La relación de la DINA con el crimen organizado. (II)

La Mira Láser
El 21 de diciembre de 1990, el Registro Civil denunció la pérdida de 134 pasaportes, iniciándose un proceso en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago. Dos de los documentos de identidad fueron incautados el 18 de mayo del mismo año en la ciudad de Roma (Italia) al ciudadano chileno Alejandro Ramírez Cáceres. Los pasaportes iban a ser entregados nada menos que a Edgardo Bathich De esta misma partida de pasaportes, al menos cuatro documentos fueron extendidos con identidades adulteradas a Augusto Pinochet, los que sirvieron para que éste abriera sus cuentas en el Banco Riggs y estableciera sus sociedades en paraísos fiscales.

Ese mismo año, el Presidente Patricio Aylwin –recién instalado en La Moneda– se lanzó en una misión crucial y designó como jefe de Investigaciones al general (R) Horacio Toro.

A los pocos días de asumir el cargo, Toro recibió una información inquietante: a fines de 1989, un joven colombiano llamado Jesús Ochoa Galves se había instalado en el país. El sujeto era pariente del clan de los Ochoa Vázquez, los capos del cartel de Medellín. Su vínculo con Chile era Bathich y la empresa Focus Chile Motores, la única cuyo recinto contaba con helipuerto autorizado por la Dirección de Aeronáutica Civil.

La lógica indicaba una suma matemática fácil de resolver. Si Ochoa Gálvez era socio de Bathich y éste estaba vinculado con Marco Antonio, la inteligencia militar tendría también allí sus garras. Pero además, la firma y el colombiano eran representados por el abogado Héctor Novoa Vásquez.

Las sospechas de Investigaciones se redoblaron en 1992 cuando Bathich fue detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas, junto a Monzer Al-Kassar, en momentos en que se disponían a seguir rumbo a Viena en un Lear-jet privado, matrícula OE GBR. Ese mismo avión, de propiedad de los Al-Kassar, fue utilizado en 1986 para rescatar de Italia a Abu Abbas, el terrorista palestino responsable del secuestro del barco de pasajeros “Achille Lauro”. Días más tarde, el juez Baltasar Garzón, a cargo del caso, sin sospechar a quién tenía en sus manos, ordenó la excarcelación del chileno, que viajaba con un pasaporte sirio a nombre de Yamal Bathich. El juez español mantuvo en cambio a Monzer Al-Kassar bajo arresto para procesarlo por los delitos de falsificación de documentos, tráfico ilegal de vehículos, tenencia ilícita de armas y participación en actos de terrorismo internacional. Años más tarde, luego de que todos los testigos o murieran en extrañas circunstancias o se retractaran, Al-Kassar fue sobreseído. Según los investigadores, Monzer Al-Kassar, uno de los capos de la llamada “mafia siria”, mantuvo estrechos vínculos con la Cosa Nostra siciliana y con los carteles colombianos.

En diciembre de 1992, la suerte de Bathich cambió radicalmente. El Servicio de Impuestos Internos se dejó caer en las oficinas de Focus Chile Motores. En la mañana del 7 de diciembre, un grupo de inspectores se presentó en las oficinas de la empresa y selló todos los cajones y muebles que contenían documentación. Al día siguiente, los inspectores descubrieron que todos los sellos habían sido violados. Hombres de Bathich habían ingresado al recinto la noche anterior. Los documentos contables habían desaparecido. En uno de los patios internos humeaban aún las cenizas de papeles y archivos. Los detectives de la Brigadas de Narcóticos y Delitos Económicos de Investigaciones encontraron un pequeño arsenal: escopetas recortadas, cascos de guerra, chalecos antibalas, pistolas, revólveres, municiones y una pistola Uzi con mira infrarroja.

El 9 de diciembre de 1992, Bathich salió del país rumbo a Argentina para instalarse en el palacio Mifadil que posee Al-Kassar en Marbella (España). Dos día más tarde, Jesús Ochoa Galvis, su socio colombiano, escapó con toda la familia. Finalmente, este proceso terminó con multas y penas remitidas de cárcel. Bathich no volvió a Chile sino hasta mediados de los ’90, pasó unos meses en la cárcel y salió en libertad bajo fianza.
“Todos Eran Viciosos”

Pinochet, por otro lado, se ajustaba a la transición democrática. Sus relaciones con Aylwin fueron siempre tensas. Sobre todo cuando las agrupaciones de derechos humanos iniciaron en 1990 la ofensiva judicial contra los agentes de la dictadura. El análisis de la inteligencia militar de la época era claro: el chaparrón mojaría a todos por igual.

