• 26 de junio de 1990, la República publica declaraciones de un ex soldado del Batallón de Construcciones Viales Nº 5, donde éste dice que a mediados de 1983 cuando se construyó una cancha de fútbol en los fondos del Batallón 13 de infantería, participo en la remoción de cadáveres.
• 28 de junio de 1990, la Comisión Investigadora del Senado sobre Juan Carlos Blanco, recibió una ampliación del testimonio de Juan Carlos Blanco y daba entrada al expediente de cancillería que Tota Quinteros puso a disposición de la Investigadora. Algunos legisladores tramitarían el ingreso de las actuaciones de la Comisión Investigadora que en Diputados trató el caso de asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, donde Blanco también había sido implicado.
• 29 de junio de 1990, en nota del semanario Brecha, se da cuenta de la entrega a la prensa fotocopias del expediente de la Investigación Administrativa realizado por la administración Sanguinetti en cumplimiento de ley de Caducidad, relativas a Elena Quinteros. Alejandro Artuccio, abogado de Tota Quinteros, adelantó que Juan Carlos Blanco habría incurrido en delitos penables por la ley. El diputado Helios Sarthou, adelantó que gestionará ante el Poder Judicial la reapertura de la denuncia que por secuestro y desaparición de Elena Quinteros presentó en 1985 ante la Justicia penal. El ex diputado Lorenzo Rovira anunció que reclamará al Poder Ejecutivo que el Ministerio de Defensa Nacional realice una investigación sobre el caso Quinteros. Las repercusiones del caso Quinteros dieron lugar a una serie de reuniones que los comandantes en jefe, general Guillermo de Nava, contraalmirante James Coates y brigadier general (Ay) Carlos Pache, sostuvieron con autoridades gubernamentales y políticas. Las autoridades militares iniciaron una indagación interna sobre las fuentes militares que habrían proporcionado al matutino La República datos sobre la presunta existencia de un cementerio clandestino en el Batallón de Infantería N° 13. Esta semana se conoció el testimonio de un exsoldado que habría participado en una exhumación de cuerpos y posterior traslado de cadáveres. El presidente del Centro Militar, general Iván Paulós. afirmó su “gran confianza en el gobierno y los mandos de las Fuerzas Armadas” ante un tema que, dijo, debe conducirse por “los carriles políticos”.
• 30 de agosto de 1990, el Presidente de la Comisión Investigadora sobre Juan Carlos Blanco Walter Santoro (Partido Nacional) advierte que si el plenario del Senado resuelve que los antecedentes sobre el tema deben ser archivados, sería por lo menos observable que un integrante del cuerpo, o cualquier particular, contra la voluntad de la mayoría, llevara por su cuenta los documentos a la justicia. Expreso así mismo que era sugestivo que ningún fiscal ni juez, se haya interesado en intervenir. Existen cuatro posiciones dentro de la Comisión: una mayoritaria integrada por blancos y colorados que concluye que no existió responsabilidad del actual senador colorado ni en la omisión de denunciar el hecho, ni en privación de libertad, ni en encubrimiento del supuesto delito. El Frente Amplio, entiende que Juan Carlos Blanco tiene implicancias en la desaparición de Elena Quinteros y propondrá el envío de los antecedentes a la justicia. Una minoría del Partido Nacional (el Movimiento Nacional de Rocha), entiende que el Senado no debe pronunciarse sobre el tema y deberá entregar la documentación a la justicia, para que sea ésta quien resuelva.
• 2 de septiembre de 1990, la Revista El Soldado, plantea que el resurgimiento del caso Quinteros, forma parte del hostigamiento revanchista contra la familia militar.
• 4 de septiembre de 1990, el catedrático de derecho Horacio Cassinelli Muñoz, sostuvo que el senador Juan Carlos Blanco, no podrá ampararse en la ley de caducidad. - El PIT/CNT reclamó a la Cancillería uruguaya que explique el secreto que mantuvo respecto al caso Elena Quinteros, y que investigue las responsabilidades que pudo tener en ellas Juan Carlos Blanco.
