El plan Cóndor (II)

El Cóndor en Buenos Aires
En el año 1979 un abogado penalista argentino fue contratado para defender a veinte ciudadanos chilenos acusados de "contrabando de divisas". Iniciada su tarea el abogado pudo enterarse de lo que sigue.

Desde 1976 hasta 1979 funcionó en Buenos Aires una delegación del Banco Nacional de Chile en un local de la Avenida Córdoba, entre Suipacha y Esmeralda. Esa oficina estaba dentro del Area I, Subzona Capital, controlada por la Policía Federal.

Todos los empleados bancarios, de aspecto no bancario, tenían credenciales diplomáticas y la pertinente inmunidad dispuesta por las órdenes de operaciones del Comando en Jefe del Ejército y detalladas especialmente en ese aspecto por las de los Comandantes de Zonas.

En realidad, esa "cueva" era la delegación de la DINA chilena en la Argentina, el "Cóndor" en el Río de la Plata. El "gerente" fue el coronel chileno Orlando Mena, dependiente del general Manuel Contreras Sepúlveda, padre del Cóndor y jefe supremo de la DINA.

El coronel Mena reportaba a la Cancillería de su país vía la agregaduría militar y la correspondencia viajaba en manos de pilotos escogidos de LAN Chile.

En 1979, por razones no conocidas, el grupo "bancario" fue sorpresivamente detenido y procesado por "contrabando de divisas".

Poco tiempo después la carátula original se cambió por la de "espionaje" y, además de los chilenos, se detuvo a un joven argentino, hijo de un coronel de nuestro ejército, acusado de vender información robada a su padre, a los chilenos encarcelados.

El escándalo finalizó en 1981, durante la presidencia de Roberto E. Viola, con un indulto a los extranjeros. El joven argentino cumplió diez años de cárcel.

Por su parte, Augusto Pinochet indultó a unos militares argentinos detenidos en Chile cuando pasaban una licencia y se los acusó de espionaje. Los detenidos de ambos países fueron liberados en las respectivas nunciaturas y pese a que en la Argentina el episodio de la liberación de los chilenos tuvo presencia periodística, los titulares se ocuparon de las andanzas de la envenenadora "Yiya" Murano, detenida ese día.

Con el Uruguay el "Cóndor" tuvo su base de operaciones en el campo de concentración "Automotores Orletti", un edificio, ex carpintería, ubicado en la calle Venancio Flores 3519, de la Capital Federal. Este lugar fue alquilado por la SIDE y funcionó como CCD durante 1976. Trabajaron allí militares uruguayos, argentinos y civiles, bajo la autoridad del general Otto Paladino, jefe de la SIDE, y del falso coronel Aníbal Gordon. Pero de ese antro, centro de torturas y asesinatos, desaparecieron también argentinos y paraguayos.

Las nacionalidades de las personas desaparecidas que figuran en los listados de este trabajo dan cuenta de la eficacia siniestra de la coordinación represiva del "Cóndor".
Más al norte del Cóndor militares argentinos prestaron sus servicios oficiales en Bolivia, Honduras, Nicaragua y El Salvador. En todos los casos trabajaron como desestabilizadores de gobiernos legales o como parte de represiones brutales de gobiernos totalitarios. Tan lejos llegaron los militares argentinos en su fervor por servir a la "estrategia de defensa continental" estadounidense, que el "Informe Rattenbach" -en su acápite 96- como parte de la declaración del almirante Jorge Isaac Anaya, expresa:

"La participación de asesores del Ejército Argentino en Centroamérica y nuestra posible influencia en Bolivia, fueron factores que el gobierno apreció erróneamente, ya que supuso que tales acciones tendrían tal importancia para los EE.UU., que su gobierno estaría comprometido a mantenerse equidistante en caso de conflicto con Gran Bretaña".

A fines de 1981, pocos meses antes del desembarco en Malvinas, un ex teniente coronel somocista, egresado en 1961 del Colegio Militar argentino, se dedicaba a reclutar militares para unirse a los "contras". Trabajaba en el Estado Mayor del Ejército.

El 5 de febrero de 1975, por decreto N° 261, el Poder Ejecutivo dispuso: "Ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán". Y fue en Tucumán donde comenzó a funcionar el primer centro clandestino de detención-desaparición-torturas-muerte de personas indefensas, dentro del marco del "Operativo Independencia".

