La policía federal brasileña, en colaboración con el gobierno uruguayo de la época, envió en 1976 una circular en la que solicitaba la detención de 9 uruguayos, de los cuales 5 eran decanos antes de la intervención dictatorial, y cuatro eran consejeros estudiantiles, todos ellos acusados de pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.
La nómina de requeridos era la siguiente: Pablo Carlevaro (ex decano de Medicina), Carlos Rafael Píriz Mac Coll (de Química), Alberto Pérez Pérez (Derecho), Mario Otero (Humanidades), Ignacio Arbiza (Agronomía) y los consejeros estudiantiles de aquel entonces Alfredo Errandonea, Alvaro Portillo, Víctor Abelando y Brenda Bogliaccini.
Sus nombres figuran en un documento policial brasileño fechado el 28 de agosto de 1976, encontrado en el Archivo Público de Río de Janeiro, y revelado en el 2000 por el diario Folha, que se suma a diferentes oficios que prueban la participación de la dictadura brasileña en la Operación Cóndor.
El telegrama fue enviado por la Superintendencia Regional de la Policía Federal de Río de Janeiro al Departamento General de Investigaciones Especiales (DGIE) que entonces actuaba como la policía política del régimen dictatorial brasileño. El mensaje, en su encabezado dice textualmente: "Este Departamento de Policía Federal, en colaboración con la República de Uruguay (solicita ayuda) en el sentido de capturar subversivos". El telegrama pide que "en el caso de que sean encontrados en este estado (de Río de Janeiro), detenerlos y comunicarse" con el departamento de policía.
A su vez, en el archivo brasileño fue encontrado otro documento enviado al DGIE desde Uruguay, firmado por el comandante en Jefe del Ejército y Jefe del Estado Mayor del Uruguay, general Luis Queirolo.
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