María Claudia García de Gelman en el Batallón 13

Las 15 hectáreas del Regimiento 13 de Infantería Mecanizada, que cinco científicos de la Universidad comenzaron a inspeccionar, guardan secretos superpuestos. Samuel Blixen

El más explosivo es, sin duda, el secreto de la desaparición de María Claudia García de Gelman, la nuera del poeta Juan Gelman. Una verdadera trifulca entre oficiales retirados, en la que se ventilaron acusaciones y recriminaciones, permitió saber que, a diferencia de las otras víctimas enterradas en ese cementerio clandestino, cuyos restos fueron exhumados en 1985 (y, según una versión de la Comisión para la Paz, incinerados y arrojados al mar), la tumba de María Claudia permaneció intocada y sus restos seguirían allí, en algún lugar entre la cancha de fútbol y el cauce del arroyo Miguelete.

María Claudia habría sido enterrada en el 13 de Infantería, presumiblemente en los primeros días de enero de 1977. Al respecto son coincidentes varios testimonios obtenidos por Gelman en la investigación personal que le permitió, a despecho de la tenaz interferencia de Julio María Sanguinetti, ubicar aquí en Montevideo a su nieta, y reconstruir, excepto en el último capítulo, la tragedia de su nuera.

Esta joven argentina no tenía ningún vínculo político con Uruguay. Fue detenida junto con su esposo Marcelo Gelman y secuestrada en Automotores Orletti, donde operaban los comandos uruguayos del Cóndor. A diferencia de su compañero, asesinado en Buenos Aires, María Claudia sobrevivió, pero sólo porque estaba embarazada de siete meses y algunos de los militares y policías uruguayos, el “Turco” Arab, el “Pajarito” Silveira, el “Conejo” Medina, resolvieron apropiarse del hijo que estaba por nacer, para regalarlo a un funcionario policial que, coincidentemente, fue nombrado jefe de Policía de un departamento por Sanguinetti en su segunda presidencia.

María Claudia fue trasladada a Uruguay, a fines de 1976 dio a luz a una niña y después desapareció. Un testimonio contundente sobre el lugar donde fue enterrada corresponde a un personaje insospechado: el ex presidente Jorge Batlle, quien además admitió saber que el asesino fue el capitán de coraceros Ricardo Medina. La noticia de que por lo menos dos mujeres –María Claudia y Elena Quinteros– habían sido enterradas en los fondos del 13 de Infantería se venía manejando desde que el general Alberto Ballestrino, ex jefe de Policía de la dictadura, confesó la existencia de la “operación zanahoria”. Vale la pena recordar que el presidente Sanguinetti vetó la investigación de la Operación Zanahoria, apelando, una vez más, a la ley de caducidad. Por eso, algunos aspectos de ese operativo permanecieron en un “cono de confusión”: el nombre clave de la operación refería, según unos trascendidos, a la orden de los mandos de plantar un árbol arriba de cada tumba. Según otros trascendidos, se refería a que los árboles serían plantados allí donde estuvieron las tumbas. El estudio de las fotos del relevamiento aéreo confirmó la existencia de un “operativo zanahoria” porque los puntos detectados que se diferencian del resto del terreno, corresponden a movimientos de tierra de la época en que se produjeron los desenterramientos. Pero en los lugares señalados no hay árboles.

La exhumación de los cadáveres fue realizada en 1985, cuando comandaba la unidad el coronel Alfredo Lamy, alias “Mandinga”, quien entre 1975 y 1976 revistó como segundo jefe del Batallón 13. Entre 1977 y 1982, Lamy ocupó distintas responsabilidades en el Servicio de Información de Defensa y después ocupó la comandancia del 13, justo cuando los mandos creyeron oportuno sacar de allí las evidencias de los asesinatos.

