Confiesa el ex agente Nibaldo Jiménez de la dictadura Pinochet que Contreras ordenaba y cuerpos eran arrojados al mar con rieles desde Londres 38.
Ex agente Nibaldo Jiménez le entregó al juez Guzmán un atroz relato donde narra las brutalidades de funestos personajes como el "Guatón Romo" o Marcelo Moren Brito y su lazo con la delatora Luz Arce. Acusa a Miguel Krassnoff y Maximiliano Ferrer de resolver qué cuerpos desaparecerían con el visto bueno del jefe del ente represivo.
"El general Contreras era quien revisaba las listas y, en definitiva, quien decidía la suerte de los detenidos" confiesa el ex agente de la disuelta DINA, Nibaldo Jiménez Santibañez, en un descarnado relato que entregó al ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, donde reseña el modo de operar de la DINA en 1974 y detalla las torturas que realizaban el coronel (r) Marcelo Moren Brito y Osvaldo Romo Mena. Pero esta confesión pasa a ser insignificante cuando asegura que en Londres 38 había rieles en los que se depositaba el cuerpo sin vida de los detenidos para lanzarlos al mar.
En el expediente conocido como Villa Grimaldi, en el que se investiga la participación de la DINA en torturas, secuestros y detención ilegal de personas, el ex agente indica que en 1974 fue designado al organismo y destinado al cuartel de José Domingo Cañas.
En ese recinto conoció a Marcelo Moren Brito, quien "aparecía de repente y primero era jefe, se perdía por tiempo y luego aparecía otra vez como jefe. Era de Villa Grimaldi y de José Domingo Cañas y aparecía muy de vez en cuando. No lo vi en Londres 38, luego fue reemplazado por Pedro Espinoza".
Sobre Moren añade en una declaración efectuada ante el Undécimo Juzgado del Crimen de Santiago, y anexado al proceso que tramita el ministro Guzmán, que "al parecer viajaba por todo Chile. Tenía un cargo muy importante. Él detenía a la gente de importancia, pero no interrogaba, sino que hacía una minuta y se la entregaba a un grupo de interrogadores".
Jiménez explica que sus primeros contactos con otros agentes fueron con Osvaldo Romo Mena, el Guatón Romo, y con una detenida ex integrante del Partido Socialista, Luz Arce, quien bajo las torturas delató a varios de sus compañeros : "esa niña era bien inteligente y los funcionarios decían que cualquier cosa que quisiera saber pregúntaselo a la súper-genio, porque era bien habilosa. Yo acudí a ella porque no conocía mucho y ella me explicaba la militancia de la gente, los partidos, como había empezado esto y me ayudó bastante bien".
Londres 38
Aunque el agente reitera que sólo conoció Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Cuatro Alamos, confiesa que en una oportunidad llegó a Londres 38 y "había más de 40 detenidos sentados en algo parecido a una iglesia".
Sin mostrar una mínima señal de angustia, Jiménez sostiene que preguntó dónde estaba el baño y le dijeron que subiera. "Subo al baño y al lado de éste había varios pedazos de rieles cortados, se notaban que estaban cortados hacía poco, ya que estaban brillantes por el lado cortado. Y a mí me extrañó... por qué tantos rieles, y me explicaron que 'esos son para los paquetes'. Yo pregunté qué paquetes, y me respondieron : para los que se van cortados todos los días de aquí, un lote grande va al mar, los envuelven en un saco bien amarrados con alambre, echan el cuerpo y el riel y con el peso del riel se van para el fondo".
Inmutable, el ex agente agrega : "quien mandaba los individuos al mar era una reunión que se hacía con los jefes del grupo en esa época, que en ese tiempo eran los capitanes Miguel Krassnoff Martchenko, Maximiliano Ferrer Lima, otro de apellido Barrieta, que representaban a los diferentes cuarteles. Los que se reunían, en algo así como un juzgado, decidían quién se salvaba y quién se iba al mar, lo que significaba que serían desaparecidos. Para esto, en Villa Grimaldi se manejaban códigos que consistían en anotar en un libro al lado del nombre del detenido algo relacionado con el mar como por ejemplo PM (Puerto Montt)".
Añadió que "estos libros se llenaban en la tarde para luego ser enviados con dirección al General Contreras, jefe máximo de la DINA. Contreras era quien revisaba las listas y, en definitiva, era quien decidía la suerte de los detenidos", añade.
Las actuaciones de Moren Brito y el Guatón Romo
Jiménez recuerda también en su declaración que "en una oportunidad, cuando llegué a José Domingo Cañas, fui llamado por el señor Moren y me dijo que me iba a enseñar lo que le pasa los traidores, sobre todo a los de Investigaciones. 'Aquí tienen que andar derechitos'. Me dijo que fuera a ver un cuarto que estaba abarrotado de detenidos, y entonces él llamó al detenido Teobaldo Tello, y él abre su boca y vi que estaba completamente ensangrentada'. Explica que le costó darse cuenta lo que había pasado, pero que luego se fijó con más atención y se dio cuenta 'que sus dientes habían sido removidos con un alicate por parte del señor Moren".
Agregó que no supo más de él, 'pero dudo que haya sobrevivido, ya que era torturado constantemente y de una manera intolerable". Y Jiménez no se equivoca : el Informe Rettig establece que el detenido al que hace alusión era el ex fotógrafo y ex funcionario de Investigaciones Teobaldo Antonio Tello Garrido (MIR), aprehendido el 22 de agosto de 1974 por civiles que lo condujeron al recinto secreto de detención de la DINA, ubicado en calle José Domingo Cañas con República de Israel, comuna de Ñuñoa, para después ser trasladado a Cuatro Alamos, desde donde desapareció.
El ex policía fue visto en diversos centros de reclusión por numerosos testigos, todos los cuales hicieron notar las duras torturas a las que fue sometido y las condiciones físicas en que lo vieron. Destaca en estos testimonios que tenía su boca manchada con sangre y prácticamente no emitía sonidos.
De Osvaldo Romo no tiene mejores recuerdos. Él, afirma era "muy malo", "no tenía sentimientos humanos. Había sido dirigente de la Unión Popular y luego se presentó a Investigaciones a decir que podía entregar a mucha gente. Claro, él los conocía a todos, como era de la Junta de Vecinos, y comenzó a tomarlos detenidos a todos. Y cuando los detenía era muy sádico con ellos, porque cuando llegaba allá (José Domingo Cañas) los agarraba a patadas en el suelo". "Yo quedé enfermo de los nervios. Aún me repercuten las secuelas por las brutalidades de Moren y Romo", precisa.
Mercedes Castro
PrimeraLínea, Chile, febrero 2005
Mostrando las entradas con la etiqueta Historia Plan Condor. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Historia Plan Condor. Mostrar todas las entradas
7/2/09
La relación de la DINA con el crimen organizado.
Poco antes de que Chile volviera a la democracia, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) secuestró al coronel de Famae Carlos Carreño. Era 1987. Coincidencia o no, el uniformado lideraba ya una red de venta de armas y transferencia tecnológica a países del Medio Oriente. Esa operación fue uno de los puntos de partida de lo que podría constituirse en asociación ilícita con aires mafiosos, que funcionó al alero de la dictadura hasta 1990 y siguió teniendo un poder en las sombras en los primeros años de la transición. Recién ahora –en 2006– comienzan a conocerse sus verdaderos alcances.
Carreño fue llevado por el FPMR a Brasil. Sus captores, antes de liberarlo, aprovecharon de interrogarlo acerca de la venta de bombas de racimo a Irán. En diciembre de 1987, un informe del Departamento de Estado norteamericano –desclasificado en 2000– en que se comenta el secuestro de Carreño, concluye que una vez liberado por sus secuestradores fue (supuestamente) sumariado y alejado del Ejército, bajo acusaciones de tráfico de drogas. Carreño diría, años más tarde, en una declaración prestada ante el ministro en visita Claudio Pavez, a cargo de la investigación del homicidio del coronel Gerardo Huber, que siempre le llamaron la atención las preguntas de los frentistas durante su cautiverio.
Dos años más tarde, el 10 de febrero de 1989, un nuevo informe (el N° 937) –también desclasificado en julio de 2000 y esta vez redactado por la Embajada de Estados Unidos en Chile– da cuenta de un intento de negociación del ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, con un intermediario de la legación diplomática.
El documento señala que Contreras, a cambio de que el país del norte bajara la presión por el caso Letelier, ofrecía entregar información sobre las actividades en el narcotráfico de “un hijo de Pinochet (posiblemente Marco Antonio) y de Armando Fernández Larios”.
Drogas, armas, mafia italiana, colombiana, traficantes peruanos, sirios, agentes de inteligencia militar argentina, chilena, uruguaya, criminales de guerra croatas, ex espías ingleses, terroristas italianos, ex nazis y toda una pléyade de sujetos afines a los negocios turbios mantuvieron relaciones con los aparatos de inteligencia militar de Augusto Pinochet y su círculo más cerrado. Los nombres se repiten a través de la historia y se instalan pudiendo configurar una suerte de orgánica del crimen.
El Ex Marine
A mediados de 1985, un sujeto ingresó a Chile con un pasaporte a nombre de Trinidad Moreno. Su contacto en nuestro país era un funcionario del consulado chileno en Los ángeles, Federico Humberto Silva Pizarro, con quien mantuvo relaciones comerciales y de amistad. Ambos arribaron al país en el mismo vuelo, el 22 de junio de 1985. En realidad, Moreno no era otro que el ex sargento de la Infantería de Marina de EEUU Iván Baramdyka, conocido narcotraficante estadounidense radicado en Los ángeles (California), que escapaba de la justicia de su país.
El 10 de julio del mismo año ingresó a la sociedad Redes del Pacífico, que, según su escritura pública, se dedicaba a la explotación, promoción y comercialización de pescado fresco chileno en Estados Unidos.
Años más tarde, en 1993, fue extraditado a EEUU, luego de cumplir una condena de cinco años por giro doloso de cheques. Pero antes de que el FBI se lo llevara, Baramdyka se preocupó de dejar su historia grabada en video.
De los antecedentes remitidos a Chile en el proceso de extradición queda claro que este personaje participó en las operaciones de los años 80 conocidas como “drogas por armas”, a cargo del coronel Oliver North, que sirvieron para entregar armas a la Contra nicaragüense. Los envíos de armas se financiaban con el tráfico de cocaína a EEUU.
En sus declaraciones reconoció sus vínculos con Patricio Madariaga Gutiérrez, el cónsul de Chile en Los ángeles. El diplomático fue el encargado de cuidar los asuntos de Augusto Pinochet hijo, cuando éste fue asignado a esa legación en los primeros años 80.
Baramdyka también contó que entre 1983 y 1984 varios núcleos de fabricantes de cocaína colombianos compraban éter y acetona producidos en el Complejo Químico Industrial del Ejército chileno en Talagante. Dicha planta fue transferida en 1979 desde el Bacteriológico, actual Instituto de Salud Pública. En 1987, Gerardo Huber, el ex oficial de la DINA asesinado a inicios de 1992 por el caso armas a Criacia, se hizo cargo de esa planta.
En el proceso por el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, tramitado por el ministro Alejandro Madrid, hay un documento donde los jefes del Complejo Químico de Talagante reconocen que la DEA les advirtió en varias oportunidades que no existía documentación sobre la producción de éter y acetona en esa planta, productos químicos esenciales para la fabricación de cocaína. De hecho, uno de los oficiales del Ejército declaró ante Investigaciones que en una oportunidad un sujeto de nacionalidad peruana le compró varias miles de litros de éter y le dejó 50 mil dólares en un maletín, luego de firmar un contrato que se haría efectivo al día siguiente. Pero, al día siguiente el peruano fue detenido en el aeropuerto por el OS-7 por sus vínculos con el cartel de Cali.
Baramdyka relata que a semanas de su llegada a Chile, un oficial del Ejército llegó a su oficina de la calle Huelén 102. Le traía un recado: álvaro Corbalán, el jefe operativo de la CNI, deseaba hablar con él. Se reunieron en el Rodizzio de Apoquindo. Corbalán le dijo que sabía perfectamente con quién estaba hablando y le pidió su asesoría para encontrar comprador a 75 kilos de cocaína que su organización tenía en las Bahamas.
Meses más tarde, en diciembre de 1985, los mismos oficiales del Ejército le presentaron en el restaurante Oliver a un personaje vital en la organización: Edgardo Bathich Villarroel, el hombre de origen sirio, famoso en la jet-set local de los ’80. Poseía el único Rolls Royce de la plaza, tenía casas en el sur de Chile, propiedades alhajadas fastuosamente en balnearios de moda y en centros invernales de esquí, donde desplegaba su colección de automóviles, lanchas y vehículos deportivos. Por lo general, viajaba de un lugar a otro en helicópteros de su propiedad. Ser invitado a sus fiestas, donde participaban modelos, estrellas de televisión y reinas de belleza, llegó a ser considerado un verdadero privilegio.
Bathich representó en Chile los intereses de Monzer Al-Kassar, un famoso traficante de drogas y armas sirio radicado en España, que en ese período compraba grandes extensiones de tierras en las cercanías de Mendoza; más tarde obtuvo la ciudadanía argentina gracias a los buenos oficios del gobierno de Carlos Menem, caso que terminó en los tribunales de justicia de ese país.
En 1985, el negocio de Bathich era la importación desde Europa de motores diesel usados. Sus estrechos vínculos con la familia Pinochet llegaban al punto de que Marco Antonio Pinochet Hiriart, representante en Chile de las lanchas Chaparral, vendía sus productos a través de la empresa de Bathich, ubicada en Américo Vespucio 1313.
Esa noche, en el restaurante Oliver, Baramdyka escuchó lo que Bathich tenía que comunicarle: “Me dijo que él podía ayudarme y que tenía excelentes relaciones con el general Pinochet y con los Servicios de Seguridad. Me contó que movía cantidades importantes de cocaína. Ingresaba la droga al país en los motores usados que traía por tierra desde Brasil a su empresa Bathich Motoren. También usaba helicópteros y camiones que traían minerales de Bolivia. Pero ese no era un problema; álvaro Corbalán se preocupaba de la seguridad del ingreso y del transporte de la cocaína dentro de las fronteras de Chile. Era en el exterior donde sus operaciones presentaba dificultades. Ellos trabajaban casi exclusivamente con Fabio Ochoa y con sus tres hijos, los hermanos Ochoa Vázquez. En los días siguientes conoceré a otros miembros de la organización”, contó el ex marine.
En 1986, Baramdyka habría realizado tres viajes al extranjero por cuenta de la organización. El procedimiento para salir y entrar del país fue siempre el mismo: vehículo militar hasta la frontera argentina, donde le entregaban un pasaporte paraguayo a nombre de Hernán Fuenzalida Galvarino. De ahí un taxi a Mendoza, avión a Ezeiza y combinación a otro país. Su misión era asegurar el tránsito de los vuelos que llevaban pertrechos militares chilenos en algunos aeropuertos centroamericanos y del Caribe. En estos lugares se descargaban partidas de cocaína que venían desde Chile escondidas entre el material militar. Baramdyka sostiene haber tenido conocimiento del contrabando de 12 toneladas de cocaína de Chile a Europa y EEUU en los años 1986 y 1987.
Carreño fue llevado por el FPMR a Brasil. Sus captores, antes de liberarlo, aprovecharon de interrogarlo acerca de la venta de bombas de racimo a Irán. En diciembre de 1987, un informe del Departamento de Estado norteamericano –desclasificado en 2000– en que se comenta el secuestro de Carreño, concluye que una vez liberado por sus secuestradores fue (supuestamente) sumariado y alejado del Ejército, bajo acusaciones de tráfico de drogas. Carreño diría, años más tarde, en una declaración prestada ante el ministro en visita Claudio Pavez, a cargo de la investigación del homicidio del coronel Gerardo Huber, que siempre le llamaron la atención las preguntas de los frentistas durante su cautiverio.
Dos años más tarde, el 10 de febrero de 1989, un nuevo informe (el N° 937) –también desclasificado en julio de 2000 y esta vez redactado por la Embajada de Estados Unidos en Chile– da cuenta de un intento de negociación del ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, con un intermediario de la legación diplomática.
El documento señala que Contreras, a cambio de que el país del norte bajara la presión por el caso Letelier, ofrecía entregar información sobre las actividades en el narcotráfico de “un hijo de Pinochet (posiblemente Marco Antonio) y de Armando Fernández Larios”.
Drogas, armas, mafia italiana, colombiana, traficantes peruanos, sirios, agentes de inteligencia militar argentina, chilena, uruguaya, criminales de guerra croatas, ex espías ingleses, terroristas italianos, ex nazis y toda una pléyade de sujetos afines a los negocios turbios mantuvieron relaciones con los aparatos de inteligencia militar de Augusto Pinochet y su círculo más cerrado. Los nombres se repiten a través de la historia y se instalan pudiendo configurar una suerte de orgánica del crimen.
El Ex Marine
A mediados de 1985, un sujeto ingresó a Chile con un pasaporte a nombre de Trinidad Moreno. Su contacto en nuestro país era un funcionario del consulado chileno en Los ángeles, Federico Humberto Silva Pizarro, con quien mantuvo relaciones comerciales y de amistad. Ambos arribaron al país en el mismo vuelo, el 22 de junio de 1985. En realidad, Moreno no era otro que el ex sargento de la Infantería de Marina de EEUU Iván Baramdyka, conocido narcotraficante estadounidense radicado en Los ángeles (California), que escapaba de la justicia de su país.
El 10 de julio del mismo año ingresó a la sociedad Redes del Pacífico, que, según su escritura pública, se dedicaba a la explotación, promoción y comercialización de pescado fresco chileno en Estados Unidos.
Años más tarde, en 1993, fue extraditado a EEUU, luego de cumplir una condena de cinco años por giro doloso de cheques. Pero antes de que el FBI se lo llevara, Baramdyka se preocupó de dejar su historia grabada en video.
De los antecedentes remitidos a Chile en el proceso de extradición queda claro que este personaje participó en las operaciones de los años 80 conocidas como “drogas por armas”, a cargo del coronel Oliver North, que sirvieron para entregar armas a la Contra nicaragüense. Los envíos de armas se financiaban con el tráfico de cocaína a EEUU.
En sus declaraciones reconoció sus vínculos con Patricio Madariaga Gutiérrez, el cónsul de Chile en Los ángeles. El diplomático fue el encargado de cuidar los asuntos de Augusto Pinochet hijo, cuando éste fue asignado a esa legación en los primeros años 80.
Baramdyka también contó que entre 1983 y 1984 varios núcleos de fabricantes de cocaína colombianos compraban éter y acetona producidos en el Complejo Químico Industrial del Ejército chileno en Talagante. Dicha planta fue transferida en 1979 desde el Bacteriológico, actual Instituto de Salud Pública. En 1987, Gerardo Huber, el ex oficial de la DINA asesinado a inicios de 1992 por el caso armas a Criacia, se hizo cargo de esa planta.
En el proceso por el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, tramitado por el ministro Alejandro Madrid, hay un documento donde los jefes del Complejo Químico de Talagante reconocen que la DEA les advirtió en varias oportunidades que no existía documentación sobre la producción de éter y acetona en esa planta, productos químicos esenciales para la fabricación de cocaína. De hecho, uno de los oficiales del Ejército declaró ante Investigaciones que en una oportunidad un sujeto de nacionalidad peruana le compró varias miles de litros de éter y le dejó 50 mil dólares en un maletín, luego de firmar un contrato que se haría efectivo al día siguiente. Pero, al día siguiente el peruano fue detenido en el aeropuerto por el OS-7 por sus vínculos con el cartel de Cali.
Baramdyka relata que a semanas de su llegada a Chile, un oficial del Ejército llegó a su oficina de la calle Huelén 102. Le traía un recado: álvaro Corbalán, el jefe operativo de la CNI, deseaba hablar con él. Se reunieron en el Rodizzio de Apoquindo. Corbalán le dijo que sabía perfectamente con quién estaba hablando y le pidió su asesoría para encontrar comprador a 75 kilos de cocaína que su organización tenía en las Bahamas.
Meses más tarde, en diciembre de 1985, los mismos oficiales del Ejército le presentaron en el restaurante Oliver a un personaje vital en la organización: Edgardo Bathich Villarroel, el hombre de origen sirio, famoso en la jet-set local de los ’80. Poseía el único Rolls Royce de la plaza, tenía casas en el sur de Chile, propiedades alhajadas fastuosamente en balnearios de moda y en centros invernales de esquí, donde desplegaba su colección de automóviles, lanchas y vehículos deportivos. Por lo general, viajaba de un lugar a otro en helicópteros de su propiedad. Ser invitado a sus fiestas, donde participaban modelos, estrellas de televisión y reinas de belleza, llegó a ser considerado un verdadero privilegio.
Bathich representó en Chile los intereses de Monzer Al-Kassar, un famoso traficante de drogas y armas sirio radicado en España, que en ese período compraba grandes extensiones de tierras en las cercanías de Mendoza; más tarde obtuvo la ciudadanía argentina gracias a los buenos oficios del gobierno de Carlos Menem, caso que terminó en los tribunales de justicia de ese país.
En 1985, el negocio de Bathich era la importación desde Europa de motores diesel usados. Sus estrechos vínculos con la familia Pinochet llegaban al punto de que Marco Antonio Pinochet Hiriart, representante en Chile de las lanchas Chaparral, vendía sus productos a través de la empresa de Bathich, ubicada en Américo Vespucio 1313.
Esa noche, en el restaurante Oliver, Baramdyka escuchó lo que Bathich tenía que comunicarle: “Me dijo que él podía ayudarme y que tenía excelentes relaciones con el general Pinochet y con los Servicios de Seguridad. Me contó que movía cantidades importantes de cocaína. Ingresaba la droga al país en los motores usados que traía por tierra desde Brasil a su empresa Bathich Motoren. También usaba helicópteros y camiones que traían minerales de Bolivia. Pero ese no era un problema; álvaro Corbalán se preocupaba de la seguridad del ingreso y del transporte de la cocaína dentro de las fronteras de Chile. Era en el exterior donde sus operaciones presentaba dificultades. Ellos trabajaban casi exclusivamente con Fabio Ochoa y con sus tres hijos, los hermanos Ochoa Vázquez. En los días siguientes conoceré a otros miembros de la organización”, contó el ex marine.
En 1986, Baramdyka habría realizado tres viajes al extranjero por cuenta de la organización. El procedimiento para salir y entrar del país fue siempre el mismo: vehículo militar hasta la frontera argentina, donde le entregaban un pasaporte paraguayo a nombre de Hernán Fuenzalida Galvarino. De ahí un taxi a Mendoza, avión a Ezeiza y combinación a otro país. Su misión era asegurar el tránsito de los vuelos que llevaban pertrechos militares chilenos en algunos aeropuertos centroamericanos y del Caribe. En estos lugares se descargaban partidas de cocaína que venían desde Chile escondidas entre el material militar. Baramdyka sostiene haber tenido conocimiento del contrabando de 12 toneladas de cocaína de Chile a Europa y EEUU en los años 1986 y 1987.
La relación de la DINA con el crimen organizado. (II)
La Mira Láser
El 21 de diciembre de 1990, el Registro Civil denunció la pérdida de 134 pasaportes, iniciándose un proceso en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago. Dos de los documentos de identidad fueron incautados el 18 de mayo del mismo año en la ciudad de Roma (Italia) al ciudadano chileno Alejandro Ramírez Cáceres. Los pasaportes iban a ser entregados nada menos que a Edgardo Bathich De esta misma partida de pasaportes, al menos cuatro documentos fueron extendidos con identidades adulteradas a Augusto Pinochet, los que sirvieron para que éste abriera sus cuentas en el Banco Riggs y estableciera sus sociedades en paraísos fiscales.
Ese mismo año, el Presidente Patricio Aylwin –recién instalado en La Moneda– se lanzó en una misión crucial y designó como jefe de Investigaciones al general (R) Horacio Toro.
A los pocos días de asumir el cargo, Toro recibió una información inquietante: a fines de 1989, un joven colombiano llamado Jesús Ochoa Galves se había instalado en el país. El sujeto era pariente del clan de los Ochoa Vázquez, los capos del cartel de Medellín. Su vínculo con Chile era Bathich y la empresa Focus Chile Motores, la única cuyo recinto contaba con helipuerto autorizado por la Dirección de Aeronáutica Civil.
