15 de abril de 1972

¿El día en que se engendró la impunidad?

El 15 de abril de 1972 la Asamblea General del Poder Legislativo uruguayo aprobó la suspensión de garantías individuales y la declaración del "estado de guerra interno". El día anterior se habían producido los trágicos enfrentamientos en los que el MLN-Tupamaros ejecutó a un civil, un militar y dos policías acusados de pertenecer al Escuadrón de la Muerte, y las Fuerzas Conjuntas mataron a ocho tupamaros. Aquellos acontecimientos marcaron el rumbo del Uruguay y dejaron una secuela que aún perdura tres décadas más tarde.

Pacheco dejó el gobierno a Bordaberri, que pidió la "guerra interna".

1 - El Uruguay de 1972

La herencia de Pacheco

La lucha política y electoral que caracterizaron 1971, luego del surgimiento del Frente Amplio que implicaba una ruptura del tradicional bipartidismo uruguayo, se cerraba con las denuncias de Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra de que el Partido Nacional había sido víctima de una "estafa electoral". En complejas elecciones nacionales, el presidente colorado Jorge Pacheco Areco no había logrado imponer una reforma constitucional que permitiera su reelección y, luego de setenta y cinco días de "sórdido" escrutinio, los uruguayos se enteraron que tenían como nuevo mandatario al hasta entonces ministro de Ganadería y Agricultura, Juan María Bordaberry. Al comenzar el nuevo año, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Tupamaros proclamaba desde Paysandú el fin de la tregua unilateral declarada ante los comicios. Como contracara, el semanario ultraderechista "Azul y Blanco" afirmaba que "la dialéctica de las palabras, debe ceder su lugar a la dialéctica de las pistolas" y auguraba: "Si quieres paz, prepárate para la guerra". El MLN mantenía secuestrados a Ulysses Pereyra Reverbel, Carlos Frick Davies y Ricardo Ferrés Terra, a quien liberaba el 28 de enero. Ese mismo día, eran secuestrados el fotógrafo técnico de la policía, Nelson Bardesio, y el redactor responsable de "Acción", diputado Homero Fariña. También se sucedían las acciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales (FARO), la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33) y el grupo "22 de Diciembre", disidente de los tupamaros. La organizaciones políticas de izquierda habían logrado su mejor votación de la historia (5 senadores y 18 diputados) con un Frente Amplio al que se habían sumado destacadas figuras de los partidos tradicionales. La central única de trabajadores (CNT) estaba enfrentada a la política económica y los conflictos se multiplicaban. La gremial estudiantil (FEUU) evidenciaba su militancia en Universidades y liceos, donde chocaba con la ultraderechista Juventud Uruguaya de Pie (JUP) que anunciaba su "Plan Terremoto": "1972 será un año decisivo; o salvamos al país o nos hundimos con el país", arengaban.

La asunción de Bordaberry

El 1º de marzo, Bordaberry asume el gobierno de un país con medidas prontas de seguridad vigentes, con más de un centenar de detenidos "a disposición" del Poder Ejecutivo, y en el que meses antes las Fuerzas Armadas habían sido llamadas a dirigir la lucha antisubversiva al frente de las llamadas fuerzas conjuntas. El gabinete de Bordaberry queda integrado, entre otros, con el abogado Alejandro Rovira en el Ministerio del Interior, el general Enrique Magnani en Defensa Nacional, Francisco Forteza en Economía y Finanzas, y Julio María Sanguinetti en Educación y Cultura. También nombra como nuevo comandante en jefe del Ejército, al general Florencio Gravina y como nuevo jefe de Policía de Montevideo, al coronel Roberto Zubía. Como primeras medidas, el nuevo gobierno resuelve una devaluación monetaria del cien por ciento y envía al Parlamento un proyecto de "Ley de Seguridad del Estado" que incrementa las penas a quienes atenten contra la Constitución. Se eliminan los reintegros para las exportaciones, se deroga el recargo a las importaciones, se legaliza el mercado paralelo de cambios, se duplican los precios de alcoholes y combustibles, aumentan un 90 % las tarifas de UTE, se impone una veda al consumo de carne y, antes de terminar Semana de Turismo, se aumentan unos cuatrocientos artículos de consumo en un 37 %, pero sólo se elevan los sueldos de la industria privada un 20%. En los primeros cuatro meses del año se denuncian sesenta atentados en Montevideo. Locales partidarios del Frente Amplio, casas de militantes, defensores de presos políticos, familiares de detenidos, docentes de centros de enseñanza y librerías fueron víctimas de bombas incendiarias y balaceras. Estos ataques no llevan a la detención de ningún sospechoso. El 12 de abril de 1972 se produce una nueva fuga del penal de Punta Carretas: 15 tupamaros y seis presos comunes protagonizan lo que se conoció como "el gallo". Salieron por un túnel de sesenta metros que comunicaba a la red cloacal. Reeditaban el escape (""el abuso"") que un año antes habían hecho 111 presos en el mismo lugar. Los datos anteriores, extraídos de la cronología comparada "La Caída de la Democracia" (1967-1973) editada por la Fundación de Cultura Universitaria y el libro "Alto el Fuego" de Nelson Caula y Alberto Silva, resultan elocuentes: los primeros meses del año 1972 confirmaban las previsiones de una agudización del enfrentamiento y la violencia política en el país, aunque nadie sospechara que en aquel el mes de abril se produciría un quiebre histórico que determinaría el futuro del Uruguay por los siguientes treinta años.

