El 68 uruguayo (XI)

El 68 uruguayo. Tercera parte. Capítulo 1. Hegemonía del sector financiero, extranjerización y autoritarismo.

TERCERA PARTE
1968: Donde todas las tensiones se anudan


“A partir de 1968 el derrumbe de las formas tradicionales del consenso dio lugar a una polarización en la cual la política se disolvió en cinismo por un lado e indignación moral por el otro”.
(FE. Panizza, ob. cit., pág.124).

“Este gobernante que sale a escena en forma tan rotunda es, sin duda, el «Ejecutivo fuerte» que proclamó el propósito reformista de 1966 y que consagró el plebiscito constitucional del mismo año. Pero su presencia real causó una especie de asombro aun entre los que teorizaron en aquella reforma y aprobaron entusiastamente su entidad”.
(Alfredo Lepro, “Refrescando la memoria”, pág.39. 1974).


“En Uruguay la situación tiene, como es obvio, algunas características propias, que cuentan poco para el mundo pero mucho para nosotros. Estamos hoy —no lo estaremos mañana— cercados por mandatarios del imperio. Y la situación hay que analizarla en todos sus aspectos, porque la revolución no es una aventura romántica ni un gesto de desesperación. «Sueña quien cree - decía Mao Tse-tung, que algo debe saber de estas cosas - que el socialismo es como coser y cantar”.
Si la «revolución» no la harán las generaciones actuales, es deber de ellas prepararla. Difícil deber cumplido en el anonimato, en el sacrificio cotidiano, en la perseverancia capaz de vencer la lasitud, sofrenar las impaciencias y despreciar las calumnias.
Es una larga marcha, la larga marcha a la cual tantas veces hemos aludido, una larga marcha con claros objetivos. Históricamente, creemos, cuidándonos de todo mesianismo, el enemigo está condenado. Nuestras contradicciones pueden ser superadas. Las de él, no. Quizá en el corto plazo gane nuestras batallas. En el largo plazo, no. Y aunque así no fuera, aunque nuestro análisis que debemos afinar todos los días estuviera errado, aunque nuestra fe no tuviera eco ni respuesta, siempre será mejor vivir y morir por las patrias libres, que por las enajenadas, siempre mejor combatir por la justicia que por la explotación. Una lucha así exalta y purifica. Exalta y purifica tener confianza en el hombre y su destino “.
(Carlos Quijano, 25 de octubre de 1968).


CAPITULO 1
Hegemonía del sector financiero, extranjerización y autoritarismo
“Las cifras resultan alarmantes, en 54 meses, es decir; desde diciembre de 1963 a junio de 1968 la banca extranjera pasó de una participación de menos del 10% a casi un 50%.
Esto tiene que ser alarmante porque en el aspecto financiero esa banca extranjera va a manejar una masa inmensa de disponibilidad que tendrá consecuencias en cuanto a la orientación del crédito de esas organizaciones bancarias, en cuanto a las empresas a las que se prestará y al destino de esos créditos.
Alarma por lo que implica en el aspecto económico el trasiego hacia e! extranjero de utilidades que han sido producidas en el país y que e! país necesita. Alarma por lo que implica para la República como pérdida de patrimonio nacional. Por consiguiente, de la disposición de su destino en definitiva, como pérdida de soberanía “.
Hugo Batalla, Repartido de la Comisión Investigadora N° 491, citado por José Gutiérrez en “Frigoríficos: prontuario para su nacionalización”. EPU. 1971, págs 108 y 109.