El ex dictador, entonces, cortó por lo sano. Creó el Departamento Cuarto, que no era sino un grupo de abogados que, coordinados por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), defendían a los militares que iniciarían el desfile por los tribunales.

Pero había uniformados con situaciones judiciales más complejas. Era el caso del ex agente de la CNI capitán Luis Arturo Sanhueza Ros. Este último estaba inculpado del crimen del empresario gastronómico Aurelio Sichel, como también del homicidio del vocero del MIR Jécar Neghme, ocurrido en septiembre de 1989. Fue entonces cuando el ex dictador dio la orden al jefe de la DINE, general Hernán Ramírez Rurange, para que lo sacara de Chile, según declaraciones judiciales del propio Ramírez Rurange.

Pero las cosas empeoraron para Pinochet en junio de 1991, cuando la Corte Suprema nombró al ministro Adolfo Bañados para sustanciar el proceso por el homicidio –cometido en Washignton en 1976– del ex canciller Orlando Letelier.

Paralelamente, el abogado Jorge Mario Saavedra presionaba por otro flanco para que el autor intelectual del crimen de Tucapel Jiménez, el mayor Carlos Herrera Jiménez, enfrentara la justicia.

La operación silencio diseñada, según el ex jefe de la DINE, por Pinochet, conocida también como “control de bajas”, inició el segundo acto: Herrera Jiménez fue sacado también hacia Argentina y luego a Uruguay por la Unidad Especial de la DINE, dirigida por el jefe de la avanzada de Pinochet en el extranjero, el mayor Arturo Silva Valdés, conocido como “El Príncipe”.

El ministro Bañados había citado al ex químico de la DINA Eugenio Berríos a declarar en el caso Letelier. Las alarmas de la inteligencia militar se encendieron de inmediato. Berríos trabajó en la DINA, precisamente en la casa que el organismo tenía en la calle Vía Naranja de Lo Curro, junto a Michael Townley.

La situación de Berríos era sumamente compleja, ya que, además, podía dar a conocer el proyecto Andrea: la creación de gas sarín, de toxina botulínica, entre otros venenos usados para matar a los opositores al régimen militar. Encargado del proyecto Andrea, después de que Townley fuese enviado a EEUU, fue el entonces mayor Gerardo Huber.

Pero el químico también guardaba otro secreto: su vínculo con el narcotráfico, con peruanos ex agentes de inteligencia militar, chilenos prestamistas y militares.

Las declaraciones judiciales de uno de los narcos vinculado con el químico, militares y carabineros son reveladoras. Se trata del peruano Justo Cornejo Hualpa, cuya parcela en Pirque contaba con modernos sistemas de seguridad, guardaespaldas y vínculos con la ex CNI. Este último entregó una versión que da luces del por qué la inteligencia militar chilena protegió al ex químico de la DINA y después lo asesinó antes de que el ex dictador viajara a Uruguay en febrero de 1993.

“A mi finca iba la alta sociedad chilena, políticos, militares, congresistas; hasta a los hijos y sobrinos de Pinochet los vi alguna vez. Todos eran viciosos, todos eran amigos”, declaró Cornejo Hualpa.

Y así fue como Berríos fue sacado de Chile en octubre de 1991 con destino a Uruguay, a través del paso Monte Aymond de Punta Arenas. Allí permaneció hasta noviembre de 1992, última vez que se le vio con vida.

