Por soluciones de fondo, profundas y radicales

Con estas palabras se iniciaba el documento preparatorio del Congreso del Pueblo, realizado por diferentes organizaciones como aporte a las discusiones que iban a desarrollarse. El texto marca la impronta que habría de tener el congreso a realizarse en 1965.

El objetivo era una convocatoria amplia que nucleara a todos aquellos sectores de la sociedad que vivían de su trabajo, que padecían la crisis y que buscaban participar en la búsqueda de soluciones. No se trataba solamente de un diagnóstico, sino de impulsar cambios en un contexto de participación y creciente protagonismo de los sectores populares. Como los propios expositores lo consignaron, no bastaba agruparse con la finalidad de defender los intereses corporativos, sino que era imprescindible “plantearse con seriedad y con formalidad la alternativa seria de salir también a la calle para reclamar soluciones de fondo, profundas y radicales a los problemas sociales y económicos que tiene planteados el país”.

El clima previo a la convocatoria del congreso puede sin duda ser definido como fermental. En el contexto de una crisis económica, cuyas principales manifestaciones fueron el estancamiento y la inflación, la adopción de las líneas trazadas por el Fondo Monetario Internacional, el aumento acelerado del endeudamiento y la fuga de capitales, con sus secuelas, se produjo el aumento de las tensiones sociales reflejadas en un incremento de las actividades y movilizaciones sindicales. Había una sensación extendida de estar viviendo un período histórico, en el sentido de una etapa de oportunidades para cambiar, y construir en común, a través de la lucha, las transformaciones indispensables para dar satisfacción a las necesidades populares.


Los aportes preliminares
Las organizaciones que participaron del Congreso del Pueblo produjeron dos documentos: uno preliminar, realizado en el mes de mayo con contribuciones de diferentes núcleos y con la finalidad de aportar insumos para la discusión general, y otro como resultado de los acuerdos alcanzados, con un programa de soluciones concretas para enfrentar la crisis.

Las elaboraciones realizadas por el congreso tomaron como antecedentes algunos de los datos aportados por la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), creada por el gobierno en 1960 con el cometido de coordinar los proyectos de inversiones del sector público.

El trabajo de la CIDE se concretó inicialmente en un diagnóstico publicado en 1963, “Estudio Económico del Uruguay. Evolución y perspectivas”, y finalmente en un “Plan Nacional de Desarrollo Económico Nacional”, en 1965. Ambos evidenciaron las deficiencias estructurales de la economía uruguaya y pusieron de manifiesto que los problemas del país no obedecían a una situación pasajera.

Los aportes sustanciales de la CIDE estuvieron centrados en los informes que contenían los primeros datos serios sobre la crisis.

Por su parte, a nivel de los asalariados la década del 60 señaló un impulso en la tendencia de los colectivos de trabajadores a adoptar posiciones respecto de los problemas del país. Se trataba de temas que superaban el marco de las reivindicaciones tradicionales y mostraban la intención de generar espacios que unieran a las fuerzas “de signo nacional y popular”, tal como se expresara en gran parte de los manifiestos de la época.

La realización del Congreso del Pueblo en agosto de 1965 marca los avances en ese sentido, la constitución de un nucleamiento propositivo y con capacidad de movilizarse y presionar que aportaba un programa nacional concreto de ataque a la crisis.

El programa de soluciones elaborado en el Congreso del Pueblo y luego adoptado por la CNT en 1966, muestra los progresos en la comprensión de la problemática del país y en la elaboración de propuestas consensuadas. El documento preparatorio, presentado en el Paraninfo de la Universidad el 29 de mayo del 65, consta de una serie de exposiciones que consideran diversos temas: los problemas del campo, de la educación, de la banca, de los entes públicos, la defensa de la soberanía y el análisis particular del analfabetismo a partir de los datos del censo de 1963 enmarcado en el diagnóstico de la CIDE.

La situación del campo constituía un aspecto sustancial del análisis en tanto la agropecuaria, principal actividad del país, vivía un estancamiento que se arrastraba de décadas atrás. El representante de la Comisión Nacional de Defensa de la Producción Agropecuaria, integrada por pequeños y medianos productores, expresaba la necesidad de superar la separación campo-ciudad y afirmaba que la línea real era la que dividía “la gran danza del latifundio y los grandes monopolios explotadores de los trabajadores de la ciudad y el campo”. El estudio planteaba los problemas de la tenencia de la tierra y el latifundio, la intermediación, la especulación, y concluía con la necesidad de tecnificación, planificación y división de la tierra. “El latifundio –decía– es estancamiento, es despoblación, es producción extensiva por definición (…) en el problema de la tierra que es por esencia un bien social, nos encontramos con que el latifundista va desplazando al pequeño productor (…)”.

