceramente he creído mejor para la humanidad; fuera de una modesta actuación política, mi actividad comienza a los 13 años de edad entre el estudiantado de Mercedes, pidiendo por la vida de Sacco, y Vanzetti, hasta llegar a la Directiva de la Asociación de Estudiantes. Recibido de maestro, creé la primera asociación de maestros de Dolores y luego de un paréntesis llegué a ser durante treinta años, dirigente gremial de los maestros uruguayos, representándolos cantidad de veces en el país y en el exterior con el respaldo del voto libre. Profesionalmente fui maestro de clase, director de escuela, profesor de la Universidad del Trabajo y mi labor fue apreciada.

A raíz de mi trabajo de investigación pedagógica tuve relación con el Movimiento de Escuela Nueva y el Movimiento Langevin-Walon, los que me becaron en 1963 para realizar estudios en Europa. El consejo de la Universidad del Trabajo me concedió por este motivo licencia especial y una ayuda en metálico, y el de Enseñanza Primaria me otorgó también licencia con expresivo apoyo de la Inspección Departamental.Todo lo aprendido, que no fue poco, lo he volcado a la enseñanza del país. Ahora soy un jubilado docente; por razones de salud hube de cesar en mi actividad gremial desde hace diez años. Esto es lo esencial de una sencilla vida de maestro.

Pero, Sr. Presidente, a lo largo de medio siglo, y esto es lo que me importa señalar en esta ocasión, jamás he sido acusado ni penado por autoridad alguna de ningún gobierno, de ningún partido, de ningún régimen y trabajando apasionadamente por mis ideas que jamás oculté, no sé lo que es haber sido detenido ni una sola vez por la policía de ningún país. Tampoco me conozco enemigos, ni entre mis adversarios, en los quesiempre procuré distinguir su mejor condición antes que sus fallas.

Sr. Presidente:Si mi condición de luchador gremial contribuyó a la condena a muerte de mi hijo. ¿No cree Ud., no ya como Presidente sino como hombre y padre, que es demasiado castigo para un padre inocente y para un joven puro? ¿No sería más que monstruoso? Todos los educadores que me han conocido y considerado saben que no puedo volver a la nada y que tanta desgracia injusta y tan insuperable dolor no impedirán que siga trabajando por la educación y la felicidad de mi pueblo. Si alguien pudo (”el padre es dirigente gremial”) castigar por ello, debe ser él mismo ejemplarmente castigado.

No quiero que se haga un uso malicioso ni incorrecto de esta carta, Sr. Presidente. Mi hijo ha muerto en dependencias de las Fuerzas Conjuntas. No sé si cometió delito ni cuál pudo ser, lo reitero, y también repito que no pudo ser una falta contra la condición humana y menos, falta grave. Jamás colocamos nosotros la muerte más alta que la vida.

Mi hijo ha muerto. Pero quedan sus hijitos, quedan los hombres jóvenes aún y sus hijitos, muy cerca de diez mil niños, jóvenes y adultos han estado bajo mi amparo cuidadoso a lo largo da 40 años de docencia. Por ellos velo ahora. Para ellos, la liquidación de la impunidad, de los criminales; para ellos, la más larga y segura vida. Y la alegría de vivir.Justo es que la ley se aplique a quien delinque. Pero ninguna ley, humana ni jurídica, admite que manos anónimas o conocidas ejerzan justiciaal margen de lo legal y de lo humano. Sólo espero que la muerte de Alvaro sea la última muerte injusta en esta tierra y la primera que no quede impune, el primer trato inhumano juzgado y castigado, que quiebre el espinazo a la impunidad en esta tierra.

Debe Ud. saber, Sr. Presidente, que como mi hijo, cultivo el don de la amistad. Le aseguro que a esta altura de mi vida poseo una cosecha, la mayor y más hermosa a que hombre alguno pueda aspirar. En estos días, gentes de toda condición, de las ideologías más encontradas,a mi mujer y a mí nos han abrumado y han abrumado a la maravillosa mujer de mi hijo, con una solidaridad moral y material de tal hondura que Ud. no alcanzaría nunca a concebir. Al mismo tiempo que a Ud., llegará a estos amigos esta carta de buena fe; pero esta familia de mis amigos y los de mi hijo, y de los amigos, de los amigos, de los amigos se extiende por toda la faz de la tierra y a ellos llegará esta carta. Sólo pido justicia, como Ud. ve. No contiene más que hechos, interrogantes, palabras dichas.

Todo agravio, toda denigración, toda ofensa ha sido callada, mordida. Sólo quiero justicia. Y para esto, a todo el mundo llamo, porque como un gran hombre me dice en carta de hoy: “establecer la justicia es quizás la más alta forma de venganza”. Si esto ganamos, Sr. Presidente, lo considero garantía para Ud. y para mí ante el tribunal de las naciones.

Sr. Presidente: Creo en la condición humana. La muerte de mi hijo, como todos los actos de esta índole, no son hechura humana. No abro juicio sobre su responsabilidad ni la de su gobierno. Pienso en su condición de hombre y de padre joven, con todo el poder en sus manos para castigar la injusticia: Arbitro hoy entre la humanización creciente y la deshumanización progresiva en la República Oriental del Uruguay, tierra de libres.

Selmar Balbi, ex director de la escuela de 2º grado Nº 143, Montevideo, ex profesor de la enseñanza técnica, ex directivo de la Unión del Magisterio de Montevideo y de la Federación Uruguaya del Magisterio.


Esta carta que transcribimos y la Resolución de la CIDH son sumamente claras, durante el gobierno de Juan María Bordaberry Arocena, se asesinaba y el gobierno que el presidía, no realizó ninguna acción para descubrir a los asesinos, procesarlos y castigarlos. Por lo cual no debe extrañarle a él y a sus familiares, que perdido el “paraguas” gubernamental de los gobiernos que fueron la continuación, en versión light, de los que tuvimos en el período dictatorial, ahora la justicia sin ese freno, venga a pedirle que rinda cuentas por todos esos desmanes.

No es sed de venganza, no es revanchismo, es pedir simple, lisa y llanamente que se cumpla con la leyes de Uruguay y con los acuerdos internacionales firmados y validados por el sistema legislativo.
Es pedir que la ley se aplique a todos aquellos que la han pasado por alto.Es pedir que se demuestre que nadie puede quedar impune luego de estas atrocidades, argumente lo que argumente y sea del partido o ideología que sea.

Es pedir que todos tengamos claro que en este país no se validarán como motivos legalmente permisibles, el decir “maté al de la vereda de enfrente porque pensaba diferente a mi” y tener muy claro, que este criterio es aplicable a todos los habitantes de este país estén donde estén y militen en donde militen, porque el “nunca más” no tiene un color político, sino que es el sentir de la gran mayoría de los habitantes, que entendieron que la mejor manera de vivir es en democracia participativa y plural.-