ESCUADRON DE LA MUERTE: Eduardo Galeano

De Guatemala al Uruguay

Cada vez con mayor frecuencia, la policía y el ejército de los países latinoamericanos usan guantes para matar. El terror emerge de las sombras, actúa y vuelve a la oscuridad. El crimen es una obra anónima. El hombre desaparece, se lo traga la tierra; el cadáver se localiza al tiempo, con las señales de la tortura en el cuerpo, o no se localiza jamás. O el hombre reaparece vivo –y entonces la excepción cobra fuerza de prueba- oficialmente detenido por las fuerzas de represión. Esta es una técnica para interrogar o ejecutar, que integra los métodos de la "guerra sucia" previamente ensayados, por las tropas norteamericanas de ocupación en Vietnam. Hay otros. Por ejemplo, la "contra-propaganda". Policías o soldados se disfrazan de guerrilleros y como tales cometen actos repugnantes, para que las radios, los televisores y los diarios armen un buen escándalo y se deteriore la imagen de los revolucionarios a los ojos de la opinión pública.



UN LABORATORIO GIGANTE EN GUATEMALA
En los años 1966 y 1967, Guatemala sirvió de campo de experimentación para la puesta en práctica de la guerra sucia contra la revolución en ascenso. El proceso no terminó por entonces, y continúa todavía el sistemático baño de sangre. Actualmente, los grupos para-policiales y para-militares integran el gobierno de manera directa, y por lo tanto han perdido algunas de sus características más "exóticas".

En 1967, operaban varios. El ejército quería a toda costa establecer la paz de los cementerios, la Paz Americana y para ello dispuso de la caudalosa ayuda de los Estados Unidos, en armas y en asesores especializados. Mientras tenía lugar la campaña militar de "cerco y aniquilamiento" contra las guerrillas, un nuevo código exoneraba de responsabilidad penal por homicidio a los miembros de los cuerpos de seguridad; los partes policiales pasaron a ser considerados plena prueba en los juicios y se otorgó el derecho a portar armas (y a usarlas) a los dueños de las fincas. En la zona de Gualán, los pescadores dejaron de pescar, porque en las redes atrapaban los cadáveres que bajaban por el río. Por toda Guatemala operaban, con impunidad y eficacia, las bandas armadas de la derecha. Eran hijas del ejército y la policía y actuaban bajo su sombra protectora.
La NOA (Nueva Organización Anticomunista) escribió en un comunicado a la prensa, a principios de 1967, que operaba "junto al glorioso ejército de Guatemala". Había prometido arrancar la lengua y cortar la mano izquierda a todos los revolucionarios. La MANO (Movimiento Anticomunista Nacionalista Organizado), funcionaba, en cambio, en la órbita de la policía. Tanto la NOA como la MANO difundían con frecuencia datos confidenciales que sólo estaban en poder del ejército o de la policía política.
En las pequeñas aldeas, los grupos terroristas eran comandados por los comisionados militares, autoridades que mandaban mucho más que los alcaldes y que eran directamente designadas por el ejército. Hubo aldeas que quedaron sin hombres, como Cajón del Río. Los campesinos de Piedra Parada fueron desollados vivos, los de Agua Blanca de Ipala fueron baleados en las piernas y luego quemados. En el centro de la plaza de San Jorge, clavaron en una pica la cabeza de un campesino rebelde.
Todo un piso del edificio Cruz Azul, en la capital, estaba ocupado por los asesores norteamericanos de la policía guatemalteca. Ellos participaban directamente en los interrogatorios de los presos. Operaban, y continúan operando, tras la mampara de la AID (Agencia para el Desarrollo Internacional) y con fondos de la Alianza para el Progreso. Por otra parte, el entrenamiento que los "boinas verdes" impartían para la lucha anti-guerrillera a los miembros del ejército, incluía no sólo la enseñanza de técnicas de tortura, sino también la creación de "assassination teams" (equipos de asesinato) para intimidar y matar. Esos equipos –la NOA, la MANO y otros- realizan también tareas de "contra-propaganda". Incendiaban, por ejemplo, ranchos de campesinos y asesinaban niños, regando su paso con volantes de las Fuerzas Armadas Rebeldes, o del Movimiento "13 de Noviembre", que eran, hacia 1967, las dos guerrillas organizadas.
En la ciudad, marcaban con cruces negras las puertas de los condenados o les enviaban amenazas por escrito. A los que no se iban, los mataban. O a veces la muerte acometía, sin aviso, por la nuca. Alguna ocasión hubo en la que el propio gobierno derramaba lágrimas. Los soldados se quitaban el uniforme y otro tanto hacían los policías. Cumplían con su trabajo en "horas extras". Las pruebas sobraban. Tres días después de haber sido detenido por la policía, a fines de junio de 1967, Luis del Valle apareció torturado y muerto. La MANO se atribuyó la ejecución.
Gracias a la influencia de unos amigos, los familiares de Rodolfo Gutiérrez consiguieron que el Ministro de Defensa les diera una carta para el coronel Carlos Arana, que por entonces era comandante en la zona de Zapaca y hoy es presidente de Guatemala. Rodolfo Gutiérrez, secretario del partido de gobierno en el Jícaro, había desaparecido. El comandante Arana, conocido como "el chacal de Zapaca", hizo conducir a los familiares de Gutiérrez hasta la aldea La Palma, en Río Hondo. Al cabo de una hora, Gutiérrez fue recuperado de un campo de concentración donde los prisioneros, antes de ser asesinados, eran sometidos a interrogatorios y torturas. Gutiérrez contó su pesadilla. El campo estaba a cargo de un centenar de civiles muy bien armados, entre los que había cubanos, portorriqueños y hondureños. Algo parecido ocurrió con un amigo del ingeniero Montano Novella. Su amigo pudo arrancarlo del campamento donde estaba detenido, en otro lugar de Zapaca, gracias a que se presentó con un salvoconducto militar. Montano regresó así del infierno y contó cómo había visto castrar a dos hombres y decapitar a una mujer. Un periodista, Julio Edgar García, fue amenazado de muerte porque había publicado, con nombres, una información prohibida: en el diario "El Gráfico" había proporcionado los datos sobre una manifestación que el ejército había organizado en Gualán junto a los miembros de las organizaciones terroristas. Podrían mencionarse centenares de casos. El hermano del jefe guerrillero César Montes, fue destrozado por las torturas de la NOA y apareció muerto tres días después de haber sido detenido por el ejército.


