Gobierno uruguayo debe pedir a EEUU desclasificar archivos

El gobierno del presidente Tabaré Vázquez debe pedirle formalmente al presidente norteamericano George Bush la desclasificación de los archivos estadounidenses en los que hay información sobre las violaciones a los derechos humanos en Uruguay, opina Carlos Osorio, investigador de los archivos secretos norteamericanos.

"Pedir oficialmente desde la Presidencia de la República al gobierno de los Estados Unidos que se desclasifique la información relativa a las violaciones a los derechos humanos en Uruguay", es la forma de obtener las pistas o la confirmación de la verdad, afirma el investigador Carlos Osorio.

Especializado en la desclasificación de documentos norteamericanos, Osorio declaró a LA REPUBLICA que Estados Unidos guarda importantes secretos de su política exterior en los archivos sobre Uruguay, donde funcionó una de las principales bases regionales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

"La Comisión por la Paz del gobierno de Jorge Batlle le pidió al de Estados Unidos que ampliara a Uruguay la investigación que ya estaban realizando sobre Argentina, pero no creo que luego se le haya dado seguimiento o continuidad al tema", reveló el desclasificador de los documentos secretos.

El trabajo de investigación de archivos lo realiza a través de la Ley de Libertad de Información, conocida como FOIA.

­El FOIA es una ley. En Uruguay pueden hablar sobre la Ley 15.857, por decir un número, y allá se llama la Ley de Libre Acceso a la Información, cuyas iniciales en inglés son FOIA. Esa ley permite que cualquier individuo pueda pedir documentación del Estado, para que se desclasifique. Nosotros lo que hacemos es un estudio previo de qué es lo que queremos, por ejemplo, lo relativo a las violaciones a los derechos humanos entre 1975 y 1985 en Argentina, y hacemos una serie de peticiones, más de 300, y eso permitió obtener abundante documentación.



­¿Cualquier ciudadano puede ampararse en el FOIA y pedir documentación o debe sumarse a alguna organización para tramitar su solicitud?

­Cualquier ciudadano puede hacerlo. Nosotros lo hacemos como organización y tenemos la tecnología desarrollada y una base de datos que nos facilita mucho hacer las peticiones, pero cualquier individuo lo puede hacer. La respuesta a los individuos es de la misma calidad de la que nos dan a nosotros. En eso hay un trabajo muy serio de los desclasificadores.



­¿Cuáles son los archivos que se han desclasificado? Tengo entendido que existen documentos a distintos niveles y no es sencillo llegar a los informes más oscuros y más clasificados.

­En Estados Unidos cada año se producen billones o trillones de documentos. Existe una ley de archivos que obliga a las agencias de inteligencia que después de determinada cantidad de años de secreto deben pasar la documentación al archivo nacional. A partir de entonces, en el Archivo Nacional los desclasificadores estudian y deciden qué van a colocar en su "vitrina", para darle al público norteamericano una idea de lo que ha sido la historia de las relaciones exteriores de los Estados Unidos, para poner el ejemplo de los materiales del Departamento del Estado. Lo mismo ocurre con el tema de la seguridad nacional.



­¿Ese es el procedimiento para desclasificar todos los documentos que pueda tener Estados Unidos sobre un tema, una persona o un país?

­Esa es una manera de acceder a cosas que se han podido encontrar en el Archivo Nacional, que coloca los materiales desclasificados en su "vitrina" de libre acceso una vez que han pasado por los documentos los historiadores, la gente del Departamento de Estado e incluso las agencias de inteligencia. Esa es la documentación que va saliendo regularmente...

­¿Esa ley se aplica a todos los organismos y agencias estadounidenses?

­Sí, pero la única agencia que cumple con esa regulación de la ley es el Departamento de Estado. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) no la cumple, tampoco la cumple la agencia de la defensa del Pentágono. Ese es todo un tema de discusión dentro del propio Estados Unidos.



­¿Existen otras formas de acceder a la documentación secreta?

­La Ley de acceso a la información, donde yo como individuo u organización le pido los documentos a la propia agencia y no al Archivo Nacional. Por ejemplo, que me desclasifique una serie de documentos sobre un tema. Entonces, ellos tienen que responderme bajo la ley de información directamente al que hizo el pedido.



­¿Y si no responden?

­Entonces se puede constituir en un caso legal y se puede iniciar un juicio al Departamento de Estado, el Pentágono o la CIA.



­¿Antes de eso no existen mecanismos de apelación a la negativa de la respuesta?

­Sí, se puede apelar directamente ante la agencia que negó la información, algo que muchas veces tiene buenos resultados, o llevar la demanda ante un juez, que es quien determina finalmente si esos documentos deben o no ser secretos.



­Sobre Argentina y Chile el Departamento de Estado ha desclasificado mucha información que fue incluso entregada a sus respectivos gobiernos como prueba en los juicios que se han llevado a cabo en ambos países. ¿Por qué en Uruguay no ha sucedido eso?

­Hay una pequeña variante. No hay duda de que las desclasificaciones grandes como la de Chile que ya ha sobrepasado los veinte mil documentos o la de Argentina que tiene unos cinco mil, son el resultado de una conjunción de factores.



­¿Cuáles?

­En primer lugar, los jueces, quienes a través de rogatorias oficiales generaron una dinámica en el sistema de justicia de Estados Unidos que llevó a buscar documentos. En el caso argentino, que conozco bien, jueces como Bagnasco o Canicoba que trataban temas de la Operación Cóndor realizaron pedidos desde fines de los años noventa. A eso se le sumó que el presidente de Argentina mandó una carta pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se impulse esa desclasificación. Fue clave, en primer lugar, la dinámica lograda por los jueces, cuando en Estados Unidos se toma muy en serio el sistema de Justicia, que luego va y le pide a la CIA que le dé un documento determinado porque se los están reclamando sus pares, sus colegas de otro país. Y también es clave que el gobierno avale esas peticiones. Eso ocurrió en el caso de Argentina que envió una carta, secreta en aquella época, al gobierno de Bush que provocó otra dinámica importante en el propio Congreso norteamericano, que fue quien dio el aval político a la desclasificación. Esa es la manera.