La lógica indicaba una suma matemática fácil de resolver. Si Ochoa Gálvez era socio de Bathich y éste estaba vinculado con Marco Antonio, la inteligencia militar tendría también allí sus garras. Pero además, la firma y el colombiano eran representados por el abogado Héctor Novoa Vásquez.
Las sospechas de Investigaciones se redoblaron en 1992 cuando Bathich fue detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas, junto a Monzer Al-Kassar, en momentos en que se disponían a seguir rumbo a Viena en un Lear-jet privado, matrícula OE GBR. Ese mismo avión, de propiedad de los Al-Kassar, fue utilizado en 1986 para rescatar de Italia a Abu Abbas, el terrorista palestino responsable del secuestro del barco de pasajeros “Achille Lauro”. Días más tarde, el juez Baltasar Garzón, a cargo del caso, sin sospechar a quién tenía en sus manos, ordenó la excarcelación del chileno, que viajaba con un pasaporte sirio a nombre de Yamal Bathich. El juez español mantuvo en cambio a Monzer Al-Kassar bajo arresto para procesarlo por los delitos de falsificación de documentos, tráfico ilegal de vehículos, tenencia ilícita de armas y participación en actos de terrorismo internacional. Años más tarde, luego de que todos los testigos o murieran en extrañas circunstancias o se retractaran, Al-Kassar fue sobreseído. Según los investigadores, Monzer Al-Kassar, uno de los capos de la llamada “mafia siria”, mantuvo estrechos vínculos con la Cosa Nostra siciliana y con los carteles colombianos.
En diciembre de 1992, la suerte de Bathich cambió radicalmente. El Servicio de Impuestos Internos se dejó caer en las oficinas de Focus Chile Motores. En la mañana del 7 de diciembre, un grupo de inspectores se presentó en las oficinas de la empresa y selló todos los cajones y muebles que contenían documentación. Al día siguiente, los inspectores descubrieron que todos los sellos habían sido violados. Hombres de Bathich habían ingresado al recinto la noche anterior. Los documentos contables habían desaparecido. En uno de los patios internos humeaban aún las cenizas de papeles y archivos. Los detectives de la Brigadas de Narcóticos y Delitos Económicos de Investigaciones encontraron un pequeño arsenal: escopetas recortadas, cascos de guerra, chalecos antibalas, pistolas, revólveres, municiones y una pistola Uzi con mira infrarroja.
El 9 de diciembre de 1992, Bathich salió del país rumbo a Argentina para instalarse en el palacio Mifadil que posee Al-Kassar en Marbella (España). Dos día más tarde, Jesús Ochoa Galvis, su socio colombiano, escapó con toda la familia. Finalmente, este proceso terminó con multas y penas remitidas de cárcel. Bathich no volvió a Chile sino hasta mediados de los ’90, pasó unos meses en la cárcel y salió en libertad bajo fianza.
“Todos Eran Viciosos”
Pinochet, por otro lado, se ajustaba a la transición democrática. Sus relaciones con Aylwin fueron siempre tensas. Sobre todo cuando las agrupaciones de derechos humanos iniciaron en 1990 la ofensiva judicial contra los agentes de la dictadura. El análisis de la inteligencia militar de la época era claro: el chaparrón mojaría a todos por igual.
El ex dictador, entonces, cortó por lo sano. Creó el Departamento Cuarto, que no era sino un grupo de abogados que, coordinados por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), defendían a los militares que iniciarían el desfile por los tribunales.
Pero había uniformados con situaciones judiciales más complejas. Era el caso del ex agente de la CNI capitán Luis Arturo Sanhueza Ros. Este último estaba inculpado del crimen del empresario gastronómico Aurelio Sichel, como también del homicidio del vocero del MIR Jécar Neghme, ocurrido en septiembre de 1989. Fue entonces cuando el ex dictador dio la orden al jefe de la DINE, general Hernán Ramírez Rurange, para que lo sacara de Chile, según declaraciones judiciales del propio Ramírez Rurange.
Pero las cosas empeoraron para Pinochet en junio de 1991, cuando la Corte Suprema nombró al ministro Adolfo Bañados para sustanciar el proceso por el homicidio –cometido en Washignton en 1976– del ex canciller Orlando Letelier.
Paralelamente, el abogado Jorge Mario Saavedra presionaba por otro flanco para que el autor intelectual del crimen de Tucapel Jiménez, el mayor Carlos Herrera Jiménez, enfrentara la justicia.
La operación silencio diseñada, según el ex jefe de la DINE, por Pinochet, conocida también como “control de bajas”, inició el segundo acto: Herrera Jiménez fue sacado también hacia Argentina y luego a Uruguay por la Unidad Especial de la DINE, dirigida por el jefe de la avanzada de Pinochet en el extranjero, el mayor Arturo Silva Valdés, conocido como “El Príncipe”.
El ministro Bañados había citado al ex químico de la DINA Eugenio Berríos a declarar en el caso Letelier. Las alarmas de la inteligencia militar se encendieron de inmediato. Berríos trabajó en la DINA, precisamente en la casa que el organismo tenía en la calle Vía Naranja de Lo Curro, junto a Michael Townley.
La situación de Berríos era sumamente compleja, ya que, además, podía dar a conocer el proyecto Andrea: la creación de gas sarín, de toxina botulínica, entre otros venenos usados para matar a los opositores al régimen militar. Encargado del proyecto Andrea, después de que Townley fuese enviado a EEUU, fue el entonces mayor Gerardo Huber.
Pero el químico también guardaba otro secreto: su vínculo con el narcotráfico, con peruanos ex agentes de inteligencia militar, chilenos prestamistas y militares.
Las declaraciones judiciales de uno de los narcos vinculado con el químico, militares y carabineros son reveladoras. Se trata del peruano Justo Cornejo Hualpa, cuya parcela en Pirque contaba con modernos sistemas de seguridad, guardaespaldas y vínculos con la ex CNI. Este último entregó una versión que da luces del por qué la inteligencia militar chilena protegió al ex químico de la DINA y después lo asesinó antes de que el ex dictador viajara a Uruguay en febrero de 1993.
“A mi finca iba la alta sociedad chilena, políticos, militares, congresistas; hasta a los hijos y sobrinos de Pinochet los vi alguna vez. Todos eran viciosos, todos eran amigos”, declaró Cornejo Hualpa.
Y así fue como Berríos fue sacado de Chile en octubre de 1991 con destino a Uruguay, a través del paso Monte Aymond de Punta Arenas. Allí permaneció hasta noviembre de 1992, última vez que se le vio con vida.
Berríos pertenecía a una potente red de tráfico de cocaína que abastecía de drogas a Australia y Europa. Más de una vez se reunió en Argentina y Montevideo con sus socios narcotraficantes, todo esto mientras estaba bajo la estricta custodia de la inteligencia militar chilena y uruguaya.
El Misterioso Coronel
A principios de los ’90, el narcotráfico se mezclaba con la alta sociedad de Viña del Mar. El empresario Manuel Losada traficaba drogas con los carteles colombianos. Como se relató en una nota de LND el pasado 7 de mayo, el representante del cartel de Cali y después de Medellín, Carlos Zuluaga, tenía dos contactos importantes, tanto para llevar la droga fuera de Chile como para traer desde Europa los narcodólares colombianos. La cocaína era distribuida en ese continente por la Cosa Nostra, liderada entonces por Bernardo Provenzano.
El primero era un coronel de Inteligencia militar; el segundo, un conocido industrial chileno. En 1998, Losada acabó detenido en el marco de la operación Océano. Años antes también cayó Zuluaga.
Traían la cocaína desde Mendoza para reelaborarla en Caleta Abarca, Viña del Mar, donde la transformaban en líquido. En 1991, según las confesiones de Zuluaga, salieron de Chile 150 kilos del alcaloide a Estados Unidos en 360 botellas de vino de la Viña Manquehue, sin que esta firma tuviera alguna responsabilidad. Y justamente en Caleta Abarca vivía un peruano experto en licuar la cocaína. Se trata de Máximo Isidro Bocanegra Guevara, ex agente de Inteligencia militar peruana, que formaba parte de la organización criminal que integraba Berríos. El peruano fue detenido en junio de 2001 por el OS-7 de Carabineros, precisamente por un laboratorio de este tipo.
Un Eslabón Perdido
En diciembre de 1991, un cargamento de armas chilenas fue descubierto en Budapest (Hungría), rotulado como ayuda humanitaria. El pato de la boda se llamaba Gerardo Huber Olivares, coronel de Ejército y jefe del Departamento de Adquisiciones en el Exterior de la Dirección de Logística. Había sido jefe de Berríos durante los años del proyecto Andrea y encargado de la Planta de Químicos del Ejercito en Talagante.
La operación, sin embargo, había comenzado en abril del mismo año con la llegada a Chile de dos personajes: el ex espía inglés Sydney Edwards y el nazi croata Vladimir Secen. Ambos jugaban distintos roles para un mismo fin: armar a los neonazis croatas contra los serbios. Secen será vinculado por la prensa argentina con los servicios de Inteligencia militar en Chile. En los primeros meses de 1992, Monzer Al-Kassar, que también traficaba armas a Croacia, viajó en dos oportunidades a Chile.
Debido al escándalo que produjo el hallazgo en Europa oriental, la Justicia chilena nombró ministro en visita a Hernán Correa de la Cerda para llevar adelante el caso. Una de las primeras diligencias que realizó el magistrado fue interrogar a Huber. Este último se declaró inocente, pero a diferencia del resto de los involucrados dijo que debían preguntarle mayores detalles al general Florencio Tejos, entonces jefe de material de guerra del Ejército. Ese solo hecho puso en alerta a la Inteligencia militar y a Huber fue apartado con una licencia médica por estrés.
Se refugió en el Cajón del Maipo, en casa de su amigo Elwin Tapia. Permaneció allí hasta el 29 de enero de 1992, no sin antes quemar una serie de documentos que comprometían al alto mando institucional de la época. Ese mismo día desapareció sin dejar rastro hasta el 20 de febrero, cuando su cuerpo fue encontrado en el lecho del río Maipo con un tiro en la cabeza.
Con el paso de los años, varias piezas se han ido uniendo. En julio de 2004, el Senado norteamericano entregó el informe sobre las actividades de lavado de dinero de distintos dictadores, entre ellos Augusto Pinochet. Allí apareció por primera vez su fortuna en el Banco Riggs de Estados Unidos y en otras entidades financieras de Europa y paraísos fiscales. Hasta ahora, la cifra llega casi a los 30 millones de dólares.
Poco a poco, la olla se ha ido destapando. Por ejemplo, la muerte del químico de la DINA Eugenio Berríos. Este homicidio no sólo tuvo motivaciones políticas, sino que además Berríos tuvo conocimiento directo de las actividades ilícitas del círculo cercano de Pinochet. Aparentemente, Huber no quiso ser sacado de Chile. ¿Por qué lo asesinaron? ¿Qué sabía?
[Fuente: La Nación, Santiago de Chile, 21may06]
El 21 de diciembre de 1990, el Registro Civil denunció la pérdida de 134 pasaportes, iniciándose un proceso en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago. Dos de los documentos de identidad fueron incautados el 18 de mayo del mismo año en la ciudad de Roma (Italia) al ciudadano chileno Alejandro Ramírez Cáceres. Los pasaportes iban a ser entregados nada menos que a Edgardo Bathich De esta misma partida de pasaportes, al menos cuatro documentos fueron extendidos con identidades adulteradas a Augusto Pinochet, los que sirvieron para que éste abriera sus cuentas en el Banco Riggs y estableciera sus sociedades en paraísos fiscales.
Ese mismo año, el Presidente Patricio Aylwin –recién instalado en La Moneda– se lanzó en una misión crucial y designó como jefe de Investigaciones al general (R) Horacio Toro.
A los pocos días de asumir el cargo, Toro recibió una información inquietante: a fines de 1989, un joven colombiano llamado Jesús Ochoa Galves se había instalado en el país. El sujeto era pariente del clan de los Ochoa Vázquez, los capos del cartel de Medellín. Su vínculo con Chile era Bathich y la empresa Focus Chile Motores, la única cuyo recinto contaba con helipuerto autorizado por la Dirección de Aeronáutica Civil.
La lógica indicaba una suma matemática fácil de resolver. Si Ochoa Gálvez era socio de Bathich y éste estaba vinculado con Marco Antonio, la inteligencia militar tendría también allí sus garras. Pero además, la firma y el colombiano eran representados por el abogado Héctor Novoa Vásquez.
Las sospechas de Investigaciones se redoblaron en 1992 cuando Bathich fue detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas, junto a Monzer Al-Kassar, en momentos en que se disponían a seguir rumbo a Viena en un Lear-jet privado, matrícula OE GBR. Ese mismo avión, de propiedad de los Al-Kassar, fue utilizado en 1986 para rescatar de Italia a Abu Abbas, el terrorista palestino responsable del secuestro del barco de pasajeros “Achille Lauro”. Días más tarde, el juez Baltasar Garzón, a cargo del caso, sin sospechar a quién tenía en sus manos, ordenó la excarcelación del chileno, que viajaba con un pasaporte sirio a nombre de Yamal Bathich. El juez español mantuvo en cambio a Monzer Al-Kassar bajo arresto para procesarlo por los delitos de falsificación de documentos, tráfico ilegal de vehículos, tenencia ilícita de armas y participación en actos de terrorismo internacional. Años más tarde, luego de que todos los testigos o murieran en extrañas circunstancias o se retractaran, Al-Kassar fue sobreseído. Según los investigadores, Monzer Al-Kassar, uno de los capos de la llamada “mafia siria”, mantuvo estrechos vínculos con la Cosa Nostra siciliana y con los carteles colombianos.
En diciembre de 1992, la suerte de Bathich cambió radicalmente. El Servicio de Impuestos Internos se dejó caer en las oficinas de Focus Chile Motores. En la mañana del 7 de diciembre, un grupo de inspectores se presentó en las oficinas de la empresa y selló todos los cajones y muebles que contenían documentación. Al día siguiente, los inspectores descubrieron que todos los sellos habían sido violados. Hombres de Bathich habían ingresado al recinto la noche anterior. Los documentos contables habían desaparecido. En uno de los patios internos humeaban aún las cenizas de papeles y archivos. Los detectives de la Brigadas de Narcóticos y Delitos Económicos de Investigaciones encontraron un pequeño arsenal: escopetas recortadas, cascos de guerra, chalecos antibalas, pistolas, revólveres, municiones y una pistola Uzi con mira infrarroja.
El 9 de diciembre de 1992, Bathich salió del país rumbo a Argentina para instalarse en el palacio Mifadil que posee Al-Kassar en Marbella (España). Dos día más tarde, Jesús Ochoa Galvis, su socio colombiano, escapó con toda la familia. Finalmente, este proceso terminó con multas y penas remitidas de cárcel. Bathich no volvió a Chile sino hasta mediados de los ’90, pasó unos meses en la cárcel y salió en libertad bajo fianza.
“Todos Eran Viciosos”
Pinochet, por otro lado, se ajustaba a la transición democrática. Sus relaciones con Aylwin fueron siempre tensas. Sobre todo cuando las agrupaciones de derechos humanos iniciaron en 1990 la ofensiva judicial contra los agentes de la dictadura. El análisis de la inteligencia militar de la época era claro: el chaparrón mojaría a todos por igual.
El ex dictador, entonces, cortó por lo sano. Creó el Departamento Cuarto, que no era sino un grupo de abogados que, coordinados por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), defendían a los militares que iniciarían el desfile por los tribunales.
Pero había uniformados con situaciones judiciales más complejas. Era el caso del ex agente de la CNI capitán Luis Arturo Sanhueza Ros. Este último estaba inculpado del crimen del empresario gastronómico Aurelio Sichel, como también del homicidio del vocero del MIR Jécar Neghme, ocurrido en septiembre de 1989. Fue entonces cuando el ex dictador dio la orden al jefe de la DINE, general Hernán Ramírez Rurange, para que lo sacara de Chile, según declaraciones judiciales del propio Ramírez Rurange.
Pero las cosas empeoraron para Pinochet en junio de 1991, cuando la Corte Suprema nombró al ministro Adolfo Bañados para sustanciar el proceso por el homicidio –cometido en Washignton en 1976– del ex canciller Orlando Letelier.
Paralelamente, el abogado Jorge Mario Saavedra presionaba por otro flanco para que el autor intelectual del crimen de Tucapel Jiménez, el mayor Carlos Herrera Jiménez, enfrentara la justicia.
La operación silencio diseñada, según el ex jefe de la DINE, por Pinochet, conocida también como “control de bajas”, inició el segundo acto: Herrera Jiménez fue sacado también hacia Argentina y luego a Uruguay por la Unidad Especial de la DINE, dirigida por el jefe de la avanzada de Pinochet en el extranjero, el mayor Arturo Silva Valdés, conocido como “El Príncipe”.
El ministro Bañados había citado al ex químico de la DINA Eugenio Berríos a declarar en el caso Letelier. Las alarmas de la inteligencia militar se encendieron de inmediato. Berríos trabajó en la DINA, precisamente en la casa que el organismo tenía en la calle Vía Naranja de Lo Curro, junto a Michael Townley.
La situación de Berríos era sumamente compleja, ya que, además, podía dar a conocer el proyecto Andrea: la creación de gas sarín, de toxina botulínica, entre otros venenos usados para matar a los opositores al régimen militar. Encargado del proyecto Andrea, después de que Townley fuese enviado a EEUU, fue el entonces mayor Gerardo Huber.
Pero el químico también guardaba otro secreto: su vínculo con el narcotráfico, con peruanos ex agentes de inteligencia militar, chilenos prestamistas y militares.
Las declaraciones judiciales de uno de los narcos vinculado con el químico, militares y carabineros son reveladoras. Se trata del peruano Justo Cornejo Hualpa, cuya parcela en Pirque contaba con modernos sistemas de seguridad, guardaespaldas y vínculos con la ex CNI. Este último entregó una versión que da luces del por qué la inteligencia militar chilena protegió al ex químico de la DINA y después lo asesinó antes de que el ex dictador viajara a Uruguay en febrero de 1993.
“A mi finca iba la alta sociedad chilena, políticos, militares, congresistas; hasta a los hijos y sobrinos de Pinochet los vi alguna vez. Todos eran viciosos, todos eran amigos”, declaró Cornejo Hualpa.
Y así fue como Berríos fue sacado de Chile en octubre de 1991 con destino a Uruguay, a través del paso Monte Aymond de Punta Arenas. Allí permaneció hasta noviembre de 1992, última vez que se le vio con vida.
Berríos pertenecía a una potente red de tráfico de cocaína que abastecía de drogas a Australia y Europa. Más de una vez se reunió en Argentina y Montevideo con sus socios narcotraficantes, todo esto mientras estaba bajo la estricta custodia de la inteligencia militar chilena y uruguaya.
El Misterioso Coronel
A principios de los ’90, el narcotráfico se mezclaba con la alta sociedad de Viña del Mar. El empresario Manuel Losada traficaba drogas con los carteles colombianos. Como se relató en una nota de LND el pasado 7 de mayo, el representante del cartel de Cali y después de Medellín, Carlos Zuluaga, tenía dos contactos importantes, tanto para llevar la droga fuera de Chile como para traer desde Europa los narcodólares colombianos. La cocaína era distribuida en ese continente por la Cosa Nostra, liderada entonces por Bernardo Provenzano.
El primero era un coronel de Inteligencia militar; el segundo, un conocido industrial chileno. En 1998, Losada acabó detenido en el marco de la operación Océano. Años antes también cayó Zuluaga.
Traían la cocaína desde Mendoza para reelaborarla en Caleta Abarca, Viña del Mar, donde la transformaban en líquido. En 1991, según las confesiones de Zuluaga, salieron de Chile 150 kilos del alcaloide a Estados Unidos en 360 botellas de vino de la Viña Manquehue, sin que esta firma tuviera alguna responsabilidad. Y justamente en Caleta Abarca vivía un peruano experto en licuar la cocaína. Se trata de Máximo Isidro Bocanegra Guevara, ex agente de Inteligencia militar peruana, que formaba parte de la organización criminal que integraba Berríos. El peruano fue detenido en junio de 2001 por el OS-7 de Carabineros, precisamente por un laboratorio de este tipo.
Un Eslabón Perdido
En diciembre de 1991, un cargamento de armas chilenas fue descubierto en Budapest (Hungría), rotulado como ayuda humanitaria. El pato de la boda se llamaba Gerardo Huber Olivares, coronel de Ejército y jefe del Departamento de Adquisiciones en el Exterior de la Dirección de Logística. Había sido jefe de Berríos durante los años del proyecto Andrea y encargado de la Planta de Químicos del Ejercito en Talagante.
La operación, sin embargo, había comenzado en abril del mismo año con la llegada a Chile de dos personajes: el ex espía inglés Sydney Edwards y el nazi croata Vladimir Secen. Ambos jugaban distintos roles para un mismo fin: armar a los neonazis croatas contra los serbios. Secen será vinculado por la prensa argentina con los servicios de Inteligencia militar en Chile. En los primeros meses de 1992, Monzer Al-Kassar, que también traficaba armas a Croacia, viajó en dos oportunidades a Chile.
Debido al escándalo que produjo el hallazgo en Europa oriental, la Justicia chilena nombró ministro en visita a Hernán Correa de la Cerda para llevar adelante el caso. Una de las primeras diligencias que realizó el magistrado fue interrogar a Huber. Este último se declaró inocente, pero a diferencia del resto de los involucrados dijo que debían preguntarle mayores detalles al general Florencio Tejos, entonces jefe de material de guerra del Ejército. Ese solo hecho puso en alerta a la Inteligencia militar y a Huber fue apartado con una licencia médica por estrés.
Se refugió en el Cajón del Maipo, en casa de su amigo Elwin Tapia. Permaneció allí hasta el 29 de enero de 1992, no sin antes quemar una serie de documentos que comprometían al alto mando institucional de la época. Ese mismo día desapareció sin dejar rastro hasta el 20 de febrero, cuando su cuerpo fue encontrado en el lecho del río Maipo con un tiro en la cabeza.
Con el paso de los años, varias piezas se han ido uniendo. En julio de 2004, el Senado norteamericano entregó el informe sobre las actividades de lavado de dinero de distintos dictadores, entre ellos Augusto Pinochet. Allí apareció por primera vez su fortuna en el Banco Riggs de Estados Unidos y en otras entidades financieras de Europa y paraísos fiscales. Hasta ahora, la cifra llega casi a los 30 millones de dólares.
Poco a poco, la olla se ha ido destapando. Por ejemplo, la muerte del químico de la DINA Eugenio Berríos. Este homicidio no sólo tuvo motivaciones políticas, sino que además Berríos tuvo conocimiento directo de las actividades ilícitas del círculo cercano de Pinochet. Aparentemente, Huber no quiso ser sacado de Chile. ¿Por qué lo asesinaron? ¿Qué sabía?
[Fuente: La Nación, Santiago de Chile, 21may06]
6/2/09
Volkswagen, Phillips, Firestone, Chrysler y las otras : Las multinacionales que coolaboraron con las dictaduras de Brasil y Argentina
En los '60 y '70, empresas de primera línea cooperaron con las dictaduras de Brasil y Argentina para reprimir a sindicalistas.
Volkswagen, Phillips, Fire-stone, Chrysler y otras empresas ayudaron en la represión a las dictaduras de Latinoamérica, especialmente en Argentina y Brasil. Así lo señala una investigación del diario O Globo, que publica documentos inéditos del Departamento de Orden Político y Social brasileño. Los documentos muestran que las empresas formaron con los organismos de seguridad de Brasil un "grupo de trabajo" para detectar a aquellos empleados que tenían militancia gremial, quienes eran despedidos y en muchos casos torturados y asesinados.
El golpe de Estado contra Joao Goulart ocurrió en 1964. En noviembre del '66, al inicio de un período muy duro de represión que se extendería por tres años, representantes de General Motors, Volkswagen, Chrysler, Firestone, Phillips y Constanta se reunieron con el jefe del Departamento de Orden Político de San Pablo y un delegado del ejército. Según el acta de la reunión, cuenta O Globo, discutieron sobre los "problemas" en las fábricas y crearon un centro de coordinación.