El tema de la educación ocupó gran parte de los aportes preliminares. El delegado de la Federación Uruguaya de Magisterio, Rolando Vieira, planteó la existencia de niños y jóvenes que desertaban de las aulas para convertirse en “la infancia que recorre las calles de Montevideo vendiendo estampitas o figuritas o pastillas en los ómnibus, la misma infancia y la misma juventud que está en los cantegriles de Montevideo y en los ranchos de lata en el Interior”.

La constatación de esta realidad que se asentaba en los datos emanados del censo se acompañó con el análisis del insuficiente presupuesto destinado a la educación primaria y media y la escasa provisión de recursos a la enseñanza técnica, considerada fundamental para el desarrollo económico. Las conclusiones hacían hincapié en políticas de fondo: “somos conscientes de que los problemas de la enseñanza y de la cultura en general no podrán tener ninguna solución dentro del sistema actual que tiene el país. (…) si no hay un cambio radical en el régimen de tenencia y explotación de la tierra, no habrá enseñanza igualitaria para todos. (…) si este cambio no se realiza en nuestro país a través de la industrialización de las materias primas y de la creación de fuentes de trabajo, como la apertura de fábricas, seguirá desvalida, desocupada y frustrada la juventud. (…) seguirá esta frustración hasta tanto no se cambie el sistema de comercio del país, ni su política impositiva, no se racionalice la administración pública, no se termine con las estafas, con los robos, y con la especulación de la banca y la industria (…)”.

El documento “Gobierno de la enseñanza”, producido por el Movimiento Nacional de Apoyo y Defensa de la Escuela Pública, promovía la autonomía de la enseñanza y la abolición de todo reparto político partidario de los cargos de dirección, que deberían ser elegidos por los docentes y los interesados directos en la educación. Otro de los aportes de este nucleamiento social fue el estudio de los resultados del censo de población y vivienda vinculados al analfabetismo. El trabajo definió como dramáticas las revelaciones surgidas, que mostraban un número significativo de analfabetos y semianalfabetos a quienes se les había negado su derecho a la cultura. La deserción escolar y los índices de analfabetismo fueron vinculados a causas estructurales derivadas de las condiciones económicas de pobreza: “(…) los hijos de la miseria, de los pueblos encerrados por el latifundio, los hijos de los humildes de cualquier parte del país son los que están en la primera fila del analfabetismo”.

El documento hacía alusión a la necesidad de crear más escuelas públicas, tanto en el medio rural como en el urbano, cursos para adultos que permitieran estudiar a quienes dejaron la enseñanza, evitar la superpoblación de los grupos para disminuir la deserción, aumentar el presupuesto de la enseñanza y los salarios de los maestros, brindándoles una remuneración que sirviera de incentivo para que nuevas generaciones se incorporasen a sus cuadros.

Entre los aportes preliminares, Héctor Rodríguez planteó el tema de la soberanía nacional y de las libertades públicas como principios a sostener. Se refirió a los procesos antidemocráticos que se daban en la región y a las amenazas más o menos indirectas de intervención de Brasil o Argentina en los asuntos internos de Uruguay. La defensa de las libertades públicas constituyó –y constituye– sin dudas uno de los principios rectores de los trabajadores organizados, principio que impulsó en el 64 la declaración de la CNT de ir a la huelga general en caso de golpe de Estado. Las preocupaciones presentadas por Héctor Rodríguez se inscribieron no sólo en declaraciones del embajador estadounidense de claro tono intervencionista y en lo publicado en tal sentido en revistas y otros medios de prensa que hablaban del tema, sino también en los rumores de golpe que circulaban en ese momento.

La exposición de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay partía a su vez de la afirmación de que la crisis bancaria era “tan sólo una manifestación de una crisis (que abarcaba) todos los planos de la vida colectiva: lo político, económico, moral”. Al igual que en el resto de las ponencias, los trabajadores de la banca, además de analizar su situación particular, en este caso especialmente crítica dada la crisis de la que se venía y que había generado un conflicto prolongado de los empleados del sector, se detenían en soluciones generales: “sólo el día en que la totalidad del manejo del crédito esté en manos del Estado, a través de organismos controlados por los trabajadores, será posible pensar en una financiación adecuada de los planes de desarrollo que el país resuelva poner en práctica”.