Con el advenimiento de Pacheco la burguesía estuvo en condiciones de darse una estrategia desde el poder político para actuar con mano dura sobre la realidad social y económica.
Pacheco puso fin a la inestabilidad del P.Colorado, evidenciada en la disgregación Interna, la ausencia de organismos partidarios de conducción, la incertidumbre de los apoyos parlamentarios y en el carácter mutante del elenco ministerial: en los primeros 14 meses del nuevo gobierno desfilaron 24 ministros (entre otros cambios, 3 en Hacienda. 4 en Trabajo, 3 en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto). La última crisis ministerial importante se produce, justamente, el 13 de junio, con la implantación de las MPS
Apenas asumida la Presidencia, Pacheco dispuso la clausura del semanario “El Sol” y del diario independiente de izquierda “Epoca”, la disolución del P. Socialista, la Federación Anarquista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Movimiento de Acción Popular y el Movimiento Revolucionario Oriental.
El mismo 12 de diciembre de 1967 fueron encarcelados —presos “de conciencia” si los hubo— los integrantes del equipo de dirección del diario “Época”: Gerardo Gatti, Armando Cuervo, Pedro de Aurrecoechea, Carlos Machado, Pedro Seré, Julio Arizaga y Carlos Mª Gutiérrez.
Comenta Carlos Quijano: “O es que, por temor o por odio, no se quiere comprender la amenaza que significa un Poder Ejecutivo que, por simple resolución, suprime partidos políticos, se apodera de bienes particulares clausura diarios, ordena la detención de los ciudadanos? ¿Es que no se quiere comprender que las medidas que hoy adoptan frente a desbordes verbales intrascendentes, mañana hecha la mano, pueden aplicarse también, respaldados por el antecedente, a todos los que ejerzan el sagrado y saludable «derecho a discrepar»; a todos los que reclamen cambios, reformas, transformaciones, a todos los que digan que no a los disparates, a los despilfarros, a la incompetencia, a la nziseria que más nos ahoga?”. (Marcha, 15 de diciembre de 1967).