­¿Eso es lo que debería hacer Uruguay?

­Yo sé que la Comisión por la Paz del gobierno de Jorge Batlle le pidió al de Estados Unidos que ampliara a Uruguay la investigación que ya estaban realizado sobre Argentina, pero no creo que luego se le haya dado seguimiento o continuidad al tema. Me parece que este es el momento de retomarlo...



­La información pública de Estados Unidos sobre Uruguay ha sido poca. ¿Ustedes que han investigado sobre los documentos y analizado el contexto histórico en que ocurrieron las violaciones a los derechos humanos en la región durante los años sesenta, setenta y ochenta, consideran que Uruguay es un país que guarda muchos secretos de Estados Unidos, dada su localización geoestratégica en la región?

­Desde el año 1965 y hasta el año 1973, incluso, podemos decir que Uruguay era un país clave. Particularmente entre el 70 y el 72. En esa época, asume el gobierno izquierdista de Salvador Allende en Chile, y estoy seguro que las agencias de inteligencia de Estados Unidos decidieron que no podía ocurrirle a Uruguay lo mismo que a Chile. Yo he escrito al respecto en nuestra página web, en base a documentación que hemos encontrado. Incluso el presidente Nixon tuvo un encuentro con el presidente Medici de Brasil para prevenir que hubiera una victoria del Frente Amplio en las elecciones de 1971.



­¿Eso corrobora denuncias como las de Philippe Agge o Manuel Hevia respecto a que en Uruguay funcionaba una de las más importantes bases de la CIA en la región y por eso lo que puede existir en los archivos estadounidenses sobre Uruguay es particularmente secreto?

­Sin duda, tiene que ser muy secreto porque hubo mucha participación de apoyo a las estructuras de seguridad de aquí. Estoy seguro, porque la documentación que hemos visto apunta a ello, que las estructuras de seguridad de Uruguay como la DNII (Dirección Nacional de Información e Inteligencia) y posiblemente incluso la OCOA (Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas), fueron creadas a instancias de las oficinas de inteligencia de los Estados Unidos.

­¿Qué puede hacer Uruguay para conocer toda esa verdad escondida por los vigilantes de las cajas de archivos en Estados Unidos?

­Pienso que los jueces deben estar atentos y alertas a realizar esas rogatorias...



­¿Pueden demorar mucho las respuestas?

­Pueden demorar, según el contenido... Nosotros lo que hacemos es presionar sobre las rogatorias judiciales para hacer funcionar la dinámica de búsqueda, porque luego que la máquina echó a andar las cosas van surgiendo. Pero también es clave conseguir el aval político del país.



­¿Es decir que el gobierno de Uruguay es el que tiene que pedir esa documentación?

­Pedir oficialmente desde la Presidencia de la República al gobierno de los Estados Unidos que se desclasifique la información relativa a las violaciones a los derechos humanos en Uruguay.

­¿Crees que es posible encontrar la verdad?

­La verdad siempre es relativa. Siempre nos estamos acercando a ella, porque la verdad no es absoluta. En los Estados Unidos no se va a encontrar todo, vas a encontrar algunos elementos. Son pistas para encontrar la verdad en cada país o para confirmar lo que en cada país se presumía.



ARCHIVOS DEL TERROR
Osorio también ha trabajado en los Archivos del Terror encontrados en Paraguay por el abogado Martín Almada. El próximo 21 de diciembre, cuando se cumplan 15 años del hallazgo, se publicarán en Internet los principales documentos sobre la coordinación represiva Plan Cóndor.

El Nacional Security Archive ha colaborado con la Suprema Corte de Justicia paraguaya y en los últimos siete años digitalizó los más de 300 mil documentos ubicados en Asunción. Con la Biblioteca de la Universidad George Washington difundirá un catálogo de 60 mil documentos.

La documentación incluye materiales que comprometen al mayor Carlos Calcagno en el interrogatorio, traslado y desaparición de los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Insaurralde, por lo que la Justicia paraguaya pidió su detención administrativa con fines de extradición.



TESTIGO CONTRA EL CONDOR
Carlos Osorio se define como un salvadoreño-chileno. Nació en Santiago, de madre chilena, pero se crió en la tierra de su padre El Salvador. "Por eso me siento latinoamericano. Conozco ambas puntas y eso me permite una perspectiva latinoamericana exquisita", sostiene.

Osorio trabaja en el Nacional Segurity Archive, un centro de investigación no gubernamental norteamericano, donde estudia las políticas de seguridad nacional de los Estados Unidos. En 1992 ese organismo se acercó a la Comisión por la Verdad de El Salvador, para aportar documentos sobre violaciones a los derechos humanos en ese país.

Desde entonces, su trabajo ha sido investigar en los archivos norteamericanos, promover su desclasificación y apoyar el trabajo de jueces, comisiones por la verdad, organizaciones no gubernamentales. En particular, Osorio se ha dedicado a indagar lo ocurrido en Argentina, Uruguay y Paraguay.

En diciembre del año pasado, Osorio fue un importante testigo en la causa que contra Juan María Bordaberry llevan adelante la jueza penal de 7º turno, Graciela Gatti, y la fiscal Ana María Telechea, ante quienes ratificó la responsabilidad del ex dictador en la coordinación represiva del Plan Cóndor.

La República
16/12/07