La desaparición forzada de personas en América Latina

1. ORIGENES Y DESARROLLO

Cuando los militares latinoamericanos empezaron a utilizar la práctica de la desaparición forzada de personas como un método represivo, creyeron que habían descubierto el crimen perfecto: dentro de su inhumana lógica, no hay víctimas, por ende, no hay victimarios ni delito.

La práctica de la desaparición forzada surgió en América Latina en la década del sesenta.(1)

Con algunos antecedentes mucho más atrás en el tiempo -como la desaparición de cadáveres en El Salvador en 1932, tras las masacres perpetradas por el régimen de Hernández Martínez-, el método como tal principia a configurarse en Guatemala entre los años 1963 y 1966(2).

Desde el primer momento, las desapariciones forzadas mostraron los signos de lo que a través de los años llegó a constituir el método principal de control político y social en ese país: impunidad y absoluta transgresión de las leyes más elementales de convivencia humana.

A lo largo de dos décadas, el método se extendió a El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. Amnistía Internacional, FEDEFAM y otros organismos de derechos humanos sostienen que, en poco más de veinte años (1966-1986), noventa mil personas fueron víctimas de esta aberrante práctica en diferentes países de América Latina.

Producto de una política continental de dominación, las desapariciones no son un rasgo exclusivo de las dictaduras militares. Países como México(3), Colombia y Perú, con gobiernos civiles electos, son o han sido escenarios de la misma. Asimismo, sus objetivos se reflejaron una vez más en las desapariciones ejecutadas en Nicaragua, haciendo víctimas en ese país tanto a aquellos que desarrollaron una labor política, social o cultural en favor del gobierno revolucionario, como a los militantes contrarrevolucionarios.

1.1 GUATEMALA: orígenes de la práctica(4)

En los inicios de la década del sesenta, Guatemala se encontraba sumida en una crisis política. Las movilizaciones populares contra la corrupción gubernamental, por los derechos y libertades democráticas y en procura de mejores condiciones de vida se sucedían una tras otra. Las demandas más inmediatas de los diferentes sectores de la población se convertían fácilmente en abiertas confrontaciones políticas debido a la notoria falta de voluntad para satisfacerlas por parte de los sectores en el poder.

Estos factores, aunados a la ausencia de canales democráticos para la libre participación popular, abonaron el terreno para el surgimiento del primer movimiento guerrillero que contó con la simpatía y apoyo de gruesos sectores de la población.

En el contexto de la crisis se produjo un golpe de estado en marzo de 1963, encabezado por un militar derechista: el coronel Enrique Peralta Azurdia.

Peralta Azurdia suspendió la Constitución de 1956 y gobernó los siguientes tres años por decreto. El estado de sitio estuvo vigente durante la mitad de esos tres años.

La seguridad del Estado fue concentrada por el ejército, el que recurrió al más descarnado terror con los objetivos de combatir eficazmente a la guerrilla y aislarla.

Como parte de la campaña contrainsurgente fueron emitidas leyes antidemocráticas y atentatorias contra los derechos humanos, como la llamada Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas, el decreto 9.(5)

En el marco de esta ley fue organizada la Policía Judicial, bajo la concepción de una policía política; además, se "legalizaron" las detenciones por simples sospechas seguidas de la incomunicación de las víctimas, las que eran sometidas a crueles interrogatorios y salvajes torturas en los centros de detención.

Las detenciones fueron haciéndose cada vez más prolongadas y paulatinamente se convirtieron en desapariciones, tal como lo hizo constar el Comité Guatemalteco para la Protección de los Derechos Humanos en un informe a las Naciones Unidas en 1968.

En marzo de 1966, enmedio de los preparativos del traspaso del gobierno a un civil electo, el abogado Julio César Méndez Montenegro, fueron capturados y desaparecidos 28 dirigentes políticos y populares e intelectuales opositores. Sus cuerpos jamás aparecieron. Posteriormente se logró establecer que habían sido capturados por órdenes del entonces ministro de la defensa, el coronel Rafael Arriaga Bosque. Torturados hasta la muerte, sus cadáveres fueron arrojados al mar desde aviones de la Fuerza Aérea. (6)

Entre 1963 y 1968, "Guatemala fue perdiendo poco a poco su fisonomía jurídica a fin de someterse a los caprichos de unos pocos coroneles y oficiales."(7)

En un proceso de creciente anulación de la sociedad civil a través de la utilización de prácticas terroristas, la desaparición forzada ha cobrado alrededor de 45,000 víctimas en Guatemala.

