La acusación confirma el segundo vuelo y deduce quiénes iban a bordo. Las pruebas permiten avanzar en la reconstrucción de la historia represiva. Sostiene que existen archivos secretos. Demuestra que hubo extorsión y botín. Deja abiertas investigaciones.
El histórico pedido de condena que contra ocho militares y policías realizó la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, comprueba la coordinación del “Plan Cóndor”, como los traslados ilegales y la desaparición en 1976 de las víctimas del “segundo vuelo”, denunciado por LA REPUBLICA en 2002.
José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez (con 25 años de penitenciaría), y Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande (con 20 años de cárcel), son acusados como “coautores responsables de los delitos de desaparición forzada” sobre 28 uruguayos. La fiscal considera probado que ese grupo de militares viajó a Argentina y operó en coordinación con efectivos del vecino país en el centro clandestino “Automotores Orletti” donde se torturó, extorsionó y robó a medio centenar de uruguayos vinculados al PVP, secuestrados en Buenos Aries en 1976. Los operativos se realizaron a partir de la detención en Colonia de tres militantes del PVP, continuaron en abril y junio, se profundizaron en julio, con una captura masiva de personas que fueron traídas en un “primer vuelo” a Montevideo ese mes, y cerraron con otra operación generalizada en setiembre y octubre de ese año, de la que trajeron un “segundo vuelo”. Guianze también decidió abrir nuevos procesos contra el canciller Juan Carlos Blanco, contra el coronel aviador José Uruguay Araújo Umpiérrez y el soldado Ernesto Soca (ambos detenidos para su extradición a Argentina), y aguardará definición sobre el coronel Manuel Cordero, detenido en Brasil.
La conclusión
“Todos los funcionarios uruguayos que operaban en la República Argentina, y concretamente para este caso, tenían la condición de militares o policías. Su actuación era conocida por sus superiores, a los que estaban subordinados. El Servicio de Información de Defensa (SID) dependía de la Junta de Comandantes en Jefe y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) del Ministerio de Defensa Nacional, a través de la respectiva Región Militar. La Región Militar Nº 1, a la que pertenecían los efectivos que actuaron en la especie, comprendía los departamentos de Montevideo y Canelones.
Tácitamente, entonces, debe entenderse que las órdenes recibidas para el cumplimiento de los objetivos perseguidos, los habilitaban para practicar secuestros, (que no otra cosa suponía la detención irregular de civiles), la utilización de centros de detención clandestinos, la ocupación de dinero y bienes en provecho propio o de terceros, la aplicación sistemática de los más crueles tormentos, la privación de libertad en condiciones infrahumanas por término indefinido, la apropiación de niños, entregados a terceros, a los que se sustituyó la identidad y permanecieron en poder de argentinos, o de uruguayos en un caso, durante años, hasta que se pudo hallarlos.
Y que la estructura del gobierno de facto les brindaba la infraestructura y la cobertura necesarias para la ejecución de tales actos, dentro y fuera del país. Esto se pone de relieve analizando los legajos de los encausados: las operaciones que se cumplían en Argentina no se registran en ellos como Misiones Oficiales, no hay constancia de los viajes en ningún caso, más allá de anotaciones de mérito por acciones en la lucha contra la subversión”, dice la acusación de Guianze.
Las pruebas
Aunque los encausados ensayaron negativas a las acusaciones a lo largo del proceso iniciado el 11 de setiembre de 2006, el expediente instruido por el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, permitió acumular una abundante serie de pruebas en las que ahora se basa la fiscal Guianze para acusarlos. Además de los testimonios de los sobrevivientes del primer vuelo de Orletti, se incluyeron las declaraciones de otras personas que colaboraron con la represión, así como documentación de archivos desclasificados en Estados Unidos que mencionan el robo de dinero.
