En todas estas oscuras historias pasadas no podemos olvidar las actuaciones de médicos que violaron su Juramento Hipocrático, que entre otras cosas dice: "Daré ayuda al enfermo, según mi saber y entender, del daño y la injusticia lo preservaré. Aplicaré los regímenes en bien de los enfermos y nunca para su mal. A nadie le daré una droga mortal aún cuando me sea solicitada. Mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa."
Fueron colaboradores de la Dictadura y causantes de muertes y torturas contra presos políticos. No podemos pasar por alto este detalle, ellos son tan culpables como los militares y se merecen un espacio resaltado aca.
La medicina es una profesión a la cual la sociedad le adjudica valores que se incluyen por sí en el ejercicio de la misma. Tiene en el subconsciente colectivo un lugar de privilegio, ya que son depositarios de la preservación de nuestra salud y de nuestro bienestar físico y psíquico y por lo tanto de la preservación de la vida. Hay momentos que la figura del médico es como la tabla de salvación, es por ello que el incumplimiento del juramento y la falta o ausencia de los deberes tienen una gravedad extrema.
En el nefasto período dictatorial, el Hospital Militar fue más militar que hospital. Cuesta mucho encontrar la diferencia entre un uniforme con picana en mano o un guardapolvo manipulando un estetoscopio. Al hospital eran llevados hombres y mujeres provenientes de los cuarteles donde eran torturados al extremo, se depositaban allí para "recauchutar" y devolverlos a "la máquina".
No haciendo una acusación genérica, se sabe por abundantes testimonios, que la participación de algunos médicos, psicólogos y personal paramédico era frecuente en las torturas, desempeñando el triste papel de poner sus conocimientos universitarios en hacer más eficientes los martirios y la destrucción de esas vidas.
La colaboración de algunos médicos consistió en practicar exámenes clínicos a los detenidos y entregar la información a los militares con el fin de utilizarla en la tortura; realizar informes médicos que ocultaran la evidencia y descuidar deliberadamente la asistencia a presos enfermos o heridos. Los psicólogos y psiquiatras buscaban desestabilizar anímicamente a los prisioneros abusando de la prescripción de fármacos o asesorando a los militares.
Generalmente, y no hay dudas, el médico controlaba ente sesiones de tortura y daba el aviso para que los castigos cesaran o continuaran. Existe un gran número de denuncias que acusan a algunos profesionales de agravar los sufrimientos de los detenidos, omitiendo voluntariamente una adecuada asistencia médica. También la documentación con relación a las muertes (autopsias, certificados médicos, partidas de defunción) se llenó con irregularidades, ausencias e imprecisión de datos.
Los nombres de alguno médicos engrosan la lista de los cobardes impunes, entre otros criminales figuran los doctores: Nelson Marabotto, Rosa Marsicano, Dolcey Brito, José Mautone y Eduardo Sainz, quien firmó el certificado de defunción del Dr. Vladimir Roslik.
La labor de la Comisión de Ética Médica se vio obstaculizada por la resolución adoptada por el Ministerio de Defensa en agosto de 1984, prohibiendo la concurrencia de los médicos militares a prestar declaración ante ella. Así mismo, en 1985, el Ministro de Defensa Nacional, Juan V. Chiarino, apoyó la negativa del Servicio de Sanidad de las FFAA a permitir la consulta de historias clínicas de ex - detenidos, amparándose en el secreto profesional.
Estas actitudes quedaron reguladas por la Ley de Caducidad aprobada el 16 de abril de 1989. La Comisión de Ética recibió denuncias contra 80 médicos presuntamente involucrados en casos de tortura u omisión de asistencia.
Dra Rosa Marsicano
En febrero del 2000 el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) expulsó a la directora técnica del Hospital Militar, Rosa Marsicano, luego de un fallo unánime de su Consejo Arbitral por su directa vinculación con la represión militar durante la dictadura. La profesional fue acusada de tener responsabilidad en por lo menos dos fallecimientos dentro del Penal de Mujeres de Punta de Rieles, participación en otras muertes y varios casos de omisión de asistencia, desde 1974 hasta el final del proceso militar, según lo habían denunciado al SMU cuatro ex presas políticas. Marsicano era personal de Inteligencia, cuyo jefe en ese centro de detención femenino, era el también acusado de violar los Derechos Humanos, Jorge "Pajarito" Silveira.
