El teniente general aviador (r) Carlos Pache estuvo a punto de ser procesado por el delito de estafa continuada contra el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y fue uno de los dos únicos militares amparados en la Ley de Caducidad por delitos económicos. Pache fue durante la dictadura director del BHU. Una vez recuperada la democracia el entonces presidente del banco estatal, contador Julio Kneit, realizó una investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión del banco y decidió enviar a la Justicia los resultados que involucraban a ocho personas: dos militares y seis civiles. Un procedimiento paralelo en el Parlamento culminó con la formación de una Comisión Investigadora que con los votos de blancos, colorados y frenteamplistas también decidió enviar el caso a la Justicia.
Tanto el fiscal como el juez de la causa se pronunciaron por el procesamiento por el delito de estafa continuada.
Sin embargo, en un sorpresivo recurso, los defensores de Pache y otro militar acusado presentaron un escrito sosteniendo que sus defendidos estaban amparados en la Ley de Caducidad. Como se recordará los delitos económicos quedaron expresamente excluidos de la polémica ley. El Poder Ejecutivo luego de varios meses de estudio determinó que el caso de Pache y el otro militar entraba en la Ley de Caducidad. El juez y el fiscal de la causa manifestaron su disconformidad por la decisión pero ésta se mantuvo firme.
Otra de las tantas injusticias que esta famosa Ley ha hecho desde que fue promulgada: amparar delitos y crear ciudadanos Clase A y Clase B.
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