Por último, el dirigente de AUTE Wladimir Turiansky abordaba la situación de los entes del Estado y su rol en la economía nacional. Profundizaba en los aspectos negativos de su funcionamiento, destacando entre ellos la politización de los mismos a través de la designación partidaria de sus directorios y el paulatino empobrecimiento de los entes como consecuencia de la crisis económica y los efectos de la reforma cambiaria y monetaria de 1959.

El documento planteaba las situaciones particulares de ANCAP y UTE, consideradas estratégicas para cualquier proyecto de desarrollo, y luego se detenía en los organismos bancarios, los entes vinculados al transporte (AFE, PLUNA y ANP) y en la pesca (SOYP). El funcionamiento de los entes del Estado se estimaba básico en tanto “en torno a estos organismos gira prácticamente toda la vida del país: (…) energía, combustibles, transporte, moneda, comunicaciones”.

La propuesta global de la mesa sindical coordinadora de entes autónomos y servicios descentralizados instaba al Congreso del Pueblo a “inscribir en su programa la defensa y el desarrollo de los entes industriales y comerciales del Estado”, la anulación de los contratos de ANCAP con las petroleras estableciendo el monopolio estatal sobre los combustibles, el estanco de tabaco, el apoyo a la construcción de Salto Grande pero con una financiación que incluyera recursos nacionales o convenios de intercambio, nacionalización del ahorro y del comercio exterior evitando la especulación, protección de la marina mercante nacional, coordinación del transporte, desarrollo de la industria pesquera dotando de recursos al organismo estatal competente, suspensión de las remesas al exterior por concepto de utilidades de las empresas extranjeras, impuesto progresivo a la propiedad latifundista de más de mil hectáreas, moratoria de la deuda externa, entre otros.


El Programa
Reunido en definitiva el Congreso del Pueblo en agosto, después de las deliberaciones en las que participaron 707 organizaciones y más de 1.300 delegados, se redactó un amplio documento, aprobado por unanimidad, que fue ordenado por la comisión organizadora y editado en los talleres del diario Época, que puso a disposición de los trabajadores del Sindicato de Artes Gráficas sus instalaciones y máquinas para que fuera armado e impreso con trabajo solidario.

La publicación de los resultados, cuya finalidad expresa era llevar a todos los rincones del país la propuesta aprobada, comenzaba con un “Mensaje al pueblo uruguayo” en el que se consignaba la composición del congreso, se denunciaba la situación crítica que atravesaba el país, se marcaban los responsables de esa situación y se hacía un llamamiento a la participación popular que se resumía en la frase artiguista: “Uníos, caros compatriotas, y estad seguros de la victoria”.

El programa se iniciaba con un breve diagnóstico y caracterización de la crisis a través de una serie de datos concretos. Éstos abarcaban aspectos de la producción, del papel de los consorcios y trusts que operaban desde los países capitalistas, de la tenencia de la tierra, las empresas nacionales, el papel del Estado, entre otros. Este espacio se cerraba con la constatación de la necesidad de cambios estructurales urgentes que permitieran superar el estancamiento y la pobreza.

Las soluciones fueron presentadas por temas. Se proponían una serie de reformas: agraria, industrial, del comercio exterior, tributaria, crediticia y bancaria, urbana, del transporte, y se le confería un papel relevante a las cooperativas, a la reactivación de la industria y a las inversiones públicas. Otras partes sustanciales del documento final se referían a la defensa de las libertades y a la soberanía nacional, a la educación y la cultura, y al bienestar y seguridad social. Bajo cada uno de los ítems considerados se enumeraban medidas a tomar que comprendían distintos aspectos de diversa complejidad.

En definitiva, los postulados programáticos aprobados integraban objetivos reivindicativos inmediatos (salud, vivienda, educación, salario, jubilaciones) con propuestas de transformación profunda, formulando un proyecto alternativo con clara definición antiimperialista.

El documento también daba cuenta de los mecanismos de coordinación, creaba una Asamblea Nacional, definía su integración, marcaba plazos, daba pautas para la incorporación de nuevos temas e incluía la plataforma y el plan de lucha.