Estas 45,000 personas desaparecidas -junto con unos 150,000 asesinatos políticos- forman parte del presente en una nación convulsionada por el terrorismo de estado, que continúa negándose a sí misma al no reconocer la existencia de esos crímenes abominables y no poner en práctica los mecanismos sociales de justicia.

1.2 DESAPARECIDOS EN EL BRASIL(8)

En Brasil los orígenes de las desapariciones también coinciden con la militarización del Estado a partir del golpe de 1964.

En junio de ese año fue creado el Servicio de Inteligencia Nacional -SIN-, cuyas funciones eran las de recoger y clasificar la información sobre los opositores.

El SIN operaba a través de las secciones de inteligencia de los diferentes cuerpos de seguridad y de las Divisiones Regionales de Operaciones de Inteligencia y Coordinaciones de la Defensa Interna. El personal asignado era heterógeneo: oficiales del ejército y de las policías y elementos de grupos paramilitares.

Además de la voluntad política para desaparecer, las torturas a los presos engrosaron la lista de desaparecidos. A menudo, los prisioneros eran muertos debido al brutal tratamiento de que eran víctimas y sus cuerpos eran sepultados bajo nombres falsos y actas de defunción también falsas, elaboradas con la complicidad del Instituto de Medicina Legal.

1.3 LA DESAPARICION FORZADA EN ARGENTINA(9)

Otro momento importante con relación al "refinamiento" del método, se dio en Argentina entre 1976 y 1983.

Dentro de una tendencia represiva del ejército que se remonta a unos cuarenta años atrás, en 1973 habían surgido los escuadrones de la muerte.

Grupos como la Alianza Anticomunista Argentina y el comando Libertadores de América, por ejemplo, iniciaron el tránsito hacia la ilegalidad al secuestrar y asesinar supuestos opositores izquierdistas entre 1973 y 1974, de una manera completamente impune.


En 1975, el ejército argentino recurrió por primera vez a la desaparición de personas en Tucumán, al reprimir un alzamiento guerrillero. Las víctimas fueron no sólo alzados en armas, sino también elementos de la población civil.

A partir del golpe de estado que derrocó a María Isabel Perón en marzo de 1976, el poder político fue centralizado en su totalidad por los militares. Sus intenciones fueron anunciadas por el golpista general Videla, quien en 1975 había dicho "...morirán tantos argentinos como sea necesario a fin de preservar el orden".(10)

En un proceso cruento, cuyas víctimas eran escogidas bajo el criterio amplísimo de desempeñarse como opositores al gobierno militar, las detenciones legales fueron sustituidas por los secuestros y las desapariciones.

Bajo una concepción que condujo a la deslegitimación total de los opositores, el método fue practicado clandestinamente, logrando imponer el silencio y la impunidad. La sociedad argentina sufrió el desgarramiento de sus instituciones y valores humanos de convivencia en un corto período.

1.4 EL ASCENSO DE LOS MILITARES AL PODER EN CHILE(11)

En Chile se empezaron a dar las desapariciones después del golpe que derrocó al gobierno de la Unidad Popular en septiembre de 1973. Fue a partir de entonces que por primera vez la opinión pública internacional se sensibilizó sobre este problema, a través de las denuncias y luchas de los familiares de los detenidos-desaparecidos.

Amnistía Internacional da cuenta de denuncias recibidas en la década pasada entre 1973 y 1977.

Las detenciones-desapariciones estuvieron a cargo, fundamentalmente, de la DINA -Dirección de Inteligencia Nacional-establecida en 1974. Antes de su creación, las desapariciones eran responsabilidad de distintos cuerpos de seguridad y se procedía indiscriminadamente.

Al crearse la DINA el método se aplicó cada vez más selectivamente y, al final, fue dirigido sobre todo contra militantes del Partido Comunista Chileno. También se incorporó el factor de la clandestinidad en las operaciones a través de la utilización de agentes de civil armados en automóviles sin placas que conducían a las víctimas a cárceles secretas.

