El inicio de la feria judicial, que culmina el 31 de enero de 2008, dejó en el tintero causas que generaron revuelo y conmoción en la sociedad uruguaya, por la capacidad de remover recuerdos y emociones, y por la historia de las figuras involucradas.
El procesamiento del dictador Gregorio "Goyo" Alvarez se destacó por sus implicancias a todo nivel, por el tiempo transcurrido para que la Justicia se pronunciara, más de veinte años y cuatro gobiernos democráticos desde el fin de la dictadura, así como por el rol que desempeñó Alvarez en ese proceso, al asumir "el mando" militar a mediados de la década del `70.
El procesamiento con prisión del dictador y del ex marino Juan Carlos Larcebeau, por el delito de "desaparición forzada" de 20 personas, en la causa que investiga el traslado clandestino de presos políticos en 1978, se concretó el lunes 17 de diciembre de 2007.
El juez penal de 19º Turno, Luis Charles, aceptó el pedido de la fiscal Mirtha Guianze, en una causa que se inició en mayo de 2007 y que tuvo como abogado patrocinante al doctor Oscar López Goldaracena, en nombre de familiares de la víctimas.
El ex marino Jorge Tróccoli, quien está detenido en Italia por la desaparición de ciudadanos italianos en el marco del accionar del Plan Cóndor, también está involucrado en la causa. El juez Charles libró una orden de captura internacional y en los próximos días podría solicitar formalmente la extradición de Tróccoli para ser juzgado en Uruguay.
La causa contra Alvarez contó con dos pedidos de inconstitucionalidad que interpuso el abogado Carlos Curbelo Tammaro, que fueron desestimados rápidamente por la Suprema Corte de Justicia.
La resolución judicial desencadenó la renuncia de Curbelo Tammaro y Pedro Montano a la defensa del ex dictador, alegando "falta de garantías" en el proceso. La abogada de oficio Estela Tonar, quien se hizo cargo de la defensa, se reunirá con Alvarez luego de la feria para poder leer el expediente durante el receso.
Alvarez también está involucrado en la muerte del militante del MLN-T, Roberto Luzardo, en junio de 1973.
El juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, podría citar al ex dictador porque se presume que ordenó no asistir a Luzardo, a quien acusaba de participar en el asesinato de su hermano, el coronel Artigas Alvarez, el 25 de junio de 1972.
La causa, a cargo de la fiscal Adriana Costa, pretende establecer los motivos por los cuales Luzardo no recibió la atención médica necesaria mientras estuvo internado en el Hospital Militar, hecho que provocó su muerte.
Bordaberry multicausal
El ex presidente Juan María Bordaberry fue procesado en 2006 por dos causas que continuaron durante 2007: el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y diez homicidios que se produjeron durante su gestión como dictador.
El 16 de noviembre de 2006 Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco fueron enjuiciados como "coautores" de "cuatro delitos de homicidio especialmente agravados" por los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Argentina en mayo de 1976, luego que el juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, aceptará el pedido de la fiscal Guianze.
Los abogados de Bordaberry (Gastón Cháves Hontou y Diego Viana) y de Blanco (Curbelo Tammaro) apelaron los procesamientos, lo que fue rechazado por el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, a cargo de los ministros Alfredo Gómez Tedeschi, José Balcaldi y William Corujo, quienes ratificaron los procesamientos.
La defensa de Bordaberry también apeló el procesamiento del ex dictador por el homicidio de diez militantes de izquierda durante su gestión, que dictaminó la juez penal de 7º Turno, Graciela Gatti, a pedido de la fiscal Ana María Tellechea.
Lo curioso de la causa consiste en que el fallo de Gatti también fue apelado por Tellechea, quien pretendía el procesamiento de Bordaberry por el delito de "atentado a la Constitución", que la jueza consideró prescripto.
El Tribunal de Apelaciones de 3º Turno, a cargo de los ministros José Bonavota, Eduardo Borges y Bernardette Minvielle, ratificó por unanimidad, el auto de procesamiento de Bordaberry y desestimó someterlo a proceso por el delito de "atentado a la Constitución".
Bordaberry cumple prisión domiciliaria, mientras que Blanco, está recluido en Cárcel Central a la espera de una resolución del Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, que en base a un informe de una junta médica determinará las condiciones de su reclusión.