A la fundamental confirmación del segundo vuelo por parte del informe oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y la investigación sobre desaparecidos de la Presidencia de la República, también se sumaron los legajos de los propios acusados, que se constituyeron en pruebas determinantes.
La instrucción judicial confirmó la extensa investigación realizada por LA REPUBLICA, que tras la aparición del niño Simón Riquelo, denunció el segundo vuelo, confirmó la existencia de la Base Valparaíso, señaló el reparto de un botín de guerra y señaló a los responsables del crimen.
Las pruebas obtenidas, que confirman la extorsión, la entrega de niños y la adquisición de propiedades, demuestran que en el marco del “segundo vuelo” trajeron a Uruguay a María Claudia García de Gelman y los niños Anatole y Victoria Julien. Casos que estudia la Justicia.
En el pedido de condena para los violadores a los derechos humanos, la fiscal Guianze solicita la apertura de un expediente sobre la desaparición de Washington Barrios en 1974, lo que posibilitaría esclarecer los verdaderos orígenes de la coordinación represiva en la región.
UN VERDADERO ACTO DE PILLAJE
“Hay prueba bastante de que en esa base denominada OT 18 se repartían tareas represores uruguayos y argentinos, además de interrogar, torturar y mantener detenidos en condiciones infrahumanas a las personas allí alojadas, también recolectaban y almacenaban los efectos sustraídos de las fincas de los secuestrados, pues cada allanamiento implicaba un verdadero acto de pillaje. Los vehículos robados fueron incluso desarmados para su transporte a Montevideo y, en este caso particular, también es un hecho probado que se procesó la incautación del dinero del PVP, proveniente del secuestro de HART. Tampoco hay cuestionamiento probatorio acerca de que ese dato fue conocido por los efectivos uruguayos a través de los delatores. Y que ese dinero que después se repartió, sin que se tenga más indicios que la escueta declaración de Vázquez, las noticias publicadas en una investigación periodística y lo que la Sede pudo indagar sobre algunas propiedades”.
VICTIMAS DE “LA PATOTA”
El crimen de lesa humanidad en reiteración real es sobre Adalberto Soba, Gerardo Gatti, León Duarte y Alberto Mechoso, por cuya desaparición se inició proceso a los militares y policías, a quienes ahora también se sumó la tipificación del delito sobre los posibles pasajeros del segundo vuelo y otros. Al listado original se agregaron los casos de Ary Cabrera (desaparecido el 5 de abril) y de Julio Rodríguez Rodríguez (15 de junio), quienes como Gatti (9 de junio) y Duarte (13 de julio), fueron capturados por la represión en el marco de los operativos que finalizaron con el traslado del “primer vuelo”. El ministerio público concluye que los 22 pasajeros del “segundo vuelo” habrían sido Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walner Ademar Bentancour Garin, Josefina Keim Lledó de Morales, Juan Miguel Morales Von Pieverling, Victoria Lucía Grisonas de Julien, Mario Roger Julien Cáceres, María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Raúl Néstor Tejera Llovet, Juan Pablo Errandonea Salvia, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández de Cram, Ruben Prieto González, Armando Bernardo Arnone Hernández, María del Rosario Carretero Cárdenas, Segundo Chegenian Rodríguez, Graciela Teresa Da Silveira de Chegenian, Rafael Laudelino Lezama González, Miguel Ángel Moreno Laugani, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu y Washington Domingo Queiro Uzal, todos ellos secuestrados en setiembre y octubre.
ARCHIVOS “ESTAN RESGUARDADOS”
“No fue posible conseguir ningún documento proveniente del SID, salvo casos aislados, cuando se diseminaban por otras reparticiones por un motivo específico o cuando alguna información se enviaba, con copia (…) Sin embargo, llama la atención que el autor de los libros “Buscando a los desaparecidos” y “Encontrando a los desaparecidos”, disponga de facsímil de documentos del SID y de otras reparticiones militares, que le fueron exhibidas por fuentes de ese orden, que publicó en parte y que entregó a la Sede en lo que le fue solicitado. Esto significa que esos documentos existen, en algún sitio están resguardados y no hay autoridad que haya podido rescatarlos para ser utilizados como prueba. Lo que implica admitir, en plena democracia, que hay cotos vedados para la Justicia y que el Estado no ha podido aún dotarla de los elementos indispensables para el esclarecimiento de los hechos. En suma, no hay efectiva igualdad de posibilidades”, denuncia Guianze.