La documentación, recopilada y revelada por el periodista José Casado, señala que las empresas entregaban a los servicios de inteligencia listas de los trabajadores considerados sospechosos, y que mantuvieron a lo largo del tiempo una cooperación "fuerte" pero "discreta". "Estábamos defendiendo nuestras empresas de los terroristas, de la subversión", declaró Synesio de Oliveira, representante del grupo Constanta (empresa incorporada a la Phillips en 1998).
Sobre la base de documentos obtenidos en Washington, San Pablo y Buenos Aires, la investigación revela que Volkswagen "montó un departamento interno" con agentes de la DOPS y militares para espiar a los trabajadores, mientras que Chrysler, Scania y Firestone "crearon aparatos de espionaje" en las fábricas.
Por ejemplo, un documento fechado en julio de 1978 por la filial brasileña de la firma sueca Saab-Scania plantea a la policía el caso de dos trabajadores cuyos despidos "se deben al hecho de haber participado del movimiento huelguista".
Las empresas fueron consultadas por O Globo, pero todas negaron los hechos o aseguraron que desconocían lo que indicaba la documentación. Volkswagen sostuvo que mantuvo una línea "apolítica" y una relación "avanzada" con sus empleados, mientras Firestone y Chrysler dijeron "desconocer" el tema.
En la Argentina hubo un esquema similar. La embajada de Estados Unidos informó a Washington entre abril de 1976 y junio de 1978 sobre episodios que mostraban "la gran cooperación entre gerentes y organismos de seguridad".
Uno de los casos más conocidos es el de Mercedes Benz.
En 1975 Carlos Ruckauf, ministro de Trabajo, ordenó el despido de 115 obreros por razones políticas. En 1976, ya bajo la dictadura, todos los dirigentes gremiales de la planta de González Catán fueron secuestrados. De los 16 delegados, 14 siguen desaparecidos. Sus familiares y los sobrevivientes consiguieron la creación, la semana pasada, de una comisión investigadora.
Mercedes Benz tuvo un extraño comportamiento con las familias de sus empleados desaparecidos, a quienes les continuó abonando el sueldo. Algunos hasta cobraron indemnizaciones por motivos no especificados. En cambio, los operarios que dejaron de ir a trabajar porque corrían el riesgo de ser secuestrados fueron despedidos.
Pàgina 12
Buenos Aires, 16 de mayo del 2005
Volkswagen, Phillips, Fire-stone, Chrysler y otras empresas ayudaron en la represión a las dictaduras de Latinoamérica, especialmente en Argentina y Brasil. Así lo señala una investigación del diario O Globo, que publica documentos inéditos del Departamento de Orden Político y Social brasileño. Los documentos muestran que las empresas formaron con los organismos de seguridad de Brasil un "grupo de trabajo" para detectar a aquellos empleados que tenían militancia gremial, quienes eran despedidos y en muchos casos torturados y asesinados.
El golpe de Estado contra Joao Goulart ocurrió en 1964. En noviembre del '66, al inicio de un período muy duro de represión que se extendería por tres años, representantes de General Motors, Volkswagen, Chrysler, Firestone, Phillips y Constanta se reunieron con el jefe del Departamento de Orden Político de San Pablo y un delegado del ejército. Según el acta de la reunión, cuenta O Globo, discutieron sobre los "problemas" en las fábricas y crearon un centro de coordinación.
La documentación, recopilada y revelada por el periodista José Casado, señala que las empresas entregaban a los servicios de inteligencia listas de los trabajadores considerados sospechosos, y que mantuvieron a lo largo del tiempo una cooperación "fuerte" pero "discreta". "Estábamos defendiendo nuestras empresas de los terroristas, de la subversión", declaró Synesio de Oliveira, representante del grupo Constanta (empresa incorporada a la Phillips en 1998).
Sobre la base de documentos obtenidos en Washington, San Pablo y Buenos Aires, la investigación revela que Volkswagen "montó un departamento interno" con agentes de la DOPS y militares para espiar a los trabajadores, mientras que Chrysler, Scania y Firestone "crearon aparatos de espionaje" en las fábricas.
Por ejemplo, un documento fechado en julio de 1978 por la filial brasileña de la firma sueca Saab-Scania plantea a la policía el caso de dos trabajadores cuyos despidos "se deben al hecho de haber participado del movimiento huelguista".
Las empresas fueron consultadas por O Globo, pero todas negaron los hechos o aseguraron que desconocían lo que indicaba la documentación. Volkswagen sostuvo que mantuvo una línea "apolítica" y una relación "avanzada" con sus empleados, mientras Firestone y Chrysler dijeron "desconocer" el tema.
En la Argentina hubo un esquema similar. La embajada de Estados Unidos informó a Washington entre abril de 1976 y junio de 1978 sobre episodios que mostraban "la gran cooperación entre gerentes y organismos de seguridad".
Uno de los casos más conocidos es el de Mercedes Benz.
En 1975 Carlos Ruckauf, ministro de Trabajo, ordenó el despido de 115 obreros por razones políticas. En 1976, ya bajo la dictadura, todos los dirigentes gremiales de la planta de González Catán fueron secuestrados. De los 16 delegados, 14 siguen desaparecidos. Sus familiares y los sobrevivientes consiguieron la creación, la semana pasada, de una comisión investigadora.
Mercedes Benz tuvo un extraño comportamiento con las familias de sus empleados desaparecidos, a quienes les continuó abonando el sueldo. Algunos hasta cobraron indemnizaciones por motivos no especificados. En cambio, los operarios que dejaron de ir a trabajar porque corrían el riesgo de ser secuestrados fueron despedidos.
Pàgina 12
Buenos Aires, 16 de mayo del 2005
Cómo los Estados Unidos ocultaron información sobre los detenidos-desaparecidos de la dictadura militar argentina.
Revelaciones del ex embajador norteamericano Raúl Castro sobre los años de noche y plomo que explican la trama de cómo actuó la dictadura militar, con la complicidad de los Estados Unidos y de la clase dirigente argentina de la época.
Fuentes seguras de Washington confirman las declaraciones formuladas por el ex embajador norteamericano en la Argentina, Raúl Castro formuladas a la agencia Asociated Press (AP). Fueron años terribles en donde los militares constituyeron el brazo ejecutor de crímenes -toda una generación de hombres y mujeres jóvenes- alentados por sectores civiles empresarios, políticos de derecha y no pocos pretendidos liberales, junto a eclesiásticos que llegaron a bendecir las armas de los "grupos de tareas".
Algunas semanas después que los cadáveres de siete mujeres que habían encabezado un movimiento para liberar a sus seres queridos, aparecieron en una playa del sur de Argentina, en 1978, el gobierno de Estados Unidos se habría enterrado de quiénes eran los culpables de los asesinatos, los ejecutores directos y la Junta Militar. En Washington sostienen que se ocultó la información y ello es ratificado por el embajador Raúl Castro, pero lo cierto es que todas las dictaduras militares latinoamericanas tuvieron el visto bueno de ese país y la colaboración de la CIA y otros organismos de seguridad.
El llamado Plan Cóndor que integraron las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, fue un plan de factura norteamericana en los tiempos de la Guerra Fría, cuando estaba vigente la teoría de las "guerras de baja intensidad" y la Doctrina de la Seguridad Nacional, enseñanzas impartidas en la Escuela de las Américas, en los colegios y escuelas militares latinoamericanas, de acuerda a la doctrina de la "guerra contra revolucionaria". Esa mentalidad fue ampliada en los Documentos Santa Fe I y II de los ideólogos reaganistas del Partido Republicano.
Raúl Castro
Raúl Castro, entonces embajador de Estados Unidos en Argentina dijo a la agencia mencionada que él consideraba más importante trabajar entre bastidores para lograr que el régimen anticomunista mejorara la situación de los derechos humanos en su país, que criticarlo públicamente. "Estábamos tratando de defender los derechos humanos, pero de manera callada", explicó Castro, un ex gobernador de Arizona de origen hispánico, al memorar su sinuosa actuación en la Argentina.
Las declaraciones de Castro se producen luego que una institución privada, Archivos de Seguridad Nacional, reveló documentos previamente secretos en los que se indicó, de acuerdo a información del gobierno de Estados Unidos que las siete mujeres antes mencionadas habían sido capturadas por funcionarios militares. Esa situación se analizó y sancionó después de 1983 en el Juicio a las Juntas, pero nunca se ha sancionado la actuación, directa o indirecta, de los norteamericanos, embajadores, funcionarios de distinto rango y jefes castrenses, agentes especiales que actuaron en aquellos años. Un caso paradigmático es el de Henry Kissinger, responsable directo junto a la ITT del golpe militar en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende.
Madres de Plaza de Mayo
Las siete mujeres asesinadas eran dirigentes de las Madres de Plaza de Mayo, que representan a familiares de miles de desaparecidos, secuestrados y posteriormente asesinados, enterrados en fosas comunes o lanzados al mar.
Doce dirigentes de las Madres de Plaza de Mayo fueron secuestrados en diciembre de 1977. En una muestra de su histrionismo y maldad, la Junta militar acusó de los secuestros a grupos insurgentes. El embajador Raúl Castro se enteró de la verdad, según manifiesta ahora, a través de sus contactos en esa junta, que las mujeres habían sido secuestradas por el gobierno y que 'las evidencias' atribuidas a la guerrilla eran una invención.
Un telegrama revelador
El 20 de enero de 1978, en un telegrama enviado al Departamento de Estado, Castro dijo : 'Nuestras fuentes concuerdan en que el operativo fue llevado a cabo por alguna rama de las fuerzas de seguridad, pero no es claro de qué grupo específico se trata y de su nivel de responsabilidad'.
Al referirse al grupo insurgente, Castro dijo : 'la supuesta nota de los Montoneros atribuyéndose la responsabilidad por el secuestro ha sido generalmente desestimada'. Castro, que conocía a alguna de las señoras desaparecidas habría hecho inicialmente presiones para que las liberaran. Pero en un telegrama enviado posteriormente, que ahora se conoce por fuentes ajenas al ex embajador, dijo que ulteriores protestas 'serían infructuosas y sólo causarían reticencia si la junta está reteniendo información de manera deliberada' por temor a que causase 'demasiado daño si fuese revelada'.
El gobierno norteamericano
El 20 de marzo de 1978, Castro envió otro telegrama a sus jefes en el gobierno norteamericano, indicando que varios cadáveres "habían llegado a la playa" en el sur de Argentina "debido a vientos muy fuertes". Eso incluyó a siete mujeres del grupo de madres y entre ellas dos monjas francesas. En el cable diplomático también se indicó que un funcionario argentino había confirmado el arresto de las siete mujeres "bajo un amplio mandato contra terroristas y subversivos".
Castro envió una nota de protesta al general Jorge Rafael Videla y agrega que el gobierno francés desalentó ulteriores protestas por el asesinato de las monjas, pues eso causaba daños a su comercio con Argentina. Sin embargo, a diferencia de los norteamericanos los gobiernos francés han reclamado siempre, hasta ahora por las dos monjas francesas secuestradas y asesinadas por los militares.
El ex embajador norteamericano no quiso contar a las familias de los desaparecidos sobre sus hallazgos diciendo en otro telegrama que "eso sería infructuoso y podría desviarnos de las oportunidades que tenemos en la actual situación".
El diplomático pidió entonces a la Casa Blanca que "evitara todo lenguaje capaz de estigmatizar al gobierno y se concentrara, en cambio, en las perspectivas de una mejora del respeto a los derechos humanos en la Argentina".
Protestas semanales de la Madres
Las Madres comenzaron a hacer protestas semanales frente a la Casa Rosada, en Buenos Aires, que atrajeron a centenares de personas y la atención internacional. Luego de cada protesta, las dirigentes del grupo se reunían con el embajador Castro en la embajada y le informaban de nuevas desapariciones. "Yo tenía una línea directa con la Junta", dice Castro, "y realizaba indagaciones". Los informantes que tenía Castro en la Junta militar le dijeron que por lo menos dos de los dirigentes que asistían a las reuniones semanales eran infiltrados enviados por el gobierno, pero él mantuvo el secreto, "Yo tenía que proceder con cautela", afirma ahora Castro con desparpajo.
Una trascripción de un informe presentado en mayo de 1978 a un subsecretario de Estado por otro diplomático, Tex Harris, indica que los funcionarios del gobierno norteamericano prefirieron ignorar denuncias sobre las actividades represivas de la Junta indica que los funcionarios norteamericanos prefirieron ignorar denuncias sobre las actividades represivas de la Junta aunque "nuestros archivos", señaló Harris, "estaban repletos con información sobre dirigentes estudiantiles, psicólogos, psiquiatras, miembros de grupos de discusión socialista y otros, que habían desparecido". Harris cita declaraciones de un informante de la policía que le explicó lo ocurrido con los "desaparecidos".
"A esas personas que se les dice que van a ser transferidas y que deben recibir una inyección antes de partir, por razones médicas... Las personas se someten con amabilidad a esa inyección que contiene curia, un derivado del veneno usado por los aborígenes del Amazonas en sus cerbatanas. Evidentemente eso tiene el efecto de contraer los músculos. Luego, se la sube a aviones y se las arroja en la desembocadura del río, donde son rápidamente devoradas por los peces".
En el caso de las siete mujeres ya mencionadas, sus cadáveres fueron hallados cerca de la costa de Mar del Plata.
Meses después de los asesinatos, el gobierno norteamericano a instancias del Pentágono autorizó ventas de equipo militar para la Junta por 120 millones de dólares, además de otorgar más de treinta puestos de adiestramiento para oficiales argentinos en instalaciones y escuelas militares norteamericanas.
Castro afirma en sus declaraciones a AP, que la relación entre los militares estadounidenses y los argentinos "era muy afable". Los militares "tenían ingreso en Washington, en el Pentágono".
De los cinco confidentes infiltrados, todos varones, se desconoce a cuatro y un quinto "Gustavo Niño" fue identificado como el teniente de la armada Alfredo Astíz.
Argenpresse.info
Buenos Aires, 16 de diciembre del 2002
Fuentes seguras de Washington confirman las declaraciones formuladas por el ex embajador norteamericano en la Argentina, Raúl Castro formuladas a la agencia Asociated Press (AP). Fueron años terribles en donde los militares constituyeron el brazo ejecutor de crímenes -toda una generación de hombres y mujeres jóvenes- alentados por sectores civiles empresarios, políticos de derecha y no pocos pretendidos liberales, junto a eclesiásticos que llegaron a bendecir las armas de los "grupos de tareas".
Algunas semanas después que los cadáveres de siete mujeres que habían encabezado un movimiento para liberar a sus seres queridos, aparecieron en una playa del sur de Argentina, en 1978, el gobierno de Estados Unidos se habría enterrado de quiénes eran los culpables de los asesinatos, los ejecutores directos y la Junta Militar. En Washington sostienen que se ocultó la información y ello es ratificado por el embajador Raúl Castro, pero lo cierto es que todas las dictaduras militares latinoamericanas tuvieron el visto bueno de ese país y la colaboración de la CIA y otros organismos de seguridad.
El llamado Plan Cóndor que integraron las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, fue un plan de factura norteamericana en los tiempos de la Guerra Fría, cuando estaba vigente la teoría de las "guerras de baja intensidad" y la Doctrina de la Seguridad Nacional, enseñanzas impartidas en la Escuela de las Américas, en los colegios y escuelas militares latinoamericanas, de acuerda a la doctrina de la "guerra contra revolucionaria". Esa mentalidad fue ampliada en los Documentos Santa Fe I y II de los ideólogos reaganistas del Partido Republicano.
Raúl Castro
Raúl Castro, entonces embajador de Estados Unidos en Argentina dijo a la agencia mencionada que él consideraba más importante trabajar entre bastidores para lograr que el régimen anticomunista mejorara la situación de los derechos humanos en su país, que criticarlo públicamente. "Estábamos tratando de defender los derechos humanos, pero de manera callada", explicó Castro, un ex gobernador de Arizona de origen hispánico, al memorar su sinuosa actuación en la Argentina.
Las declaraciones de Castro se producen luego que una institución privada, Archivos de Seguridad Nacional, reveló documentos previamente secretos en los que se indicó, de acuerdo a información del gobierno de Estados Unidos que las siete mujeres antes mencionadas habían sido capturadas por funcionarios militares. Esa situación se analizó y sancionó después de 1983 en el Juicio a las Juntas, pero nunca se ha sancionado la actuación, directa o indirecta, de los norteamericanos, embajadores, funcionarios de distinto rango y jefes castrenses, agentes especiales que actuaron en aquellos años. Un caso paradigmático es el de Henry Kissinger, responsable directo junto a la ITT del golpe militar en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende.
Madres de Plaza de Mayo
Las siete mujeres asesinadas eran dirigentes de las Madres de Plaza de Mayo, que representan a familiares de miles de desaparecidos, secuestrados y posteriormente asesinados, enterrados en fosas comunes o lanzados al mar.
Doce dirigentes de las Madres de Plaza de Mayo fueron secuestrados en diciembre de 1977. En una muestra de su histrionismo y maldad, la Junta militar acusó de los secuestros a grupos insurgentes. El embajador Raúl Castro se enteró de la verdad, según manifiesta ahora, a través de sus contactos en esa junta, que las mujeres habían sido secuestradas por el gobierno y que 'las evidencias' atribuidas a la guerrilla eran una invención.
Un telegrama revelador
El 20 de enero de 1978, en un telegrama enviado al Departamento de Estado, Castro dijo : 'Nuestras fuentes concuerdan en que el operativo fue llevado a cabo por alguna rama de las fuerzas de seguridad, pero no es claro de qué grupo específico se trata y de su nivel de responsabilidad'.
Al referirse al grupo insurgente, Castro dijo : 'la supuesta nota de los Montoneros atribuyéndose la responsabilidad por el secuestro ha sido generalmente desestimada'. Castro, que conocía a alguna de las señoras desaparecidas habría hecho inicialmente presiones para que las liberaran. Pero en un telegrama enviado posteriormente, que ahora se conoce por fuentes ajenas al ex embajador, dijo que ulteriores protestas 'serían infructuosas y sólo causarían reticencia si la junta está reteniendo información de manera deliberada' por temor a que causase 'demasiado daño si fuese revelada'.
El gobierno norteamericano
El 20 de marzo de 1978, Castro envió otro telegrama a sus jefes en el gobierno norteamericano, indicando que varios cadáveres "habían llegado a la playa" en el sur de Argentina "debido a vientos muy fuertes". Eso incluyó a siete mujeres del grupo de madres y entre ellas dos monjas francesas. En el cable diplomático también se indicó que un funcionario argentino había confirmado el arresto de las siete mujeres "bajo un amplio mandato contra terroristas y subversivos".
Castro envió una nota de protesta al general Jorge Rafael Videla y agrega que el gobierno francés desalentó ulteriores protestas por el asesinato de las monjas, pues eso causaba daños a su comercio con Argentina. Sin embargo, a diferencia de los norteamericanos los gobiernos francés han reclamado siempre, hasta ahora por las dos monjas francesas secuestradas y asesinadas por los militares.
El ex embajador norteamericano no quiso contar a las familias de los desaparecidos sobre sus hallazgos diciendo en otro telegrama que "eso sería infructuoso y podría desviarnos de las oportunidades que tenemos en la actual situación".
El diplomático pidió entonces a la Casa Blanca que "evitara todo lenguaje capaz de estigmatizar al gobierno y se concentrara, en cambio, en las perspectivas de una mejora del respeto a los derechos humanos en la Argentina".
Protestas semanales de la Madres
Las Madres comenzaron a hacer protestas semanales frente a la Casa Rosada, en Buenos Aires, que atrajeron a centenares de personas y la atención internacional. Luego de cada protesta, las dirigentes del grupo se reunían con el embajador Castro en la embajada y le informaban de nuevas desapariciones. "Yo tenía una línea directa con la Junta", dice Castro, "y realizaba indagaciones". Los informantes que tenía Castro en la Junta militar le dijeron que por lo menos dos de los dirigentes que asistían a las reuniones semanales eran infiltrados enviados por el gobierno, pero él mantuvo el secreto, "Yo tenía que proceder con cautela", afirma ahora Castro con desparpajo.
Una trascripción de un informe presentado en mayo de 1978 a un subsecretario de Estado por otro diplomático, Tex Harris, indica que los funcionarios del gobierno norteamericano prefirieron ignorar denuncias sobre las actividades represivas de la Junta indica que los funcionarios norteamericanos prefirieron ignorar denuncias sobre las actividades represivas de la Junta aunque "nuestros archivos", señaló Harris, "estaban repletos con información sobre dirigentes estudiantiles, psicólogos, psiquiatras, miembros de grupos de discusión socialista y otros, que habían desparecido". Harris cita declaraciones de un informante de la policía que le explicó lo ocurrido con los "desaparecidos".
"A esas personas que se les dice que van a ser transferidas y que deben recibir una inyección antes de partir, por razones médicas... Las personas se someten con amabilidad a esa inyección que contiene curia, un derivado del veneno usado por los aborígenes del Amazonas en sus cerbatanas. Evidentemente eso tiene el efecto de contraer los músculos. Luego, se la sube a aviones y se las arroja en la desembocadura del río, donde son rápidamente devoradas por los peces".
En el caso de las siete mujeres ya mencionadas, sus cadáveres fueron hallados cerca de la costa de Mar del Plata.
Meses después de los asesinatos, el gobierno norteamericano a instancias del Pentágono autorizó ventas de equipo militar para la Junta por 120 millones de dólares, además de otorgar más de treinta puestos de adiestramiento para oficiales argentinos en instalaciones y escuelas militares norteamericanas.
Castro afirma en sus declaraciones a AP, que la relación entre los militares estadounidenses y los argentinos "era muy afable". Los militares "tenían ingreso en Washington, en el Pentágono".
De los cinco confidentes infiltrados, todos varones, se desconoce a cuatro y un quinto "Gustavo Niño" fue identificado como el teniente de la armada Alfredo Astíz.
Argenpresse.info
Buenos Aires, 16 de diciembre del 2002
1/2/09
Confesión del cabo Carlos Amadeo Marandino sobre la Masacre de Trelew.
El cabo Carlos Amadeo Marandino declaró, ante el juez que investiga la Masacre de Trelew, que en el '72 la Marina le ordenó dar información falsa para encubrir el fusilamiento de los presos. Dijo que en octubre de 2007, los capitanes Vázquez y Poggi lo citaron al Edificio Libertad para hablar de la causa judicial.
En 1972 la Armada Argentina ordenó a sus oficiales formular declaraciones con información falsa con el fin de encubrir el fusilamiento de dieciséis presos políticos indefensos y respaldar la versión oficial del "intento de fuga" en la base aeronaval Almirante Zar. El dato consta en la declaración ante la Justicia del cabo que abrió las puertas de los calabozos, Carlos Amadeo Marandino, al que Página/12 tuvo acceso exclusivo. Es novedoso en boca de un marino, pero a nadie sorprende : se trata de la misma fuerza que instaló el mayor centro de exterminio de la ciudad de Buenos Aires y aún no se dignó informar el destino de un solo detenido-desaparecido. Aún más preocupante, sin embargo, es el presente de la Armada : en octubre del año pasado dos capitanes citaron a Marandino al Edificio Libertad para comunicarle la reapertura de la causa y anticiparle que lo tendrían al tanto de cualquier novedad. No sería un caso aislado : según pudo saber Página/12, el capitán de navío Juan Martín Poggi, subsecretario de Relaciones Institucionales que recibió a Marandino, tiene a su cargo una dependencia que en la jerga naval se denomina "Grupo de Contención" y funciona dentro de la Secretaría General Naval con el fin de asesorar a los camaradas en desgracia imputados por delitos de lesa humanidad.
Entrerriano, 58 años, chofer del agregado naval en Washington hasta diciembre de 2004, Marandino es el cuarto oficial de la Armada detenido por el juez federal Hugo Sastre, el tercero que aceptó declarar y el primero que rompió el pacto de silencio tan caro a los sentimientos de la familia naval. El cabo adelantó su retorno de los Estados Unidos cuando supo que se había librado su orden de detención. Se entregó manso en Ezeiza, fue trasladado a Chubut y el miércoles habló durante cinco horas.
