La responsabilidad uruguaya al desnudo

La ubicación de tres expedientes en Argentina reactivó la investigación de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Se trata de retomar los indicios aportados fundamentalmente por Wilson Ferreira Aldunate sobre la responsabilidad de las autoridades uruguayas en esos crímenes y la coordinación ejercida entre cancillerías y organismos de inteligencia. Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco están seriamente comprometidos.




HACE 20 AÑOS
Wilson Ferreira Aldunate sintetizaba para los diputados integrantes de la comisión especial investigadora de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz su íntima convicción: "Ustedes comprenderán que aquello era una condena de muerte; en momentos en que en Argentina se asesinaba a la gente por causas baladíes, simplemente por sospecha o parentesco... decir en Argentina que alguien era dirigente tupamaro era hacerlo morir".

El dirigente blanco se refería a los dos expedientes que el doctor Raúl Alfonsín vio en el despacho del ministro del Interior de la dictadura argentina, el general Albano Harguindeguy, cuando el 19 de mayo de 1976 pidió por la liberación de Michelini y Gutiérrez Ruiz, secuestrados horas antes. Esos expedientes resumían la información que el gobierno dictatorial de Juan María Bordaberry había entregado a los servicios de inteligencia argentinos y que hacían referencia a la condición de tupamaros de los dos notables políticos asesinados.

Aquellos expedientes eran, según Ferreira, un elemento más de prueba de la autoría uruguaya en los asesinatos, y porque éstos se habían sustentado en una infame mentira para encubrir los verdaderos móviles fue que en 1996, al impulsar la ley de caducidad como forma de superar la crisis institucional provocada por la insubordinación de los mandos militares, expresamente excluyó de los beneficios a los responsables de secuestrar y matar a Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Fueron otros blancos, capitaneados por el entonces senador Luis Alberto Lacalle, quienes aceptaron, en el momento de votar, suprimir de la ley la excepción para los casos de Michelini y Gutiérrez Ruiz; y le tocó al colorado Julio María Sanguinetti decretar desde la Presidencia la impunidad para los asesinos, como forma de lapidar aquello que motivó la clausura de las investigaciones parlamentarias: la identidad de los autores intelectuales. En los primeros meses de 1976 los instigadores civiles y militares de los asesinatos coincidían, por razones diferentes, en la postergación de cualquier salida de reinstitucionalización que pivoteaba en tomo de las tres figuras más prominentes del exilio, Ferreira, Gutiérrez Ruiz y Michelini.

Los expedientes que Alfonsín dijo haber visto en el despacho de Harguindeguy y cuya existencia comentó Ferreira a los diputados en 1985 han salido a luz en Buenos Aires para confirmar la responsabilidad uruguaya en aquella condena de muerte para los dos exiliados. No es casualidad que los archivos del aparato del Estado se desempolven justo ahora, cuando el presidente de los argentinos, desde el mismo lugar donde más de 4 mil prisioneros fueron desaparecidos, pide públicamente perdón por el silencio que durante 20 años mantuvo la democracia sobre esos crímenes aberrantes; y cuando un magistrado anula los perdones y los indultos concedidos a los criminales con un argumento tan simple como demoledor: el terrorismo de Estado de las dictaduras, la forma más grave de terrorismo, encontró en la impunidad otorgada por la democracia su mejor aliado.

En Uruguay nadie pide perdón, todavía, por una caducidad que ampara a un puñado de oficiales que, además de torturadores y asesinos, fueron también ladrones de bebés o violadores de jovencitos y jovencitas. Pero es posible que la determinación argentina acorrale a la impunidad por lo menos en dos casos emblemáticos: el de María Claudia García de Gelman y el de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Es posible que el ejemplo argentino obligue a encontrar, en los archivos del Estado uruguayo, los expedientes que completan la historia contenida en los expedientes argentinos. Porque algo es evidente: nadie ha destruido papeles; las complicidades cruzadas no eliminan archivos, los multiplican. Sólo hace falta un acto de sinceramiento y el coraje para asumir lo que señalan los indicios, lo que era la convicción de Ferreira: la orden de matar a Michelini y Gutiérrez Ruiz partió de las más altas esferas del poder en Uruguay.