2 - El mes de abril

El Escuadrón de la Muerte

En varias investigaciones históricas se relatan detalles de cómo se fueron constituyendo los grupos paramilitares que actuaron en Uruguay en la década del sesenta y a principios de los setenta, y cuyas ramificaciones y herencias metodológicas pueden llegar, con otros nombres, hasta nuestros días. Las actividades de injerencia interna por parte de la CIA, el FBI y otros servicios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, se han detallado en diversos libros de "arrepentidos" y ex agentes cuyas denuncias han confirmado no pocos documentos "desclasificados" del gobierno norteamericano. La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y la United States Information Services (USIS) fueron dos de las agencias que, en contacto con embajadas de países con dictaduras en la región (Paraguay, Brasil y Argentina), fueron cooptando elementos policiales y militares uruguayos para jugar de peones en el tablero de la "guerra fría". El 2 de febrero de 1970, la Asociación de Magistrados Judiciales hace públicas sus denuncias contra el juez Púrpura, a quien se acusa de intentar integrar a la CIA a jueces y abogados. Púrpura, conectado con mandos policiales y militares, reconoce la creación de "grupos de choque anticomunistas" que entrenaban en Florida. El magistrado termina por renunciar el 7 de setiembre de ese año. Los convulsionados años sesenta habían dejado "marcados" a muchos militantes de izquierda, víctimas de este tipo de organizaciones. Desde tiempos de Nardone actuaban grupos parapoliciales que tatuaban "svásticas" en estudiantes. Pero es a fines de la década que con asesoramiento norteamericano se aceitan grupos de acción que sobrepasan los juegos de vigilancia e inteligencia. Las páginas secretas de los Escuadrones de la Muerte se abren cuando el MLN-Tupamaros secuestra al fotógrafo-agente Nelson Bardesio, quien confiesa cómo una serie de "comandos", que habían actuado en asesinatos y atentados políticos, eran coordinados y daban cuenta a las más altas estructuras del Estado. No había paramilitares, sino terrorismo de Estado. Las "Actas de Bardesio" describen los atentados a los abogados Arturo Dubra, Alejandro Artuccio y Manuel Liberoff y a la periodista María Esther Gilio. La orden venía del propio Ministerio del Interior. También reconoce los asesinatos del Abel Ayala y Manuel Ramos Filippini en julio de 1971, y el de Héctor Castagnetto el 17 de agosto de ese año. El 28 de febrero del 72, con Bardesio secuestrado, un "Comando Caza Tupamaros" tortura y mata a Ibero Gutiérrez: "Vos también pediste perdón. Bala por bala, diente por diente", decía una esquela sobre su cuerpo.