El 16 de agosto de 1972, cuando los guerrilleros fugados del penal de Rawson fueron encerrados en calabozos de la base Zar, hacía seis días que Marandino había llegado. Tenía 22 años, era un cabo raso de Infantería pero cumplía funciones de marinería. Le tocó cubrir cuatro guardias, con compañeros distintos. La tercera fue el 21 de agosto. La última comenzó a la medianoche del 22. La formaban un oficial y cuatro o seis personas, dijo. Portaban pistolas 45, agregó. Otros dos oficiales quedaban detrás de un biombo, sentados, con dos ametralladoras. Un guardia se asomaba cada 15 o 20 minutos por las mirillas de los calabozos. "De vez en cuando venían señores oficiales de Infantería a dar recorridas", puntualizó.
Los presos no hablaban. Se comunicaban por señas o golpes en las paredes. Para ir al baño salían custodiados por dos personas. Lo mismo para comer. Al comienzo comían en grupos de dos o de tres.
¿Cuál fue el comportamiento de los detenidos durante sus guardias ?
- Ningún problema, nunca.
¿Gritaban, protestaban o hacían escándalo ?
- En ningún momento. Siempre había silencio.
"Era todo normal" hasta las 3.15 de la madrugada, cuando ingresaron "los señores oficiales". Eran cinco. "Caminaban bien, se expresaban bien, pero olían a alcohol", subrayó. Dos vestían pantalón blanco y chaqueta azul, que identifican a "los navales, de marinería o de aviación naval." Los otros tres, incluido uno robusto, uniforme verde oliva, color de los infantes de Marina.
"Estos señores oficiales parecía que venían un poco tomados de copas (sic). Me ordenaron desarmarme. Pensé que me había mandado alguna macana, entregué mi arma como me lo ordenaron", contó. Un verde oliva le entregó las llaves de los calabozos y le ordenó abrirlos. "Abrí los calabozos y no mencioné nada. No los desperté", aclaró. "Una vez cumplida la orden, me ordenaron que me retirara. Dije 'sí, señor' o 'comprendido, señor'", detalló.
Después escuchó que los detenidos cantaban el Himno Nacional. De inmediato "se escuchaba como que hablaban muy fuerte, muchos gritos", hasta que "alguien gritó '¡se quieren escapar !'". Después escuchó disparos de ametralladora, dos ráfagas, una pausa y disparos aislados de pistola 45. Cuando la balacera concluyó, el capitán Luis Emilio Sosa le ordenó "verificar el estado de los cuerpos". Pese a su "estado de shock", intentó acatar la orden. "Se sentía el olor a pólvora, había humo", detalló. "Los vi en el centro del pasillo. Se sentían muchos quejidos de dolor." Los fusiladores estaban ahí. "En ningún momento se fueron", dijo.
"Hice dos o cuatro pasos y regresé. Temí por mi salud, por el shock de ver los cuerpos. Entregué mi armamento muy nervioso y confuso." Luego "me llevaron a la enfermería y ahí me desperté en horas de la tarde. Me dieron un sedante para tranquilizarme. Era el más moderno de los militares", agregó.
Recién al concluir su relato Marandino identificó a "los señores oficiales" : capitán Luis Emilio Sosa, capitán Raúl Herrera, teniente Emilio Del Real y teniente Carlos Guillermo Bravo. Los cuatro "portaban las dos armas : pistola calibre 45 y pistola ametralladora PAM", detalló. Herrera está fallecido, Sosa y Del Real detenidos y Bravo es hasta ahora el único prófugo de la causa. Página/12 informó que vive en Miami y es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
En mayo de 1973, Marandino fue enviado en comisión a Estados Unidos, hasta diciembre de 1975. Allí ascendió a cabo primero. "Me retiraron en 1975", concluyó. Pese a los 32 años transcurridos, en octubre pasado la Armada lo citó al Edificio Libertad. Lo recibieron el capitán de fragata Angel Vázquez, de la Secretaría General Naval, y el capitán de navío Juan Martín Poggi, oficial de Inteligencia y subsecretario de Relaciones Institucionales. Le informaron que se había reabierto la causa y que "posiblemente iba a tener alguna mención (sic) de su supuesta intervención". Poggi le anticipó que "quizás habría novedades después de las elecciones" y le dijo que lo mantendría informado. Le entregaron sus tarjetas, tomaron nota de cómo ubicar a su abogado Roberto Aguiar, pero nunca más se comunicaron.
El cuento para encubrir
No sólo ante la opinión pública la Armada difundió el viejo cuento del intento de fuga, el tiroteo y los muertos inevitables. Idéntico principio rector rigió en el sumario interno que instruyó para simular investigar los hechos ocurridos en la base Almirante Zar. "Dos o tres días después" de la masacre "me informaron que debía manifestar la fuga de estas personas y a su vez que el señor capitán Sosa había sido golpeado por estas personas", declaró Marandino. Recordó que su declaración transcurrió en Bahía Blanca y que nunca obtuvo copia de su testimonio. El sumario no está agregado a la causa. La Armada informó que murió en uno de los tantos oportunos incendios que suelen devorarse sus documentos sensibles. Se sabe, en cambio, que estuvo a cargo del capitán de navío retirado Jorge Enrique Bautista. El fiscal Fernando Gélvez ya solicitó que no se lo cite a prestar declaración testimonial sino indagatoria. Bautista tiene 81 años.
Diego Martínez
Página 12. Buenos Aires
22 de Febrero de 2008.
En 1972 la Armada Argentina ordenó a sus oficiales formular declaraciones con información falsa con el fin de encubrir el fusilamiento de dieciséis presos políticos indefensos y respaldar la versión oficial del "intento de fuga" en la base aeronaval Almirante Zar. El dato consta en la declaración ante la Justicia del cabo que abrió las puertas de los calabozos, Carlos Amadeo Marandino, al que Página/12 tuvo acceso exclusivo. Es novedoso en boca de un marino, pero a nadie sorprende : se trata de la misma fuerza que instaló el mayor centro de exterminio de la ciudad de Buenos Aires y aún no se dignó informar el destino de un solo detenido-desaparecido. Aún más preocupante, sin embargo, es el presente de la Armada : en octubre del año pasado dos capitanes citaron a Marandino al Edificio Libertad para comunicarle la reapertura de la causa y anticiparle que lo tendrían al tanto de cualquier novedad. No sería un caso aislado : según pudo saber Página/12, el capitán de navío Juan Martín Poggi, subsecretario de Relaciones Institucionales que recibió a Marandino, tiene a su cargo una dependencia que en la jerga naval se denomina "Grupo de Contención" y funciona dentro de la Secretaría General Naval con el fin de asesorar a los camaradas en desgracia imputados por delitos de lesa humanidad.
Entrerriano, 58 años, chofer del agregado naval en Washington hasta diciembre de 2004, Marandino es el cuarto oficial de la Armada detenido por el juez federal Hugo Sastre, el tercero que aceptó declarar y el primero que rompió el pacto de silencio tan caro a los sentimientos de la familia naval. El cabo adelantó su retorno de los Estados Unidos cuando supo que se había librado su orden de detención. Se entregó manso en Ezeiza, fue trasladado a Chubut y el miércoles habló durante cinco horas.
El 16 de agosto de 1972, cuando los guerrilleros fugados del penal de Rawson fueron encerrados en calabozos de la base Zar, hacía seis días que Marandino había llegado. Tenía 22 años, era un cabo raso de Infantería pero cumplía funciones de marinería. Le tocó cubrir cuatro guardias, con compañeros distintos. La tercera fue el 21 de agosto. La última comenzó a la medianoche del 22. La formaban un oficial y cuatro o seis personas, dijo. Portaban pistolas 45, agregó. Otros dos oficiales quedaban detrás de un biombo, sentados, con dos ametralladoras. Un guardia se asomaba cada 15 o 20 minutos por las mirillas de los calabozos. "De vez en cuando venían señores oficiales de Infantería a dar recorridas", puntualizó.
Los presos no hablaban. Se comunicaban por señas o golpes en las paredes. Para ir al baño salían custodiados por dos personas. Lo mismo para comer. Al comienzo comían en grupos de dos o de tres.
¿Cuál fue el comportamiento de los detenidos durante sus guardias ?
- Ningún problema, nunca.
¿Gritaban, protestaban o hacían escándalo ?
- En ningún momento. Siempre había silencio.
"Era todo normal" hasta las 3.15 de la madrugada, cuando ingresaron "los señores oficiales". Eran cinco. "Caminaban bien, se expresaban bien, pero olían a alcohol", subrayó. Dos vestían pantalón blanco y chaqueta azul, que identifican a "los navales, de marinería o de aviación naval." Los otros tres, incluido uno robusto, uniforme verde oliva, color de los infantes de Marina.
"Estos señores oficiales parecía que venían un poco tomados de copas (sic). Me ordenaron desarmarme. Pensé que me había mandado alguna macana, entregué mi arma como me lo ordenaron", contó. Un verde oliva le entregó las llaves de los calabozos y le ordenó abrirlos. "Abrí los calabozos y no mencioné nada. No los desperté", aclaró. "Una vez cumplida la orden, me ordenaron que me retirara. Dije 'sí, señor' o 'comprendido, señor'", detalló.
Después escuchó que los detenidos cantaban el Himno Nacional. De inmediato "se escuchaba como que hablaban muy fuerte, muchos gritos", hasta que "alguien gritó '¡se quieren escapar !'". Después escuchó disparos de ametralladora, dos ráfagas, una pausa y disparos aislados de pistola 45. Cuando la balacera concluyó, el capitán Luis Emilio Sosa le ordenó "verificar el estado de los cuerpos". Pese a su "estado de shock", intentó acatar la orden. "Se sentía el olor a pólvora, había humo", detalló. "Los vi en el centro del pasillo. Se sentían muchos quejidos de dolor." Los fusiladores estaban ahí. "En ningún momento se fueron", dijo.
"Hice dos o cuatro pasos y regresé. Temí por mi salud, por el shock de ver los cuerpos. Entregué mi armamento muy nervioso y confuso." Luego "me llevaron a la enfermería y ahí me desperté en horas de la tarde. Me dieron un sedante para tranquilizarme. Era el más moderno de los militares", agregó.
Recién al concluir su relato Marandino identificó a "los señores oficiales" : capitán Luis Emilio Sosa, capitán Raúl Herrera, teniente Emilio Del Real y teniente Carlos Guillermo Bravo. Los cuatro "portaban las dos armas : pistola calibre 45 y pistola ametralladora PAM", detalló. Herrera está fallecido, Sosa y Del Real detenidos y Bravo es hasta ahora el único prófugo de la causa. Página/12 informó que vive en Miami y es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
En mayo de 1973, Marandino fue enviado en comisión a Estados Unidos, hasta diciembre de 1975. Allí ascendió a cabo primero. "Me retiraron en 1975", concluyó. Pese a los 32 años transcurridos, en octubre pasado la Armada lo citó al Edificio Libertad. Lo recibieron el capitán de fragata Angel Vázquez, de la Secretaría General Naval, y el capitán de navío Juan Martín Poggi, oficial de Inteligencia y subsecretario de Relaciones Institucionales. Le informaron que se había reabierto la causa y que "posiblemente iba a tener alguna mención (sic) de su supuesta intervención". Poggi le anticipó que "quizás habría novedades después de las elecciones" y le dijo que lo mantendría informado. Le entregaron sus tarjetas, tomaron nota de cómo ubicar a su abogado Roberto Aguiar, pero nunca más se comunicaron.
El cuento para encubrir
No sólo ante la opinión pública la Armada difundió el viejo cuento del intento de fuga, el tiroteo y los muertos inevitables. Idéntico principio rector rigió en el sumario interno que instruyó para simular investigar los hechos ocurridos en la base Almirante Zar. "Dos o tres días después" de la masacre "me informaron que debía manifestar la fuga de estas personas y a su vez que el señor capitán Sosa había sido golpeado por estas personas", declaró Marandino. Recordó que su declaración transcurrió en Bahía Blanca y que nunca obtuvo copia de su testimonio. El sumario no está agregado a la causa. La Armada informó que murió en uno de los tantos oportunos incendios que suelen devorarse sus documentos sensibles. Se sabe, en cambio, que estuvo a cargo del capitán de navío retirado Jorge Enrique Bautista. El fiscal Fernando Gélvez ya solicitó que no se lo cite a prestar declaración testimonial sino indagatoria. Bautista tiene 81 años.
Diego Martínez
Página 12. Buenos Aires
22 de Febrero de 2008.
31/1/09
Cómo se enriquecieron los represores en Argentina
La Justicia está descubriendo los vastos negocios de la represión ilegal, que iban del saqueo de casas a la cesión de inmuebles bajo tortura y la creación de empresas fantasma para blanquear dinero y reciclar campos. Según el fiscal de la causa, es la "mercantilización de la muerte".
En silencio, con meticulosidad, la investigación sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura avanza en una nueva línea. El fiscal Federico Delgado analiza la utilización de una decena de empresas de seguridad manejadas por represores para el robo de bienes de desaparecidos, el lavado del dinero que les robaban y el secuestro extorsivo de empresarios. También detectó la posible apropiación de un inmueble que pertenecía a un grupo de militantes uruguayos secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti y la compra, con plata de los detenidos, de otros dos edificios : los tres lugares fueron destinados para uso de la SIDE. Son sólo algunos ejemplos de lo que Delgado llama, en un dictamen preliminar, "la mercantilización del terror" o "la dimensión económica" del plan represivo.
Hasta ahora, sólo la megacausa sobre los crímenes cometidos en la ESMA había avanzado en el esclarecimiento de varios casos de robo y desapoderamiento de bienes de desaparecidos. Siete marinos e incluso el hijo del dictador Emilio Massera fueron responsabilizados hace más de cinco años por la apropiación -a través de una cadena de sociedades ficticias- de valiosas tierras de Chacras de Coria que pertenecían al empresario Victorio Cerutti, el contador Horacio Palma y el abogado Conrado Gómez. Tiempo después, el juez Sergio Torres abrió directamente una nueva causa sobre el despojo de sus pertenencias a las víctimas de la dictadura. Algunos detenidos fueron obligados a transferir su casa o a firmar poderes para entregar departamentos.
El expediente sobre el Primer Cuerpo de Ejército, que está a cargo del juez Daniel Rafecas y del fiscal Delgado, abarca los secuestros y desapariciones en varios campos de concentración como Orletti, El Atlético, El Banco, El Vesubio y El Olimpo, incluye casos de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora hay 63 imputados en todas estas causas, de los cuales cerca de 40 están detenidos, y hay 14 excarcelados.
Cuando pidió, algunos meses atrás, ampliar esta investigación a su faceta económica, Delgado planteó un esquema teórico como punto de partida. Señaló que mientras en un "nivel macro" se desplegó un plan criminal "con el objetivo de despolitizar" y sentar "un nuevo patrón de acumulación", a "nivel micro el terror se tradujo en una licencia para delinquir para quienes eran parte del régimen de manera concomitante con la represión".
Plata, joyas, inmuebles
El fiscal sostiene que con sólo mirar algunas causas que tramitaron como delitos comunes se llega a advertir -por empezar- un entramado de agencias de seguridad que operaron durante la dictadura, con participación en muchos casos de agentes de inteligencia, de diferentes maneras : hacían inteligencia "paralela", investigaciones financieras, implementaban secuestros, se encargaban del arrebato de bienes de los desaparecidos y servían de fachada para hacer distintos negocios con el dinero o las cosas que sustraían.
Una de las hipótesis de la fiscalía es que la empresa Magister Seguridad Integral SRL fue creada para "incorporar el dinero producido de los bienes de los que fueron despojadas las víctimas" de Orletti, que se repartía bajo supervisión del ex agente Aníbal Gordon y con ayuda de un contador de apellido Benítez. El general Otto Paladino, jefe de la SIDE y de aquel centro clandestino de Flores, dirigía Magister. Mientras estuvo en la central de espías evitó aparecer oficialmente en la sociedad, pero figuraban su esposa, su hija y varios miembros de la banda de Gordon, entre ellos Eduardo Ruffo, detenido el año pasado por 65 secuestros y desapariciones en Orletti, y César Enciso (yerno de Paladino).
Magister, en los papeles, ofrecía estudios económicos y de mercado, asesoramiento industrial, administración de empresas, seguridad y espionaje industrial. En la práctica, habría recibido y canalizado "el botín de guerra" -joyas, dinero, inmuebles- de Orletti, sede del Plan Cóndor en Buenos Aires. Buena parte de lo robado habría pertenecido, según investiga Delgado, a un grupo de uruguayos detenidos allí, que pertenecían al Partido para la Victoria del Pueblo (PVP).
Aquí es donde la pesquisa de la fiscalía se topa con la apropiación de inmuebles para uso de la SIDE. Ya recogió testimonios que indican que un grupo de detenidos de Orletti fue obligado a concretar una venta, con nombres falsos, de propiedades que había comprado el PVP en Buenos Aires. Ya se habría verificado que un edificio en la calle Juana Azurduy que utilizó la central de espías era de los militantes uruguayos. En otros casos, se habría utilizado dinero de esas personas para comprar una sede para la SIDE en la avenida Coronel Díaz y otra en La Plata, cuyos anteriores propietarios fallecieron. Al analizar las operaciones de compra-venta los investigadores encontraron como patrón común los tres inmuebles que el primer asiento de compra es de 1976. En dos de ellos la adquisición la realiza Osgra SRL, una empresa pantalla usada por la SIDE, que luego transfiere el bien a Timayu SA, que a la vez en 2003 le hace una donación al Estado.
Hay un cuarto edificio en la mira, en la calle Rawson : la SIDE le dice a la Justicia que no le pertenece, pero en el Registro de la Propiedad está a nombre del Estado nacional. Hay testimonios que indican que allí, con la fachada de una supuesta Agencia Noticiosa Argentina, funcionaba el GTE (Grupo de Tareas Exterior) del Batallón 601 de Inteligencia, que hacía tareas de inteligencia sobre extranjeros. A Gordon, de hecho, se le encontró una credencial de esa falsa agencia de noticias. Son indicios de que las actividades de inteligencia de todo tipo, incluso financiera, también se habrían plasmado por una vía estatal.
Delgado sospecha que en secuestros extorsivos que fueron juzgados como casos aislados, también pudieron estar detrás Magister y otras empresas. El mapa, que está en pleno estudio, incluye cerca de diez agencias. Una de ellas, llamada Sidip, pertenecía al ex agente de inteligencia luego vicecomodoro de la Fueza Aérea Schillizzi Moreno y tuvo entre sus miembros a Jorge Rizzaro, sobrino de Aníbal Gordon. Estaba instalada enfrente de la ESMA. En los inicios de la causa sobre la Triple A, fue allanada y se encontró un arsenal y algunas armas de lo más sofisticadas : por ejemplo, un cinturón que disparaba. Otra de las compañías del ramo bajo sospecha se llamaba Scorpio SA y, en teoría, estaba ligada al propio jefe del Primer Cuerpo de Ejército, el fallecido Carlos Guillermo Suárez Mason. Paradójicamente, Scorpio fue allanada en plena dictadura en el marco de un hábeas corpus. Se secuestraron armas y uniformes militares, pero ahí quedó todo.
Venta de armas
Uno de los primeros datos que salió a la luz de la investigación de Delgado el año pasado fue la participación del ex titular del PAMI del menemismo, Víctor Alderete, como síndico de una empresa oficializada doce días después del comienzo de la guerra de Malvinas, algo que había revelado Página/12 en 1997. El emprendimiento, llamado SMC, pertenecía a Suárez Mason y al ex jefe de la policía bonaerense Ramón Camps. También aparecían como socios al vocero de Alfredo Yabrán, Wenceslao Bunge, su hermano Hernán Bunge y su socio y futuro proveedor de la obra social de jubilados, Roberto de Filippis. SMC tenía un registro amplio, difuso, de actividades. Entre ellas aparecía la compra y venta de frutos y de bienes de la industria metalúrgica. Todo apuntaría, sin embargo, a que se habría dedicado a la venta de armas.
El fiscal planteó profundizar la investigación sobre tráfico de armamento durante la dictadura y planteó, como una hipótesis en ese sentido, la relación entre secuestros extorsivos a grandes empresarios ya sea "con fines de enriquecimiento particular" como con posibles "intentos de solventar incursiones bélicas en el exterior y/o el acopio de armamentos" en Argentina. Como ejemplos, cita el secuestro en 1981 del banquero Carlos Koldobsky, que era dueño del Banco de San Miguel y administrador de Cambio América SA, con un pedido de rescate millonario a depositar en una cuenta en Suiza. También señala el secuestro de Fernando Combal, que era dueño de la financiera Finsur. En ambos casos intervino el ex agente Leandro Sánchez Reisse, del GTE, quien (para evitar su extradición) reveló detalles ante la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en 1987. Sánchez Reisse dijo también que junto con su socio Raúl Guglielminetti tenían en Miami dos firmas para triangular dinero y proveer armas : Argenshaw y Silver Dollar SA La segunda, también figuraría en Argentina.
Atajos del saqueo
Delgado advierte que, con este escenario de fondo, se creó la Conarepa, una especie de entidad de facto destinada a hacer investigaciones patrimoniales de los funcionarios del segundo gobierno peronista. Funcionaba por fuera del Poder Judicial, pero con facultades similares (como allanar), y basaba su accionar en la ley de subversión económica.
Estaba a cargo de representantes de las tres Fuerzas Armadas. Fue disuelta antes de entregar el mando al gobierno democrático, en 1983, después de haber confiscado bienes de todo tipo. Esto provocó que hubiera una avalancha de juicios al Estado. Una comisión liquidadora en el ámbito del ministerio de Economía debió encargarse del tema. Llegó a destinar más de 200 millones de dólares en indemnizaciones. Entre los bienes devueltos figuran la Casa de Gaspar Campos y la Residencia de Puerta de Hierro en Madrid, que fueron de Juan Domingo Perón y luego de Isabel. La fiscalía hace meses que pide los expedientes de la Conarepa, pero hasta ahora les dicen que nadie saben dónde están.
La reconstrucción de las piezas claves de la "mercantilización del terror" parece ser una tarea ardua y compleja. El fiscal, en principio, cree que a los delitos económicos del régimen dictatorial no se los puede equiparar con crímenes de lesa humanidad, pero se los puede perseguir penalmente. Busca establecer responsabilidades individuales, pero también institucionales. Habrá que ver si el paso del tiempo permite aplicar penas, y cuántos de los responsables todavía viven para ese entonces.
"Los hechos revelan que los funcionarios aprovecharon la represión para apropiarse de bienes de las víctimas para realizar los más variados emprendimientos", asegura la fiscalía. No hay dudas de que la represión ilegal y el robo fueron de la mano y que el aparato del Terrorismo de Estado inventó las herramientas "para asegurarse el éxito de sus acciones criminales".
Con la venia de Pajarito
"Había que esperar la orden de él." "Sin orden de él nadie salía a robar." "El" era el represor Guillermo Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo de Ejército, en el relato del gendarme Omar Torres durante el juicio al Turco Julián, en julio del año pasado. El robo de bienes de las víctimas de la dictadura era aceitado, planificado y se hacía de noche, al menos en el centro clandestino El Olimpo. Allí, relató Torres, acostumbraba cambiar la guardia con algún compañero "que quería estar ahí por los botines que salían a robar, querían estar ahí para llevarse algo". Torres se refirió, en otra causa, a cómo en varias oportunidades los asesinos se terminaban peleando por el "botín", allí donde mataban y saqueaban. Relató que eso ocurrió en el operativo donde fueron asesinados Lucía Adela Révora de De Pedro y Carlos Guillermo Fassano, que fueron llevados ya muertos al Olimpo. En la casa había 150.000 dólares, que los represores se disputaron en un enfrentamiento donde un principal terminó muerto y otros dos heridos. En los días posteriores, vaciaron la casa, en la calle Belén 335, en Floresta.
Irina Hauser
Página 12. Buenos Aires
26 de Marzo de 2007.
En silencio, con meticulosidad, la investigación sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura avanza en una nueva línea. El fiscal Federico Delgado analiza la utilización de una decena de empresas de seguridad manejadas por represores para el robo de bienes de desaparecidos, el lavado del dinero que les robaban y el secuestro extorsivo de empresarios. También detectó la posible apropiación de un inmueble que pertenecía a un grupo de militantes uruguayos secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti y la compra, con plata de los detenidos, de otros dos edificios : los tres lugares fueron destinados para uso de la SIDE. Son sólo algunos ejemplos de lo que Delgado llama, en un dictamen preliminar, "la mercantilización del terror" o "la dimensión económica" del plan represivo.
