31/8/08

Luis Martirena e Ivette Giménez

En octubre de 2003 Ana y Laura Martirena Giménez presentaron denuncia penal por la muerte de sus padres a manos de efectivos policiales el 14 de abril de 1972. Las declaraciones de los testigos coinciden en señalar que ambos estaban desarmados y fueron ametrallados sin ofrecer resistencia.

A fines de 1971, la dirección del movimiento tupamaro valoró que la casa ubicada en la calle Amazonas 1440 era un lugar relativamente a salvo de sospechas policiales, y decide construir un “berretín” (un escondite) sobre el cielo raso del segundo piso. Miembros importantes del MLN pasan a realizar allí sus reuniones. En el vecindario se sabía que el dueño de casa, el escribano Luis Martirena, se desempeñaba también como periodista ocasional del semanario Marcha, pero nada más. Se trataba de una pareja joven con dos hijas, de clase media y de izquierda como tantas por aquella época en Malvín.

Sin embargo, a partir de la detención del entonces dirigente tupamaro Héctor Amodio Pérez, el 9 de febrero de 1972, y gracias a una lista de “locales” que llevaba consigo, la Policía toma conocimiento de que esa casa –y por lo menos dos más– servían al funcionamiento del MLN. Amodio no advierte a sus compañeros sobre los locales descubiertos ni siquiera cuando el 12 de abril logra fugarse por segunda vez de la cárcel de Punta Carretas y todavía se estaba a tiempo de evacuar esos lugares o suspender las acciones previstas.

La Policía no actúa de inmediato. Espera, vigila, interviene el teléfono y fotografía a quienes salen y entran de la casa a la espera del momento oportuno, que llega el 14 de abril. Ese día rodean y copan la vivienda, matan al matrimonio, encuentran casualmente el “berretín” y capturan a Eleuterio Fernández Huidobro y a David Cámpora, allí escondidos.

Las cosas comenzaron a la hora 14, cuando los ocupantes de la casa sienten dos potentes estampidos de armas de fuego, seguidos por una lluvia de disparos de fusiles M1 y ráfagas de ametralladoras punto 30. Las balas atraviesan el cielo raso y tres de ellas hieren a Fernández Huidobro, en el pie, en la pantorrilla y en el cuello. Los policías irrumpen. Cámpora escucha cuando Martirena, desde la parte superior de la escalera, intenta detenerlos gritándoles que no tiren, que están desarmados. Lo barren con una ráfaga de metralleta y lo dejan desangrar. A su esposa la asesinan de un balazo en la cabeza cuando pretende salir del garaje con las manos en alto. Cámpora y Fernández Huidobro son descubiertos, pero salvan sus vidas gracias a que el entonces juez Daniel Echevarría y un actuario se habían hecho presentes en el lugar.

La versión de la Policía es por supuesto diametralmente distinta: dice que llegaron a la casa de la calle Amazonas tras perseguir a un vehículo que allí se detuvo. Que los ocupantes del auto se parapetaron tras un muro a la entrada de la vivienda y de allí dispararon sobre los agentes, para luego ingresar a la casa. Que la pareja murió tras el “intenso tiroteo” que se produjo. Una versión muy, muy similar dio la Policía para explicar cómo habían resultado muertos, ese mismo día, otros cuatro tupamaros en una vivienda de la calle Pérez Gomar.

En sus declaraciones de los primeros días de este mes ante el juez penal de décimo turno Rolando Vomero, que entiende en la causa abierta por las hijas del matrimonio asesinado, el ex juez Echevarría manifestó que nunca se pudo comprobar la existencia en la casa de calle Amazonas de armas que justificaran la utilización por la Policía de armamento pesado, incluidas ametralladoras antiaéreas. David Cámpora, que también declaró como testigo, acusó a su vez al comisario Víctor Castiglioni de ejecutar a Ivette Giménez, y al subcomisario Hugo Campos Hermida de haber ametrallado y dejado desangrar a Martirena. Ambos policías fallecieron recientemente. Señaló igualmente al coronel retirado Carlos Calcagno, del Batallón Florida, como uno de los participantes en el operativo.

Según el abogado Walter de León, representante legal de las hijas del matrimonio asesinado, miembros de las Fuerzas Conjuntas que participaron del operativo están dispuestos a declarar. De León recordó que al tratarse de hechos sucedidos antes del 27 de junio de 1973 no están cubiertos por la ley de caducidad.



LAS VÍCTIMAS DEL ESCUADRÓN
Abel Ayala, 28 años, estudiante de medicina y agente de segunda del Servicio de Sanidad Policial, secuestrado y desaparecido el 17 de julio de 1971.
Heber Nieto, estudiante, militante de la Resistencia Obrero Estudiantil, asesinado el 24 de julio de 1971 por un francotirador armado con un rifle de mira telescópica mientras participaba en una movilización de la Escuela de la Construcción.
Manuel Ramos Filippini, secuestrado el 31 de julio de 1971. Su cadáver es encontrado entre las rocas de Pocitos junto a volantes firmados por el Comando Caza Tupamaros (CCT).
Héctor Castagnetto, estudiante, secuestrado el 17 de agosto de 1971.
El 28 de febrero de 1972 un comunicado oficial informa que “a la altura del Camino de las Tropas y camino Melilla es encontrado muerto presentando varias heridas de bala el sedicioso Íbero Gutiérrez González. Junto al cadáver la Policía encuentra un papel manuscrito con la inscripción ‘Vos también pediste perdón. Bala por bala, diente por diente. CCT’”.
Entre los atentados con bombas protagonizados por los paramilitares se destacan por su potencia los cometidos contra los domicilios de los abogados Arturo Dubra, María Esther Gilio, Alejandro Artuccio y Manuel Liberoff.

Brecha
Abril 2005

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