La historia "oficial" del 14

En el libro "La Subversión - De las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental", se relata, al compás del gerundio, una cronología (págs. 716 y 717) sobre lo ocurrido aquel 14 de abril de 1972: "- En Avda. Millán y Las Violetas es detenida una camioneta por personal de las FFCC, aprehendiéndose a sus seis ocupantes, dos de los cuales son fugados del Penal de Punta Carretas. - El Poder Ejecutivo dispone que los Ministerios de Interior y Defensa Nacional adopten las medidas oportunas para garantizar la vigilancia e integridad de los establecimientos de reclusión de subversivos, pudiendo incluso habilitar otros que sean adecuados. - Distintos grupos de sediciosos roban, en la madrugada, cinco automóviles. - Sobre las 8 de la mañana y desde dos automóviles, integrantes del MLN-T acribillan con fuego de ametralladora, en las calles Rivera y Soca, a un patrullero policial, muriendo el subcomisario Oscar Delega Luzardo y el agente Carlos A. Leites y quedando gravemente herido otro agente policial. Consumado el atentado, los asesinos bajan de los vehículos y disparan sobre los funcionarios caídos en el suelo, huyendo luego. - Sobre las 9 horas es ametrallado en la localidad de Las Piedras, departamento de Canelones, donde vive, desde un automóvil que estuvo aguardando en la zona, el capitán de Corbeta Ernesto Motto, quien muere en el acto. - Sobre las 22 horas y desde una ventana del segundo piso de la Iglesia Protestante, sita en las calles Constituyente y Barrios Amorín, dos francotiradores acribillan con armas largas de precisión al profesor Armando Acosta y Lara, ex subsecretario del Interior, quien muere, hieren a su esposa y a un agente policial de su custodia, cuando salían de su domicilio, y huyen. - En las calles Franciso Pi y Nicolás Herrera las FFCC detienen una camioneta que huye, iniciando entonces sus ocupantes la retirada a pie, cubriéndose con fuego de armas largas y cortas, que es repelido por las autoridades, muriendo dos sediciosos y quedando herido un comisario de la Policía. - La Policía allana la finca de la calle Amazonas Nº 1440, sus ocupantes desacatan la orden de arresto y abren fuego, el que es repelido, muriendo dos sediciosos y resultando uno herido y otro ileso. - Es allanada otra finca sita en la calle Pérez Gomar Nº 4392, produciéndose un intenso tiroteo en el que mueren los sediciosos Jorge Candán Grajales, Horacio Carlos Rovira Griecco, Grabiel María Schroeder Orozco y Armando Hugo Blanco Katras, siendo capturados otros cuatro. - En ambos allanamientos se incautan $ 305.000 m/n y 29.420 dólares y copiosa información del MLN-T. - Es capturado en la avenida Centenario y Propios el dirigente del MLN-T Juan Almiratti Nieto, fugado el 26 de mayo de 1971 de un local judicial. - El Poder Ejecutivo solicita anuencia al Poder Legislativo para suspender la seguridad individual y decretar el Estado de Guerra Interno".