Hasta ahora, sólo la megacausa sobre los crímenes cometidos en la ESMA había avanzado en el esclarecimiento de varios casos de robo y desapoderamiento de bienes de desaparecidos. Siete marinos e incluso el hijo del dictador Emilio Massera fueron responsabilizados hace más de cinco años por la apropiación -a través de una cadena de sociedades ficticias- de valiosas tierras de Chacras de Coria que pertenecían al empresario Victorio Cerutti, el contador Horacio Palma y el abogado Conrado Gómez. Tiempo después, el juez Sergio Torres abrió directamente una nueva causa sobre el despojo de sus pertenencias a las víctimas de la dictadura. Algunos detenidos fueron obligados a transferir su casa o a firmar poderes para entregar departamentos.
El expediente sobre el Primer Cuerpo de Ejército, que está a cargo del juez Daniel Rafecas y del fiscal Delgado, abarca los secuestros y desapariciones en varios campos de concentración como Orletti, El Atlético, El Banco, El Vesubio y El Olimpo, incluye casos de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora hay 63 imputados en todas estas causas, de los cuales cerca de 40 están detenidos, y hay 14 excarcelados.
Cuando pidió, algunos meses atrás, ampliar esta investigación a su faceta económica, Delgado planteó un esquema teórico como punto de partida. Señaló que mientras en un "nivel macro" se desplegó un plan criminal "con el objetivo de despolitizar" y sentar "un nuevo patrón de acumulación", a "nivel micro el terror se tradujo en una licencia para delinquir para quienes eran parte del régimen de manera concomitante con la represión".
Plata, joyas, inmuebles
El fiscal sostiene que con sólo mirar algunas causas que tramitaron como delitos comunes se llega a advertir -por empezar- un entramado de agencias de seguridad que operaron durante la dictadura, con participación en muchos casos de agentes de inteligencia, de diferentes maneras : hacían inteligencia "paralela", investigaciones financieras, implementaban secuestros, se encargaban del arrebato de bienes de los desaparecidos y servían de fachada para hacer distintos negocios con el dinero o las cosas que sustraían.
Una de las hipótesis de la fiscalía es que la empresa Magister Seguridad Integral SRL fue creada para "incorporar el dinero producido de los bienes de los que fueron despojadas las víctimas" de Orletti, que se repartía bajo supervisión del ex agente Aníbal Gordon y con ayuda de un contador de apellido Benítez. El general Otto Paladino, jefe de la SIDE y de aquel centro clandestino de Flores, dirigía Magister. Mientras estuvo en la central de espías evitó aparecer oficialmente en la sociedad, pero figuraban su esposa, su hija y varios miembros de la banda de Gordon, entre ellos Eduardo Ruffo, detenido el año pasado por 65 secuestros y desapariciones en Orletti, y César Enciso (yerno de Paladino).
Magister, en los papeles, ofrecía estudios económicos y de mercado, asesoramiento industrial, administración de empresas, seguridad y espionaje industrial. En la práctica, habría recibido y canalizado "el botín de guerra" -joyas, dinero, inmuebles- de Orletti, sede del Plan Cóndor en Buenos Aires. Buena parte de lo robado habría pertenecido, según investiga Delgado, a un grupo de uruguayos detenidos allí, que pertenecían al Partido para la Victoria del Pueblo (PVP).
Aquí es donde la pesquisa de la fiscalía se topa con la apropiación de inmuebles para uso de la SIDE. Ya recogió testimonios que indican que un grupo de detenidos de Orletti fue obligado a concretar una venta, con nombres falsos, de propiedades que había comprado el PVP en Buenos Aires. Ya se habría verificado que un edificio en la calle Juana Azurduy que utilizó la central de espías era de los militantes uruguayos. En otros casos, se habría utilizado dinero de esas personas para comprar una sede para la SIDE en la avenida Coronel Díaz y otra en La Plata, cuyos anteriores propietarios fallecieron. Al analizar las operaciones de compra-venta los investigadores encontraron como patrón común los tres inmuebles que el primer asiento de compra es de 1976. En dos de ellos la adquisición la realiza Osgra SRL, una empresa pantalla usada por la SIDE, que luego transfiere el bien a Timayu SA, que a la vez en 2003 le hace una donación al Estado.
Hay un cuarto edificio en la mira, en la calle Rawson : la SIDE le dice a la Justicia que no le pertenece, pero en el Registro de la Propiedad está a nombre del Estado nacional. Hay testimonios que indican que allí, con la fachada de una supuesta Agencia Noticiosa Argentina, funcionaba el GTE (Grupo de Tareas Exterior) del Batallón 601 de Inteligencia, que hacía tareas de inteligencia sobre extranjeros. A Gordon, de hecho, se le encontró una credencial de esa falsa agencia de noticias. Son indicios de que las actividades de inteligencia de todo tipo, incluso financiera, también se habrían plasmado por una vía estatal.
Delgado sospecha que en secuestros extorsivos que fueron juzgados como casos aislados, también pudieron estar detrás Magister y otras empresas. El mapa, que está en pleno estudio, incluye cerca de diez agencias. Una de ellas, llamada Sidip, pertenecía al ex agente de inteligencia luego vicecomodoro de la Fueza Aérea Schillizzi Moreno y tuvo entre sus miembros a Jorge Rizzaro, sobrino de Aníbal Gordon. Estaba instalada enfrente de la ESMA. En los inicios de la causa sobre la Triple A, fue allanada y se encontró un arsenal y algunas armas de lo más sofisticadas : por ejemplo, un cinturón que disparaba. Otra de las compañías del ramo bajo sospecha se llamaba Scorpio SA y, en teoría, estaba ligada al propio jefe del Primer Cuerpo de Ejército, el fallecido Carlos Guillermo Suárez Mason. Paradójicamente, Scorpio fue allanada en plena dictadura en el marco de un hábeas corpus. Se secuestraron armas y uniformes militares, pero ahí quedó todo.
Venta de armas
Uno de los primeros datos que salió a la luz de la investigación de Delgado el año pasado fue la participación del ex titular del PAMI del menemismo, Víctor Alderete, como síndico de una empresa oficializada doce días después del comienzo de la guerra de Malvinas, algo que había revelado Página/12 en 1997. El emprendimiento, llamado SMC, pertenecía a Suárez Mason y al ex jefe de la policía bonaerense Ramón Camps. También aparecían como socios al vocero de Alfredo Yabrán, Wenceslao Bunge, su hermano Hernán Bunge y su socio y futuro proveedor de la obra social de jubilados, Roberto de Filippis. SMC tenía un registro amplio, difuso, de actividades. Entre ellas aparecía la compra y venta de frutos y de bienes de la industria metalúrgica. Todo apuntaría, sin embargo, a que se habría dedicado a la venta de armas.
El fiscal planteó profundizar la investigación sobre tráfico de armamento durante la dictadura y planteó, como una hipótesis en ese sentido, la relación entre secuestros extorsivos a grandes empresarios ya sea "con fines de enriquecimiento particular" como con posibles "intentos de solventar incursiones bélicas en el exterior y/o el acopio de armamentos" en Argentina. Como ejemplos, cita el secuestro en 1981 del banquero Carlos Koldobsky, que era dueño del Banco de San Miguel y administrador de Cambio América SA, con un pedido de rescate millonario a depositar en una cuenta en Suiza. También señala el secuestro de Fernando Combal, que era dueño de la financiera Finsur. En ambos casos intervino el ex agente Leandro Sánchez Reisse, del GTE, quien (para evitar su extradición) reveló detalles ante la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en 1987. Sánchez Reisse dijo también que junto con su socio Raúl Guglielminetti tenían en Miami dos firmas para triangular dinero y proveer armas : Argenshaw y Silver Dollar SA La segunda, también figuraría en Argentina.
Atajos del saqueo
Delgado advierte que, con este escenario de fondo, se creó la Conarepa, una especie de entidad de facto destinada a hacer investigaciones patrimoniales de los funcionarios del segundo gobierno peronista. Funcionaba por fuera del Poder Judicial, pero con facultades similares (como allanar), y basaba su accionar en la ley de subversión económica.
Estaba a cargo de representantes de las tres Fuerzas Armadas. Fue disuelta antes de entregar el mando al gobierno democrático, en 1983, después de haber confiscado bienes de todo tipo. Esto provocó que hubiera una avalancha de juicios al Estado. Una comisión liquidadora en el ámbito del ministerio de Economía debió encargarse del tema. Llegó a destinar más de 200 millones de dólares en indemnizaciones. Entre los bienes devueltos figuran la Casa de Gaspar Campos y la Residencia de Puerta de Hierro en Madrid, que fueron de Juan Domingo Perón y luego de Isabel. La fiscalía hace meses que pide los expedientes de la Conarepa, pero hasta ahora les dicen que nadie saben dónde están.
La reconstrucción de las piezas claves de la "mercantilización del terror" parece ser una tarea ardua y compleja. El fiscal, en principio, cree que a los delitos económicos del régimen dictatorial no se los puede equiparar con crímenes de lesa humanidad, pero se los puede perseguir penalmente. Busca establecer responsabilidades individuales, pero también institucionales. Habrá que ver si el paso del tiempo permite aplicar penas, y cuántos de los responsables todavía viven para ese entonces.
"Los hechos revelan que los funcionarios aprovecharon la represión para apropiarse de bienes de las víctimas para realizar los más variados emprendimientos", asegura la fiscalía. No hay dudas de que la represión ilegal y el robo fueron de la mano y que el aparato del Terrorismo de Estado inventó las herramientas "para asegurarse el éxito de sus acciones criminales".
Con la venia de Pajarito
"Había que esperar la orden de él." "Sin orden de él nadie salía a robar." "El" era el represor Guillermo Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo de Ejército, en el relato del gendarme Omar Torres durante el juicio al Turco Julián, en julio del año pasado. El robo de bienes de las víctimas de la dictadura era aceitado, planificado y se hacía de noche, al menos en el centro clandestino El Olimpo. Allí, relató Torres, acostumbraba cambiar la guardia con algún compañero "que quería estar ahí por los botines que salían a robar, querían estar ahí para llevarse algo". Torres se refirió, en otra causa, a cómo en varias oportunidades los asesinos se terminaban peleando por el "botín", allí donde mataban y saqueaban. Relató que eso ocurrió en el operativo donde fueron asesinados Lucía Adela Révora de De Pedro y Carlos Guillermo Fassano, que fueron llevados ya muertos al Olimpo. En la casa había 150.000 dólares, que los represores se disputaron en un enfrentamiento donde un principal terminó muerto y otros dos heridos. En los días posteriores, vaciaron la casa, en la calle Belén 335, en Floresta.
Irina Hauser
Página 12. Buenos Aires
26 de Marzo de 2007.
29/1/09
Reglamentos secretos y reservados del ejercito argentino para el secuestro, el terrorismo, la tortura y el asesinato
La revelación la hizo Florencio Varela, abogado de una treintena de genocidas. La cita de estos reglamentos secretos y reservados, hasta ahora desconocidos, pretende que sirvan para exculpar a quienes secuestraron, torturaron, violaron, robaron y asesinaron a miles de personas en la Argentina. Escalofriante confesión criminal.
En una presentación efectuada ante el Jefe del Ejército, Varela reclama la certificación de la autenticidad de una serie de reglamentos 'secretos' y/o "reservados". Su objetivo es mostrar que el contenido de esos documentos daría legitimidad institucional al accionar de sus defendidos. Se pretende así presionar a la Justicia y a la cúpula del Ejército, con el pretexto de que un simple reglamento es superior a la Constitución y sus leyes. El objetivo es que sirvan para justificar los crímenes cometidos en el marco de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Dice Varela que "el secuestro, el terrorismo, la tortura, el sabotaje y la muerte eran, entre otras similares, acciones de guerra expresamente previstas en los reglamentos militares". También puntualiza que "el Ejército fue instruido y adiestrado para la guerra contra el terrorismo y previó expresamente en sus reglamentos como métodos legítimos en la guerra, el secuestro, el terrorismo, la tortura y la supresión de la vida". El abogado le solicita al Teniente General Roberto Bendini, Jefe del Estado Mayor General del Ejército, que "certifique u ordene la certificación respecto a la autenticidad y a la vigencia durante la guerra contra el terrorismo de los Reglamentos Reservados 'Operaciones Sicológicas' (sic), 'RC-8-3, Reservado y Operaciones contra la subversión urbana', impresos en el Instituto Geográfico Militar y puestos en vigencia por resolución del Comandante en Jefe del Ejército Alejandro Agustín Lanusse el 8 de noviembre de 1968 y el 29 de julio de 1969 respectivamente". El abogado también menciona otros dos documentos, "Operaciones contra fuerzas irregulares", que aun no pudo obtener y "Prisioneros de guerra", de carácter público.
Confesión criminal
Varela afirma que "los militares actuaron cumpliendo estrictamente con las órdenes que recibieran (sic) y que tenían la obligación de acatar pues ellas eran conforme al derecho vigente". Según él, "a los terroristas no les fueron aplicadas las leyes de la guerra por constituir una fuerza irregular, siendo calificados como 'partisanos'".
En el escrito, presentado ante Bendini la semana pasada, Varela señala que "se ordenó aniquilar a los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas, es decir a sus integrantes, que por ello fueron ejecutados cuando fueron individualizados y detenidos". También confirma lo que ya se denunció muchas veces : "todas las operaciones documentadamente fueron informadas semanalmente".
El abogado llega al extremo de citar un reglamento de "operación sicológica" (sic) como una mera mención similar a un código penal o comercial : "entre los medios de acción sicológica (sic) se describen en su punto 4) compulsión física, torturas, 3er. grado ; en el punto 5) compulsión síquica : 1 : amenazas, chantajes, 2 : seguimiento físico..., 4 : secuestros, raptos..., 6 : terrorismo, desmanes".
La justificación de los campos de concentración
En su presentación, Varela destaca que "no existieron centros clandestinos de detención". Para afirmar eso, se basa simplemente en reglamentos militares (ROP-305, Ex RC-15-18, Prisioneros de guerra) y da por sentado que esos mamotretos son suficientes para exculpar a torturadores y asesinos. En ese sentido, cita que "las acciones de un procesamiento de campaña incluirán (...) registro personal, clasificación médica y el interrogatorio de inteligencia para la selección de prisioneros".
Florencio Varela describe con lujos de detalles el camino de los secuestrados por los militares : "cuando como consecuencia de las operaciones ordenadas se realizaba la captura de una persona, ella inicialmente era llevada a un LRD (Lugar de Reunión de Detenidos) (...) siendo allí interrogada por personal de inteligencia y si su situación no era rápidamente aclarada, el detenido pasaba a los LDT (Lugar de Detención Temporaria) dependientes del Comandante del Ejército". El abogado tiene el tino de no mencionar en su escrito, qué pasaba con las personas que los jefes militares consideraban culpables de algún delito, sin haber tenido la posibilidad de defensa alguna. Para él, un LRD fueron la Escuelita de Famaillá o el Vesubio, un LDT las cárceles de Córdoba o Tucumán, lugares donde se martirizó y asesinó a miles de personas sospechadas de pertenecer a la "subversión". Varela tampoco menciona los lugares de exterminio, como el Arsenal Miguel de Azcuénaga y, obviamente, olvida decir que el final de esas personas llevadas a los LRD y LDT fueron fosas comunes y enterramientos clandestinos, en lugares como el Pozo de Vargas en Tucumán y el cementerio de San Vicente en Córdoba.
Las patotas, según los reglamentos militares
Varela dice que "las detenciones practicadas por los grupos operativos (...) fueron conformes a la legalidad de entonces, toda vez que estaban autorizadas no solo por los reglamentos militares sino por el estado de sitio". Esta es, probablemente, la más desvergonzada justificación de las "patotas" que entraban a los domicilios de noche, con zona liberada, a maltratar a sus habitantes, robar, violar, secuestrar y asesinar.
Marcos Taire
Buenos Aires, 9 de marzo del 2005
Lire en français
En una presentación efectuada ante el Jefe del Ejército, Varela reclama la certificación de la autenticidad de una serie de reglamentos 'secretos' y/o "reservados". Su objetivo es mostrar que el contenido de esos documentos daría legitimidad institucional al accionar de sus defendidos. Se pretende así presionar a la Justicia y a la cúpula del Ejército, con el pretexto de que un simple reglamento es superior a la Constitución y sus leyes. El objetivo es que sirvan para justificar los crímenes cometidos en el marco de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Dice Varela que "el secuestro, el terrorismo, la tortura, el sabotaje y la muerte eran, entre otras similares, acciones de guerra expresamente previstas en los reglamentos militares". También puntualiza que "el Ejército fue instruido y adiestrado para la guerra contra el terrorismo y previó expresamente en sus reglamentos como métodos legítimos en la guerra, el secuestro, el terrorismo, la tortura y la supresión de la vida". El abogado le solicita al Teniente General Roberto Bendini, Jefe del Estado Mayor General del Ejército, que "certifique u ordene la certificación respecto a la autenticidad y a la vigencia durante la guerra contra el terrorismo de los Reglamentos Reservados 'Operaciones Sicológicas' (sic), 'RC-8-3, Reservado y Operaciones contra la subversión urbana', impresos en el Instituto Geográfico Militar y puestos en vigencia por resolución del Comandante en Jefe del Ejército Alejandro Agustín Lanusse el 8 de noviembre de 1968 y el 29 de julio de 1969 respectivamente". El abogado también menciona otros dos documentos, "Operaciones contra fuerzas irregulares", que aun no pudo obtener y "Prisioneros de guerra", de carácter público.
Confesión criminal
Varela afirma que "los militares actuaron cumpliendo estrictamente con las órdenes que recibieran (sic) y que tenían la obligación de acatar pues ellas eran conforme al derecho vigente". Según él, "a los terroristas no les fueron aplicadas las leyes de la guerra por constituir una fuerza irregular, siendo calificados como 'partisanos'".
En el escrito, presentado ante Bendini la semana pasada, Varela señala que "se ordenó aniquilar a los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas, es decir a sus integrantes, que por ello fueron ejecutados cuando fueron individualizados y detenidos". También confirma lo que ya se denunció muchas veces : "todas las operaciones documentadamente fueron informadas semanalmente".
El abogado llega al extremo de citar un reglamento de "operación sicológica" (sic) como una mera mención similar a un código penal o comercial : "entre los medios de acción sicológica (sic) se describen en su punto 4) compulsión física, torturas, 3er. grado ; en el punto 5) compulsión síquica : 1 : amenazas, chantajes, 2 : seguimiento físico..., 4 : secuestros, raptos..., 6 : terrorismo, desmanes".
La justificación de los campos de concentración
En su presentación, Varela destaca que "no existieron centros clandestinos de detención". Para afirmar eso, se basa simplemente en reglamentos militares (ROP-305, Ex RC-15-18, Prisioneros de guerra) y da por sentado que esos mamotretos son suficientes para exculpar a torturadores y asesinos. En ese sentido, cita que "las acciones de un procesamiento de campaña incluirán (...) registro personal, clasificación médica y el interrogatorio de inteligencia para la selección de prisioneros".
Florencio Varela describe con lujos de detalles el camino de los secuestrados por los militares : "cuando como consecuencia de las operaciones ordenadas se realizaba la captura de una persona, ella inicialmente era llevada a un LRD (Lugar de Reunión de Detenidos) (...) siendo allí interrogada por personal de inteligencia y si su situación no era rápidamente aclarada, el detenido pasaba a los LDT (Lugar de Detención Temporaria) dependientes del Comandante del Ejército". El abogado tiene el tino de no mencionar en su escrito, qué pasaba con las personas que los jefes militares consideraban culpables de algún delito, sin haber tenido la posibilidad de defensa alguna. Para él, un LRD fueron la Escuelita de Famaillá o el Vesubio, un LDT las cárceles de Córdoba o Tucumán, lugares donde se martirizó y asesinó a miles de personas sospechadas de pertenecer a la "subversión". Varela tampoco menciona los lugares de exterminio, como el Arsenal Miguel de Azcuénaga y, obviamente, olvida decir que el final de esas personas llevadas a los LRD y LDT fueron fosas comunes y enterramientos clandestinos, en lugares como el Pozo de Vargas en Tucumán y el cementerio de San Vicente en Córdoba.
Las patotas, según los reglamentos militares
Varela dice que "las detenciones practicadas por los grupos operativos (...) fueron conformes a la legalidad de entonces, toda vez que estaban autorizadas no solo por los reglamentos militares sino por el estado de sitio". Esta es, probablemente, la más desvergonzada justificación de las "patotas" que entraban a los domicilios de noche, con zona liberada, a maltratar a sus habitantes, robar, violar, secuestrar y asesinar.
Marcos Taire
Buenos Aires, 9 de marzo del 2005
Lire en français
28/1/09
Las conexiones de la Ford Motors y la represión de la dictadura argentina de los Años de Plomo
El jefe de seguridad de la planta de Pacheco, Argentina, era un militar contratado, como todo el personal a su mando. Tras el secuestro de 25 delegados y la tortura de dos, fue ascendido a teniente coronel. Y luego fue contratado en la misma línea de trabajo por la Embajada de Estados Unidos. Se jubiló en 2004.
En la Embajada de Estados Unidos leyeron la noticia en los diarios del viernes. La vieja causa por la desaparición forzada de 25 ex delegados de la Ford Motors Argentina, en los primeros meses del golpe militar de 1976, volvió a cobrar fuerza a partir de una denuncia a dos puntas. A la denuncia penal de hace tres años, los sobrevivientes acaban de sumar una demanda civil que incluye a la Ford Motor Company e incorporaron un pedido de indagatoria y de prisión para cuatro ex directivos de la empresa. Entre ellos hay un teniente coronel retirado que -de acuerdo a la nueva presentación judicial- luego de la Ford trabajó como personal de seguridad de la embajada estadounidense en Argentina hasta el 27 de febrero de 2004. El reclamo judicial sumó además una serie de nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado, entre ellos una pieza clave para entender la "alianza" entre las compañías privadas y las fuerzas de seguridad durante la dictadura. Página/12 revela parte de los documentos y el perfil del militar de la Ford contratado por la embajada. "No hacemos comentarios sobre la cuestión de los contratos del personal", respondió una fuente diplomática ante una consulta de este diario.
La historia con mayúsculas de Ford Argentina comenzó el día de la primavera de 1961 en que se cortaron las cintas celestes y blancas de la gigantesca planta de Pacheco, recuerda un viejo artículo que compila la vida de la filial local de la multinacional norteamericana. Dos años más tarde, el 15 de julio de 1963, Pacheco daba origen al primer Falcon producido completamente en el país, ante la mirada del nieto del mismísimo Henry Ford, convocado especialmente para la ceremonia. "Fui bien de familia, fui taxi, fui campeón de Turismo Carretera, fui todo. Duro, fuerte, incansable : un titán", dice un Falcon en el artículo reseñado. Se olvida que fue más que eso, fue uno de los símbolos menos celebrados de la dictadura militar.
Con el correr de los años, a la planta de Pacheco le sucedió lo mismo que a su auto modelo. Ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) un grupo de ex delegados de la Ford denunció en 1983 que el campo de deportes de esa fábrica funcionó como "cuartel militar" : dentro de la Ford, dijeron, "operaba un asentamiento o comando militar integrado por distintas fuerzas de seguridad". Las fuerzas militares se instalaron en Pacheco con un campamento, ocuparon las canchas de fútbol y rodearon con un cerco de lona uno de los dos quinchos, desde entonces convertido en centro de alojamiento transitorio para los obreros detenidos y denunciado con el paso del tiempo como centro clandestino de detención.