EL CERCO DE LA MUERTE
La aparición de tres expedientes -el de Policía Federal, número 24507/73, caratulado "Michelini Guaren, Zelmar Raúl, asilo político"; el de Migraciones, número 748/ 74; y el del Ministerio del Interior, número 138/74, caratulado como "Reservado"- es una consecuencia directa de las gestiones realizadas en Buenos Aires por los abogados de la familia Michelini, que se apresta a replantear, en los primeros días de abril, la reapertura de las indagaciones judiciales por los asesinatos de mayo de 1976. Los documentos ubicados tienen un correlato casi lineal con el conjunto de informaciones y apreciaciones que Wilson Ferreira Aldunate aportó a la comisión investigadora en la sesión del 11 de junio de 1985.

El primero de los expedientes contiene todas las comunicaciones entre Policía Federal, cancillería y Migraciones por el estatuto de asilado político que Michelini solicitó a fines de junio de 1973. En la foja 52 de este expediente aparece el primer registro de la intervención uruguaya: el encargado consular de la representación uruguaya en Buenos Aires, Gastón Sciarra Rebollo, comunicó a las autoridades argentinas que Uruguay invalidaba el pasaporte de Michelini, primer paso de un círculo que se iría cerrando para concluir en el asesinato.

Para entonces, el canciller uruguayo Juan Carlos Blanco, por intermedio de la embajada en Buenos Aires, acumulaba las protestas por lo que calificaba de "actividades políticas" de Michelini y de Enrique Erro. Accediendo a las protestas, el entonces subdirector de Migraciones y actual titular del INDEC, Lelio Mármora, prohibió a Erro residir en la Capital, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Tucumán o Mendoza; el expediente 748/74 incluye una nota del 29 de abril de 1974, firmada por un funcionario de la cancillería, con rango de embajador, incorporando informes uruguayos sobre las actividades de Michelini y Erro.

La preocupación del gobierno de Bordaberry por las actividades de prominentes asilados uruguayos en Buenos Aires motivó el despliegue de un ejército de espías que, según el testimonio de Wilson Ferreira, concurrían habitualmente al lobby del hotel Liberty, donde Michelini recibía a los compatriotas, y a los salones del café Tortoni, donde el propio Ferreira y Gutiérrez Ruiz encabezaban las habituales reuniones de los refugiados uruguayos. En 1985 Ferreira recomendaba a los diputados de la comisión investigadora obtener las versiones taquigráficas de los cursos que se dictaban en la ESEDENA, donde, para ejemplificar la importancia y utilidad del espionaje, se brindaban detalles de las reuniones de Buenos Aires. "En el curso que brindó un coronel se repetían, con detalles cuidadosos, cosas exactas", dijo Ferreira, quien había accedido a las versiones taquigráficas de la ESEDENA que le había proporcionado el capitán de navio Bernardo Piñeyrúa.

Según surge del expediente de Migraciones, el 15 de mayo de 1975 el gobierno argentino resolvió negar a Michelini el ingreso y la permanencia en el país. Semanas después, el 10 de junio de 1975, ordenó su expulsión del territorio nacional, medida que debería concretarse en 30 días. Inmediatamente Michelini interpuso un recurso de apelación revocatorio. Según el testimonio de Wilson Ferreira, "acompañado del juez Losada, magistrado muy conocido y muy prestigioso en la República Argentina", Michelini se entrevistó con el director de Migraciones, quien adujo que había firmado el decreto de expulsión sin leer el expediente. "Losada replicó que nadie expulsaba a una figura política tan conocida, además periodista de nota ahora también en Buenos Aires, sin leer el expediente", y el jerarca admitió entonces, según la versión que recibió Ferreira: "Yo debo confesarles que, en realidad, firmé el decreto de expulsión porque el expediente venía muy 'pesado', viene del Servicio de Información del Estado, el SIDE. Cuando viene de ahí en estos tiempos, usted sabe que la cosa es muy dura", y mandó pedir el expediente. Michelini y Losada pudieron confirmar (y así lo consignó Ferreira Aldunate) que "en ese expediente se indicaba que Zelmar Michelini era importante dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Pero -y esto es lo que agrega un dato importante a esta referencia- en el expediente figuraba no solamente esta información que elevaba directamente el Servicio de Inteligencia, sino también otra elevada por el gobierno uruguayo por todos los canales correspondientes, es decir, Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia de la República, Presidencia de la Nación Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, siguiendo todo el trámite administrativo. Y en esta comunicación oficial, que llega a través de los servicios del gobierno uruguayo, se repite la misma información".

