El 68 uruguayo (XIV)

El 68 uruguayo. Tercera parte. CAPITULO 4. Del Partido del miedo al Estado del miedo

El 13 de junio fueron implantadas las Medidas Prontas de Seguridad. En esos días escribía el Dr Quijano: “nunca (…) las medidas prontas de seguridad han puesto en mayor peligro la estructura constitucional del país y la libertad de los ciudadanos (…). La escalada, de continuar, lleva a la dictadura, y la violencia engendrará la violencia”.
Dr Carlos Quijano, 5 de julio de 1968.

“Se ha hecho habitual que las instituciones (…), su funcionamiento, sea alterado arbitrariamente por los empleados, o por los sindicatos. Se han introducido prácticas irregulares como el «trabajo a desgano» o «a reglamento». Se ha creado una fuerza de facto en una beligerancia disolvente del orden social, incompatible con las previsiones constitucionales”.
Senador M. R. Echegoyen, Partido Nacional. 13 de junio.

“(…) La doctrina que enuncia «Acción» es una doctrina que lleva a la dictadura y quienes la enuncian saben que es así.
Los hechos que se están procesando llevan al quebrantamiento cada vez mayor del orden institucional y legal y a la limitación mayor de las libertades ciudadanas y quienes lo están empujando lo saben”.
Semanario “Vanguardia”, dirigido por Amilcar Vasconcellos. Julio de 1968.


Las MPS le permitieron a Pacheco:
1— Reprimir al movimiento obrero y popular en especial a sus sectores más movilizados, persiguiendo a sus militantes, clausurando sus locales e ilegalizando temporariamente sus organizaciones (CNT, AEBU, entre otras).
“La ideología de las medidas de seguridad fue en lo fundamental la defensa de la sociedad contra los asalariados, cuyas medidas gremiales la conmocionaban “. (Campiglia, Op. cit., pág. 136).
Los lazos existentes entre el movimiento obrero y otros sectores populares, en particular los estudiantes y la Universidad, condujo a que, una vez iniciada, la represión asumiera el rasgo de una escalada cada vez más abarcativa proyectándose también en una fuerte represión contra los estudiantes, la Universidad, la prensa independiente, etc.
De este modo, lo que se inició como una medida tendiente a “defender a la población de la acción minoritaria de grupos de sindicalistas radicalizados”, condujo al desborde constitucional, a la represión generalizada y al fortalecimiento del poder del Estado en perjuicio de todas las libertades ciudadanas.
2— Concentrar el poder en el Ejecutivo, neutralizando al Parlamento y al Poder Judicial. Si bien la constitución del 66 propendía, inequívocamente, a ese predominio, el gobierno de J. Pacheco adoptó decisiones trascendentes por vía del decreto, desdeñando las instancias parlamentarias correspondientes,’ pasando, cada vez con más frecuencia, por encima del Poder Judicial, anulando la autonomía de los Entes, de la Universidad, etc.
Con el gobierno de Pacheco tomó un nuevo impulso el proceso de descaecimiento de los partidos como instancias de debate, elaboración de opinión e inserción popular. La exaltación personalizada al líder, supuestamente dotado de atributos carismáticos de energía y firmeza, se hizo en menoscabo del prestigio del organismo partidario y de la labor de los cuadros medios, los “diputados” que construían las redes de apoyo electoral tradicional…”A partir de 1968 surgió algo totalmente nuevo y que se podría llamar el Uruguay Antibatllista “. (Campiglia. Ob. cit., pág. 47).
En el plano institucional, la concentración de poder tiende a personalizarse en la figura de Pacheco. La decisión del sector mayoritario del P. Nacional (liderado por Martín R Echegoyen) de no concurrir a la Asamblea General Legislativa que era quien tenía en sus manos la vigencia o no de las MPS, tendió a minimizar el papel del Parlamento dejándole al P. Ejecutivo las manos libres para la clausura de periódicos y radios, la detención de personas, destitución de funcionarios, nombramiento, sin venia del Senado, de Directores Interventores en las empresas públicas, separación del cargo de los designados por la vía constitucional, etc.
Así el 20 de julio son desplazados de sus cargos Julio Herrera Vargas (BROU), Artemio Correa, Alberto Roselli y Junio Segovia (UTE), Julio César Bustelo, Juan Carlos Elizeire y Elbio Pérez Tellechea (AFE) y Enrique Martínez Moreno (BHU).
La existencia de un número creciente de ciudadanos detenidos después de haber sido liberados por los jueces y el desborde callejero de los cuerpos policiales tendió a descaecer los fueros y competencias del Poder Judicial, cuyo rol en el equilibrio institucional del país tiende a ser cada vez menor.
3— La concentración de poder le permitió al gobierno realizar un corte tajante en la distribución del ingreso en favor de los capitalistas, que bien anticipadamente se apresuraron a reconocerlo, tal como veremos inmediatamente.
4- Las MPS también dieron los instrumentos políticos para resolver en favor del sector conservador y autoritario la crisis interna del P. Colorado. Este, después de ocho años en la oposición a gobiernos del Partido Nacional de derecha o centro derecha (1959-1967) había desarrollado en su seno corrientes que retomaban aspectos del batllismo inicial, socialmente avanzado, de José Batlle, Domingo Arenas y Julio César Graúert, cuyas cabezas más visibles eran, en ese momento, Zelmar Michelini, Alba Roballo y E. Rodríguez Fabregat.
5— Y finalmente las MPS abrieron el camino para cohesionar en torno al Presidente a la plana mayor de la administración y de las FF.AA. a través de destituciones o remociones de jerarcas “legalistas” y el ascenso y nombramiento de cuadros dóciles y a menudo entusiastas ejecutores del nuevo autoritarismo.