El general de brigada Adel Edgardo Vilas fue nombrado comandante del operativo y años después, en el número 73 de la revista "El Periodista de Buenos Aires", se publicó parte de un manuscrito inédito de Vilas. Algunos pasajes se reproducen a continuación:

"Mi intención fue la de suplantar, aún utilizando métodos que me estuvieran vedados, a la autoridad de la provincia de Tucumán, tratando de superar, aunando los esfuerzos civiles y militares, el brote guerrillero marxista que tenía en vilo a los tucumanos y amenazaba expandirse a otras provincias".
(...)
"Desde que comprobé la realidad de la justicia y la burla que significaba para mis soldados decidí cambiar la estrategia. Fue entonces cuando di órdenes expresas de clasificar a los prisioneros del ERP según su importancia y peligrosidad, de forma tal que sólo llegaran al juez los inofensivos, vale decir, aquellos que carecían de entidad dentro de los cuadros del enemigo".
(...)
"Haciendo caso omiso a órdenes por las cuales mi acción debía estar encaminada a combatir el brote guerrillero en la zona selvática, creí conveniente darle a la acción militar su importancia y a la política la suya".
(...)
"Reconozco, y lo digo con orgullo, que desde antiguo venía prestando atención a los trabajos sobre el particular editados en Francia -y traducidos en la Argentina o en España- debido a oficiales de la OAS y el ejército francés en Indochina y Argelia".
(...)
"En base a la experiencia recogida a través de estos clásicos del tema y al análisis de la situación argentina, comencé a impartir órdenes tratando, siempre, de preparar a mis subordinados. Porque, claro está, muchas veces las órdenes recibidas no se correspondían con lo que durante años habíamos aprendido en el Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra. Demás está decir que no creía en la posibilidad de "traumas síquicos" o "trastornos emocionales", pero determinadas misiones -más siendo la primera vez que debían cumplirse- resultaban difíciles de asumir y llevar a cabo".
(...)
"No obstante tener sus grandes ventajas, los grupos especiales corrían dos riesgos:
1) si moría en el procedimiento alguno de mis hombres, ¿cómo justificar su deceso?
2) si llegábamos a una casa o un departamento sin uniforme, existía la posibilidad de ser recibidos a tiros por gente que, aterrorizada debido al propio enemigo, no trepidaría en defenderse al ver grupos armados sin uniforme".
(...)
"Hubo que olvidar por un instante -un instante que duró diez largos meses- las enseñanzas del Colegio Militar y las leyes de la guerra convencional donde los formalismos (el honor y la ética) son las partes sustanciales de la vida castrense, para consustanciarse con este nuevo tipo de lucha".
(...)
"Cuando en Tucumán nos pusimos a investigar las causas y efectos de la subversión llegamos a dos conclusiones ineludibles:
1- que entre otras causa, la cultura era verdaderamente motriz. La guerra a la cual nos veíamos enfrentados era una guerra eminentemente cultural.
2- que existía una perfecta continuidad entre la ideología marxista y la práctica subversiva, sea en su faceta militar armada, sea en la religiosa, institucional, educacional o económica. Por eso a la subversión había que herirla en lo más profundo, en su esencia, en su estructura, o sea, en su fundamento ideológico".
(...)
"Si los militares permitíamos la proliferación de elementos disolventes -psicoanalistas, psiquiatras, freudianos, etc.- soliviantando las conciencias y poniendo en tela de juicio las raíces nacionales y familiares, estábamos vencidos".
(...)
"El problema fundamental, pues, habiendo desestimado por las razones antes expuestas, el recambio de profesores y planes, era la destrucción física de quienes utilizaron los claustros para encubrir acciones subversivas. De ahí en más, todo profesor o alumno que demostrase estar enrolado en la causa marxista fue considerado subversivo, y, cual no podía ser de manera distinta, sobre él cayeron las sanciones militares de rigor".
(...)
"Si la lucha en la que estábamos empeñados dependía de la inteligencia, el Lugar de Reunión de Detenidos sería clave para el desenvolvimiento del Operativo Independencia".