Los obreros de la fábrica sabían que los tiempos se habían puesto duros después del golpe. Pedro Troiani, uno de los ex delegados de la planta, secuestrado que sobrevivió, aún recuerda una reunión convocada por la empresa para anunciar la suspensión de la actividad gremial. Los militares rápidamente hicieron el resto del trabajo. Montados en una F-100 con la que recorrían la planta, el 24 de marzo se llevaron a tres compañeros de Troiani y el 14 de abril se lo llevaron a él. De marzo a mayo, los secuestros en la Ford sumaron en total 25 delegados ; todos pertenecían a la comisión interna formada por 200 delegados de una planta con 5000 trabajadores. Los 25 estuvieron técnicamente desaparecidos durante un promedio de 30 a 60 días, a la mitad los secuestraron en sus casas y los llevaron a la comisaría de Tigre, dispuesta como centro clandestino. A la otra mitad los levantaron en sus lugares de trabajo, dice en este caso Tomás Ojea Quintana, abogado y representante de los querellantes.
En general, los obreros permanecieron horas o unos pocos días en el quincho del campo de deportes de la Ford. Luego eran trasladados a Tigre o a una comisaría de Mas-chwitz. Treinta, cuarenta o sesenta días más tarde, abandonaban la calidad de "desaparecido" y pasaban a las cárceles de Devoto o Sierra Chica, legalizados y detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo general, al cabo de un año eran trasladados a La Plata, desde donde recuperaban la libertad.
¿Por qué los detuvieron ? ¿Por qué sobrevivieron ? ¿Por qué los levantaron a cielo abierto con un despliegue ostentoso dentro de la fábrica ? Los delegados aún no saben gracias a quién sobrevivieron, pero están convencidos de que la empresa autorizaba los movimientos de los militares, la ostentación de armas y el amedrentamiento, para desactivar el gremialismo dentro de la fábrica. Llamaron a esa metodología terrorismo de Empresa y señalaron a cuatro directivos y a un militar como responsables.
El otro terrorismo
A partir de la documentación recogida durante los tres años de investigación en el Juzgado Federal Nº 3, de los testimonios de las víctimas y de numerosos testigos, los ex delegados de la Ford lograron construir una hipótesis sobre la lógica de los secuestros. Aquella época era una de las más prósperas de la fábrica, con obreros politizados que exigían aumento de sus ingresos y reclamaban mejoras en las condiciones insalubres de trabajo. Eso, según Troiani, molestaba. En la presentación judicial explicó : "La empresa urdió y ejecutó un plan preciso y concreto para deshacerse en forma violenta de la actividad gremial y sindical (...) valiéndose del aparato engendrado por el terrorismo de Estado, aunque proveyendo también, como nunca antes había ocurrido, instalaciones propias para el funcionamiento de un Centro Clandestino de Detención y para el mantenimiento del personal militar y de seguridad".
En ese contexto, los directivos de la empresa habrían jugado un rol esencial en la ejecución de ese plan. Para los empleados, los responsables son Nicolás Enrique Courard, presidente y representante legal de la compañía Ford Motor Argentina SA ; Pedro Muller, gerente de manufactura ; Guillermo Galárraga, a cargo de la gerencia de Relaciones Industriales, y Héctor Francisco Sibilla, el militar retirado del Ejército contratado tiempo después por la Embajada de Estados Unidos, jefe de Seguridad en la Planta de Pacheco y ascendido el 26 de julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, al rango de teniente coronel.
De acuerdo a la causa, Sibilla, "tenía el control de toda la planta y lo mantuvo aún en época que las fuerzas militares habían ocupado el campo de deportes, lo que le hacía tener conocimiento de los secuestros y del traslado de los secuestrados desde el Centro Clandestino de Detención hasta la Comisaría de Tigre". Según los testimonios, Sibilla era una de las personas de la empresa que participó en los interrogatorios de los delegados detenidos "para extraer información vinculada a la actividad gremial dentro de la planta". Y Sibilla no era el único personal de las fuerzas de seguridad contratado por la compañía. Los testimonios señalan el mismo origen para todas las personas que se desempeñaban como personal de seguridad de la Ford, un dato que abona la hipótesis de que existía, según los abogados, una "coordinación logística entre la empresa Ford y las fuerzas militares".
Francisco Guillermo Perrotta no era operario sino uno de los 2500 empleados administrativos de la planta que hasta mediados de los '70 no tenían representación gremial. Como empleado de la Oficina de Análisis de Costo Material e Inventario, Perrotta poseía manejo de información detallada y abultada de las cuestiones internas de la fábrica. Junto a otro delegado del área financiera, fueron los dos únicos torturados con picana. En el caso de Perrotta, dice la causa, "la empresa decidió participar en forma directa de su interrogatorio a través del jefe de Seguridad de la planta".
Perrotta relató su paso por la tortura en su declaración testimonial para la causa. "Preguntado para que diga si reconoció a Sibilla como uno de sus torturadores en la Comisaría 1ª de Tigre, respondió que no reconoció a Sibilla como quien lo interrogara" sino que lo ubicó como la "segunda persona que le sugería a quien lo estaba interrogando que le preguntara tal o cual cosa". Le "pareció que la voz de la persona que lo interrogaba se correspondía con la de Sibilla, pero como se encontraba con el rostro vendado y con las dolencias propias de las torturas nunca pudo ver la cara del interrogador". Sus interrogadores mencionaron datos y nombres internos de la Ford como si supieran de qué hablaban. Durante todo ese tiempo, Perrotta era torturado con picana : "Lo desnudaban y lo amarraban a una especie de catre de hierro y le colocaban un anillo en el dedo del pie.
Luego lo mojaban con agua y le aplicaban descargas eléctricas en los genitales, en el pecho y en la boca". En su declaración, recordó que "le aplicaron dicho método alrededor de cuatro o cinco sesiones".
A la querella no le sorprendió la participación de Sibilla en la sesión de tortura. "No debe sorprender que haya participado en este interrogatorio y en otras acciones -indicaron-, ya que pertenecía a las Fuerzas Armadas, habiendo sido ascendido a teniente coronel después de la erradicación del gremialismo y el disciplinamiento en la empresa Ford".
La Embajada de Estados Unidos hizo honor a sus méritos. Luego de su paso por Ford, Sibilla quedó contratado como personal de seguridad de la sede diplomática en un cargo que ocupó hasta 2004. Fue la propia embajada la que suministró la información cuando las partes lo solicitaron. Página/12 preguntó a un vocero de la embajada el motivo de la contratación del militar al que los delegados señalan como uno de sus represores. "En general la Embajada de los Estados Unidos no hace comentarios sobre las decisiones internas sobre sus empleados", explicaron discretamente.
En la Embajada de Estados Unidos leyeron la noticia en los diarios del viernes. La vieja causa por la desaparición forzada de 25 ex delegados de la Ford Motors Argentina, en los primeros meses del golpe militar de 1976, volvió a cobrar fuerza a partir de una denuncia a dos puntas. A la denuncia penal de hace tres años, los sobrevivientes acaban de sumar una demanda civil que incluye a la Ford Motor Company e incorporaron un pedido de indagatoria y de prisión para cuatro ex directivos de la empresa. Entre ellos hay un teniente coronel retirado que -de acuerdo a la nueva presentación judicial- luego de la Ford trabajó como personal de seguridad de la embajada estadounidense en Argentina hasta el 27 de febrero de 2004. El reclamo judicial sumó además una serie de nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado, entre ellos una pieza clave para entender la "alianza" entre las compañías privadas y las fuerzas de seguridad durante la dictadura. Página/12 revela parte de los documentos y el perfil del militar de la Ford contratado por la embajada. "No hacemos comentarios sobre la cuestión de los contratos del personal", respondió una fuente diplomática ante una consulta de este diario.
La historia con mayúsculas de Ford Argentina comenzó el día de la primavera de 1961 en que se cortaron las cintas celestes y blancas de la gigantesca planta de Pacheco, recuerda un viejo artículo que compila la vida de la filial local de la multinacional norteamericana. Dos años más tarde, el 15 de julio de 1963, Pacheco daba origen al primer Falcon producido completamente en el país, ante la mirada del nieto del mismísimo Henry Ford, convocado especialmente para la ceremonia. "Fui bien de familia, fui taxi, fui campeón de Turismo Carretera, fui todo. Duro, fuerte, incansable : un titán", dice un Falcon en el artículo reseñado. Se olvida que fue más que eso, fue uno de los símbolos menos celebrados de la dictadura militar.
Con el correr de los años, a la planta de Pacheco le sucedió lo mismo que a su auto modelo. Ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) un grupo de ex delegados de la Ford denunció en 1983 que el campo de deportes de esa fábrica funcionó como "cuartel militar" : dentro de la Ford, dijeron, "operaba un asentamiento o comando militar integrado por distintas fuerzas de seguridad". Las fuerzas militares se instalaron en Pacheco con un campamento, ocuparon las canchas de fútbol y rodearon con un cerco de lona uno de los dos quinchos, desde entonces convertido en centro de alojamiento transitorio para los obreros detenidos y denunciado con el paso del tiempo como centro clandestino de detención.
Los obreros de la fábrica sabían que los tiempos se habían puesto duros después del golpe. Pedro Troiani, uno de los ex delegados de la planta, secuestrado que sobrevivió, aún recuerda una reunión convocada por la empresa para anunciar la suspensión de la actividad gremial. Los militares rápidamente hicieron el resto del trabajo. Montados en una F-100 con la que recorrían la planta, el 24 de marzo se llevaron a tres compañeros de Troiani y el 14 de abril se lo llevaron a él. De marzo a mayo, los secuestros en la Ford sumaron en total 25 delegados ; todos pertenecían a la comisión interna formada por 200 delegados de una planta con 5000 trabajadores. Los 25 estuvieron técnicamente desaparecidos durante un promedio de 30 a 60 días, a la mitad los secuestraron en sus casas y los llevaron a la comisaría de Tigre, dispuesta como centro clandestino. A la otra mitad los levantaron en sus lugares de trabajo, dice en este caso Tomás Ojea Quintana, abogado y representante de los querellantes.
En general, los obreros permanecieron horas o unos pocos días en el quincho del campo de deportes de la Ford. Luego eran trasladados a Tigre o a una comisaría de Mas-chwitz. Treinta, cuarenta o sesenta días más tarde, abandonaban la calidad de "desaparecido" y pasaban a las cárceles de Devoto o Sierra Chica, legalizados y detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo general, al cabo de un año eran trasladados a La Plata, desde donde recuperaban la libertad.
¿Por qué los detuvieron ? ¿Por qué sobrevivieron ? ¿Por qué los levantaron a cielo abierto con un despliegue ostentoso dentro de la fábrica ? Los delegados aún no saben gracias a quién sobrevivieron, pero están convencidos de que la empresa autorizaba los movimientos de los militares, la ostentación de armas y el amedrentamiento, para desactivar el gremialismo dentro de la fábrica. Llamaron a esa metodología terrorismo de Empresa y señalaron a cuatro directivos y a un militar como responsables.
El otro terrorismo
A partir de la documentación recogida durante los tres años de investigación en el Juzgado Federal Nº 3, de los testimonios de las víctimas y de numerosos testigos, los ex delegados de la Ford lograron construir una hipótesis sobre la lógica de los secuestros. Aquella época era una de las más prósperas de la fábrica, con obreros politizados que exigían aumento de sus ingresos y reclamaban mejoras en las condiciones insalubres de trabajo. Eso, según Troiani, molestaba. En la presentación judicial explicó : "La empresa urdió y ejecutó un plan preciso y concreto para deshacerse en forma violenta de la actividad gremial y sindical (...) valiéndose del aparato engendrado por el terrorismo de Estado, aunque proveyendo también, como nunca antes había ocurrido, instalaciones propias para el funcionamiento de un Centro Clandestino de Detención y para el mantenimiento del personal militar y de seguridad".
En ese contexto, los directivos de la empresa habrían jugado un rol esencial en la ejecución de ese plan. Para los empleados, los responsables son Nicolás Enrique Courard, presidente y representante legal de la compañía Ford Motor Argentina SA ; Pedro Muller, gerente de manufactura ; Guillermo Galárraga, a cargo de la gerencia de Relaciones Industriales, y Héctor Francisco Sibilla, el militar retirado del Ejército contratado tiempo después por la Embajada de Estados Unidos, jefe de Seguridad en la Planta de Pacheco y ascendido el 26 de julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, al rango de teniente coronel.
De acuerdo a la causa, Sibilla, "tenía el control de toda la planta y lo mantuvo aún en época que las fuerzas militares habían ocupado el campo de deportes, lo que le hacía tener conocimiento de los secuestros y del traslado de los secuestrados desde el Centro Clandestino de Detención hasta la Comisaría de Tigre". Según los testimonios, Sibilla era una de las personas de la empresa que participó en los interrogatorios de los delegados detenidos "para extraer información vinculada a la actividad gremial dentro de la planta". Y Sibilla no era el único personal de las fuerzas de seguridad contratado por la compañía. Los testimonios señalan el mismo origen para todas las personas que se desempeñaban como personal de seguridad de la Ford, un dato que abona la hipótesis de que existía, según los abogados, una "coordinación logística entre la empresa Ford y las fuerzas militares".
Francisco Guillermo Perrotta no era operario sino uno de los 2500 empleados administrativos de la planta que hasta mediados de los '70 no tenían representación gremial. Como empleado de la Oficina de Análisis de Costo Material e Inventario, Perrotta poseía manejo de información detallada y abultada de las cuestiones internas de la fábrica. Junto a otro delegado del área financiera, fueron los dos únicos torturados con picana. En el caso de Perrotta, dice la causa, "la empresa decidió participar en forma directa de su interrogatorio a través del jefe de Seguridad de la planta".
Perrotta relató su paso por la tortura en su declaración testimonial para la causa. "Preguntado para que diga si reconoció a Sibilla como uno de sus torturadores en la Comisaría 1ª de Tigre, respondió que no reconoció a Sibilla como quien lo interrogara" sino que lo ubicó como la "segunda persona que le sugería a quien lo estaba interrogando que le preguntara tal o cual cosa". Le "pareció que la voz de la persona que lo interrogaba se correspondía con la de Sibilla, pero como se encontraba con el rostro vendado y con las dolencias propias de las torturas nunca pudo ver la cara del interrogador". Sus interrogadores mencionaron datos y nombres internos de la Ford como si supieran de qué hablaban. Durante todo ese tiempo, Perrotta era torturado con picana : "Lo desnudaban y lo amarraban a una especie de catre de hierro y le colocaban un anillo en el dedo del pie.
Luego lo mojaban con agua y le aplicaban descargas eléctricas en los genitales, en el pecho y en la boca". En su declaración, recordó que "le aplicaron dicho método alrededor de cuatro o cinco sesiones".
A la querella no le sorprendió la participación de Sibilla en la sesión de tortura. "No debe sorprender que haya participado en este interrogatorio y en otras acciones -indicaron-, ya que pertenecía a las Fuerzas Armadas, habiendo sido ascendido a teniente coronel después de la erradicación del gremialismo y el disciplinamiento en la empresa Ford".
La Embajada de Estados Unidos hizo honor a sus méritos. Luego de su paso por Ford, Sibilla quedó contratado como personal de seguridad de la sede diplomática en un cargo que ocupó hasta 2004. Fue la propia embajada la que suministró la información cuando las partes lo solicitaron. Página/12 preguntó a un vocero de la embajada el motivo de la contratación del militar al que los delegados señalan como uno de sus represores. "En general la Embajada de los Estados Unidos no hace comentarios sobre las decisiones internas sobre sus empleados", explicaron discretamente.
Las conexiones de la Ford Motors y la represión de la dictadura argentina de los Años de Plomo (II)
Historia de los secuestros
La causa de los ex delegados de la Ford comenzó cuando apenas concluía la dictadura militar. Un grupo de ex trabajadores encabezados por Pedro Troiani acercó a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas un pedido para que incluyera entre las víctimas a los 25 delegados de la planta de Pacheco secuestrados entre marzo y mayo de 1976 por la actividad gremial desarrollada en la fábrica. Aunque el pedido logró un primer impulso, la denuncia no cobró trascendencia hasta 1998 cuando -como sucedió con muchas de las causas locales trabadas por las leyes de impunidad- la CTA decidió impulsar la denuncia en el juzgado español de Baltasar Garzón.
La presentación en el exterior sirvió para movilizar a la opinión pública nacional e internacional sobre los sucesos padecidos por Troiani y su gente, pero los reclamos jurídicos de fondo no avanzaron hasta hace tres años. Recién entonces el fallo de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final habilitó una vía local de reclamo en el Juzgado Federal Nº 3, ahora a cargo de Daniel Rafecas. El jueves pasado este último tramo del reclamo judicial fue el que volvió a cobrar vuelo. "Ya han trascurrido tres años y varios meses de investigación en un expediente de casi mil fojas", señaló en la presentación judicial Pedro Troiani, que,en su carácter de querellante, le reclamó al juez por primera vez la detención e indagatorias de un militar y cuatro directivos de la Ford, entre ellos Héctor Francisco Sibilla.
En varias oportunidades los delegados pidieron a la Justicia una inspección ocultar sobre el terreno, como se hizo en el Olimpo o en los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, dice el abogado Tomás Ojea Quintana, patrocinante de los delegados. Ya en 1998, cuando Página/12 se hizo eco de la denuncia presentada por la CTA en España, la empresa salió a negar cualquier vínculo de Pacheco con un campo de detención. Su gerente de relaciones institucionales, Jorge Di Nucci, insistió de uno u otro modo con que "acá no hubo centros de detención". En esa misma lógica, la empresa dijo que los delegados ya hicieron un juicio laboral oportunamente, juicio que hasta ellos reconocen haber ganado. Sin embargo, ni una ni otra explicación parecen suficientes. Los empleados recurrieron a su juicio laboral por las indemnizaciones pendientes por los despidos, porque era lo único que tenían a mano. En palabras de Ojea Quintana, "fue lo único que se les ocurrió".
Durante la última semana, esos mismos delegados dieron los primeros pasos para impulsar ahora una vía civil a nivel local similar a la abrieron y luego retiraron en enero de 2004 en los Estados Unidos contra la Ford Motors Company por los secuestros y desaparición forzada de 25 delegados. Esa denuncia no prosperó por cambios de jurisprudencia interna. Los abogados la retiraron y ahora abrieron una ruta para impulsar ese mismo reclamo fronteras adentro del país. A diferencia de la legislación penal, la civil impide impulsar una demanda sobre causas de más de dos años de antigüedad. Por esa razón, los abogados de los delegados de la Ford no abrieron la causa con una demanda contra la Ford. A través de una pregunta, le pidieron a un juez civil que se pronunciara a favor o en contra de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en el campo civil, donde no existen antecedentes de este tipo.
Relaciones con la matriz
La relación y el tipo de intercambio entre la planta argentina de la Ford y la Ford Motor Company estadounidense es otro de los puntos sobre los que avanza la investigación. La Ford local no era subsidiaria de la norteamericana, aunque existía un control logístico, operacional y financiero de la empresa. Fuera de ello, no está claro cuánto de lo que sucedía con los obreros argentinos se sabía en la casa matriz. Hasta el momento, los únicos indicios de intercambio de información de uno y otro lado se limitan a la de tipo comercial y administrativo. Entre otros ejemplos, se encontró una serie de archivos en manos del Departamento de Estado norteamericano, ahora desclasificados, sobre la posibilidad de un intercambio comercial de la Ford Argentina con La Habana, para lo cual necesitaban una intermediación de Estados Unidos (ver foto). Fuera de ello, el abogado Tomás Ojea Quintana señala un dato llamativo. Los legajos del personal de la empresa estaban en español, pero el de las áreas más sensibles, como finanzas, se escribían en inglés. Para el abogado, sería una señal más de los cruces de información con la sede de Estados Unidos.
La alianza de capital y fierros
Un informe de la embajada revela cómo se coordinaba entre empresas y militares los secuestros de dirigentes gremiales. La causa de los ex delegados de la Ford incorporó un documento desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos considerado como una pieza sugestiva para quienes impulsan las causas por el terrorismo de Estado. Es un informe girado por la embajada de Estados Unidos en Argentina al Departamento de Estado a raíz del secuestro de 19 trabajadores de la planta de cerámica Lozadur. El documento no sólo da cuenta de los circuitos de intercambio de información, sino que con algunos detalles refuerza la hipótesis de la existencia de una alianza entre las fuerzas de seguridad y los sectores empresarios en las políticas de represión. La foto arriba es la primera página del dossier.
El documento fechado en Buenos Aires el 14 de junio de 1978 lleva como referencia "Disappearance of ceramics workers in 1977" (Desaparición de trabajadores del gremio ceramista en 1977). El contenido relata la relación entre los directivos de fábricas y fuerzas de seguridad por la desaparición de los trabajadores de la fábrica de cerámica de los alrededores de Bella Vista.
Luego de mencionar que "una fuente" informó la desaparición de "entre 15 y 20 trabajadores de Lozadur en noviembre de 1977" y de "5 a 10 en otras plantas de la mima área y en la misma época", el documento explica que estas desapariciones sucedieron en un momento de conflicto gremial por las pobres condiciones de trabajo y los malos salarios, con quite de colaboración de los obreros y un lockout empresario que resultó en 350 despidos.
El texto avanza con un comentario de "una fuente protegida de la gerencia" de Lozadur que la desliga de cualquier tipo de responsabilidad sobre la desaparición de los trabajadores, "sosteniendo que el Ejército se infiltró en la planta por las suyas. Y no tenía ninguna necesidad de consultar a la gerencia para identificar o actuar contra los sospechosos montoneros".
En el párrafo siguiente, el encargado de hacer el informe y remitirlo a los Estados Unidos dejó de lado las fuentes de la gerencia de Lozadur para dar cuenta de un comentario elaborado en nombre propio a partir del contacto con "autoridades de las agencias de seguridad". Allí aparece la caracterización del vínculo que existía entre las empresas y las fuerzas de seguridad, el elemento que más interesa a quienes trabajan en las causas de terrorismo de Estado :
"Creemos que en general hay un alto grado de cooperación entre directivos y las agencias de seguridad -dice el informe- dirigido a eliminar terroristas infiltrados de los lugares de trabajo industriales, y a minimizar el riesgo de conflictos en la industria. Autoridades de seguridad comentaron recientemente a la embajada -sin referencia especial al caso de Lozadur- que están teniendo mucho más cuidado que antes cuando reciben denuncias de los directivos sobre supuesto activismo terrorista dentro de las plantas industriales, que podrían ser en realidad apenas casos de legítimo (aunque ilegal) activismo gremial."
Para Tomás Ojea Quintana el párrafo es otra prueba de peso. Refuerza la hipótesis de que la Ford, como un gran abanico de empresas, se habría montado al engranaje de la represión para deshacerse del personal más conflictivo de la fábrica.
Página 12
26/02/06
La presentación en el exterior sirvió para movilizar a la opinión pública nacional e internacional sobre los sucesos padecidos por Troiani y su gente, pero los reclamos jurídicos de fondo no avanzaron hasta hace tres años. Recién entonces el fallo de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final habilitó una vía local de reclamo en el Juzgado Federal Nº 3, ahora a cargo de Daniel Rafecas. El jueves pasado este último tramo del reclamo judicial fue el que volvió a cobrar vuelo. "Ya han trascurrido tres años y varios meses de investigación en un expediente de casi mil fojas", señaló en la presentación judicial Pedro Troiani, que,en su carácter de querellante, le reclamó al juez por primera vez la detención e indagatorias de un militar y cuatro directivos de la Ford, entre ellos Héctor Francisco Sibilla.
En varias oportunidades los delegados pidieron a la Justicia una inspección ocultar sobre el terreno, como se hizo en el Olimpo o en los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, dice el abogado Tomás Ojea Quintana, patrocinante de los delegados. Ya en 1998, cuando Página/12 se hizo eco de la denuncia presentada por la CTA en España, la empresa salió a negar cualquier vínculo de Pacheco con un campo de detención. Su gerente de relaciones institucionales, Jorge Di Nucci, insistió de uno u otro modo con que "acá no hubo centros de detención". En esa misma lógica, la empresa dijo que los delegados ya hicieron un juicio laboral oportunamente, juicio que hasta ellos reconocen haber ganado. Sin embargo, ni una ni otra explicación parecen suficientes. Los empleados recurrieron a su juicio laboral por las indemnizaciones pendientes por los despidos, porque era lo único que tenían a mano. En palabras de Ojea Quintana, "fue lo único que se les ocurrió".