El poder económico apoya al gobierno
“La orientación pachequista significó una clara ruptura con las formas anteriores de dirección económica ante la cual el sector privado respondió con inusual confianza “.
Henry Finch. Ob. ciL, p.5O.

El corte autoritario impulsado por Pacheco contó con el apoyo expreso de las principales entidades empresariales del país.
El mismo día 13 declaran: “Cuando en la mañana de ayer solicitamos esta audiencia (al Presidente de la República) lo hicimos con la honda inquietud que sentía la producción y el comercio por la situación imperante en el país e inspirados en el propósito de significar la necesidad de que el gobierno arbitrara con urgencia los medios para restablecer no sólo los servicios públicos paralizados sino el orden y la tranquilidad social gravemente perturbados. La presión gremial se había centrado contra el Estado. Con ese propósito se había logrado el deterioro y el paulatino menoscabo del sector público. Miles de funcionarios, invocando derechos inexistentes, dificultaban la actividad de servicios esenciales.
Se pretendía imponer la supremacía del interés particular sobre el interés general. Se quería doblegar al gobierno para imponerle sus propias determinaciones. Asistíamos al desafío que los organismos sindicales le hacían al Estado. Felizmente, las MPS adoptadas horas más tarde por el Poder Ejecutivo, al restaurar la preeminencia del poder público sobre el sindical, constituyen una reafirmación de que está dispuesto a asumir en toda su plenitud las responsabilidades que le competen (…). No era posible encarar la realidad económica-financiera-monetaria y social del país en medio de desbordes, amenazas y disturbios. Expresamos entonces nuestra adhesión por las medidas adoptadas por el Sr. Presidente de la República “.
Firman: Cámara Nacional de Comercio, Arturo Lerena Acevedo; Asociación Rural: Francisco Haedo Terra; Cámara Mercantil de Productos del País: Héctor Sarno Beramendi; Federación Rural: Juan José Jaso Anchorena; Asociación de Bancos del Uruguay, Bolsa de Valores. Entidades Comerciales e Industriales del Interior, etc.




El propósito inicial de las Medidas: sofocar la acción de los grupos radicalizados
Así lo muestran las declaraciones que al renunciar a su cargo formula el Ministro de Trabajo Manuel Flores Mora:
“Nunca agradeceré bastante la buena disposición, la seriedad de los dirigentes de la CNT y otros dirigentes sindicales.
Pero mi buena voluntad y la de ellos ha sido burlada por la actitud de minúsculos grupos, cuyos propósitos ignoro, cuya acción disolvente ha hecho necesario este régimen extraordinario, en cumplimiento del deber que tiene el gobierno de guardar el orden y hacer respetar la Constitución “.
Al día siguiente, el Ministro del Interior, Eduardo Jiménez de Aréchaga, dice: “De ninguna manera el gobierno interrumpió el diálogo con las distintas organizaciones gremiales (…). Las medidas están dirigidas a defender el orden público del clima de violencia que se ha desencadenado en las calles por quienes no representan los intereses auténticos de la clase trabajadora “. (14 de junio).

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