Jueza Graciela Gatti. Interrogará hoy a los familiares denunciantes.La Justicia comenzará hoy a tomarle declaración a los familiares denunciantes en la causa de los "Fusilados de Soca", por la cual el aparato represivo ejecutó a cinco uruguayos trasladados desde Argentina, como "represalia" por la muerte del coronel Trabal en París.
La jueza penal de 7º Turno, Graciela Gatti, reiniciará desde hoy la indagatoria en relación a los cinco uruguayos ejecutados en 1974 por el aparato represivo de la dictadura, en "represalia" por la muerte del ex director de Inteligencia, Ramón Trabal.
La jueza recibirá hoy el testimonio de Alicia Estefanel, Carlos Brum, Héctor Corbo y Amaral García -quien fuera uno de los niños desaparecidos que recuperó Abuelas de Plaza de Mayo-, con lo cual se reinicia el trámite judicial por los "Fusilados de Soca", causa acordonada al expediente contra el ex dictador Juan María Bordaberry por "Atentado a la Constitución".
Los familiares denunciantes no sólo ratificarán la denuncia por la ejecución de los matrimonios Floreal García y Mirtha Hernández, Héctor Brum y María de los Angeles Corbo, y de Graciela Estefanel, sino que en el caso de Héctor Corbo y Amaral García lo harán en calidad de "testigos".
El caso fue excluido por el Poder Ejecutivo del amparo de la Ley de Caducidad el 12 de junio de 2008, tras reafirmar la interpretación de que "los mandos que impartieron las órdenes (...) no están comprendidos dentro de la caducidad penal establecida". La Justicia reinicia ahora la indagatoria.
Los fusilamientos
El 21 de diciembre de 1974, dos días después de la muerte en París del coronel Ramón Trabal, un comunicado oficial de la Jefatura de Policía de Canelones dio cuenta de la aparición de cinco cadáveres en las cercanías de la localidad de Soca. Los fusilamientos fueron considerados una "represalia" por el asesinato de Trabal, adjudicado a un "comando internacional" vinculado al MLN-Tupamaros.
Diez años más tarde, sin embargo, la movilización de organizaciones de familiares de las víctimas de la dictadura permitió encontrar en Argentina al niño Amaral García, hijo de Floreal García y Mirtha Hernández, en manos de una familia de policías. Amaral fue uno de los primeros niños recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo.
La aparición de Amaral evidenció que sus padres no habían ingresado de forma ilegal a Uruguay antes de ser asesinados, sino que fueron secuestrados en Argentina y trasladados en forma clandestina a Uruguay cuarenta días antes de su muerte.
Múltiples investigaciones de prensa posteriores señalaron al homicidio masivo de Soca no como una represalia por la muerte de Trabal (cuya ejecución el MLN-T negó), sino como una coartada de la propia dictadura para cubrir "un asesinato de Estado".
La historia cobró otro tenor el 7 de noviembre de 2005 cuando LA REPUBLICA publicó una entrevista del periodista Roger Rodríguez a Julio Abreu, único sobreviviente de "Soca".
Abreu fue detenido el 8 de noviembre de 1974 en Buenos Aires junto a Floreal García, Mirtha Hernández y Amaral. El testigo brindó entonces detalles sobre el traslado clandestino y las brutales torturas sufridas por los cinco fusilados, entre ellos María de los Angeles Corbo, embarazada de cinco meses. El testimonio confirmó el denominado "Vuelo Cero".
Amaral García brindará hoy detalles sobre los lugares donde permaneció detenido junto a sus padres antes del viaje clandestino a Uruguay, mientras el capitán de fragata (r) Héctor Corbo, hermano de María de los Angeles, brindará detalles de una conversación mantenida con el entonces comandante en jefe de la Armada, Luis González Ibargoyen. Durante esa conversación Ibargoyen le pidió disculpas por no poder evitar la decisión del Ejército de fusilar a los detenidos, entre ellos su hermana.
SOBREVIVIENTE CONVOCADO
La jueza Graciela Gatti solicitó, además, la comparecencia del "sobreviviente de Soca" Julio Abreu y del periodista de LA REPUBLICA Roger Rodríguez, para corroborar información sobre el traslado clandestino y posterior fusilamiento de las cinco víctimas de Soca. Los testigos comparecerán el lunes 8 de setiembre.
La denuncia interpuesta por los familiares, en tanto, solicita la comparecencia en calidad de indagados de los mandos de la época y de todos los oficiales que participaron del Servicio de Información y Defensa (SID) y la OCOA, además de los ex dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Alvarez, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto.
La República
18/08/08
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