La fiscal Guianze, en tanto, solicitó información sobre si existe alguna cárcel en la que Bordaberry pueda ser recluído sin afectar su salud. Las dos causas ingresaron al proceso de sumario en espera que las fiscales respectivas procedan a solicitar la condena de los procesados.
LOS JUICIOS FUERA DE FRONTERA
La implicancia de militares uruguayos en delitos de lesa humanidad también pretende ser juzgada fuera de las fronteras de nuestro país, en el marco de causas que estudian el accionar del Plan Cóndor en los países del Cono Sur. El coronel (r) Carlos Calcagno fue recluido en la cárcel para militares, luego de que el juez penal de 11º Turno Roberto Timbal dispusiera su arresto administrativo ante el pedido de captura internacional que libró desde Paraguay el juez Gustavo Santander. La Justicia paraguaya indaga la desaparición de Federico Tatter, un opositor al régimen de Alfredo Stroessner, en 1977, y documentos desclasificados del "Archivo del Terror" vinculan a Calcagno con la desaparición de los militantes del PVP, Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, ambos detenidos en Asunción en 1977. El juez Timbal aguarda el pedido formal de extradición que deberá expedir la Justicia de Paraguay. El coronel (av) uruguayo Araújo Umpiérrez y el soldado Ernesto Soca también se encuentran en prisión administrativa ante el pedido de extradición librado por el juez argentino Daniel Rafecas por su participación en el llamado "Segundo Vuelo" de Orletti. La investigación también se instruye en nuestro país, por el juez Charles y la fiscal Guianze, y además de Araújo Umpierrez y Soca, estaría involucrado el mayor Walter Pintos. La Justicia argentina y el juez Charles tienen además una "disputa internacional" por la extradición del coronel (r) Manuel Cordero, quien se encuentra detenido en Brasil, prófugo de la Justicia uruguaya. Charles pretende indagarlo por su responsabilidad en la desaparición del ex militante del PVP Adalberto Soba en 1976, causa por la que fueron procesados los ex militares José "Nino" Gavazzo, Ernesto Ramas, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y Jorge Silveira, y los ex policías Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima. Cordero declaró ante el juez federal de Santana do Livramento, Belmiro Tadeo Krieger, y espera la decisión judicial para saber su destino: si Uruguay o Argentina, donde los jueces Rafecas, Guillermo Montenegro y Norberto Oyarbide pretenden juzgarlo.
La República
02/01/08
El procesamiento del dictador Gregorio "Goyo" Alvarez se destacó por sus implicancias a todo nivel, por el tiempo transcurrido para que la Justicia se pronunciara, más de veinte años y cuatro gobiernos democráticos desde el fin de la dictadura, así como por el rol que desempeñó Alvarez en ese proceso, al asumir "el mando" militar a mediados de la década del `70.
El procesamiento con prisión del dictador y del ex marino Juan Carlos Larcebeau, por el delito de "desaparición forzada" de 20 personas, en la causa que investiga el traslado clandestino de presos políticos en 1978, se concretó el lunes 17 de diciembre de 2007.
El juez penal de 19º Turno, Luis Charles, aceptó el pedido de la fiscal Mirtha Guianze, en una causa que se inició en mayo de 2007 y que tuvo como abogado patrocinante al doctor Oscar López Goldaracena, en nombre de familiares de la víctimas.
El ex marino Jorge Tróccoli, quien está detenido en Italia por la desaparición de ciudadanos italianos en el marco del accionar del Plan Cóndor, también está involucrado en la causa. El juez Charles libró una orden de captura internacional y en los próximos días podría solicitar formalmente la extradición de Tróccoli para ser juzgado en Uruguay.
La causa contra Alvarez contó con dos pedidos de inconstitucionalidad que interpuso el abogado Carlos Curbelo Tammaro, que fueron desestimados rápidamente por la Suprema Corte de Justicia.
La resolución judicial desencadenó la renuncia de Curbelo Tammaro y Pedro Montano a la defensa del ex dictador, alegando "falta de garantías" en el proceso. La abogada de oficio Estela Tonar, quien se hizo cargo de la defensa, se reunirá con Alvarez luego de la feria para poder leer el expediente durante el receso.
Alvarez también está involucrado en la muerte del militante del MLN-T, Roberto Luzardo, en junio de 1973.
El juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, podría citar al ex dictador porque se presume que ordenó no asistir a Luzardo, a quien acusaba de participar en el asesinato de su hermano, el coronel Artigas Alvarez, el 25 de junio de 1972.