La otra versión de los hechos

En realidad en esa triste jornada, que el régimen militar designaría como "Día de los Caídos en la lucha contra la sedición" y durante el primer gobierno democrático de Julio María Sanguinetti pasaría a llamarse "Día de los Caídos en defensa de la Democracia", las cosas no sucedieron como oficialmente se relatan. Todos los "objetivos" de los tupamaros ese día eran miembros de los Escuadrones de la Muerte, según había confesado el agente Nelson Bardesio. También se había planificado matar a Miguel Sofía (operativo que fracasa y en el que murieron los tupamaros Nicolás Gropp y Norma Pagliano) y del capitán de navío Jorge Nader (que no se llega a realizar), entre otros. Los procedimientos que las Fuerzas Conjuntas realizan luego del mediodía, no fueron casuales. El allanamiento en la calle Amazonas, comandado por el entonces comisario Hugo Campos Hermida (también denunciado como miembro del Escuadrón de la Muerte), no tuvo respuesta armada. El periodista Luis Martirena fue acribillado cuando abría la puerta y su mujer, Ivette, muerta cuando se levantaba de la mesa en la que estaba almorzando. El hoy senador Eleuterio Fernández Huidobro conserva las marcas de los cinco balazos que recibió ese día en el operativo de represalia. El "Ñato" acepta volver a repetir, como todos los años cuando llega esta fecha, el testimonio que ha escrito en "Memorias del Calabozo", con Mauricio Rosencof, y en "La Tregua Armada", donde cuenta pormenorizadamente su versión de los hechos. "A mí me salva la vida el señor juez Echeverría y el médico forense que lo acompañaba. Estaban de casualidad en el lugar, porque habían venido a reconocer los cuerpos del matrimonio Martirena que habían sido asesinados y rematados en el piso. Nosotros estábamos escondidos en un berretín y todavía no nos habían encontrado. Nosotros escuchábamos todo y supimos que el juez estaba ahí con Campos Hermida. Fue entonces que descubrieron el berretín y estaban esperando que se fuera el juez, no porque pensaran que ahí podía haber gente, sino porque suponían que allí podían encontrar material del que no tuvieran que dar cuenta al juez. Fue un soldado del Ejército que había ido a mear al baño, el que se enteró que estaba el berretín y, sin el oficio de los policías, se lo fue a comentar al capitán Calcagno, sin saber que los que estaban con él eran el juez, el médico forense y Campos Hermida. "Vamos para ahí" dijo el juez. Es entonces que, cuando están abriendo el berretín nosotros (lo acompañaba David Cámpora) decimos que hay gente, que estamos heridos y nos vamos a entregar. Si no estaba el juez, no creo, es mi opinión, que hoy estuviera aquí...", narró a LA REPUBLICA. Tampoco en el operativo en la calle Pérez Gomar, que dirigió el inspector Víctor Castiglioni (también sindicado como miembro del Escuadrón), los hechos habrían sido como "oficialmente" se contaron. En la casa detuvieron a ocho personas y a cuatro de ellas (Candán Grajales, Rovira, Schroeder y Blanco) los ejecutaron, según denunciaría horas más tarde en el Parlamento el senador Enrique Erro.

La interna de los Tupamaros

En el libro "Sendic" (Trilce 2000), Samuel Blixen dedica todo un capítulo a las acciones del 14 de abril, en las que reconoce haber tenido una participación directa, "concretamente en la ejecución de uno de los jefes del Escuadrón de la Muerte, el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Armando Acosta y Lara. Por esa acción fui procesado y condenado". Cumplió 13 años en prisión. En su relato, Blixen considera que ese día "el MLN cayó en una emboscada que le tendieron el gobierno y las Fuerzas Armadas y el golpe fue tan devastador que en siete meses la estructura militar de los tupamaros quedó desarticulada, herida de muerte" y afirma que si bien el Ejército y los cuerpos represivos de la policía hicieron bien su trabajo "nunca hubieran obtenido el resultado que recogieron si no fuera por las profundas contradicciones, las desviaciones, las desprolijidades y las frivolidades que como un cáncer venían comiendo el cuerpo de la guerrilla". Blixen sostiene que desde setiembre de 1971, cuando asumen el control de las operaciones antisubversivas luego de la fuga de un centenar de presos de la cárcel de Punta Carretas ("el abuso"), las Fuerzas Armadas comenzaron a planificar el golpe y elegir la marcha militar de sus futuros comunicados. "Necesitaban el pretexto para accionar la propaganda, la tarea de inteligencia y la manipulación de masas que acotaría la oposición, de la gente, del Parlamento y de los partidos políticos. Ese pretexto el MLN lo sirvió en bandeja el 14 de abril, cuando desencadenó la represalia contra el Escuadrón de la Muerte", afirma. El libro señala que las acciones del Escuadrón de la Muerte entre 1971 y 1972 "parecían apuntar a difundir el terror en los aparatos de masas del MLN, en la periferia de la guerrilla, cosa de desestimular su crecimiento, de reducir el colchón de simpatía". (...) "Había, por tanto, 'un reclamo generalizado, fundamentalmente en las columnas de masas' del MLN, para algún tipo de represalia contra el Escuadrón". Pero agrega que en "la dirección del MLN había una percepción diferente. De alguna manera se tenía la impresión de que una acción importante contra el Escuadrón traería consecuencias que después no se podrían controlar", escribe. Se consideró que las acciones sería asimiladas por el gobierno como había ocurrido con la muerte de Dan Mitrione o con la fuga de los 111 presos. "En cambio, para los aparatos de masas, la represalia podía significar la eliminación del accionar paramilitar, si la respuesta era lo suficientemente contundente", indica y añade: "Sendic tenía prevenciones, Fernández Huidobro percibía una "frivolidad" en tanto esas acciones no se encuadraban en una estrategia, y Mujica alertaba sobre el error político". "Nadie tuvo la percepción de que la represión estaba organizando, ella sí, un salto cualitativo, donde el factor sorpresa sería demoledor. No hubo al parecer, un análisis profundo de la manera en que los jefes del Escuadrón asumieron el secuestro de Nelson Bardesio (...) Desde el punto de vista político cualquier revelación del policía Bardesio era una catástrofe, incluso para las Fuerzas Armadas. Existía, por tanto, la posibilidad de una contraofensiva de los jefes del Escuadrón de la Muerte, que era como decir una contraofensiva del gobierno, del partido de gobierno y de las Fuerzas Armadas. El MLN actuó como si esa posibilidad no existiera. Dio un salto al vacío sin siquiera tener conciencia de que se abría el suelo a sus pies", analiza Blixen.

