Operación Conejo. La reapertura del caso María Claudia

Ricardo “Conejo” Medina, el represor al que le incautaron más de mil archivos digitales en la cárcel especial de la calle Domingo Arena, ostenta voluminosos antecedentes tanto en operaciones del terrorismo de Estado que culminaron en torturas y desapariciones como en actividad de inteligencia en los aparatos represivos de la dictadura. Tiene también algunos antecedentes de “delitos comunes” de la época posterior a 1985, en que repartía su actividad como empresario y como secretario del ex senador colorado Pablo Millor.

Sus vinculaciones con dirigentes colorados explican uno de los más aberrantes delitos de la dictadura: la desaparición de la ciudadana María Claudia García de Gelman y el robo de su hija, nacida en cautiverio en el Hospital Militar a fines de 1976. Todavía no está definitivamente aclarado por qué María Claudia, detenida en Buenos Aires junto con su esposo, Marcelo Gelman, y derivada al centro clandestino conocido como Automotores Orletti, fue trasladada a Uruguay con un embarazo de ocho meses.

Es muy posible que su traslado obedeciera al plan de robarle su hija después del parto. De todas formas, es incontrovertible que Ricardo Medina fue uno de los que se apoderó de la recién nacida y quien depositó el moisés con la bebé a las puertas del domicilio de un amigo cercano, el funcionario policial Ángel Touriño, quien –como él– se desempeñó como “asesor” de Millor y que después fuera nombrado por el entonces presidente Julio María Sanguinetti como jefe de Policía de San José.

Macarena Gelman –finalmente ubicada tras la paciente labor de investigación de su abuelo, el poeta argentino Juan Gelman–, en tanto supuesta hija de Touriño, conocía a Medina, que solía visitar a su amigo, sin sospechar que él había sido el autor de su secuestro y robo de identidad, además de presunto ejecutor de su madre, María Claudia.

La responsabilidad de Medina en la desaparición de María Claudia no llegó a ser investigada en los juzgados porque, primero, el ex presidente Jorge Batlle incluyó el caso en los beneficios de la ley de impunidad; y después porque, cuando el presidente Tabaré Vázquez eliminó ese “beneficio” y autorizó la investigación, el fiscal Enrique Moller desechó la acusación, aduciendo que se trataba de un “caso juzgado”.

Ahora, la propia Macarena Gelman solicitará el desarchivo del caso, que será presentado ante el juez Luis Charles, quien conduce la investigación de una “megacausa” en la que se incluyen los traslados clandestinos de prisioneros uruguayos desde Buenos Aires.

Si la iniciativa prospera, será la fiscal Mirtha Guianze quien deberá impulsar la acción judicial con una interpretación diferente a la que esgrimió su colega Moller. No es por tanto casual que Medina tuviera, entre el millar de archivos que guardaba en su computadora y en cd en la cárcel de Domingo Arena, un expediente con datos sobre la vida de la fiscal, entre ellos algunos de sus familiares que no se obtienen en fuentes “públicas”.

Artículo publicado en la edición 1157 del semanario Brecha (www.brecha.com.uy), correspondiente al 25 de Enero de 2008.