Como dirá Amílcar Vasconcellos en junio de 1968: “Todo esto responde a una doctrina. El portavoz de esa doctrina es «Acción», que en un tiempo fuera diario batllista —es definitorio su editorial del 28 de junio titulado «En la hora de la opción»—, se afilia a la más violenta derecha gorilista formulando una enunciación doctrinaria que ni el sector más reaccionario se atreviera a hacer en la República”. (Semanario “Vanguardia”, junio de 1968).
Atrincherado en su “bunker” policial-militar, con el respaldo de la plana mayor de la burocracia estatal, civil y militar, y con el respaldo no sólo de las viejas formaciones políticas conservadoras (el coloradismo anti-batllista, representado por Manini, Charlone, etc., y el sector herrerista liderado por Echegoyen), sino también de la lista 15 de Jorge Batile y Julio Ma.Sanguinetti, Pacheco tomó las decisiones de corto y mediano plazo de acuerdo a los intereses de los sectores dominantes.
Como lo expresara por entonces Raúl Cariboni en la Revista “Rojo y Negro” fue una forma de “estado de excepción”, una “dictadura constitucional”, apuntada a doblegar las resistencias populares ante la reestructuración conservadora.
La bancada parlamentaria de la lista “15” y el diario “Acción”, Manini y Eugenio Baroffio desde “El Diario”, los epígonos del “catorcismo” conservador de “El Día” (“la caverna” según sus adversarios del coloradismo) y el herrerismo encabezado por Echegoyen le dieron forma y expresión política a los intereses de los sectores sociales más conservadores y con más poder económico.
Partiendo de la base de que el sistema había llegado a una suerte de bloqueamiento que lo hacía incapaz de adoptar las medidas necesarias para doblegar las resistencias sociales, se fue dotando al Presidente de la República de instrumentos apropiados para la aplicación de medidas drásticas.
El restablecimiento del orden y la lucha contra la inflación fueron dos directivas fundamentales en la estructuración del discurso pachequista (1).
El respaldo de las distintas fracciones burguesas y de la burocracia política y administrativa habilitaron para el jefe de estado la concentración y personalización del poder y hasta un cierto grado de “autonomía” para la acción política que le permitió, después de tres años de duras restricciones, las medidas “populistas” adoptadas en 1971, antes de las elecciones: enlentecimiento de la inflación, mantenimiento del dólar, con justeza llamado entonces “dólar electoral”, aumento de los salarios por encima de las demandas de la CNT (“salario electoral”) y el aumento de las pasividades: en 1971 el monto de la pasividad media fue un 61% superior al promedio de 1968.
Más en general se podría decir que esta autonomía relativa de lo político que es inherente al estado de democracia capitalista, fue de suma importancia para viabilizar el proyecto remodelador. Sólo así se comprende la singularidad del período de gobierno de Pacheco (67—72) que aplicando una estrategia de abatimiento del salario y cancelando a través de decretos conquistas sociales de carácter popular operó, en lo táctico, de manera de obtener un fuerte apoyo electoral en noviembre de 1971.
El entonces senador Alfredo Lepro, en su alegato pachequista, alude a que las acciones sindicales, estudiantiles y universitarias de resistencia al gobierno habían tenido, “como efecto político”. y cita para esto a su colega nacionalista Carlos Ma. Penadés “ la formación del Partido del Miedo, que buscaba amparo del gobierno creándole a este una alternativa de popularidad”. (Ob. cit., pág. 47).
La situación objetiva de resistencia y desobediencia civil y como contrapartida la ausencia de una perspectiva política clara por parte de la oposición y el movimiento obrero, permitieron a los grupos hegemónicos a través del aparato del estado y el control de los medios de comunicación, presentar, ante un sector importante de la población, todas las acciones obreras y estudiantiles como sembradoras del caos que ponía en peligro las conquistas del Uruguay tradicional.
Como bien señala Alvaro Rico: ”A través del binomio crisis-orden, (…) el discurso desde el Estado cierra el círculo de su enmascaramiento ideológico: no sólo aparece “neutral” frente al reajuste económico y político conservador; sino que aparece como “víctima” de la sociedad. El Estado es prisionero de la realidad conflictiva de los 60. El verdadero responsable de la crisis está fuera de él y de quienes lo dirigen. Está en la sociedad y dentro de ella, en sectores particularizados y estigmatizados por el propio discurso del poder como «enemigos» del orden institucional vigente: «minorías», «activistas», «fanáticos», subversivos”. (“1968: El liberalismo conservador”).
Los pasos cumplidos en el plano político institucional, una verdadera “reforma del Estado” de signo autoritario, se correspondían, de manera coherente, con las medidas adoptadas en el plano económico y social.
Dicen fundadamente Nelson Noya, Silvia Laens y otros: “Con el advenimiento de Jorge Pacheco Areco, las «distintas fracciones capitalistas», mostrando un claro “carácter suprapartidario”, formalizan su alianza por encima «de tradicionales asociaciones partidarias» y, dejando de lado «la mediación de políticos profesionales, asumen la representación directa en el nuevo gabinete ministerial».
La composición del elenco gubernamental a partir de 1968 de «alguna manera es un indicador de la naturaleza del proyecto «que se buscaba implementar».
La crítica situación económica y la gravedad de los «conflictos sociales» derivados de esta determinan la «necesidad de salvaguardar el funcionamiento del orden capitalista», para lo cual se estructura una estrategia tendiente a restablecer la rentabilidad de las distintas fracciones del capital (…)”.
Estas fracciones intentan restablecer sus niveles de rentabilidad extraordinaria a costa del descenso de la participación salarial“. (“La Crisis uruguaya y el problema nacional”. CINVE 1984, págs.160 y Ss.).
Todo indica que esta alianza de las distintas fracciones burguesas se hace bajo la hegemonía del sector financiero. En este campo se asiste a un vertiginoso proceso de concentración del capital, una verdadera “reestructura del sistema financiero”, empezando por la banca.
Como apunta bien Jorge Notaro: “En 1968 comenzó a implementarse una política de concentración de instituciones bancarias (…) de las 52 instituciones que operaban a fines de 1967, quedaron 30 afines de 1971 ( 17 desaparecen entre 1968/69)”. (“.La política económica en Uruguay. 1968-1984”. Ediciones de la Banda Oriental. Pág. 17 y Ss).
Por su parte, dice Néstor Campiglia: “Todo el giro impreso a la economía tendió a postergar a los productores y a favorecer a los intermediarios, a los banqueros, a los frigoríficos, ambos estrechamente ligados “. (“El Uruguay movilizado”, Editorial Girón. 1971, pág. 63 y ss.).