Durante la última semana, esos mismos delegados dieron los primeros pasos para impulsar ahora una vía civil a nivel local similar a la abrieron y luego retiraron en enero de 2004 en los Estados Unidos contra la Ford Motors Company por los secuestros y desaparición forzada de 25 delegados. Esa denuncia no prosperó por cambios de jurisprudencia interna. Los abogados la retiraron y ahora abrieron una ruta para impulsar ese mismo reclamo fronteras adentro del país. A diferencia de la legislación penal, la civil impide impulsar una demanda sobre causas de más de dos años de antigüedad. Por esa razón, los abogados de los delegados de la Ford no abrieron la causa con una demanda contra la Ford. A través de una pregunta, le pidieron a un juez civil que se pronunciara a favor o en contra de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en el campo civil, donde no existen antecedentes de este tipo.
Relaciones con la matriz
La relación y el tipo de intercambio entre la planta argentina de la Ford y la Ford Motor Company estadounidense es otro de los puntos sobre los que avanza la investigación. La Ford local no era subsidiaria de la norteamericana, aunque existía un control logístico, operacional y financiero de la empresa. Fuera de ello, no está claro cuánto de lo que sucedía con los obreros argentinos se sabía en la casa matriz. Hasta el momento, los únicos indicios de intercambio de información de uno y otro lado se limitan a la de tipo comercial y administrativo. Entre otros ejemplos, se encontró una serie de archivos en manos del Departamento de Estado norteamericano, ahora desclasificados, sobre la posibilidad de un intercambio comercial de la Ford Argentina con La Habana, para lo cual necesitaban una intermediación de Estados Unidos (ver foto). Fuera de ello, el abogado Tomás Ojea Quintana señala un dato llamativo. Los legajos del personal de la empresa estaban en español, pero el de las áreas más sensibles, como finanzas, se escribían en inglés. Para el abogado, sería una señal más de los cruces de información con la sede de Estados Unidos.
La alianza de capital y fierros
Un informe de la embajada revela cómo se coordinaba entre empresas y militares los secuestros de dirigentes gremiales. La causa de los ex delegados de la Ford incorporó un documento desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos considerado como una pieza sugestiva para quienes impulsan las causas por el terrorismo de Estado. Es un informe girado por la embajada de Estados Unidos en Argentina al Departamento de Estado a raíz del secuestro de 19 trabajadores de la planta de cerámica Lozadur. El documento no sólo da cuenta de los circuitos de intercambio de información, sino que con algunos detalles refuerza la hipótesis de la existencia de una alianza entre las fuerzas de seguridad y los sectores empresarios en las políticas de represión. La foto arriba es la primera página del dossier.
El documento fechado en Buenos Aires el 14 de junio de 1978 lleva como referencia "Disappearance of ceramics workers in 1977" (Desaparición de trabajadores del gremio ceramista en 1977). El contenido relata la relación entre los directivos de fábricas y fuerzas de seguridad por la desaparición de los trabajadores de la fábrica de cerámica de los alrededores de Bella Vista.
Luego de mencionar que "una fuente" informó la desaparición de "entre 15 y 20 trabajadores de Lozadur en noviembre de 1977" y de "5 a 10 en otras plantas de la mima área y en la misma época", el documento explica que estas desapariciones sucedieron en un momento de conflicto gremial por las pobres condiciones de trabajo y los malos salarios, con quite de colaboración de los obreros y un lockout empresario que resultó en 350 despidos.
El texto avanza con un comentario de "una fuente protegida de la gerencia" de Lozadur que la desliga de cualquier tipo de responsabilidad sobre la desaparición de los trabajadores, "sosteniendo que el Ejército se infiltró en la planta por las suyas. Y no tenía ninguna necesidad de consultar a la gerencia para identificar o actuar contra los sospechosos montoneros".
En el párrafo siguiente, el encargado de hacer el informe y remitirlo a los Estados Unidos dejó de lado las fuentes de la gerencia de Lozadur para dar cuenta de un comentario elaborado en nombre propio a partir del contacto con "autoridades de las agencias de seguridad". Allí aparece la caracterización del vínculo que existía entre las empresas y las fuerzas de seguridad, el elemento que más interesa a quienes trabajan en las causas de terrorismo de Estado :
"Creemos que en general hay un alto grado de cooperación entre directivos y las agencias de seguridad -dice el informe- dirigido a eliminar terroristas infiltrados de los lugares de trabajo industriales, y a minimizar el riesgo de conflictos en la industria. Autoridades de seguridad comentaron recientemente a la embajada -sin referencia especial al caso de Lozadur- que están teniendo mucho más cuidado que antes cuando reciben denuncias de los directivos sobre supuesto activismo terrorista dentro de las plantas industriales, que podrían ser en realidad apenas casos de legítimo (aunque ilegal) activismo gremial."
Para Tomás Ojea Quintana el párrafo es otra prueba de peso. Refuerza la hipótesis de que la Ford, como un gran abanico de empresas, se habría montado al engranaje de la represión para deshacerse del personal más conflictivo de la fábrica.
Página 12
26/02/06
27/1/09
Cóndor vuela hacia Centro América
Las relaciones con Estados Unidos : (1976-1983)
La llegada al poder del régimen militar argentino en marzo de 1976 no pareció constituir en un primer momento motivo de conflicto con el gobierno republicano de Gerald Ford, dado que la emergencia de un gobierno autocrático en la Argentina fue percibida como una salida "necesaria" al caos generado por el gobierno de Isabel Perón. [1]
Así, desde Washington, medios de prensa y organismos oficiales emitieron evidentes gestos de la posición favorable de la administración Ford hacia el nuevo gobierno argentino. Un cable proveniente de la capital norteamericana informó acerca de la "buena disposición" con que el Fondo Monetario Internacional saludaba al régimen militar argentino, mencionándose la posibilidad de que el gobierno de Videla obtuviese un crédito stand-by por 300 millones de dólares. A su vez, el propio gobierno de Ford recomendó el envío a los militares argentinos de 49 millones de dólares en concepto de asistencia militar para el año 1977. Por cierto, estos gestos demostraron la positiva repercusión que en las autoridades y los hombres de negocios norteamericanos tuvo el plan liberal del ministro Martínez de Hoz, que apuntaba a la apertura financiera y la atracción del capital extranjero. [2] Desde la óptica de la administración Ford, la política económica de Martínez de Hoz era una "garantía de los intereses de la política económica exterior de los EE.UU." y el gobierno de Videla constituía "un factor de perfecta estabilización" después de "las luchas con características de casi guerra civil" en los años de las administraciones peronistas. [3]
Sin embargo, a partir de la asunción de James Carter el 20 de enero de 1977, hubo un cambio cualitativo en las relaciones bilaterales. La nueva administración demócrata estuvo obsesionada con dos cuestiones que la llevaron inevitablemente a chocar con el régimen militar argentino : las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen militar y la prioridad que el gobierno argentino otorgó al desarrollo nuclear.
Respecto de la cuestión de derechos humanos, las críticas efectuadas por la administración demócrata y por los líderes de las socialdemocracias europeas a la represión en la Argentina hizo que los militares locales se sintieran "incomprendidos". En su particular percepción, las naciones de Occidente no captaban la real dimensión de la ofensiva mundial emprendida por el comunismo soviético y sus aliados. Frente a este Occidente que no parecía percibir la importancia de la amenaza comunista, o parecía claudicar frente a ella, la Argentina, por su experiencia en la lucha contra la subversión, constituía, junto con otras naciones de la región, el "Extremo Occidente", que, a diferencia del dubitativo Carter, declaraba la "Tercera Guerra Mundial" contra el comunismo y sus aliados. [4]
Inmediatamente de instalada la nueva administración de Carter, en febrero de 1977 el secretario de Estado, Cyrus Vance, anunció ante la Subcomisión de Apropiaciones del Senado la reducción de ayuda militar a la Argentina, debido a las violaciones de derechos humanos practicadas por el gobierno de Videla. La Junta Militar argentina consideró la decisión una intromisión en los asuntos internos y rechazó la totalidad de la ayuda crediticia norteamericana. [5]
No obstante, cabe destacar dos elementos importantes respecto de la política de promoción y defensa de los derechos humanos de la administración Carter en la Argentina. El primero de ellos es que esta política podía aplicarse sin costos en un país considerado estratégicamente irrelevante en términos de los "intereses vitales" de la Casa Blanca. Mientras el gobierno de Carter fue indiferente a las violaciones efectuadas por regímenes militares de países estratégicamente relevantes para Washington, tales como los de Arabia Saudita o Corea, intentó aplicar duras sanciones al gobierno militar argentino. Por cierto, la "irrelevancia" estratégica de la Argentina permitió al gobierno de Carter impulsar una política de sanciones al régimen militar sin sufrir consecuencias. Pero esta política impulsada por la administración demócrata no tuvo por objetivo central la promoción de la democracia en la Argentina. Tan sólo se limitó a aprovechar los bajos costos de aplicar una política coercitiva en un país de status irrelevante como la Argentina. Asimismo, la aplicación de esta política frente al régimen militar argentino tuvo la ventaja adicional de responder a los reclamos morales de los "cruzados" o "principistas" en el Congreso y en la opinión pública norteamericanos, siempre presentes pero particularmente intensos luego de los síndromes de la guerra de Vietnam y del escándalo Watergate. [6]
El segundo elemento a tomar en cuenta respecto de la aplicación de la política de derechos humanos de Carter es que, si bien dicha política podía tener un bajo costo en términos estratégicos, ello no significaba que contara con un sólido consenso o que su aplicación fuera necesariamente exitosa. El ala liberal del Departamento de Estado pudo condenar las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen de Videla, y con ello satisfacer los apetitos morales de los "cruzados". Pero esta actitud fue abiertamente criticada por los sectores "pragmáticos" que, dentro y fuera del gobierno de Carter, percibieron que el perfil "principista" adoptado por la Casa Blanca hacia el régimen militar argentino podía afectar intereses políticos y económicos de Estados Unidos en la Argentina. Después de todo, el de Videla fue un gobierno anticomunista que además practicó una política económica que favorecía las inversiones norteamericanas. Partiendo de este razonamiento exento de pruritos ideológicos, la línea "dura" impulsada desde el Departamento de Estado fue públicamente criticada por funcionarios que respondieron a la línea "pragmática" de la administración Carter, tales como el embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert Hill, [7] y el secretario para Asuntos Interamericanos, Terence Todman. [8]
Asimismo, en 1978 el frustrado intento del Departamento de Estado de vetar los créditos del Eximbank a la Argentina como "castigo" por las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen militar fue un claro caso del influyente peso de los sectores "pragmáticos" en su puja con los "cruzados". A pesar de los esfuerzos de Carter y de los miembros del Departamento de Estado, el Eximbank continuó sus operaciones con la Argentina. Sus créditos pasaron de 27,4 millones de dólares en 1978 a 32,7 millones en 1979 y 79,2 millones en 1980. [9] Este resultado, que evidenció la debilidad de la política impulsada por el ala liberal del Departamento de Estado, fue producto de la presión ejercida en contra de esta sanción por numerosos representantes del sector privado norteamericano, ( [10] y de las excelentes relaciones del ministro de Economía argentino Martínez de Hoz con los representantes del ámbito financiero de Wall Street, las autoridades del Departamento de Tesoro y el propio presidente del Eximbank, John Moore. [11]
Asimismo, por el lado de las agencias gubernamentales, tampoco tuvo éxito el esfuerzo de Carter de "castigar" la violación de derechos humanos por parte del gobierno militar argentino con el bloqueo de créditos. Por cierto, el tan publicitado "poder de veto" de los representantes oficiales norteamericanos en los organismos multilaterales de crédito, ejercido como repudio por las violaciones a los derechos humanos en la Argentina, fue inefectivo en la práctica. Los datos del Departamento de Tesoro revelan que la Argentina ocupó un lugar privilegiado en las garantías gubernamentales para créditos durante los conflictivos años de la administración Carter. En el rubro de los government contingent liabilities, para el 31 de marzo de 1979 la Argentina ocupaba el séptimo lugar de importancia, detrás de Corea, Brasil, Israel, Taiwán, Filipinas y México. Asimismo, en 1980 la Argentina fue uno de los "principales beneficiarios" del sistema generalizado de preferencias de Estados Unidos. En consecuencia, y en contra de lo que afirman la mayoría de los autores, no fueron los prestamistas privados los únicos que boicotearon la política de derechos humanos de Carter contra el régimen de Videla. [12]
Aprovechando el enorme prestigio externo del ministro de Economía Martínez de Hoz en los círculos financieros y empresarios norteamericanos, el gobierno de Videla intentó explicar a través de la figura de su "superministro" el carácter "indispensable" de la represión interna. Los contactos de Martínez de Hoz abarcaron a figuras tanto del ámbito empresario como gubernamental norteamericano, y excedieron las atribuciones propias de la cartera económica, al tocar temas eminentemente políticos, como la situación de los derechos humanos en la Argentina. [13]
A este canal de contacto con las autoridades económicas y políticas de la Casa Blanca protagonizado por el ministro de Economía, el gobierno de Videla agregó otros dos. Uno de ellos fue el canal diplomático formal, integrado por el entonces segundo canciller del Proceso, vicealmirante Oscar Antonio Montes, y por los funcionarios de la Cancillería -entre los que se destacó el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Aja Espil-. El otro fue la diplomacia personal del presidente Videla, quien procuró contactos directos con el presidente Carter y otras autoridades norteamericanas con el fin de mejorar la imagen negativa del gobierno en Washington.
Respecto del canal integrado por el canciller y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo calificamos como formal en tanto su margen de maniobra estuvo condicionado por dos factores : su subordinación a las órdenes emanadas de la Armada y su puja por espacios de poder con la "diplomacia económica" del ministro Martínez de Hoz. No obstante estas limitaciones, la diplomacia formal desplegó una intensa actividad, destinada a "aclarar" la "verdadera" situación argentina en los foros multilaterales. Así, durante la Séptima Asamblea General de la OEA realizada en junio de 1977 en Grenada, el delegado argentino Juan Carlos Arliz presentó un proyecto de resolución donde denunció como una "concepción liberal obsoleta", la tesis respaldada por Carter de que los gobiernos son los causantes exclusivos de las violaciones a los derechos humanos. Arliz sostuvo que la OEA debía ocuparse de los casos "cometidos por individuos o grupos terroristas", y que debía cooperar "con los gobiernos que enfrentan al terrorismo". Por su parte, el canciller argentino, vicealmirante Oscar Antonio Montes, propuso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de la OEA destinado a inspeccionar la actuación de los diversos gobiernos de la región en materia de derechos humanos, ampliara su competencia a los casos de violaciones causadas por grupos subversivos. Para defender su posición, Montes recordó los atentados subversivos contra su antecesor, el canciller Guzzetti, y contra el canciller salvadoreño, Mauricio Borgonovo. No obstante los esfuerzos de la delegación argentina, la tesis triunfante fue la sostenida por Estados Unidos, Costa Rica y Venezuela, que afirmaba que ninguna circunstancia justificaba "la tortura, la ejecución sumaria o la detención prolongada, sin juicio, en forma contraria a la ley". [14]
El segundo canal, el de la diplomacia personal de Videla, se puso en práctica en una serie de contactos bilaterales que tuvieron lugar durante la segunda mitad de 1977 -la visita del subsecretario de Asuntos Interamericanos, Terence Todman, a Buenos Aires en agosto ; [15] la del presidente Jorge Videla a Washington en septiembre para asistir a la firma de los tratados de Panamá ; [16] y la del secretario de Estado, Cyrus Vance, en noviembre- [17]. Estos contactos no produjeron ningún cambio esencial en la relación entre Washington y Buenos Aires, a pesar de las afirmaciones del gobierno y de la mayoría de los medios de prensa, que, ante cada visita, hablaron interesada o apresuradamente de "giro" de las relaciones o de comienzo de un período de "entendimiento recíproco". [18] Muy por el contrario, las autoridades norteamericanas reforzaron su convicción acerca del carácter represivo del régimen militar argentino. En particular, las condenas de Vance influyeron de manera crucial en el ánimo del asesor para Asuntos Interamericanos del presidente Carter, Bob Pastor. Este, a su vez, jugó un rol decisivo en la aprobación por parte del Congreso norteamericano de la llamada enmienda "Humphrey-Kennedy" que prohibió la asistencia militar de Washington a la Argentina. [19]
La llegada al poder del régimen militar argentino en marzo de 1976 no pareció constituir en un primer momento motivo de conflicto con el gobierno republicano de Gerald Ford, dado que la emergencia de un gobierno autocrático en la Argentina fue percibida como una salida "necesaria" al caos generado por el gobierno de Isabel Perón. [1]
Así, desde Washington, medios de prensa y organismos oficiales emitieron evidentes gestos de la posición favorable de la administración Ford hacia el nuevo gobierno argentino. Un cable proveniente de la capital norteamericana informó acerca de la "buena disposición" con que el Fondo Monetario Internacional saludaba al régimen militar argentino, mencionándose la posibilidad de que el gobierno de Videla obtuviese un crédito stand-by por 300 millones de dólares. A su vez, el propio gobierno de Ford recomendó el envío a los militares argentinos de 49 millones de dólares en concepto de asistencia militar para el año 1977. Por cierto, estos gestos demostraron la positiva repercusión que en las autoridades y los hombres de negocios norteamericanos tuvo el plan liberal del ministro Martínez de Hoz, que apuntaba a la apertura financiera y la atracción del capital extranjero. [2] Desde la óptica de la administración Ford, la política económica de Martínez de Hoz era una "garantía de los intereses de la política económica exterior de los EE.UU." y el gobierno de Videla constituía "un factor de perfecta estabilización" después de "las luchas con características de casi guerra civil" en los años de las administraciones peronistas. [3]
Sin embargo, a partir de la asunción de James Carter el 20 de enero de 1977, hubo un cambio cualitativo en las relaciones bilaterales. La nueva administración demócrata estuvo obsesionada con dos cuestiones que la llevaron inevitablemente a chocar con el régimen militar argentino : las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen militar y la prioridad que el gobierno argentino otorgó al desarrollo nuclear.
Respecto de la cuestión de derechos humanos, las críticas efectuadas por la administración demócrata y por los líderes de las socialdemocracias europeas a la represión en la Argentina hizo que los militares locales se sintieran "incomprendidos". En su particular percepción, las naciones de Occidente no captaban la real dimensión de la ofensiva mundial emprendida por el comunismo soviético y sus aliados. Frente a este Occidente que no parecía percibir la importancia de la amenaza comunista, o parecía claudicar frente a ella, la Argentina, por su experiencia en la lucha contra la subversión, constituía, junto con otras naciones de la región, el "Extremo Occidente", que, a diferencia del dubitativo Carter, declaraba la "Tercera Guerra Mundial" contra el comunismo y sus aliados. [4]
Inmediatamente de instalada la nueva administración de Carter, en febrero de 1977 el secretario de Estado, Cyrus Vance, anunció ante la Subcomisión de Apropiaciones del Senado la reducción de ayuda militar a la Argentina, debido a las violaciones de derechos humanos practicadas por el gobierno de Videla. La Junta Militar argentina consideró la decisión una intromisión en los asuntos internos y rechazó la totalidad de la ayuda crediticia norteamericana. [5]
No obstante, cabe destacar dos elementos importantes respecto de la política de promoción y defensa de los derechos humanos de la administración Carter en la Argentina. El primero de ellos es que esta política podía aplicarse sin costos en un país considerado estratégicamente irrelevante en términos de los "intereses vitales" de la Casa Blanca. Mientras el gobierno de Carter fue indiferente a las violaciones efectuadas por regímenes militares de países estratégicamente relevantes para Washington, tales como los de Arabia Saudita o Corea, intentó aplicar duras sanciones al gobierno militar argentino. Por cierto, la "irrelevancia" estratégica de la Argentina permitió al gobierno de Carter impulsar una política de sanciones al régimen militar sin sufrir consecuencias. Pero esta política impulsada por la administración demócrata no tuvo por objetivo central la promoción de la democracia en la Argentina. Tan sólo se limitó a aprovechar los bajos costos de aplicar una política coercitiva en un país de status irrelevante como la Argentina. Asimismo, la aplicación de esta política frente al régimen militar argentino tuvo la ventaja adicional de responder a los reclamos morales de los "cruzados" o "principistas" en el Congreso y en la opinión pública norteamericanos, siempre presentes pero particularmente intensos luego de los síndromes de la guerra de Vietnam y del escándalo Watergate. [6]
El segundo elemento a tomar en cuenta respecto de la aplicación de la política de derechos humanos de Carter es que, si bien dicha política podía tener un bajo costo en términos estratégicos, ello no significaba que contara con un sólido consenso o que su aplicación fuera necesariamente exitosa. El ala liberal del Departamento de Estado pudo condenar las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen de Videla, y con ello satisfacer los apetitos morales de los "cruzados". Pero esta actitud fue abiertamente criticada por los sectores "pragmáticos" que, dentro y fuera del gobierno de Carter, percibieron que el perfil "principista" adoptado por la Casa Blanca hacia el régimen militar argentino podía afectar intereses políticos y económicos de Estados Unidos en la Argentina. Después de todo, el de Videla fue un gobierno anticomunista que además practicó una política económica que favorecía las inversiones norteamericanas. Partiendo de este razonamiento exento de pruritos ideológicos, la línea "dura" impulsada desde el Departamento de Estado fue públicamente criticada por funcionarios que respondieron a la línea "pragmática" de la administración Carter, tales como el embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert Hill, [7] y el secretario para Asuntos Interamericanos, Terence Todman. [8]
Asimismo, en 1978 el frustrado intento del Departamento de Estado de vetar los créditos del Eximbank a la Argentina como "castigo" por las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen militar fue un claro caso del influyente peso de los sectores "pragmáticos" en su puja con los "cruzados". A pesar de los esfuerzos de Carter y de los miembros del Departamento de Estado, el Eximbank continuó sus operaciones con la Argentina. Sus créditos pasaron de 27,4 millones de dólares en 1978 a 32,7 millones en 1979 y 79,2 millones en 1980. [9] Este resultado, que evidenció la debilidad de la política impulsada por el ala liberal del Departamento de Estado, fue producto de la presión ejercida en contra de esta sanción por numerosos representantes del sector privado norteamericano, ( [10] y de las excelentes relaciones del ministro de Economía argentino Martínez de Hoz con los representantes del ámbito financiero de Wall Street, las autoridades del Departamento de Tesoro y el propio presidente del Eximbank, John Moore. [11]
Asimismo, por el lado de las agencias gubernamentales, tampoco tuvo éxito el esfuerzo de Carter de "castigar" la violación de derechos humanos por parte del gobierno militar argentino con el bloqueo de créditos. Por cierto, el tan publicitado "poder de veto" de los representantes oficiales norteamericanos en los organismos multilaterales de crédito, ejercido como repudio por las violaciones a los derechos humanos en la Argentina, fue inefectivo en la práctica. Los datos del Departamento de Tesoro revelan que la Argentina ocupó un lugar privilegiado en las garantías gubernamentales para créditos durante los conflictivos años de la administración Carter. En el rubro de los government contingent liabilities, para el 31 de marzo de 1979 la Argentina ocupaba el séptimo lugar de importancia, detrás de Corea, Brasil, Israel, Taiwán, Filipinas y México. Asimismo, en 1980 la Argentina fue uno de los "principales beneficiarios" del sistema generalizado de preferencias de Estados Unidos. En consecuencia, y en contra de lo que afirman la mayoría de los autores, no fueron los prestamistas privados los únicos que boicotearon la política de derechos humanos de Carter contra el régimen de Videla. [12]
Aprovechando el enorme prestigio externo del ministro de Economía Martínez de Hoz en los círculos financieros y empresarios norteamericanos, el gobierno de Videla intentó explicar a través de la figura de su "superministro" el carácter "indispensable" de la represión interna. Los contactos de Martínez de Hoz abarcaron a figuras tanto del ámbito empresario como gubernamental norteamericano, y excedieron las atribuciones propias de la cartera económica, al tocar temas eminentemente políticos, como la situación de los derechos humanos en la Argentina. [13]
A este canal de contacto con las autoridades económicas y políticas de la Casa Blanca protagonizado por el ministro de Economía, el gobierno de Videla agregó otros dos. Uno de ellos fue el canal diplomático formal, integrado por el entonces segundo canciller del Proceso, vicealmirante Oscar Antonio Montes, y por los funcionarios de la Cancillería -entre los que se destacó el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Aja Espil-. El otro fue la diplomacia personal del presidente Videla, quien procuró contactos directos con el presidente Carter y otras autoridades norteamericanas con el fin de mejorar la imagen negativa del gobierno en Washington.