LAS HUELLAS DIGITALES DEL TERROR
Los gobiernos se lavan las manos. Los ojos enrojecidos por el llanto en la cara de una mujer, una silla vacía, una puerta hecha astillas, alguien que no regresará: ¿en cuántos países de América Latina se repite el espectáculo? El sistema, acosado por sus propias contradicciones, recurre a la guerra sucia. Tortura, secuestra, mata. De prisión en prisión, de cuartel en cuartel, deambulan en vano los familiares y los amigos de las víctimas: "¿De qué me está hablando? ¿Quién? Nunca oí. No hay noticias".
En la República Dominicana hubo, durante 1970, 186 crímenes políticos y treinta desapariciones. El profesor norteamericano Jerome Slater escribió en un libro, ese año: "No pasa día en que no haya un asesinato político, un "suicidio" de un prisionero político, la desaparición de un militante, o, por lo menos, un caso de brutalidad policial hacia la oposición". Según Slater y según todo el mundo, "los principales criminales parecen ser miembros de la policía y, en menor grado, de las fuerzas armadas". La policía organizó, en la Dominicana, un grupo terrorista llamado "La Banda". Seis de los miembros de "La Banda" buscaron asilo, en abril del 71, en la embajada mexicana en Santo Domingo. Antes de refugiarse en la embajada, entregaron a la prensa una declaración muy clara: hemos sido reclutados por la policía. El líder de las bandas terroristas era el jefe de la guardia personal del número uno de la policía dominicana, el general Pérez y Pérez . Dos meses después, otro miembro de "La Banda" siguió el mismo camino y habló de cadáveres arrojados, por la policía, a las profundidades del Caribe.
En la Dominicana, es el pan de cada día. Pero hay historias calcadas en países que disfrutan de un prestigio internacional distinto.
Es el caso, por ejemplo, de México, cuyo partido de gobierno ha cultivado con éxito una imagen de estabilidad y progreso para consumo externo. La matanza del 10 de junio de 1971, jueves de Corpus Christi, fue ofrecida al mundo como el resultado de una batalla entre grupos de estudiantes rivales. El escándalo adquirió proporciones tales que la coartada tuvo vida breve. Se denunció que el grupo de choque "Los Halcones" había sido organizado bajo el gobierno anterior de Díaz Ordaz y que sus miembros eran matones a sueldo del estado. Ni uno solo de los "halcones" era estudiante; los "halcones" ametrallaron a sus propios heridos en los hospitales para que no hablaran. Varias decenas de muertos, no se sabe cuántos, fueron el saldo del 10 de junio. Los estudiantes que venían en una manifestación pacífica, se defendieron con piedras; los "halcones" atacaban con cachiporras y armas de fuego. El presidente Echeverría dispuso un par de cambios en la administración y los "halcones" pasaron a gozar de un merecido descanso. Pero poco tiempo después, las agencias noticiosas comunicaron al mundo que había desaparecido la nuera del Premio Nobel Miguel Angel Asturias. El mundo no se entera de las otras desapariciones, que también ocurren. A Rosario Sotomayor de Asturias la salvó su parentesco con un hombre famoso. La policía había negado oficialmente que ella hubiera sido detenida, y el gobierno había asegurado que no estaba en ningún servicio ni cuerpo de seguridad dependiente de la Secretaría de Gobernación. La desaparición de la nuera de Asturias armó tal estrépito en el mundo, que por fin se produjo el milagro: la Secretaría de Gobernación anunció que estaba allí. Luego Rosario contó que había estado encapuchada durante tres días, en una casa desconocida, sufriendo interrogatorios de quince horas diarias sobre las actividades de ella y de su esposo, Rodrigo Asturias, en apoyo de la revolución guatemalteca. "La soltamos a usted" , le dijeron al final, "porque si no se nos va a convertir en una figura internacional". La Secretaría de Gobernación no explicó los motivos de su negativa inicial.
Pero los "halcones" no eran una excepción. Uno de sus miembros, Eduardo Guzmán Maldonado, jefe de los grupos terroristas de derecha que operan en la Universidad, hizo sensacionales revelaciones a la prensa a fines de 1971. Guzmán declaró que los "halcones" son reclutados por el Departamento del Distrito Federal, y dijo que este organismo de gobierno pagaba su sueldo, y el sueldo de los miembros de su grupo "para destruir a los izquierdistas y a los comunistas".