Salario, protesta y divergencias en el movimiento sindical
“La estrategia adoptada en 1968 guarda cierta similitud con la que se puso en práctica en 1960 bajo el primer gobierno blanco (…). Con todo, la congelación salarial que impuso una nueva redistribución de la renta en 1968 no hubiese sido posible a comienzos de la década del sesenta cuando todavía seguía vigente el estilo batllista de gobierno. El enfrentamiento que se produjo con las organizaciones laborales carecía de precedentes en el Uruguay batllista (…) el promedio de los salarios reales bajó ese año, 1968, a 86.5 (base 100 en 1961)”. (Henry Finch: “Historia económica del Uruguay con temporáneo”. Ediciones de la Banda Oriental, 1980, pág.49).

En los convenios salariales de los primeros meses de 1968 la dirección mayoritaria en los sindicatos del sector público, en manos de militantes del P. Comunista, tiene una posición favorable a la concreción de acuerdos, gremio por gremio, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
En la discusión acerca de lo acordado la mayoría sostiene que se trata de victorias que rompen con la línea fondomonetarista: “abrimos una brecha en la política de congelación del FMI”. ( El Popular’ 7 de junio)
Sin embargo, para una parte considerable de los trabajadores los acuerdos salariales de 1968 constituyen una nueva rebaja salarial.
Las reivindicaciones obtenidas por algunos gremios, referidas a categorizaciones, escalafones, etc., tienen una importancia menor ante la magnitud de la caída del salario real que implican globalmente los nuevos presupuestos.
Las “conquistas” sectoriales además, por definición, tendían a la heterogeneidad de los objetivos y por tanto a la dispersión de la lucha. Por el contrario, las decisiones centrales en materia presupuestal impuestas por el gobierno abrían la posibilidad de encarar unificadamente el curso del conflicto.
¿Los acuerdos salariales de 1968 eran “victorias que quebraban la línea del FMI”, como se decía? Las cifras que surgen examinando el conjunto del gasto, conocidas un tiempo después, nos permiten resolver esta interrogante.
En 1969, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, analizan la política económica del gobierno sometida a la presión del FMI, formulará estas conclusiones:
“Los salarios reales descendieron en todas las ramas de la actividad, particularmenter en el sector público: tomando como base 100 para 1957, el promedio entre 1961 y 1966 había descendido a 75.5%. En el primer semestre de 1968 cayó a 47% y en el segundo a 34.7%”.
“En conclusión, los gastos del gobierno en términos reales descendieron considerablemente en el primer semestre del 68 a costa de los pasivos y los funcionarios públicos; los mayores ingresos derivados de las devaluaciones y de la propia inflación del año anterior aumentaron la recaudación fiscal. Estos factores permitieron mantener financiado en términos de caja, al gobierno central, cumpliéndose por lo tanto, mejor de lo esperado, las metas acordadas por el FMI.
“(…)El presupuesto monetario preveía una expansión de medios de pago de 1.599 millones de pesos al 30 de junio para financiar el déficit del sector público.
Pero esta cantidad no sólo no fue necesario utilizarla, sino que, por el contrario, los depósitos superaron a los créditos en 3.500 millones de pesos “. (Pág. 394).
Esta política económica se acentuará después del 13 de junio plasmándose el 28 de ese mes en el decreto de congelación de precios y salarios, y en el proyecto de creación de la COPRIN, aprobada por el Parlamento en diciembre de 1968 (en Diputados: ¡24 en 39!) Con esta ley se puso fin al sistema de Consejos de Salarios y Convenios Colectivos vigentes hasta ese momento y que habían significado una herramienta importante en la lucha de los trabajadores en defensa de sus ingresos.