El tratamiento del tema cultura y educación ocupó un amplio espacio, en el que se destacaba el papel de la enseñanza pública en la formación de un “hombre capaz de manejar la técnica, la ciencia, el arte”. Asimismo establecía principios básicos en materia de política educativa y definía aquellos en los que debía asentarse: gratuidad, asistencialidad, laicidad, obligatoriedad.

“La enseñanza pública –expresaba el texto– debe ser orientada hacia la formación plena del individuo, entendiendo por tal la asimilación en forma consciente y creadora por parte del educando de una enseñanza que sea: científica, técnica, física, moral y cívica, humanista, artística y vocacional”.

Se analizaba la pertinencia de una transformación de la organización del sistema educativo, destacando como prioridades la autonomía, la creación de una ley orgánica, el estatuto del funcionario administrativo y docente y la preparación y perfeccionamiento del docente, la reforma educativa, así como la dotación de recursos materiales para llevar adelante las reformas planteadas.

También fueron recogidas las ponencias de los “trabajadores de la cultura”, que introdujeron aportes en materias como promoción de las publicaciones, concesión de becas y subsidios, creación de un centro estatal de investigación expresiva, censo de las existencias artísticas, fomento del teatro, sanción de leyes de radio y televisión.

Los aspectos relacionados con el bienestar y la seguridad social, por su parte, incluyeron propuestas como la intervención de las cajas oficiales, despartidización de sus directorios, mejoras en los beneficios, actualización periódica de los ingresos de jubilados y pensionistas, aguinaldo, derogación de las jubilaciones de privilegio, legislación laboral que promoviera el estatuto del trabajador rural, fijación del salario mínimo nacional, protección a la minoridad desvalida, reestructura del Consejo del Niño, entre una variada lista de preocupaciones.

Bajo el título “Recomendaciones e iniciativas” se recogieron las contribuciones producidas por diversas organizaciones relacionadas con la vivienda y la prensa y se trasladó al organismo competente la discusión del tema reforma constitucional que se debatía en la coyuntura a nivel nacional.


Independencia, unidad y solidaridad
El documento final se completaba con “Otras ponencias” y una “Declaración especial”. En la primera tuvieron cabida asuntos vinculados a la solidaridad con la mutual de futbolistas en conflicto, con los estudiantes frente a “atentados policiales” y con la población negra de Estados Unidos en el contexto de brotes de violencia racial en ese país que ponían “en peligro la vida y el derecho inalienable de la persona humana a vivir decorosamente, independientemente de su raza o color”. La segunda marcaba la independencia del Congreso del Pueblo con respecto a los nucleamientos partidarios y a las instituciones estatales, dejando “expresa constancia pública de que el programa elaborado será llevado adelante (…) por los propios participantes a través de sus organizaciones y las que se dé el congreso”, y destacando que dicho programa fue aprobado “con la misma independencia que sus organizaciones integrantes guardan celosamente respecto a los partidos políticos y al Estado (…)”.

La lectura directa de los documentos y de las crónicas que la prensa publicó en esos días de agosto de 1965 permiten reconstruir el clima de participación, entusiasmo y compromiso que atravesaba a vastos sectores de la población. La crisis como telón de fondo, lejos de generar apatía, fomentó –en una coyuntura internacional marcada por transformaciones y confrontaciones– el protagonismo de los sectores populares.

El espíritu de cambio se acompañó del rescate de tradiciones –muchas de ellas propias del movimiento obrero organizado– como la solidaridad, la independencia, la valoración de la unidad en la diversidad y la capacidad propositiva.

Compelidos por la gravedad de la crisis, acicateados por la percepción del fin de la imagen del Uruguay “de excepción”, ningún aspecto de la vida del país, desde lo estructural a lo cotidiano, quedó fuera del análisis y de la propuesta de cambio que fue enunciada con un lenguaje común y accesible, expresión de la convicción de que se trataba de un programa “profundo y humano. Y por ello plenamente realizable”.

En definitiva, el Congreso del Pueblo convocó a la “unidad de voluntades” y propuso un “programa de la esperanza”, unitario en la acción. Tarea difícil –como se admitía– pero también desafiante, de construcción de un destino propio de los sectores populares con “trabajo, paz y libertad”.

El presente trabajo fue publicado en la edición del semanario Brecha del 14 de septiembre de 2007. Su redacción estuvo a cargo de Universindo Rodríguez y Silvia Visconti.