Respecto del canal integrado por el canciller y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo calificamos como formal en tanto su margen de maniobra estuvo condicionado por dos factores : su subordinación a las órdenes emanadas de la Armada y su puja por espacios de poder con la "diplomacia económica" del ministro Martínez de Hoz. No obstante estas limitaciones, la diplomacia formal desplegó una intensa actividad, destinada a "aclarar" la "verdadera" situación argentina en los foros multilaterales. Así, durante la Séptima Asamblea General de la OEA realizada en junio de 1977 en Grenada, el delegado argentino Juan Carlos Arliz presentó un proyecto de resolución donde denunció como una "concepción liberal obsoleta", la tesis respaldada por Carter de que los gobiernos son los causantes exclusivos de las violaciones a los derechos humanos. Arliz sostuvo que la OEA debía ocuparse de los casos "cometidos por individuos o grupos terroristas", y que debía cooperar "con los gobiernos que enfrentan al terrorismo". Por su parte, el canciller argentino, vicealmirante Oscar Antonio Montes, propuso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de la OEA destinado a inspeccionar la actuación de los diversos gobiernos de la región en materia de derechos humanos, ampliara su competencia a los casos de violaciones causadas por grupos subversivos. Para defender su posición, Montes recordó los atentados subversivos contra su antecesor, el canciller Guzzetti, y contra el canciller salvadoreño, Mauricio Borgonovo. No obstante los esfuerzos de la delegación argentina, la tesis triunfante fue la sostenida por Estados Unidos, Costa Rica y Venezuela, que afirmaba que ninguna circunstancia justificaba "la tortura, la ejecución sumaria o la detención prolongada, sin juicio, en forma contraria a la ley". [14]
El segundo canal, el de la diplomacia personal de Videla, se puso en práctica en una serie de contactos bilaterales que tuvieron lugar durante la segunda mitad de 1977 -la visita del subsecretario de Asuntos Interamericanos, Terence Todman, a Buenos Aires en agosto ; [15] la del presidente Jorge Videla a Washington en septiembre para asistir a la firma de los tratados de Panamá ; [16] y la del secretario de Estado, Cyrus Vance, en noviembre- [17]. Estos contactos no produjeron ningún cambio esencial en la relación entre Washington y Buenos Aires, a pesar de las afirmaciones del gobierno y de la mayoría de los medios de prensa, que, ante cada visita, hablaron interesada o apresuradamente de "giro" de las relaciones o de comienzo de un período de "entendimiento recíproco". [18] Muy por el contrario, las autoridades norteamericanas reforzaron su convicción acerca del carácter represivo del régimen militar argentino. En particular, las condenas de Vance influyeron de manera crucial en el ánimo del asesor para Asuntos Interamericanos del presidente Carter, Bob Pastor. Este, a su vez, jugó un rol decisivo en la aprobación por parte del Congreso norteamericano de la llamada enmienda "Humphrey-Kennedy" que prohibió la asistencia militar de Washington a la Argentina. [19]
Cóndor vuela hacia Centro América (II)
Decidido a empañar tanto el prestigio del "superministro" Martínez de Hoz en el exterior como los contactos del presidente Videla con funcionarios norteamericanos, el comandante en jefe de la Marina, almirante Massera no dudó en utilizar la cuestión de derechos humanos como un instrumento más para debilitar la autoridad presidencial. Así, en diciembre de ese agitado año de 1977, el jefe naval envió a dos oficiales superiores de la Armada a Washington y Nueva York. Estos desarrollaron contactos con dos funcionarios cercanos al presidente Carter, el senador demócrata neoyorquino, Jacob Javits, y el presidente del Consejo de Asuntos Hemisféricos, Lawrence Birns. El mensaje enviado por Massera a los funcionarios de la Casa Blanca era el siguiente : la Marina deseaba la transferencia de las áreas militares a la jurisdicción de las cortes civiles, el retorno de la democracia y el mejoramiento de las relaciones con Washington, pero la cerrada oposición de Videla y del Ejército -respaldados por el gobierno norteamericano- impedía la concreción del plan de apertura política. Los enviados de Massera sostuvieron que la imagen que en Estados Unidos se tenía de la Armada como representante de la línea dura de la represión se debía en realidad a la ineptitud de Videla. Incluso transmitieron a los funcionarios norteamericanos la voluntad de la Armada de publicar la lista completa de detenidos y desaparecidos que hubieran tenido lugar desde la visita de Vance en noviembre. [20]
Hacia la segunda mitad de 1978, una conjunción de factores internos y externos llevó a que tanto en Washington como en Buenos Aires el tenor de las declaraciones respecto de la espinosa cuestión de los derechos humanos disminuyera. Por el lado del gobierno de Estados Unidos, esta flexibilización estuvo vinculada a dos factores. En primer lugar, a la existencia de sectores internos con intereses estratégicos, financieros y comerciales en la Argentina, que se opusieron a la política de sanciones impulsada por el Departamento de Estado. Entre ellos, vale citar al Departamento de Tesoro, los militares y algunas empresas norteamericanas. En segundo término, a la adopción de una actitud de mayor pragmatismo por parte del propio gobierno demócrata, que incluyó declaraciones respecto del mejoramiento relativo de la situación de los derechos humanos en la Argentina, como la del portavoz del entonces subsecretario de Asuntos Interamericanos, Vyron Vaky, en septiembre de 1978. Esta actitud de Washington se debió a la emergencia de conflictos en distintas partes del mundo -las crisis de Irán, Angola, Nicaragua y Afganistán- de mayor prioridad que la violación de los derechos humanos por parte del régimen militar argentino. [21]
Por el lado de las autoridades de Buenos Aires, hubo una explícita intención -impulsada por la Secretaría de la Presidencia- de que el gobierno de Videla evitara las críticas al gobierno norteamericano, colocando la responsabilidad de la situación no exclusivamente en Washington sino en la falta de "comprensión mutua" en determinados funcionarios del Ejecutivo y miembros del Poder Legislativo. [22] Así se concretó, por iniciativa del vicepresidente norteamericano Walter Mondale, una entrevista entre éste y el presidente argentino Videla en Roma en septiembre de 1978, en ocasión de la ceremonia de entronización del Papa Juan Pablo I. En este encuentro, ambas partes llegaron a un acuerdo, por el cual el Departamento de Estado prometía rever su política de no autorizar al Eximbank la financiación del proyecto hidroeléctrico de Yacyretá, en tanto Videla se comprometía a permitir el ingreso a la Argentina de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para constatar la situación de esos derechos en el país. Por cierto, en estos gestos de "conciliación" de la administración demócrata tuvo mucho que ver la incidencia de los sectores empresariales y financieros con intereses en el mercado argentino, quienes percibieron que la política del "garrote" podía perjudicar sus inversiones. [23]
Pero al mismo tiempo esta flexibilización de la administración Carter que apuntó a disuadir al régimen militar con "zanahorias" económicas para que suspendiera las violaciones a los derechos humanos, se vio limitada en la práctica por la injerencia de los "cruzados" norteamericanos que presionaron precisamente en la dirección contraria desde el Congreso. En consecuencia, la política del "garrote" hacia la Argentina volvió a evidenciarse, provocando nuevas fricciones entre Washington y Buenos Aires. Así, a pesar de los esfuerzos "moderadores" del Ejecutivo, el Congreso decidió poner en vigencia, el 1º de octubre de 1978, la enmienda Humphrey-Kennedy a la Sección 620-B de la ley norteamericana de Ayuda Exterior -que había sido aprobada por el Legislativo en agosto de 1977-. Por esta enmienda, se suspendió toda ayuda militar a la Argentina bajo la forma de créditos, donaciones, garantías de préstamos, ventas y licencias para exportación acordados con posterioridad al 30 de septiembre de 1978. [24]
Junto a la suspensión de la ayuda militar, otro fracaso en los intentos del gobierno de Videla por granjearse la buena voluntad de la administración Carter fue la repercusión negativa que tuvo la presencia en Buenos Aires de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), [25] entre los días 6 y 20 de septiembre de 1979. Dicha presencia intentó ser políticamente explotada tanto por los dirigentes de los partidos políticos, [26] como por los sectores "duros" del Ejército y la Marina, quienes nunca estuvieron de acuerdo con la decisión de los sectores "blandos" o "videlistas" de permitir la visita del organismo a la Argentina. [27]
Pero las reacciones de repudio a la visita de la CIDH no se limitaron a los sectores "duros" del Ejército y la Marina. En una curiosa demostración de respaldo a la política antiterrorista aplicada por la Junta Militar argentina, una serie de agrupaciones mayoritariamente vinculadas a los sectores agroganadero y empresarial -entre ellas la Cámara Argentina de Frigoríficos, la Sociedad Rural Argentina, el Rotary Club de Buenos Aires, el Centro de Exportadores de Cereales, la Federación de Cámaras de Exportadores de la República Argentina, el Centro Argentino de Ingenieros, la Cámara Argentina de Productos Avícolas, la Unión General de Tamberos, el Consejo Empresario Argentino y el Consejo Publicitario Argentino- emitieron la siguiente solicitada de respaldo al gobierno argentino :
Los Argentinos queremos decirle al mundo : Los Argentinos estuvimos en guerra. Todos la vivimos y sufrimos. Queremos que el mundo sepa que la decisión de entrar en la lucha que provocó e impuso la subversión, no fue privativa de las Fuerzas Armadas. Tampoco fue privativa del Gobierno Argentino. Fue una decisión de Argentinos. Todos, absolutamente todos los hombres de buena voluntad que habitan el suelo argentino, pedimos en su momento a las Fuerzas Armadas que entraran en guerra para ganar la Paz. A costa de cualquier sacrificio. Y todos deseamos que la guerra terminara cuanto antes. Hoy, la guerra terminó, aunque no la vigilia. (...) Las instituciones que (...) firmamos, queremos refrendar de esta manera nuestro apoyo a aquella dolorosa pero imprescindible decisión. Aunque en idénticas circunstancias volveríamos a actuar de idéntica manera, quiera Dios que nunca tengamos que pagar este precio para vivir en Paz. [28]
Por su parte, la llamada "Agrupación Democrática Argentina" emitió una declaración de enfático repudio al informe de la CIDH, sosteniendo que :
(...) nuestras Fuerzas Armadas, lejos de ser ponderadas por la victoria obtenida sobre la subversión, resultan absurdamente vilipendiadas y condenadas. Ante este desconcertante informe, es muy lógico que para el ciudadano medio, el proceder de los Estados Unidos se torne ininteligible, en un indescifrable jeroglífico (...). [29]
A fines de marzo de 1980, el canciller Carlos Washington Pastor intentó descomprimir la tensa situación creada por la visita de la CIDH, sosteniendo que "no hay derecho moral ni material" para investigar a la Argentina. [30]
Cuando en abril de 1980 se conoció oficialmente en la Argentina el dictamen negativo de la CIDH, el gobierno de Videla se vio obligado a responder con un extenso documento que acusaba al informe de no guardar "los requisitos de ecuanimidad y objetividad que deberían ser indispensables en un documento de tanta importancia". Asimismo, sostenía que dicho informe utilizaba "elementos distorsionantes de la verdad", ignorando "la realidad argentina de la última década, sin cuyo conocimiento acabado es imposible la comprensión de la situación actual y del pasado reciente". [31]
Asimismo, el gobierno argentino decidió revertir su negativa imagen externa a través de una intensa campaña de relaciones públicas en Estados Unidos. Con este objetivo, la embajada argentina en Washington publicó un boletín mensual titulado Argentina y distribuido a personas influyentes en los sectores privado y público de la sociedad norteamericana. Asimismo, el embajador Aja Espil estableció sólidos vínculos con grupos conservadores de Estados Unidos, contando con la colaboración de la Fundación Heritage de Washington y el senador Jesse Helms. En 1980, una empresa editora norteamericana privada, la Southern Cone Publishing & Advisory Services, Inc., fue contratada por la embajada para que se ocupara de distribuir materiales impresos sobre la "verdadera" realidad argentina, entre ellos un nuevo boletín mensual titulado Argentine Report. También, especialmente entre 1980 y 1983, se organizaron seminarios donde se reunieron argentinos y norteamericanos para analizar temas de política exterior. [32]
Paradójicamente, la presión ejercida desde Washington como "castigo" a la violación de derechos humanos produjo el fortalecimiento de los sectores militares "duros". [33] Este fue precisamente el efecto contrario al buscado por el presidente Jimmy Carter y por la directora de la Oficina de Derechos Humanos, Patricia Derian. Carter y Derian no percibieron que, en gran medida, la estabilidad del presidente Videla frente a sus colegas militares estaba condicionada no sólo por el éxito del plan económico, sino también por su capacidad para resistir la campaña externa en repudio a la política de derechos humanos del régimen, que se convirtió en un leitmotiv que tiñó la agenda bilateral durante los años 1978 a 1980. Debido a la percepción que los sectores nacionalistas tanto militares como civiles tuvieron de la presión norteamericana como un caso inaceptable de interferencia externa, Videla no podía transigir en esta cuestión sin correr el riesgo de perder legitimidad frente a sus pares. [34]
Cabe agregar que luego de la visita de la CIDH en septiembre de 1979, los militares norteamericanos, opuestos a la política de derechos humanos impulsada por la administración demócrata, tuvieron contacto con sus colegas argentinos. Entre éstos contactos, pueden mencionarse el viaje a Buenos Aires del teniente general del Ejército, Gordon Summer, en noviembre de 1979 ; y el del teniente general del Ejército, Daniel Graham, asesor del candidato republicano a la presidencia Ronald Reagan, en junio de 1980. En la conferencia que diera a su paso por Buenos Aires, Summer estableció claramente sus diferencias de enfoque con la política de derechos humanos impulsada por Carter y Derian :
Estoy especialmente preocupado por la polarización de este hemisferio (...) donde los Estados Unidos han dividido a toda la América latina en dos grupos : los de 'sombreros blancos' -en los Estados Unidos los buenos- que son los dictadores de izquierda que 'defienden los derechos humanos', y los de 'sombreros negros' que son todos los demás. A éstos, bajo la retórica internacional, se les niega la entrada a los mercados internacionales, de dinero, etcétera. Y, estratégicamente, el hemisferio está siendo sacrificado sobre el altar de los derechos humanos. [35]
Hacia la segunda mitad de 1978, una conjunción de factores internos y externos llevó a que tanto en Washington como en Buenos Aires el tenor de las declaraciones respecto de la espinosa cuestión de los derechos humanos disminuyera. Por el lado del gobierno de Estados Unidos, esta flexibilización estuvo vinculada a dos factores. En primer lugar, a la existencia de sectores internos con intereses estratégicos, financieros y comerciales en la Argentina, que se opusieron a la política de sanciones impulsada por el Departamento de Estado. Entre ellos, vale citar al Departamento de Tesoro, los militares y algunas empresas norteamericanas. En segundo término, a la adopción de una actitud de mayor pragmatismo por parte del propio gobierno demócrata, que incluyó declaraciones respecto del mejoramiento relativo de la situación de los derechos humanos en la Argentina, como la del portavoz del entonces subsecretario de Asuntos Interamericanos, Vyron Vaky, en septiembre de 1978. Esta actitud de Washington se debió a la emergencia de conflictos en distintas partes del mundo -las crisis de Irán, Angola, Nicaragua y Afganistán- de mayor prioridad que la violación de los derechos humanos por parte del régimen militar argentino. [21]
Por el lado de las autoridades de Buenos Aires, hubo una explícita intención -impulsada por la Secretaría de la Presidencia- de que el gobierno de Videla evitara las críticas al gobierno norteamericano, colocando la responsabilidad de la situación no exclusivamente en Washington sino en la falta de "comprensión mutua" en determinados funcionarios del Ejecutivo y miembros del Poder Legislativo. [22] Así se concretó, por iniciativa del vicepresidente norteamericano Walter Mondale, una entrevista entre éste y el presidente argentino Videla en Roma en septiembre de 1978, en ocasión de la ceremonia de entronización del Papa Juan Pablo I. En este encuentro, ambas partes llegaron a un acuerdo, por el cual el Departamento de Estado prometía rever su política de no autorizar al Eximbank la financiación del proyecto hidroeléctrico de Yacyretá, en tanto Videla se comprometía a permitir el ingreso a la Argentina de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para constatar la situación de esos derechos en el país. Por cierto, en estos gestos de "conciliación" de la administración demócrata tuvo mucho que ver la incidencia de los sectores empresariales y financieros con intereses en el mercado argentino, quienes percibieron que la política del "garrote" podía perjudicar sus inversiones. [23]
Pero al mismo tiempo esta flexibilización de la administración Carter que apuntó a disuadir al régimen militar con "zanahorias" económicas para que suspendiera las violaciones a los derechos humanos, se vio limitada en la práctica por la injerencia de los "cruzados" norteamericanos que presionaron precisamente en la dirección contraria desde el Congreso. En consecuencia, la política del "garrote" hacia la Argentina volvió a evidenciarse, provocando nuevas fricciones entre Washington y Buenos Aires. Así, a pesar de los esfuerzos "moderadores" del Ejecutivo, el Congreso decidió poner en vigencia, el 1º de octubre de 1978, la enmienda Humphrey-Kennedy a la Sección 620-B de la ley norteamericana de Ayuda Exterior -que había sido aprobada por el Legislativo en agosto de 1977-. Por esta enmienda, se suspendió toda ayuda militar a la Argentina bajo la forma de créditos, donaciones, garantías de préstamos, ventas y licencias para exportación acordados con posterioridad al 30 de septiembre de 1978. [24]
Junto a la suspensión de la ayuda militar, otro fracaso en los intentos del gobierno de Videla por granjearse la buena voluntad de la administración Carter fue la repercusión negativa que tuvo la presencia en Buenos Aires de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), [25] entre los días 6 y 20 de septiembre de 1979. Dicha presencia intentó ser políticamente explotada tanto por los dirigentes de los partidos políticos, [26] como por los sectores "duros" del Ejército y la Marina, quienes nunca estuvieron de acuerdo con la decisión de los sectores "blandos" o "videlistas" de permitir la visita del organismo a la Argentina. [27]
Pero las reacciones de repudio a la visita de la CIDH no se limitaron a los sectores "duros" del Ejército y la Marina. En una curiosa demostración de respaldo a la política antiterrorista aplicada por la Junta Militar argentina, una serie de agrupaciones mayoritariamente vinculadas a los sectores agroganadero y empresarial -entre ellas la Cámara Argentina de Frigoríficos, la Sociedad Rural Argentina, el Rotary Club de Buenos Aires, el Centro de Exportadores de Cereales, la Federación de Cámaras de Exportadores de la República Argentina, el Centro Argentino de Ingenieros, la Cámara Argentina de Productos Avícolas, la Unión General de Tamberos, el Consejo Empresario Argentino y el Consejo Publicitario Argentino- emitieron la siguiente solicitada de respaldo al gobierno argentino :
Los Argentinos queremos decirle al mundo : Los Argentinos estuvimos en guerra. Todos la vivimos y sufrimos. Queremos que el mundo sepa que la decisión de entrar en la lucha que provocó e impuso la subversión, no fue privativa de las Fuerzas Armadas. Tampoco fue privativa del Gobierno Argentino. Fue una decisión de Argentinos. Todos, absolutamente todos los hombres de buena voluntad que habitan el suelo argentino, pedimos en su momento a las Fuerzas Armadas que entraran en guerra para ganar la Paz. A costa de cualquier sacrificio. Y todos deseamos que la guerra terminara cuanto antes. Hoy, la guerra terminó, aunque no la vigilia. (...) Las instituciones que (...) firmamos, queremos refrendar de esta manera nuestro apoyo a aquella dolorosa pero imprescindible decisión. Aunque en idénticas circunstancias volveríamos a actuar de idéntica manera, quiera Dios que nunca tengamos que pagar este precio para vivir en Paz. [28]
Por su parte, la llamada "Agrupación Democrática Argentina" emitió una declaración de enfático repudio al informe de la CIDH, sosteniendo que :
(...) nuestras Fuerzas Armadas, lejos de ser ponderadas por la victoria obtenida sobre la subversión, resultan absurdamente vilipendiadas y condenadas. Ante este desconcertante informe, es muy lógico que para el ciudadano medio, el proceder de los Estados Unidos se torne ininteligible, en un indescifrable jeroglífico (...). [29]
A fines de marzo de 1980, el canciller Carlos Washington Pastor intentó descomprimir la tensa situación creada por la visita de la CIDH, sosteniendo que "no hay derecho moral ni material" para investigar a la Argentina. [30]
Cuando en abril de 1980 se conoció oficialmente en la Argentina el dictamen negativo de la CIDH, el gobierno de Videla se vio obligado a responder con un extenso documento que acusaba al informe de no guardar "los requisitos de ecuanimidad y objetividad que deberían ser indispensables en un documento de tanta importancia". Asimismo, sostenía que dicho informe utilizaba "elementos distorsionantes de la verdad", ignorando "la realidad argentina de la última década, sin cuyo conocimiento acabado es imposible la comprensión de la situación actual y del pasado reciente". [31]
Asimismo, el gobierno argentino decidió revertir su negativa imagen externa a través de una intensa campaña de relaciones públicas en Estados Unidos. Con este objetivo, la embajada argentina en Washington publicó un boletín mensual titulado Argentina y distribuido a personas influyentes en los sectores privado y público de la sociedad norteamericana. Asimismo, el embajador Aja Espil estableció sólidos vínculos con grupos conservadores de Estados Unidos, contando con la colaboración de la Fundación Heritage de Washington y el senador Jesse Helms. En 1980, una empresa editora norteamericana privada, la Southern Cone Publishing & Advisory Services, Inc., fue contratada por la embajada para que se ocupara de distribuir materiales impresos sobre la "verdadera" realidad argentina, entre ellos un nuevo boletín mensual titulado Argentine Report. También, especialmente entre 1980 y 1983, se organizaron seminarios donde se reunieron argentinos y norteamericanos para analizar temas de política exterior. [32]
Paradójicamente, la presión ejercida desde Washington como "castigo" a la violación de derechos humanos produjo el fortalecimiento de los sectores militares "duros". [33] Este fue precisamente el efecto contrario al buscado por el presidente Jimmy Carter y por la directora de la Oficina de Derechos Humanos, Patricia Derian. Carter y Derian no percibieron que, en gran medida, la estabilidad del presidente Videla frente a sus colegas militares estaba condicionada no sólo por el éxito del plan económico, sino también por su capacidad para resistir la campaña externa en repudio a la política de derechos humanos del régimen, que se convirtió en un leitmotiv que tiñó la agenda bilateral durante los años 1978 a 1980. Debido a la percepción que los sectores nacionalistas tanto militares como civiles tuvieron de la presión norteamericana como un caso inaceptable de interferencia externa, Videla no podía transigir en esta cuestión sin correr el riesgo de perder legitimidad frente a sus pares. [34]
Cabe agregar que luego de la visita de la CIDH en septiembre de 1979, los militares norteamericanos, opuestos a la política de derechos humanos impulsada por la administración demócrata, tuvieron contacto con sus colegas argentinos. Entre éstos contactos, pueden mencionarse el viaje a Buenos Aires del teniente general del Ejército, Gordon Summer, en noviembre de 1979 ; y el del teniente general del Ejército, Daniel Graham, asesor del candidato republicano a la presidencia Ronald Reagan, en junio de 1980. En la conferencia que diera a su paso por Buenos Aires, Summer estableció claramente sus diferencias de enfoque con la política de derechos humanos impulsada por Carter y Derian :
Estoy especialmente preocupado por la polarización de este hemisferio (...) donde los Estados Unidos han dividido a toda la América latina en dos grupos : los de 'sombreros blancos' -en los Estados Unidos los buenos- que son los dictadores de izquierda que 'defienden los derechos humanos', y los de 'sombreros negros' que son todos los demás. A éstos, bajo la retórica internacional, se les niega la entrada a los mercados internacionales, de dinero, etcétera. Y, estratégicamente, el hemisferio está siendo sacrificado sobre el altar de los derechos humanos. [35]
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