Situación en las FF.AA.
Comentando el libro de Irving Horowitz “Los militares en América Latina”, escribía Real de Azúa el 29 de setiembre de 1967: “Horowirz, que dice muchas cosas veraces, se pone anacrónico cuando habla de los reflejos «nacionalistas» de los sectores castrenses latinoamericanos, en tanto es bien sabido que esos sectores representan hoy la fuerza de choque más incondicional, más sumisa a la presión exterior que nos regimenta. Un estudio falta en el volumen y es el examen del proceso de captura ideológica y funcional de una «elite» por un poder intromisivo y ajeno a nuestros intereses. Horowitz no se refiere en ningún pasaje (y es poco comprensible que no lo haya hecho) al período que hizo de un grupo social extremadamente ambiguo pero al que no le faltaron nunca ocasionales arrestos de sensibilidad nacional y popular (díganlo si no numerosos episodios del siglo XIX latinoamericano, el «tenientismo» brasileño y la década argentina que cierra el golpe reaccionario de 1955); al proceso, repito, que hizo de un grupo social ambiguo, fuerza monolítica de despiadada represión social, gerencia y tutela del «status» colonial. En un cuarto de siglo o poco menos y bajo el pretexto inicial de una coordinación impuesta por la defensa continental contra una eventual (y tan remota) agresión del Eje, se ha cumplido una tarea de soborno funcional, seducción personal, lavado de cerebro con una literatura «anticomunista» a nivel de primates, que ha hecho de cada oficial, de cada cadete (los nuestros si se portan bien pasan sus vacaciones en Panamá) un potencial, y vocacional enemigo de su pueblo.
Toda esta labor se inició con el beneplácito de nuestros orondos demócratas de 1940, dispuestos a comerse crudo a cualquier totalitario y prosiguió entre la indiferencia de esos parlamentos que firman declaraciones de protesta cuando se consuman - caso de Santo Domingo - los atracos más clamorosos. Hoy los ejércitos nacionales (?) lo han tomado entre sus manos y poco se sabe afuera lo que se cocina para la entrega en el sub sistema militar Si se reflexiona sobre cuáles son, en puridad, los móviles del interés norteamericano por América Latina - me refiero, es claro, a los públicos, a los más urgentes, a los de índole política y estratégica o económica - si se atiende a ellos, no es difícil concluir que este contundente «achievement» bien podría cancelar el ejercicio de cualquier otro de esos medios tan publicados como poco concretos que innumerables «agencias» planifican. Al fin y al cabo, no debe existir ningún analista norteamericano avisado que no sepa que no hay sociedad política en el Tercer Mundo en la que sea innecesaria la violencia - abierta o larvada - para mantener una constelación de poder favorable a los Estados Unidos“.
A lo largo de su mandato, el Presidente Pacheco irá dando los pasos necesarios para unificar y subordinar a sus propósitos la plana mayor de las FF.AA. En una institución de tradición conservadora y con una estructura que la ley y el reglamento establecen como estrictamente verticalista, la tarea apuntó a desplazar del mando a los oficiales superiores que por su trayectoria y prestigio constituían un obstáculo para convertir a las Fuerzas Armadas uruguayas en un soporte fundamental a la inflexión autoritaria que significaba el régimen pachequista.
Este proceso se desarrolló en varias etapas. Ante el surgimiento de las primeras expresiones de la oposición política, Pacheco respondió con visitas a unidades militares ampliamente publicitadas por la prensa mayoritariamente oficialista.