El trámite de revocación se prolongó durante casi un año. Pero el 29 de abril de 1976, un mes después del golpe de Estado del 24 de marzo, Migraciones decidió "no hacer lugar al pedido " y ordenaba, según consta en el expediente, proceder a la expulsión. Sin embargo, la expulsión nunca fue comunicada a Michelini, ni siquiera se le notificó del resultado de su apelación. Por el contrario, el 7 de mayo, el canciller Juan Carlos Blanco viajó a Buenos Aires y se entrevistó con su par argentino, contralmirante César Augusto Guzetti. Al parecer, algunos de los expedientes que Blanco llevó consigo a Buenos Aires aparecieron después en el despacho del ministro Harguindeguy, cuando ya los dos parlamentarios uruguayos habían sido secuestrados y Alfonsín inició las gestiones para ubicarlos.

En el relato de Ferreira Aldunate aparecen detalles que hoy cobran mayor significación. Harguindeguy, en un comienzo, pretendió desconocer quiénes eran los secuestrados-: "Recuerdo que Alfonsín me contó que le dijo: 'Pero, Flaco, estoy muy preocupado por la desaparición de estos distinguidos políticos uruguayos', etcétera. El general Harguindeguy le habría dicho: 'No tengo ninguna información y no pueden ser mis servicios, porque si fueran yo estaría enterado. Esto deben ser cosas entre ellos'. Alfonsín le expresó: 'No, hombre, no. Se trata de dos figuras muy distinguidas, demócratas ', y cuando dijo 'demócratas', el general Harguindeguy exclamó: '¿Cómo demócratas? Tupamaros'. Con esto se vino abajo la afirmación inicial de que no sabía de qué se trataba. Y luego, ustedes conocen la culminación de este triste episodio". Harguindeguy habría exclamado: "¿Por quién me pides?, ¿por dos cabecillas tupamaros?", y habría exhibido un expediente en cuya carátula lucía el escudo nacional uruguayo.

Esta actitud de Harguindeguy, y la que asumió el brigadier Klix (quien aseguró a dos corresponsales, del diario Le Monde y de la agencia Asociated Press, que el secuestro de Michelini y Gutiérrez Ruiz era "un operativo uruguayo"), confirmaron en Ferreira Aldunate su convicción sobre la participación uruguaya en los asesinatos; el contenido de los expedientes ahora ubicados lo ratifica: la orden de expulsión de Michelini no fue cumplida, a los efectos de facilitar los planes uruguayos de secuestro. En los otros dos expedientes, el de !a Policía Federal y el del Ministerio del Interior, aparecen dos notas del SIDE, una "reservada" y otra "estrictamente confidencial". La primera alude a "los antecedentes desfavorables" de Michelini y Enrique Erro; y la segunda pone "a disposición, para consulta" las informaciones brindadas por los servicios de inteligencia uruguayos sobre "los antecedentes desfavorables de Mickelini".

Todo indica que el objetivo de secuestrar a Michelini, Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira venía siendo planificado por lo menos desde mediados de 1975. La eventual expulsión de Michelini complicaba los planes. La suspensión de la medida los precipitó. Quizás debido a la urgencia, el operativo contra Ferreira fracasó. Cuando el destacamento militar, apoyado por un helicóptero artillado, llegó a la estancia de Wilson, en la localidad de Pardo, provincia de Buenos Aires, el dirigente blanco ya había sido aleñado y había abandonado el lugar. "No tengo la más mínima duda de que en el equipo iban uruguayos", afirmó Ferreira en la comisión investigadora.