Más adelante Vilas se refiere a la selección e guardiacárceles del penal "General Urquiza", a la imposición de turnos rotativos para evitar la influencia de los detenidos y a la separación de éstos para que los más peligrosos no llegaran jamás al penal. Se los llevaba a la "Escuelita de Famaillá" y, según Vilas,

"Desde el 10 de febrero de 1975 hasta el 18 de diciembre de ese año pasaron por ese lugar de reunión de detenidos 1.507 personas acusadas de mantener relación estrecha con el enemigo."
(...)
"En cuanto a los interrogatorios, los interrogadores y los interrogados, hay un par de cosas que es hora de aclarar. En primera instancia, es falso de toda falsedad que los hombres encargados de tomar declaración, empleando muchas veces métodos no convencionales, quedaran traumatizados o con psicosis de guerra".
(...)
"En segundo lugar, es menester desmontar uno de los principales mitos del enemigo, referido precisamente a su capacidad de resistencia para soportar castigo físico o psicológico. Tarde o temprano su capacidad se agotaba y terminaba 'quebrándose', como se dice en el lenguaje operativo".


La narración del general Adel Vilas puede considerarse la más amplia confesión criminal de un comandante de tropas. Tiene la importancia de haber actuado durante un gobierno constitucional. Vilas admite:

1. Haberse apartado de las órdenes del gobierno en cuanto a aplicar el concepto de "aniquilar el accionar subversivo" como eliminación física de prisioneros detenidos por estar vinculados directamente o ideológicamente al oponente armado o simplemente a la ideología marxista.

2. Tomar como nutriente de su accionar militar las enseñanzas de militares franceses que actuaron en Argelia e Indochina, para aplicarlas en Tucumán.

3. No haber puesto a disposición del Poder Judicial a todos los detenidos y que 1507 prisioneros estuvieron en lugar de reunión o CCD "La Escuelita de Famaillá" entre el 10 de febrero de 1975 y el 18 de diciembre del mismo año, fecha ésta en la que Vilas entregó el mando al general Antonio Domingo Bussi.

4. Que "nos veíamos enfrentados a una guerra eminentemente cultural". A partir de semejante concepto la inteligencia militar, máxima responsable en la identificación, interrogatorio y torturas, clasificó a la población por ideologías, profesiones, vinculaciones y potencialidad para difundir ideas contrarias a "las raíces familiares y nacionales".

5. La tortura a los detenidos era una práctica que no dejaba secuelas psíquicas o "con psicosis de guerra" en los interrogadores. Y, sin eufemismos, relata que "tarde o temprano los detenidos se quebraban", lo que prueba que la tortura sistemática era tarea rutinaria.

6. El "honor y la ética" eran formalismos de la guerra convencional que en la contrainsurgencia debían dejarse de lado.


Lo relatado y admitido hasta con orgullo por Vilas, corregido y aumentado, se extendería a todo el país a partir del 24 de marzo de 1976. Tucumán fue, sin dudas, un campo de ensayo y entrenamiento para el terror de estado. Vilas y tantos otros mandos procesistas no habrían sido admitidos en el Ejército Libertador ni para desempeñarse en el honorable puesto de mozos de letrina.

El 6 de octubre de 1975, por decreto número 2722 el Poder Ejecutivo dispuso "Ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país". Así, el primero objetivo de los militares estaba logrado: tenían en sus manos el instrumento legal para accionar en todo el territorio nacional y usar los servicios de inteligencia en el armado de las listas de futuras víctimas.

Antes de extender el estado de sitio a todo el país, junto con la orden de aniquilamiento del decreto 2722, el general de brigada Jorge Rafael Videla había sido nombrado Comandante General del Ejército por decreto número 2291.

El 28 de octubre de 1975 se distribuyeron 24 copias de un documento secreto: "Directiva del Comandante General del Ejército N° 404/75" (lucha contra la subversión)

Quien lea ese documento podrá apreciar la exageración, la ideología fundamentalista y la intencionalidad propagandística de la orden firmada por Videla y no vetada por el gobierno constitucional. Párrafos aparte merece el papel del Batallón de Inteligencia 601, como órgano ejecutivo de la Jefatura II Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. El "601" (llevaban ese número todas las unidades militares con dependencia directa del Comando General del Ejército) se convirtió en el receptor de todo cuanto ocurría en el país porque el Ejército tuvo la responsabilidad primaria en la lucha contra la subversión. La inteligencia militar fue el verdadero "sistema nervioso" que conectó los centros de tortura e interrogatorio con las máximas autoridades operacionales.

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