Al mismo tiempo comenzó el crecimiento acelerado del presupuesto de gastos en seguridad. Se incrementó el número y las retribuciones del personal militar y también del policial. Se daban los primeros pasos de la militarización del país, que culminaría con la dictadura cívico-militar instaurada en 1973.
Como bien señala Zelmar Michelini: “En 1968 un maestro percibía $18.350; un sargento del Ejército $13.030 y un Sargento de Policía $13.000. En estas cifras como en las siguientes están incluidas todas las compensaciones según datos suministrados en la Comisión de Presupuesto del Senado por la Contaduría General de la Nación.
En 1970 un maestro percibía $24.500; un Sargento del Ejército $26.080 y un Sargento de Policía $24.815.
En 1971 las remuneraciones pasaron a ser $34.692; $39.348 y $37.830 respectivamente.
Y en 1972 para el maestro $51.936, el Sargento del Ejército $74.102 y el Sargento de Policía $62.973.
Llegamos a 1973, donde el proyecto del Poder Ejecutivo(…) consigna para el maestro $61.938, para el Sargento del Ejército $103.800 y para un Sargento de Policía $109.745.
(…) Puede establecerse que el porcentaje de aumento, tomando como base el año 68 con respecto a 1973, es de un 237% para los maestros: de un 696% para el Sargento del Ejército y del 744% para el Sargento de Policía”. (Artículos periodísticos y ensayos. Edición de la Cámara de Senadores, 1991, pág 245).
Desde la Presidencia de la República se llevan adelante ascensos meteóricos, como el del General Chiappe Pose (2).
El día 4 de enero de 1968 se había reunido la Asamblea del Centro Militar a raíz de la iniciativa de un grupo de oficiales de derecha (los generales Oscar Aguerrondo, Ventura Rodríguez, Juan P. Ribas, su hijo, Capitán Julio César Ribas, el coronel Esteban Cristi y otros) (3) .
El grupo promovía la realización en el Centro Militar de un homenaje a los soldados bolivianos muertos en 1967 en enfrentamientos con el destacamento guerrillero comandado por el “Che”.
La asamblea fue registrada como la de más alta asistencia en la historia del Centro Militar (alrededor de 850 oficiales, de los cuales 764 participaron en la votación final de las mociones) y terminó con un revés para el sector de derecha: 543 se pronunciaron contra la realización del homenaje propuesto; 221 a favor.
La mayoría de la Comisión Directiva, presidida por el Gral. Tiribochi, sostenía que la realización del evento era “incompatible con los estatutos del Centro”.
A favor de esta tesitura hablaron también el entonces director del Instituto Militar de Estudios Superiores, Gral. Luis Toniolo, y el Gral. Dr. Arturo Baliñas. Este, en apoyo a la moción mayoritaria, sostuvo que “la guerrilla era un hecho político” y por tanto no correspondía un pronunciamiento de orden militar.
Si ese era el estado de opinión de la mayoría de los mandos militares a principios de año, la acción del gobierno de Pacheco operará en favor del desplazamiento de los sectores “constitucionalistas” (entre ellos los Generales Líber Seregni, Hugo Licandro, Arturo Baliñas; los Coroneles Pedro Montañez, Pedro Aguerre, Carlos Zufriateguy; los Tenientes Coroneles, Mayores y Capitanes Guillermo Castelgrande, Juan A. Rodríguez, Jaime Igorra, Ariel Gerona, Edison Arrarte, Oscar Petrides, Brum Canet, entre otros), sustitu yéndolos por oficiales de derecha, golpistas o simplemente dóciles ante los desbordes del Poder Ejecutivo.
Esta transformación de la cúpula militar tendrá gran importancia en los años siguientes cuando se extiende la militarización del país y se van preparando las condiciones del golpe cívico militar perpetrado por el continuador de la obra de J. Pacheco, el Sr. J. M. Bordaberry, en 1973.