3 - La raíz de la impunidad

Aparece la Justicia Militar

A las 19.30 horas de aquel 14 de abril, comenzó a sesionar la Asamblea General, convocada en forma urgente. Un mensaje del Poder Ejecutivo sostenía que el proceso de subversión se había agravado y pedía la anuencia para "disponer la suspensión de la seguridad individual" y que se decretara "el estado de guerra interno a los afectos de la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales pertinentes". El debate parlamentario se extendió hasta las 15 y 45 del día siguiente, en una de las más agitadas jornadas vividas en el Palacio Legislativo. Los alcances de la solicitud del presidente Juan María Bordaberry eran evidentes: se lanzaría una ofensiva contra la "subversión" y se necesitaba eludir al Poder Judicial e imponer la acción de la Justicia Militar, a la vez que declarar el delito de lesa nación como delito militar. Las actas parlamentarias (102 hojas del diario de sesiones) sólo recogen lo dialogado dentro de sala, pero fue en el ambulatorio y corrillos políticos, donde se fue procesando, a lo largo de las horas, la negociación que permitiría, con los votos de los partidos tradicionales, la aprobación de una moción cuyas consecuencias se mantienen tres décadas más tarde. Hubo debates ideológicos, análisis globales del mundo, debates jurídicos y constitucionales, enfrentamientos duros, finas ironías y una gran inconsciencia de la significación que luego tendría lo votado, aunque no fueron pocos los que advirtieron sobre la implicancia de un crecimiento del poder militar a la luz de las dictaduras en Brasil, Paraguay y Argentina. Fue el senador Raumar Jude quien al pedir un minuto de silencio en recuerdo de "los caídos en defensa de las Instituciones" instauraría la fecha que año a año conmemoran las Fuerzas Armadas. Esa noche se negó un pedido del senador Terra para que se pasara a cuarto intermedio a efectos de estudiar las "Actas de Bardesio" sobre los Escuadrones de la Muerte, documento que finalmente leería en sala el senador Enrique Erro, hecho que llevó a un grupo de personas a ingresar al Palacio Legislativo gritando que matarían al legislador. El "cuco" del golpe de Estado La solicitud del Poder Ejecutivo fue modificada, inicialmente, por el Partido Colorado quien mocionó para que las garantías individuales se suspendieran por 90 días y, poco más tarde, por el Partido Nacional que había logrado un consenso interno para aceptar la medida de excepción por sólo 30 días. El acuerdo dentro de los blancos, llevó a que el senador Dardo Ortiz hablara en nombre de toda la bancada adelantando su posición de votar transitoriamente el pedido del gobierno. En un momento, al discutir las implicancias constitucionales de la declaración de guerra, Ortiz llegó a afirmar: "Nosotros preferimos que la crítica de nuestras actuaciones se realice en el foro universitario y no en el local de las autopsias. Es por eso que votamos lo que votamos", dijo con singular clarividencia. También hubo presiones. El senador Zelmar Michelini advirtió: "Es que en el Ambulatorio ha estado, permanentemente, el fantasma de las Fuerzas Armadas. Se ha dicho que si no se hacía tal cosa, las Fuerzas Armadas adoptarían tal actitud. En definitiva, ha existido el fantasma y el 'cuco' del golpe de Estado". Mientras se debatía en el Parlamento, la ofensiva de las Fuerzas Conjuntas se había iniciado. El allanamiento de la sede central del Partido Comunista, en el que fueron puestos contra el piso y golpeados un centenar de jóvenes, fue un adelanto de lo que ocurriría 48 horas más tarde con ocho militantes de la Seccional 20ª. Wilson Ferreira Aldunate sólo intervendría para establecer los alcances de la moción blanca, a la que consideró limitada en el "tiempo" (30 días) en el "objeto" (reprimir a subversión), en su "geografía" (sólo en el área concreta en que la subversión opera) y en cuanto a los "medios" (sólo a efectos del artículo 253 de la Constitución). "El único alcance de estas normas, si resultan aprobadas, es a los solos efectos de determinar una jurisdicción, y no podrá ser invocada absolutamente para ninguna otra", dijo Wilson. Tiempo después reconocería el error. En realidad, el reclamo de "herramientas" para combatir la subversión, lo habían hecho los propios comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, en sendas reuniones, realizadas el 6 de abril, con los legisladores colorados y blancos en la sede que las Fuerzas Conjuntas tenían entonces en 8 de Octubre y Garibaldi, según se denunció aquella noche.