La causa, a cargo de la fiscal Adriana Costa, pretende establecer los motivos por los cuales Luzardo no recibió la atención médica necesaria mientras estuvo internado en el Hospital Militar, hecho que provocó su muerte.
Bordaberry multicausal
El ex presidente Juan María Bordaberry fue procesado en 2006 por dos causas que continuaron durante 2007: el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y diez homicidios que se produjeron durante su gestión como dictador.
El 16 de noviembre de 2006 Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco fueron enjuiciados como "coautores" de "cuatro delitos de homicidio especialmente agravados" por los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Argentina en mayo de 1976, luego que el juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, aceptará el pedido de la fiscal Guianze.
Los abogados de Bordaberry (Gastón Cháves Hontou y Diego Viana) y de Blanco (Curbelo Tammaro) apelaron los procesamientos, lo que fue rechazado por el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, a cargo de los ministros Alfredo Gómez Tedeschi, José Balcaldi y William Corujo, quienes ratificaron los procesamientos.
La defensa de Bordaberry también apeló el procesamiento del ex dictador por el homicidio de diez militantes de izquierda durante su gestión, que dictaminó la juez penal de 7º Turno, Graciela Gatti, a pedido de la fiscal Ana María Tellechea.
Lo curioso de la causa consiste en que el fallo de Gatti también fue apelado por Tellechea, quien pretendía el procesamiento de Bordaberry por el delito de "atentado a la Constitución", que la jueza consideró prescripto.
El Tribunal de Apelaciones de 3º Turno, a cargo de los ministros José Bonavota, Eduardo Borges y Bernardette Minvielle, ratificó por unanimidad, el auto de procesamiento de Bordaberry y desestimó someterlo a proceso por el delito de "atentado a la Constitución".
Bordaberry cumple prisión domiciliaria, mientras que Blanco, está recluido en Cárcel Central a la espera de una resolución del Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, que en base a un informe de una junta médica determinará las condiciones de su reclusión.
La fiscal Guianze, en tanto, solicitó información sobre si existe alguna cárcel en la que Bordaberry pueda ser recluído sin afectar su salud. Las dos causas ingresaron al proceso de sumario en espera que las fiscales respectivas procedan a solicitar la condena de los procesados.
LOS JUICIOS FUERA DE FRONTERA
La implicancia de militares uruguayos en delitos de lesa humanidad también pretende ser juzgada fuera de las fronteras de nuestro país, en el marco de causas que estudian el accionar del Plan Cóndor en los países del Cono Sur. El coronel (r) Carlos Calcagno fue recluido en la cárcel para militares, luego de que el juez penal de 11º Turno Roberto Timbal dispusiera su arresto administrativo ante el pedido de captura internacional que libró desde Paraguay el juez Gustavo Santander. La Justicia paraguaya indaga la desaparición de Federico Tatter, un opositor al régimen de Alfredo Stroessner, en 1977, y documentos desclasificados del "Archivo del Terror" vinculan a Calcagno con la desaparición de los militantes del PVP, Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, ambos detenidos en Asunción en 1977. El juez Timbal aguarda el pedido formal de extradición que deberá expedir la Justicia de Paraguay. El coronel (av) uruguayo Araújo Umpiérrez y el soldado Ernesto Soca también se encuentran en prisión administrativa ante el pedido de extradición librado por el juez argentino Daniel Rafecas por su participación en el llamado "Segundo Vuelo" de Orletti. La investigación también se instruye en nuestro país, por el juez Charles y la fiscal Guianze, y además de Araújo Umpierrez y Soca, estaría involucrado el mayor Walter Pintos. La Justicia argentina y el juez Charles tienen además una "disputa internacional" por la extradición del coronel (r) Manuel Cordero, quien se encuentra detenido en Brasil, prófugo de la Justicia uruguaya. Charles pretende indagarlo por su responsabilidad en la desaparición del ex militante del PVP Adalberto Soba en 1976, causa por la que fueron procesados los ex militares José "Nino" Gavazzo, Ernesto Ramas, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y Jorge Silveira, y los ex policías Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima. Cordero declaró ante el juez federal de Santana do Livramento, Belmiro Tadeo Krieger, y espera la decisión judicial para saber su destino: si Uruguay o Argentina, donde los jueces Rafecas, Guillermo Montenegro y Norberto Oyarbide pretenden juzgarlo.
La República
02/01/08
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