Descargos de los procesados fueron revertidos por sus fichas funcionales
TU LEGAJO TE CONDENA
GAVAZZO -Su declaración “implica aceptación de sus viajes a la Argentina como “oficial de enlace”, con destino a la base antes nombrada como OT 18, cuyo jefe era ANIBAL GORDON y además el haber operado “sobre uruguayos, personas uruguayas residentes en la Argentina. Integrantes de movimientos terroristas que se habían trasladado desde Uruguay a la Argentina y allí o se habían integrado a organizaciones terroristas argentinas o habían reorganizado sus actividades para retornar a Uruguay”. Participó en la extorsión por Gatti y Duarte.
ARAB -En su legajo funcional “se constata que estaba afectado a prestar servicios en el SID desde 1973 y que se destacaba en las operaciones antisediciosas”. Consta que “interrogaba “a los elementos capturados, trabajando intensa y prolongadamente logrando determinar fehacientemente las responsabilidades de personas que con su accionar antinacional constituyen una constante amenaza para la obtención de los objetivos nacionales”. Trajo con Gavazzo el dinero robado a Mechoso.
RAMAS - Su legajo describe en 1976 que: “En base a informes obtenidos y a documentación incautada, este Señor Jefe pone en evidencia, luego de un metódico trabajo de evaluación, la existencia del germen de la infraestructura de una organización sediciosa; que con base en el extranjero concurría a actuar al país”.
VAZQUEZ - Afirmó que iba a Argentina a hacer coordinaciones, al principio del 76 después del golpe era que “estábamos armando el Plan Cóndor, había una coordinación entre ANIBAL GORDON, el GENERAL PALADINO y CAMPOS HERMIDA, que era por fuera del esquema militar”. El informaba a VADORA, a GAVAZZO no, “GAVAZZO hacía los mandados, el trabajo de calle, el trabajo táctico”. Fue el que adquirió propiedades con lo robado.
SILVEIRA - “En setiembre de 1976, el coronel Julio González Arrondo consignó que “En la lucha emprendida contra la clandestina O.P.R.33 (Organización Popular Revolucionaria) este Señor Oficial ha tenido una destacada actuación participando activamente en todas las acciones.
MAURENTE - Afirmó que en el mes de julio de 1976 estaba destinado al Comando General del Ejército y pasó a prestar servicios en el SID a partir del 5 de agosto de 1976. (…) En su legajo aparece destinado a ese Servicio el 23 de julio y esa información fue ratificada por el Ministerio de Defensa Nacional en nota No. 187/AY.MTRO./08 de fecha 9 de junio de 2008.
MEDINA -“Medina hizo un curso en Estados Unidos, en la Academia Internacional de Policía entre los años 1974 y 1975 (estando a su declaración) y el 14 de julio de 1976, con el grado de capitán, aparece en su legajo prestando servicios “en comisión” en el SID”.
SANDE -“Fue reconocido sin dudas como participando en el allanamiento de la casa de MARGARITA MICHELINI y RAUL ALTUNA en Buenos Aires, junto con ARAB, también señalado por NORES como el que lo recibió en el Aeropuerto. Además tuvo relevante intervención (igual que MEDINA) en la vigilancia de los detenidos y en todo el episodio del chalé “SUZY”, donde se colocaron documentos procedentes de los domicilios de los secuestrados desaparecidos.
Roger Rodríguez
La República
03/08/08.
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