El pie a la "manu militari"

"En eso tienen razón las Fuerzas Armadas, cuando dicen 'Nosotros no vinimos, nos llamaron'. Ya los habían llamado el año anterior cuando, después de la fuga "el abuso" de Punta Carretas, les encomendaron dirigir la lucha contra nosotros. Esta vez, es el Parlamento, el Poder Legislativo, el que acepta declarar el Estado de Guerra. Eso tiene una consecuencia profunda. Ya no era la represión a una fuerza irregular, estábamos en guerra y eso permitió una serie de cosas. Por ejemplo, que todos pasaran a la Justicia militar, desde el combatiente, al que repartía volantes o el simpatizante. Hubo consecuencias legales y jurídicas tremendas", analiza hoy Eleuterio Fernández Huidobro. "Lo que es verdad -agrega el senador tupamaro- es que a partir del 14 de abril, comienza otra historia en el Uruguay. Tal vez una historia que empezaron a preparar los más experimentados en la lucha antisubversiva. Hasta ahí hubo un nivel de enfrentamiento armado y a partir de ahí comienza otro distinto. Las Fuerzas Armadas comienzan a actuar 'manu militari', es decir, arrasando con todo". "Yo me arrepiento, lo he dicho y está escrito, porque es lindo acomodar el cuerpo a posteriori, como hizo Jaime Pérez cuando se refirió al aparato armado del Partido Comunista. Lo he dicho acá en el Senado, en la prensa y en 'El golpe en la nuca' que tiene como subtítulo 'Autocrítica del MLN', aunque es la autocrítica personal mía, ya que sobre esto puede haber tantas posiciones como compañeros del MLN. Yo señalo los errores que cometimos. Yo me arrepiento de no haber planteado, cuando vuelvo a la dirección del MLN el 16 de marzo del 72 y esta operación del 14 de abril ya estaba en marcha, que no había que hacerla porque era un garrafal error. Soy responsable por omisión, pero soy responsable. Porque yo era jefe y no quiero hacer como otros jefes militares que no reconocen su responsabilidad ante la opinión pública, ante el pueblo uruguayo y el gobierno uruguayo, de las órdenes que dieron y dejan que a sus subalternos de aquel entonces los siga enjuiciando todo el mundo, pero ellos que fueron los responsables no son capaces de tener carácter militar y decir el responsable soy yo... Yo me hago responsable de todo, de lo bueno y lo malo que pudimos haber hecho, para eso fui jefe", reflexiona. Para Fernández Huidobro la "guerra" termina con la caída de Raúl Sendic el 9 de setiembre de ese año. "No porque fuera Raúl, que ya había estado preso antes, sino porque era el último de los dirigentes históricos en ser capturado. El resto habíamos caído, la mayoría heridos. Después ya siguió el momento en que las Fuerzas Armadas entran en una gran asamblea política interna y sus conflictos con el poder político, por lo que deciden terminar con todo, como ellos mismos confiesan en su libro de dos tomos sobre la subversión. Allí cuentan que ya en 1971 se planificó derrotar primero a la lucha armada, pero seguir después con los trabajadores, la universidad y el propio sistema político. Eso está escrito. Yo no creo que haya sido así. Pienso que había un grupo que si planificó eso desde el 71, pero que es a mediados del 72, por julio o agosto, en medio de una gran crisis interna, que las Fuerzas Armadas comienzan a planificar el golpe de Estado".