LA INVESTIGACIÓN EN URUGUAY
Existe la duda de si el plan inicial consistía en el secuestro de los exiliados y su traslade a Montevideo, o si, como creía Ferreira, el asesinato estaba definido desde el comienzo. Otras versiones indican que la decisión se cambió sobre la marcha: el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), integrado por el presidente Bordaberry, los ministros de Interior, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores y los comandantes en jefe de las tres armas, se habría reunido en forma extraordinaria y urgente, entre el 18 y el 20 de mayo de 1976, para decidir la suerte de los dos secuestrados. Según la versión que recibieron en su momento el arzobispo de Montevideo, monseñor Carlos Parteli, y el dirigente blanco Alberto Zumarán, la decisión de asesinato se aprobó, en esa reunión del COSENA, por mayoría de votos.

La versión, comunicada por Parteli y Zumarán a los diputados de la comisión investigadora, será el punto de arranque de las indagaciones judiciales que emprenderán la fiscal Mirtha Guianze y el juez penal Roberto Timbal, en cuya sede quedó radicada una acción solicitada por la familia Michelini. Según trascendió, serían citados a declarar, en una primera instancia, Alberto Zumarán y Juan Raúl Ferreira.

La aparición en Buenos Aires de los expedientes habría estimulado a la fiscal Guianze a pedir su incorporación y a solicitarlos formalmente. Los magistrados podrán acceder a su contenido una vez que las familias de Michelini y Gutiérrez Ruiz formalicen la querella en Argentina y accedan a los documentos. Pero también es posible que la fiscal y el juez se propongan recolectar toda la documentación que exista en nuestro país sobre el intenso intercambio de información entre la cancillería y organismos estatales, tal como surge de la documentación argentina. Fuentes judiciales admitieron que "esposible que se solicite a la cancillería y al Ministerio del Interior todo lo referente a Michelini y Gutiérrez Ruiz en el período de 1975-1976".

Una misma línea de acción debería tratar de ubicar los registros de la ESEDENA para determinar a qué clase de espionaje estaban sometidos los dirigentes exiliados y cuál era la identidad de esos espías. Por lo pronto, no sería muy difícil ubicar al coronel que brindó los cursos y que utilizó información certera sobre los movimientos de Michelini, Gutiérrez y Ferreira. Según el semanario 4 Búsqueda, "fuentes judiciales dijeron que la justicia uruguaya reabrió la investigación sobre el asesinato de los ex legisladores luego de que surgieron elementos que podrían involucrar al ex presidente Juan María Bordaberry y al ex canciller Juan Carlos Blanco". El ex canciller enfrenta, a pesar de estar en libertad, una acusación por homicidio en el caso de Elena Quinteros; y Bordaberry deberá finalmente responder ante el juez Hackembruch por la violación a la Constitución al ordenar la disolución de las cámaras en junio de 1973. Ninguno de los dos ha sido indagado judicialmente por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Nada impide que la justicia solicite los antecedentes sobre espionaje en Argentina y sobre las comunicaciones oficiales; cabe, en cambio, la posibilidad de que tal información seanegada apelando a la ley de caducidad, en cuyo caso se admitiría expresamente que los asesinatos del 20 de mayo del 76 fueron ordenados por los mandos militares. Pero, en todo caso, e independientemente del curso que asuman las acciones judiciales en Argentina, los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz serían definitivamente investigados si Tabaré Vázquez accede a la Presidencia de la República. En Durazno, en ocasión de un acto electoral, el candidato del Encuentro Progresista dijo a los periodistas que si es presidente ordenaría la ubicación de expedientes uruguayos. Y ello en función de su compromiso inicial en el sentido de que, en su opinión, los casos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y de María Claudia García de Gelman, no están comprendidos en la ley de caducidad.

Samuel Blixen
Brecha
Reeditado en Clarín- 23/03/04