• junio de 1990, aparece en un medio de prensa una información dando cuenta de que según fuentes de los servicios de información de las Fuerzas Armadas, Elena Quinteros había sido ejecutada la noche del 11 de julio de 1976, junto con otras 7 personas. También se da cuenta de quienes habían participado de la ejecución y posterior enterramiento clandestino. Este hecho a pesar de ser un hecho nuevo sobre el caso, no fue investigado.
• 6 de junio de 1990, Tota Quinteros, mediante la prensa toma conocimiento de la aparición en la casa de gobierno del expediente de la investigación iniciada en el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1987. A partir de las responsabilidades del ex Ministro Juan Carlos Blanco, en dicha investigación, la Cámara de Senadores inicia una investigación sobre la conducta de Blanco, que en ese momento integraba el Senado. Según los dictámenes de 4 catedráticos de derecho, se establece que Juan Carlos Blanco incurrió en varios delitos. Entre ellos: Coautoría de privación de libertad; Encubrimiento; Falsificación ideológica por un funcionario publico; Actos susceptibles por su naturaleza de exponer a la República al peligro de sufrir represalias; Abuso de funciones. Sin embargo una parte mayoritaria del Partido Nacional y la totalidad de los senadores colorados, establecen que no surgen pruebas para culpar a Juan Carlos Blanco. Los senadores de la minoría del Partido Nacional, señala responsabilidades de Blanco, pero establece que las mismas deberá ser determinada por la Justicia. Solamente los senadores del Partido por el Gobierno del Pueblo y el del Frente Amplio, establecen que Juan Carlos Blanco incurrió en graves responsabilidades en el caso de Elena Quinteros, y en razón de ello pasan los antecedentes a la Justicia. Iguales responsabilidades se le atribuyen a Lupinacci; Guido Salomón y Alvaro Alvarez.
• 21 de febrero de 1992.- La Junta Departamental de Montevideo, en sesión extraordinaria, la edila Kechichián en nombre de la bancada del Frente Amplio, propone a Tota Quinteros para que en ese ejercicio presida la Junta Departamental.
• 8 de octubre de 1992.- Luego de casi 30 meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entrega al Juzgado Letrado en lo Penal de 1º Turno, el expediente 201/87 conteniendo la Investigación Administrativa sobre Elena Quinteros.
• 5 de noviembre de 1993.- Luego de 14 meses de haber recibido el Juzgado Penal de 1º Turno, la Investigación Administrativa sobre Elena Quinteros, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el expediente pasa a vista de la Fiscal Noris Marenales Rossi de Francois.
• 2 de marzo de 1994. En la causa Penal tramitada ante el Juzgado de 1º Turno, sobre Elena Quinteros, la Fiscal Noris Marenales Rossi de Francois, solicita se indague la autenticidad del manuscrito secreto donde se analizan las alternativas sobre el “caso Venezuela”, por parte de un perito calígrafo.
• 8 de junio de 1994.- En la causa Penal tramitada ante el Juzgado de 1º Turno, sobre Elena Quinteros, el perito calígrafo Dr. Achard, ante la solicita se indague la autenticidad del manuscrito secreto donde se analizan las alternativas sobre el “caso Venezuela”, informa la juzgado que ya se había expedido sobre la autoria del Embajador Alvaro Alvarez, en la Investigación Administrativa practicada en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
• 14 de octubre de 1994.- La Jueza Penal de 1º Turno María del Rosario Berro, a solicitud de la Fiscal pide al Ministerio de Relaciones Exteriores los originales de algunas fojas de la Investigación Administrativa 201/87.
• 14 de junio de 1995.- Luego de muchas idas y venidas en la ubicación de la Investigación Administrativa (201/87) del Ministerio de Relaciones Exteriores, y sin haber sido ubicada la misma, ni haber cumplido con una nueva solicitud, el Juzgado Penal de 1º Turno, archiva el expediente penal 497/90 sobre la desaparición de Elena Quinteros. El secuestro de Elena estaba por cumplir los 14 años de consumado.
Leer: Cronologia de 32 años de lucha: 1996-2000
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