1.5 DESAPARICIONES EN EL SALVADOR(12)

En 1967, en El Salvador, fue organizada la facción Organización Democrática Nacional -ORDEN- por iniciativa de un miembro del ejército. Esto ocurrió en 1967, mismo año en que aparecieron los grupos paramilitares en Guatemala.

En 1970 pasó bajo el control directo del ejército. Después del golpe militar de 1979 la junta de gobierno la disolvió formalmente; a esas alturas, tenía oficina propia en la sede del ejecutivo, veintidós oficiales del ejército asignados para su administración, 22.000 colones mensuales para su funcionamiento y unos 150.000 civiles armados.

Sin embargo, ORDEN continuó actuando pese a su formal disolución. Continuó cumpliendo con labores de información y aniquilación de supuestos enemigos subversivos en estrecha colaboración con las fuerzas armadas. El método de desapariciones forzadas, tan sólo en la primera mitad de los ochenta, cobró más de siete mil víctimas.


Notas:
1. Los autores argentinos encuentran antecedentes de las desapariciones en las prácticas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando unas siete mil personas fueron trasladadas secretamente a Alemania bajo el decreto Nach und Nebel (Noche y Niebla), emitido por el Supremo Comando del ejército alemán en 1941. legalizadas en el decreto "Noche y niebla". Siguiendo órdenes de Hitler, los nazis recurrieron a la desaparición de los opositores a fin de evitar que fuesen convertidos en mártires por sus pueblos si eran sometidos a juicios y condenas de muerte. El decreto establecía que cualquier persona podía ser detenida por simples sospechas para ser "desvanecida", que no podía obtenerse información sobre el paradero y situación de las víctimas, con lo que pretendían lograr una "intimidación efectiva" de la población y los familiares debido al terror paralizante que se desataría. (Amnistía Internacional. Desapariciones. Editorial Fundamentos, Barcelona, 1983, p. 8)

2. Amnistía Internacional. Desapariciones. Editorial Fundamentos, Barcelona, 1983.

3. Tanto en México como en Colombia y Perú se han registrado denuncias de desaparición forzada de personas en la primera parte de la década de los años noventa. Esta situación continúa siendo de extrema gravedad en México, sobre todo en la zona del conflicto interno, y en Colombia. (Ver U.S. Department of State. Country report on human rights practices for 1990 [y años subsiguientes], así como los informes anuales de Amnistía Internacional a partir de 1990.

4. Para este y los demás países, ver "Desapariciones", Amnistía Internacional. Editorial Fundamentos, Madrid, 1983.

5. Ver texto en: Comité Pro-Justicia y Paz de Guatemala. Situación de los derechos humanos en Guatemala : 1984. Guatemala, diciembre de 1984.

6. En: Galeano, Eduardo. Guatemala, país ocupado. México, D.F., Editorial Fundamentos, 1967.

7. Amnistía Internacional, 1983, p. 29.

8. Al respecto, ver Brasil : nunca mais. Petrópolis, Arquidiocese de Sâo Paulo, 1985, que recoge las violaciones de derechos humanos en ese país entre abril de 1964 y marzo de 1979. Incluye una lista de personas desaparecidas y numerosos testimonios.

9. Ver: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1984. La CONADEP documentó 8,960 casos de personas desaparecidas de los 30,000 denunciados por las organizaciones de familiares.

10. Amnistía Internacional, 1983, p. 101.

11. El Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación resume los hechos violatorios de los derechos humanos en Chile entre 1973 y 1990, incluyendo la desaparición forzada de personas. (Ver: Síntesis del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Santiago, Comisión Chilena de Derechos Humanos, 1991. Además, Detenidos desaparecidos, recopilación de 984 casos elaborada por la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago y publicada en 1993).

12. Ver: Comisión de la Verdad para El Salvador. De la locura a la esperanza : la guerra de 12 años en El Salvador. Naciones Unidas, San Salvador, 1993. La Comisión examinó "graves hechos de violencia y su impacto o repercusiones" a través de los cuales pudo revelar patrones sistemáticos de los mismos. En relación con la desaparición forzada el informe recoge tres casos.

Leer: La desaparición forzada de personas en América Latina (II)