Lamy fue una pieza clave de la Operación Zanahoria porque había estado en la unidad en la época de los enterramientos y podía, en 1985, dar indicaciones más o menos ciertas sobre la ubicación de las tumbas, además de supervisar las tareas en el cuartel que comandaba. Pero Lamy no conocía los lugares exactos, por lo que fue necesario recabar los datos de aquellos oficiales que directamente habían supervisado las excavaciones realizadas por soldados. La propuesta de que los oficiales involucrados en los asesinatos aceptaran establecer el lugar exacto de las tumbas se volvió problemática. Habían pasado diez años, comenzaba una etapa de transición democrática y en los juzgados se acumulaban las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos. El pacto del Club Naval había eludido el tema de la amnistía para los militares y policías, de modo que, aun en el caso de que el flamante presidente Sanguinetti hubiera comprometido su determinación a mantener la impunidad, la situación era absolutamente inestable. Fue necesario, entonces, ofrecer una “zanahoria” para que los indecisos aceptaran colaborar: la promesa de beneficios económicos fue, según indican fuentes militares, la razón que dio origen al nombre clave del operativo.

Lamy murió en enero de 2002 y se llevó a la tumba los detalles de esa macabra historia, además de lo que conocía sobre las incursiones de uruguayos en Argentina. Pero poco antes de morir “Mandinga” fue violentamente recriminado por su supuesta “desprolijidad” en la Operación Zanahoria. Algunos de sus colegas protagonizaron un serio incidente en los salones de uno de los dos clubes militares, una vez que la acción judicial de Gelman amenazaba con ventilar en tribunales los detalles del asesinato de María Claudia. El secuestro de la joven argentina para robarle el bebé, y el asesinato para ocultar el robo –e impedir un posterior reclamo–, difícilmente podían justificarse como un episodio de la lucha antisubversiva. La posibilidad de que algunos oficiales fueran citados a declarar (todavía no contaban con la complicidad de Batlle, que finalmente incorporó el caso en la ley de caducidad) llevó a reclamar detalles para comprobar que el cuerpo de María Claudia había sido eliminado definitivamente. La discusión en el club militar terminó a golpes e insultos, cuando quedó en evidencia que los restos de María Claudia habían sido “olvidados” y no habían sido desenterrados cuando las exhumaciones a pala de las tumbas del 13 de Infantería. Quizás, los oficiales que asesinaron a María Claudia a fines de 1976 o enero de 1977 no corrieron detrás de la zanahoria, en 1985, porque sabían que ese crimen, a la larga, se quedaría sin el paraguas de la caducidad.

El trascendido sobre el “olvido”, que en los círculos allegados al ex presidente Batlle fue tomado como veraz, supone que el cadáver de María Claudia permanece en los fondos del cuartel del Camino de las Instrucciones. El relevamiento que se realizará con un georradar (instrumento que cuesta aproximadamente 40 mil dólares, que sería, además, de gran utilidad para el Ministerio de Obras Públicas, pero que el gobierno todavía no se decide a comprar) probablemente detectará la tumba de María Claudia, que no aparece en las ampliaciones fotográficas, porque pasados tres o cuatro años de las excavaciones la tierra se uniformiza.

Ese sería un objetivo primordial de las tareas que comenzaron el martes 19 porque sería la única posibilidad de encontrar restos completos, que permitirían finalmente, en este caso, darles a Gelman y a su nieta la posibilidad de completar el duelo.

Pero ese sigue siendo el camino más largo. No hay que olvidar que existe un camino mucho más directo para rescatar los restos y completar la verdad: simplemente basta con que aquellos que asesinaron y enterraron digan exactamente qué fue lo que hicieron con sus víctimas. Y que quienes secundaron la Operación Zanahoria digan dónde depositaron definitivamente los cuerpos que exhumaron. En el caso de María Claudia, la posibilidad de una confesión de los responsables de la desaparición se hace más factible. El presidente Tabaré Vázquez ha declarado que la desaparición de María Claudia no está comprendida en la ley de caducidad. Por lo tanto, si no está comprendido en la ley, el asesinato es, como sostuvo Gelman en su denuncia, un “delito privado”, ajeno a las circunstancias que motivaron el perdón de la ley. Nada impide entonces que el juez prosiga las actuaciones archivadas por orden de Batlle y cite a declarar a la docena larga de oficiales implicados en el secuestro, tortura, desaparición, robo de bebé y asesinato de la joven. Si no se produce la confesión, el levantamiento del “embargo” sobre el expediente judicial permitirá a los magistrados realizar las investigaciones y ordenar los procedimientos e interrogatorios que, como en cualquier otro crimen, conducen a la identificación de los responsables y a la colección de indicios y pruebas que habilita al juez para ordenar el castigo legal. En definitiva: la vía de la justicia para restaurar la verdad.

Brecha - Edición Nº 1013