Según las denuncias formuladas por cuatro ex presas políticas y ratificadas por cinco testigos, ante las autoridades del Sindicato Médico del Uruguay, la doctora Rosa Marsicano era quien daba el consentimiento para que las presas siguieran siendo interrogadas y torturadas fuera del Penal de Punta de Rieles. "Firmaba los certificados médicos para trasladar a las reclusas al centro de tortura de Punta Gorda", afirmó Irma Leites, una de las denunciantes, ex presa política.
Según el fallo del Consejo Arbitral, presidido por el doctor Eduardo Navarrete, Marsicano en ningún momento tomó alguna medida terapéutica que tendiese a solucionar los padecimientos de las detenidas, varias de las cuales presentaban problemas psiquiátricos. Asimismo se le relaciona directamente con el fallecimiento de Norma Cedrés y Mabel Araújo, quienes se suicidaron, la primera en el calabozo (ahorcada) y la segunda al quedar en libertad.
En los considerandos del tribunal médico, se señaló que Marsicano ocupó "un cargo jerárquico en el Servicio de Sanidad del Penal de Punta de Rieles... y que en el desempeño de dicha función incurrió en omisión de asistencia en reiteradas oportunidades con riesgo para la integridad física y psíquica de las detenidas, por cuyo estado de salud debía velar".
Leites consideró además que la ex directora técnica del Hospital Central de las Fuerzas Armadas "podría estar en conocimiento de los bebés que nacieron en cautiverio", ya que junto al doctor Nelson Marabotto --quien también fue expulsado del Sindicato Médico-- eran profesionales de confianza de Inteligencia Militar. El jefe de Inteligencia en el Penal de Punta de Rieles era en ese entonces Jorge Silveira, quien es señalado por varias organizaciones civiles de cometer violaciones contra los Derechos Humanos.
Durante el transcurso del análisis que realizó el SMU de las denuncias recibidas, la doctora Marsicano a través de una nota "agradeció" la invitación del Consejo Arbitral para brindar su testimonio y presentar los descargos que estimara pertinentes y respondió que no tiene "vinculación con los hechos imputados" ni con el Sindicato Médico, "desde hace muchos años"
El Sindicato Médico del Uruguay envió el 28 de febrero del 2000 su resolución a través de un mensajero, el que fue virtualmente expulsado del domicilio de la imputada sin lograr su cometido de entregar la notificación.
Leites dijo en su momento que la denuncia demoró mucho tiempo en concretarse, porque "Marsicano fue localizada recién cuando salió a luz su nombre durante la epidemia de Salmonellosis que afectó al Hospital Militar", en mayo de 1999.
En esa oportunidad, Marsicano apareció en los medios de comunicación negando lo que sucedía en el nosocomio, sin informar en tiempo y forma a la División Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Poco tiempo después se confirmaban las denuncias periodísticas sobre la existencia de más de 100 casos de Salmonellosis en el Hospital castrense.
"Incompatible con la ética médica"
El SMU desestimó las explicaciones de la profesional, en torno a que ya no tenía vinculación con el gremio médico desde hace varios años. "Marsicano no está desvinculada, sino que se encuentra morosa en el pago de la cuota social, teniendo su afiliación suspendida, por lo que su no comparecencia ante el Consejo carece de toda justificación, vulnerando el respeto y la consideración que todo socio debe tener ante las autoridades de su Sindicato", señalaron las fuentes consultadas.
El fallo del Consejo Arbitral entendió que la doctora Marsicano "ha vulnerado principios y normas éticas que guían el ejercicio de la profesión médica", y detalla varias declaraciones internacionales que refieren sobre el punto.
La gremial médica analizó, tras el retorno a la democracia, la actuación de los galenos que durante la dictadura colaboraron con la represión y es la única institución de la sociedad uruguaya que sancionó a los afiliados que encontró responsables.
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