Berríos pertenecía a una potente red de tráfico de cocaína que abastecía de drogas a Australia y Europa. Más de una vez se reunió en Argentina y Montevideo con sus socios narcotraficantes, todo esto mientras estaba bajo la estricta custodia de la inteligencia militar chilena y uruguaya.
El Misterioso Coronel

A principios de los ’90, el narcotráfico se mezclaba con la alta sociedad de Viña del Mar. El empresario Manuel Losada traficaba drogas con los carteles colombianos. Como se relató en una nota de LND el pasado 7 de mayo, el representante del cartel de Cali y después de Medellín, Carlos Zuluaga, tenía dos contactos importantes, tanto para llevar la droga fuera de Chile como para traer desde Europa los narcodólares colombianos. La cocaína era distribuida en ese continente por la Cosa Nostra, liderada entonces por Bernardo Provenzano.

El primero era un coronel de Inteligencia militar; el segundo, un conocido industrial chileno. En 1998, Losada acabó detenido en el marco de la operación Océano. Años antes también cayó Zuluaga.

Traían la cocaína desde Mendoza para reelaborarla en Caleta Abarca, Viña del Mar, donde la transformaban en líquido. En 1991, según las confesiones de Zuluaga, salieron de Chile 150 kilos del alcaloide a Estados Unidos en 360 botellas de vino de la Viña Manquehue, sin que esta firma tuviera alguna responsabilidad. Y justamente en Caleta Abarca vivía un peruano experto en licuar la cocaína. Se trata de Máximo Isidro Bocanegra Guevara, ex agente de Inteligencia militar peruana, que formaba parte de la organización criminal que integraba Berríos. El peruano fue detenido en junio de 2001 por el OS-7 de Carabineros, precisamente por un laboratorio de este tipo.


Un Eslabón Perdido
En diciembre de 1991, un cargamento de armas chilenas fue descubierto en Budapest (Hungría), rotulado como ayuda humanitaria. El pato de la boda se llamaba Gerardo Huber Olivares, coronel de Ejército y jefe del Departamento de Adquisiciones en el Exterior de la Dirección de Logística. Había sido jefe de Berríos durante los años del proyecto Andrea y encargado de la Planta de Químicos del Ejercito en Talagante.

La operación, sin embargo, había comenzado en abril del mismo año con la llegada a Chile de dos personajes: el ex espía inglés Sydney Edwards y el nazi croata Vladimir Secen. Ambos jugaban distintos roles para un mismo fin: armar a los neonazis croatas contra los serbios. Secen será vinculado por la prensa argentina con los servicios de Inteligencia militar en Chile. En los primeros meses de 1992, Monzer Al-Kassar, que también traficaba armas a Croacia, viajó en dos oportunidades a Chile.

Debido al escándalo que produjo el hallazgo en Europa oriental, la Justicia chilena nombró ministro en visita a Hernán Correa de la Cerda para llevar adelante el caso. Una de las primeras diligencias que realizó el magistrado fue interrogar a Huber. Este último se declaró inocente, pero a diferencia del resto de los involucrados dijo que debían preguntarle mayores detalles al general Florencio Tejos, entonces jefe de material de guerra del Ejército. Ese solo hecho puso en alerta a la Inteligencia militar y a Huber fue apartado con una licencia médica por estrés.

Se refugió en el Cajón del Maipo, en casa de su amigo Elwin Tapia. Permaneció allí hasta el 29 de enero de 1992, no sin antes quemar una serie de documentos que comprometían al alto mando institucional de la época. Ese mismo día desapareció sin dejar rastro hasta el 20 de febrero, cuando su cuerpo fue encontrado en el lecho del río Maipo con un tiro en la cabeza.

Con el paso de los años, varias piezas se han ido uniendo. En julio de 2004, el Senado norteamericano entregó el informe sobre las actividades de lavado de dinero de distintos dictadores, entre ellos Augusto Pinochet. Allí apareció por primera vez su fortuna en el Banco Riggs de Estados Unidos y en otras entidades financieras de Europa y paraísos fiscales. Hasta ahora, la cifra llega casi a los 30 millones de dólares.

Poco a poco, la olla se ha ido destapando. Por ejemplo, la muerte del químico de la DINA Eugenio Berríos. Este homicidio no sólo tuvo motivaciones políticas, sino que además Berríos tuvo conocimiento directo de las actividades ilícitas del círculo cercano de Pinochet. Aparentemente, Huber no quiso ser sacado de Chile. ¿Por qué lo asesinaron? ¿Qué sabía?


[Fuente: La Nación, Santiago de Chile, 21may06]