Las consecuencias del voto

Varias fuentes políticas, que prefirieron no hacer declaraciones públicas sobre "un tema del pasado", al ser consultadas por LA REPUBLICA para realizar este informe, reconocieron que la fecha elegida para recordar a los "caídos en la lucha contra la "sedición" o "en defensa de la democracia", no es la más feliz a la luz de la realidad histórica que determinaron los trágicos hechos. Hubo una decisión del Estado gobernante de silenciar la existencia de los Escuadrones de la Muerte y se llegó a negar la posibilidad de investigarlos, cuando el tema afloró nuevamente en el Parlamento meses después, luego de que se protocolizan las "Actas de Bardesio", a las que se le sumó el testimonio de otro "arrepentido", el policía Mario Benítez. Resulta sintomática la anécdota relatada por el dirigente democratacristiano Juan Pablo Terra en el libro "Alto el Fuego", en la que narra un diálogo con Julio María Sanguinetti, en el que el entonces ministro de Educación y Cultura, le dice que Bordaberry estaba "consternado" por las acciones del Escuadrón, pero había tomado medidas para que eso no se repitiera. Según Terra, Sanguinetti reconoció entonces que se había ordenado el traslado al interior o al exterior de algunos de sus miembros y a otros se los embarcó a navegar. Más significativo es aún, que al regreso de la democracia, cuando el diputado Lorenzo Rovira inició una causa contra los Escuadrones de la Muerte y sus homicidios, el Poder Ejecutivo, que encabezaba el ya presidente Julio María Sanguinetti, informase al juez penal que la causa se consideraba amparada en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En la introducción del libro "Uruguay Nunca Más - Informe sobre la violación a los Derechos Humanos (1972-1985) del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay, se analiza particularmente lo que significó en los años posteriores lo aprobado aquel mediodía del 15 de abril. "La autorización que la Asamblea General otorgó al Poder Ejecutivo para decretar el "estado de guerra interno" era a los solos efectos de extender el ámbito de vigencia de la jurisdicción militar. De esta forma, las FFCC quedaban en libertad para controlar y disponer de los detenidos, sin tener que rendir cuentas al Poder Judicial o al Parlamento", señala. "De aquí en adelante, las FFAA inauguraron en la vida del país una lógica de los acontecimientos en los que participaban y un discurso legitimador de los mismos. Según esta concepción, que la institución armada adoptó, los hechos se evalúan desde una exclusiva concepción bélica, no regulados por normas jurídicas que pretendan humanizar los medios utilizados en la represión; la violencia se contrarresta con la violencia, y ésta se concreta en sus aspectos meramente fácticos. De aquí la justificación de sus consecuencias: la violación de los derechos humanos", señala el informe. El Estado de Guerra Interno lo aprobaron, aquel 15 de abril, 87 de los 118 legisladores presentes. El entonces ministro Julio María Sanguinetti fue dos veces presidente de la República. El entonces diputado Luis Alberto Lacalle llegó una vez a primer mandatario. Varios de los legisladores que votaron la moción, luego de una década de proscripción, volvieron a tener o aún tienen cargos políticos, parlamentarios o municipales. Muchos de los que no votaron aquella moción fueron presos de la dictadura. Zelmar Michelini, que no la apoyó, y Héctor Gutiérrez Ruiz, cuyo sector la aprobó, fueron asesinados en Buenos Aires. Wilson Ferreira Aldunate, como miles de personas, fue procesado por la Justicia militar. Casi un centenar de uruguayos continúa en condición de desaparecido. El "cuco" de las Fuerzas Armadas al que se hizo referencia aquella noche, nueve meses después dio a luz el golpe de Estado.