La violencia estatal: la tortura corriente y la violencia contra las organizaciones populares
“Los métodos de la policía, no solamente en Canelones, donde aparentemente se quiere centralizar el problema, sino en todo el país, dejan mucho que desear. Sabemos por experiencia profesional, directa, que, no toda la policía, pero sí gran parte de ella está totalmente corrompida. Puede decirse que muchos policías viven en el mundo del tielito, usufructuando de sus ventajas y delinquiendo ellos mismos. Es hora de que en esta Cámara se diga algo sobre eso.
(…) esos métodos que en su gran mayoría está usando la policía en el mundo del delito, se están empleando también en el terreno político para conculcar conciencias, como elementos de mordaza. Prueba de ello son las torturas que se infligieron en diversas seccionales de Montevideo”. (Diputado Alberto Gutiérrez. P.Nacional. Herrerismo DSCR. 21 de mayo de 1968, pág. 526).

Desde tiempo atrás venía creciendo el número y la gravedad de las denuncias por torturas policiales. Las víctimas habían sido, habitualmente, gente de origen humilde acusada, con o sin fundamento, de delitos comunes.
El problema se agrava en el curso del año 1968: el 31 de diciembre “El Popular” contabiliza 66 personas víctimas de torturas y 50 policías denunciados, 10 de ellos procesados.
Los testimonios se acumulan, particularmente en Montevideo y Canelones. A finales de marzo muere en una comisaría de Las Piedras Hugo Walter Aguin. El 18 de abril el Jefe de Policía de Montevideo, Coronel Barlocco, reconoce que “ha habido castigos incalificables” a un adolescente detenido (“El Popular”).
El día 25 el propio Ministro del Interior, Augusto Legnani, se ve obligado a reconocer la existencia de torturas policiales, renunciando el 5 de mayo. Una semana después lo hará también el Jefe de Policía de Montevideo, Cnel. Raúl Barlocco.
La tortura a presos políticos, tal como ella empezó a aplicarse sistemáticamente después de abril de 1972, aparece con la detención de Jorge Marenales Sáens, Leonel Martínez Platero y Carlos Rodríguez Ducós, militantes del MLN (T) el 14 de octubre, y los hermanos Leo y Freddy Gerner militantes de la FAU el 19 de ese mismo mes bajo responsabilidad del Dr.Eduardo Jiménez de Aréchaga, Ministro del Interior, y del Cnel. Aguirre Gestido como Jefe de Policía. La tarea directa estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia y Enlace a cargo del Comisario Alejandro Otero y el sub-Comisario Fontana.



La represión violenta a manifestaciones pacíficas
En enero de 1968 la prensa informaba del apaleamiento a una marcha de trabajadores del Frigorífico Anglo, organizados en la Unión Obrera Río Negro, en defensa de sus fuentes de trabajo (“El Popular”).
Sigue la situación conflictiva en el puerto por las actitudes prepotentes del Gral. Ribas.
En febrero es ocupada la fábrica FUNSA por sus trabajadores en repudio a la acción divisionista que llevaba a cabo el IUES. El 9 se produce un violento incidente en las inmediaciones de la fábrica: efectivos de la Guardia Republicana enfrentan la movilización de los trabajadores.
El 16 de marzo se registra una fuerte represión policial contra trabajadores de la General Electric en la planta de la calle Defensa. Los incidentes, con heridos, lesionados y presos, se prolongarán hasta el 29 de marzo.
El 17 de abril, en una manifestación de la Asociación de Estudiantes de Magisterio, los participantes fueron apaleados en la intersección de 18 de Julio y Río Branco.



