El 12 de enero, un torturador argentino, Ricardo Miguel Cavallo, fue expulsado de México hacia España, para ser juzgado. El 6 de marzo, en Buenos Aires, otro juez derogó las leyes que ponían a los militares al amparo de acciones judiciales desde el fin de la dictadura. En cambio, en Chile, se dejó al general Augusto Pinochet en libertad bajo fianza después de reducir la calificación de sus crímenes. Sin embargo, son cada vez más numerosos los testimonios y documentos sobre la "guerra sucia" llevada a cabo por las dictaduras del Cono Sur, bajo el aval de Estados Unidos. "Nosotros, los chilenos, como todos los pueblos de Occidente, combatimos las dictaduras de los "ismos" y los agentes extranjeros que amenazan a nuestro país. Debemos combatirlos con todas nuestra fuerza, el arma principal será la cooperación entre las policías de toda América [1]. "
El "señor Castillo, del servicio de inteligencia chileno", mira fijamente al espectador. El film se titula "El crimen no paga". Estamos en la segunda Guerra Mundial y Hollywood fabrica entonces una serie de películas patrióticas bautizada "Por una defensa común". Inspiradas por el FBI, esas obras pretenden ser un ataque contra los espías nazis en América Latina y un ejemplo de la cooperación de los servicios de policía y de informaciones a escala continental. Se podría fechar en esa época el origen de lo que se transformará luego en la Operación Cóndor : un amplio plan de represión continental organizado por las dictaduras latinoamericanas en los años 1970-1980. Lo único que cambiará será el color del "ismo", pasando del pardo al rojo.
Fue el descubrimiento casual, a finales de diciembre 1992, de dos toneladas de archivos de la dictadura Stroessner en una comisaría de Lambaré, cerca de Asunción (Paraguay), lo que permitió reconstituir las actividades criminales de esta red internacional. La desclasificación de documentos de la CIA sobre Chile, el 13 de noviembre de 2000, confirmó y precisó el contenido de esos "archivos del terror".
Ya en la conferencia panamericana de Chapultepec, México, de febrero de 1945, Estados Unidos había alertado a los militares sudamericanos respecto del comunismo. En esa perspectiva, en 1951 se firmarán efectivamente acuerdos bilaterales de asistencia militar : suministro de armas y financiamiento norteamericanos, envío de consejeros militares y entrenamiento de oficiales latinoamericanos en Estados Unidos y en la Escuela de las Américas, en la zona norteamericana del canal de Panamá.
La revolución castrista, de 1959, precipita obviamente el movimiento hacia una "defensa continental contra el comunismo". En 1960, el general Theodore F. Bogart, comandante de los US Southern Command (comando sur del ejército de Estados Unidos), basado en la Zona del Canal, en Panamá, invita a sus colegas latinoamericanos a una reunión "amistosa" para discutir de problemas comunes. Así nacen las Conferencias de los Ejércitos Americanos (CEA). Esos encuentros, realizados cada año en Fuerte Amador (Panamá), y luego en West Point en 1964, pasan a ser bianuales a partir de 1965. Allí, en ese lugar de reunión un tanto obsesivo, típico de la guerra fría y con escaso eco público, se sitúa el núcleo de la futura Operación Cóndor.
Aparte del MCI (Movimiento Comunista Internacional, sigla práctica para designar a todos los opositores), los militares latinoamericanos comparten una obsesión principal : la interconexión de los servicios. A partir de su segunda reunión, la CEA expresa el deseo de establecer un Comité permanente en la Zona del Canal de Panamá "con el fin de intercambiar informaciones e inteligencia [2]". Ese deseo va a concluir en la instauración de una red de comunicaciones a escala continental y en encuentros bilaterales ultrasecretos (Argentina-Paraguay, Brasil-Argentina, Argentina-Uruguay, Paraguay-Bolivia, etc.), destinados a intercambiar información.
Las fichas de información, emitidas por un país hacia otro, circulan a través de la red "Agremil" (de agregados militares). Las mismas, que provienen generalmente de los servicios de informaciones militares (G-2), pueden también proceder de las policías políticas o incluso de servicios menos oficiales como la Organización de Coordinación de las Operaciones Antisubversivas (OCOA), un escuadrón de la muerte originado en la policía política uruguaya, cuyos miembros participan en los interrogatorios, en las torturas y en las ejecuciones, en particular en Argentina [3].
Durante la décima reunión de la CEA (Caracas, 3 de septiembre de 1973), el general Breno Borges Fuerte, jefe de Estado Mayor del ejército brasileño, admite que la estrategia de lucha contra el comunismo incumbe exclusivamente a las fuerzas armadas de cada país pero que, "en lo que se refiere al aspecto colectivo, consideramos que sólo son eficaces (...) el intercambio de experiencias o de informaciones y la ayuda técnica, en la medida en que ésta es solicitada [4]". Se adopta entonces la decisión "de aumentar el intercambio de informaciones para contrarrestar el terrorismo y (...) controlar los elementos subversivos en cada país [5]".
Mientras que el subcontinente cae progresivamente entre las garras de los regímenes militares inspirados del ejemplo brasileño, Argentina vive una curiosa transición, entre la vuelta al poder de Juan Domingo Perón, en 1973, y el golpe de 1976. La policía y las fuerzas armadas autorizan la formación de escuadrones de la muerte surgidos de sus propias filas, como la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). Sin embargo, Argentina es en ese entonces el único país del Cono Sur donde pueden encontrar asilo miles de refugiados, sobre todo chilenos y uruguayos, víctimas de la persecución política y social.
Fuerza especial anti-exiliados
A principios de marzo de 1974, representantes de las policías de Chile, Uruguay y Bolivia se reúnen con el subjefe de la policía federal argentina, comisario Alberto Villar (cofundador del AAA), para estudiar la manera en que podrían colaborar para destruir el "núcleo subversivo" que -a su entender constituye la presencia de esos miles de "subversivos" extranjeros en Argentina. El representante de Chile, un general de carabineros, (Ver en El Correo : El Autentico) propone "acreditar en cada embajada un agente de seguridad, miembro de las fuerzas armadas o de la policía, cuya función principal sería garantizar la coordinación con la policía o el representante de la Seguridad de cada país". El general añade : "Deberíamos disponer también de una central de informaciones donde obtener datos sobre los individuos marxistas (...), intercambiar programas e informaciones sobre las personas con actividad política (...). Deberíamos poder ir a Bolivia, de allí poder pasar a Chile, y de allí volver de nuevo a Argentina ; en fin, poder desplazarnos en cualquiera de esos países sin que haya necesidad de una investigación formal". [6]
El Comisario Villar promete que el Departamento de los Asuntos Exteriores (DAE) de la superintendencia de seguridad de la Policía Federal argentina se ocupará de los extranjeros que interesan a las juntas vecinas. En agosto de ese año comienzan efectivamente a aparecer en los basurales de Buenos Aires los primeros cadáveres de refugiados extranjeros, en particular, bolivianos. El 30 de septiembre, en la capital argentina, una bomba colocada por un comando chileno y un agente (o ex agente) de la CIA, Michael Townley, mata el general Carlos Prats, ex-Comandante en Jefe del ejército chileno durante la Unidad Popular y punta de lanza de la oposición al general Augusto Pinochet.
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