LA CALAVERA Y LAS TIBIAS CRUZADAS
En el Brasil, la policía había organizado equipos de asesinos a sueldo, reclutados en sus propias filas, para limpiar el país de delincuentes. A fines de 1968, se decidió utilizar también al "Escuadrón de la Muerte" con fines políticos. El jefe del "Escuadrón", Sergio Fleury, que es también uno de los principales jefes de policía de San Pablo, disparó uno de los cuatro tiros que mataron al jefe revolucionario Marighella. Numerosos torturados relataron, en sus testimonios, que habían recibido la picana eléctrica y la cachiporra en sótanos policiales que tenían las paredes decoradas por los símbolos del "Escuadrón": la calavera y las tibias cruzadas. A mediados de 1970, el principal juez de crimen de San Pablo, Nelson Fonseca, declaró a los periodistas: "Los miembros del Escuadrón de la Muerte son policías, y todo el mundo lo sabe".
Por fin, el senador norteamericano William Proxmire denunció que se estaba utilizando la ayuda de los Estados Unidos para financiar las operaciones del "Escuadrón de la Muerte" y el régimen decidió lavarse las manos. Empezaron las operaciones destinadas a "borrar las huellas". Hubo policías que no quisieron creer cuando sus propios compañeros los metieron presos como miembros del "Escuadrón". Algunos se "fugaron" misteriosamente y nunca más se supo. El jefe, Sergio Fleury, se curó en salud. Cuando lo amenazaron con ciento cincuenta años de cárcel o pena de muerte, se limitó a decir: "Todo lo que yo hice, fue por orden del general Airosa, jefe de estado mayor del Segundo Ejército". No se animaron a meterlo preso.



TODO EMPEZO CON VALLESE
En agosto de 1962, desapareció en Buenos Aires un dirigente sindical peronista, el obrero del metal Felipe Vallese. Esa misma noche, fueron arrancados de sus casas varios familiares, compañeros y amigos de Vallese. Ellos circularon por diversas comisarías y finalmente reaparecieron, con huellas de torturas. Pero Vallese no. La policía no sabía nada, el ejército no sabía nada, el gobierno no sabía nada. Casi nueve años después, en mayo de este año, cuarenta policías fueron condenados por la justicia. Se había probado, por fin, su culpabilidad en el secuestro y desaparición de Vallese.
En estos últimos tiempos, la Argentina ha sufrido una nueva oleada de secuestros y desapariciones. En marzo del año pasado, tres personas intentaron llevarse al diplomático soviético Youri Pivovarov. El diplomático se arrojó desde el auto en marcha, luego de despojar de una metralleta a uno de los secuestradores. El arma tenía el sello de la policía. Uno de los secuestradores había sido el oficial subinspector Carlos Benigno Balbuena, de la policía federal. Operaba para una organización también llamada, como la de Guatemala, MANO (Movimiento Argentino Nacionalista Organizado). Los organismos para-policiales continuaron actuando. Nueve meses después, fueron secuestrados el abogado Néstor Martins y su cliente Néstor Centeno. No se hizo ninguna investigación. El doctor Martins defendía a los guerrilleros peronistas presos y había denunciado varios casos de torturas. Desde el 16 de diciembre de 1970, se ignora su paradero. Tampoco se sabe dónde está el militante obrero Néstor Centeno. Se supone que están muertos. A principios de julio de 1971, llegó el turno a Marcelo Verd y su esposa en la provincia de San Juan. Casi enseguida, desaparecieron en Buenos Aires Juan Pablo Maestre y su mujer, Mirta Misetich. Ambos eran militantes de organizaciones peronistas revolucionarias y de grupos universitarios de la misma ideología. Un día después, apareció el cadáver de Maestre, con dos agujeros de bala, en un paraje llamado Las Palmeras. El cadáver tenía la frente hundida y rastros de quemaduras en los pies. En la mañana del día en que el secuestro se había producido, una comisión policial se había presentado a buscar a Maestre en la empresa donde trabajaba y allí los policías recogieron sus datos personales. Hay testimonios de radioaficionados que captaron, en la frecuencia de la radio policial, informes sobre un procedimiento realizado en la calle Amenábar, donde Maestre fue raptado. En la comisaría del barrio se habían recibido, días antes, instrucciones de la Superintendencia de Seguridad que informara si el matrimonio Maestre frecuentaba la casa de la calle Amenábar, donde vivían los padres de Mirta Misetich y a cuyas puertas fue secuestrada la pareja.
En setiembre, desapareció el estudiante de Derecho Luis Enrique Pujala. Sus abogados responsabilizaron de inmediato al Poder Ejecutivo. También desapareció, por unos días, el profesor universitario Antonio Caparroz, en manos de unos civiles que lo atraparon a la entrada de su casa y lo obligaron a subir a un automóvil. Pasaron dos días antes de que la policía declarara que Caparroz estaba detenido en una de sus dependencias. Previamente, el domicilio de Caparroz había sido allanado por la Dirección de Investigaciones Policiales Antidemocráticas.
Los grupos para-policiales argentinos actúan centralizados en el Servicio Unificado de Seguridad (SUS), nacido a fines de 1969 bajo la inspiración de altos funcionarios del gobierno del general Onganía.