Otra forma de ataque al movimiento obrero, el amarillismo fomentado desde el gobierno
Con este apoyo, las siglas sindicales habían florecido. La mayoría no pasa de sellos y un pequeño grupo de individuos carentes de representatividad.
En algunos gremios se logra, siempre por pequeños lapsos, atrapar algún incauto: así se habla de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos, de la FUDEBO (bancos oficiales), de la asociación nacional del transporte automotor (ANTADU), de la federación de empleados metalúrgicos del Uruguay (FEMU), de la asociación del personal de dirección de la industria metalúrgica (APDIM), la asociación nacional de trabajadores de la industria y el comercio (ANTIC), la unión sindical de los trabajadores de las industrias de la alimentación (USTIA), el sindicato de obreros y empleados de perfumerías (SOEP), etc.
La existencia de estas “organizaciones” fue efímera. Su surgimiento fue posible por el respaldo del gobierno y el financiamiento otorgado por las agencias sindicales controladas desde los Estados Unidos, a las que ya hicimos referencia
El 27 de abril, una interpelación de Wilson Ferreira pone en evidencia las actividades de tinte mafioso del Ministro de Trabajo, Guzmán Acosta, y Lara y del Presidente del Directorio del Banco Hipotecario, Juan Guillermo Silva.
Tal como quedó demostrado en la interpelación al Ministro realizada en el Senado, éste, a través del diario “Primera Hora” extorsionaba a varios empresarios. Esta práctica ilegal del “periodismo” y del gobierno, primera pero no la última de las denunciadas en el período pachequista, le rendía importantes beneficios económicos. Denunciado por W. Ferreira renuncia al Ministerio y, pocos días después, a su banca de diputado.

NOTAS
(1) La política de congelación salarial se hará siempre invocando la contención del proceso inflacionario y por tanto en nombre del “interés de la mayoría de la población”, pero como señalan Couriel y Lichtensztejn “la lucha contra la inflación, el déficit fiscal y el desequilibrio del comercio exterior, sólo significaban, en nuestro país, medios que apuntalaban la redistribución en favor de determinados grupos capitalistas y en contra de quienes únicamente cuentan con la fuerza de su trabajo. Estos serán los perjudicados: los que no puedan retener la lana, los que no tienen máquinas y no pueden hacer «stocks» de materias primas, los que no pueden contar con grandes ahorros en dólares como para lograr la ganancia que permite la devaluación, los que no dejan de pagar los impuestos que vienen agregados en los productos, etc. En esta población mayoritaria está el verdadero sacrificio, que no tendrá contrapartida”. (“El FMI y la crisis económica nacional”, pág. 170).

(2) Hugo Chiappe Pose es uno de los más típico representantes del pachequismo: fue el Jefe de la Casa Militar de Pacheco como Coronel (…) Pacheco enfrentó una evidente reacción militar para ascenderlo a General por selección a pesar de ser casi el último de los legalmente posibles y, sobre todo, por romper una tradición nacional nunca violada hasta entonces, que quería que, como el Jefe de la Casa Militar era en principio el asesor directo del Presidente en cuestiones militares, no se le ascendía por selección por razones de elemental elegancia. Cuando se le quería seleccionar, previamente se le asignaba otro destino y recién .se le ascendía transcurrido cierto tiempo. Pacheco lo propuso igual, directamente, y ello motivó que la venia para su ascenso fuera largamente demorada en la Comisión de Defensa Nacional del Senado. Recién fue acordada por la Comisión Permanente del Poder Legislativo, aprovechando el receso parlamentario“. (Wilson Ferreira, texto inédito de comentarios a Edy Kauffman, catedrático de la Universidad de Jerusalén a propósito de su libro sobre Uruguay. Pág. 43).

(3) “El Gral. Aguerrondo encabezó la línea dura y más .fascista de los militares golpistas (…) El estar en retiro le había restado toda significación en el Ejército aunque seguía habiendo lo que se llama «aguerrondismo». no porque se le siguiera u obedeciera sino para identificar una línea de pensamiento. Por ahí andaban el Cnel. Ballestrino y otros fascistones similares. Pero fue quizás el primer golpista declarado que hubo en el Uruguay“. (Wilson Ferreira. inédito, ob.cit, pág. 67).

Leer: El 68 uruguayo (XII)