A LA HORA DE LA HISTERIA
¿Y en nuestro país? Aquí, el capitalismo vive la hora de la impotencia y la histeria. Brotan grupos fascistas en la enseñanza media, armados y protegidos por la policía, y el Ministerio del Interior y el Presidente electo los elogian por televisión.
Las fuerzas para-policiales ametrallan locales del Frente Amplio y también las casas de varios militantes de la izquierda; deslizan amenazas, ponen bombas, queman librerías, secuestran y ejecutan. El 12 de febrero, "El Día" publicó una crónica sobre el atentado contra "Discoplan", con este párrafo que no tiene desperdicio: "Según testigos presenciales, un patrullero que se hallaba en las inmediaciones en momentos de registrarse el repudiable atentado, se alejó del lugar, probablemente en persecución de los delincuentes".
No en vano la policía del Uruguay lució, en 1971, el primer lugar en la lista de la ayuda norteamericana a las policías de toda América Latina. Los grupos tienen diversos nombres: hay uno que se llama DAM en homenaje a Dan Anthony Mitrione, el finado asesor norteamericano que había enseñado técnicas de tortura y represión a la policía uruguaya, después de actuar al servicio de la CIA en Santo Domingo y Brasil.
A fines de julio del año pasado, Manuel Ramos Filipini apareció muerto entre las rocas de la costa. Este joven había sido procesado tiempo atrás por vinculaciones con los Tupamaros, pero estaba en libertad y hacía vida normal. Su cuerpo tenía doce impactos de bala y los brazos rotos. Cuatro individuos que dijeron ser policías lo habían arrancado de su casa a la madrugada. Quienes lo conocían, aseguran que Ramos Filipini no hubiera salido a esa hora si no se le hubiera mostrado una tarjeta de identidad policial convincente.
Dos semanas antes, había desaparecido Abel Ayala. La noche en que se esfumó, tres hombres llegaron a la casa de una compañera de estudios, a la que él debía entregar un libro; preguntaron por Ayala y se fueron. Un mes después, desapareció otro joven, Héctor Castagneto. ¿Delito? Dos hermanos mayores vinculados con los Tupamaros. La policía le contestó a la madre lo mismo que a los familiares de Ayala: "Se ha de haber pasado a la clandestinidad". Cada visita a la policía daba ocasión a una nueva humillación: burlas, risas, esperas infinitas, "el inspector no los puede recibir".
Simultáneamente, se produjo el secuestro del abogado de una empresa textil, Carlos Maeso, víctima de una tentativa de extorsión. Fue liberado y por fin tres miembros de la policía política confesaron haber sido autores del secuestro, junto con dos civiles. Uno de los civiles, Enrique Fernández Albano, era amigo personal de Dan Mitrione y dueño de una boite que pudo traer su equipo estereofónico directamente de los Estados Unidos por medio de la valija diplomática de la embajada. La policía no distribuyó, contra la costumbre, fotografías de sus funcionarios procesados. En la operación se utilizó un Maverick, el automóvil característico de nuestra policía política. La compañera de estudios del desaparecido Abel Ayala dijo que podría reconocer, en un careo, a los tres hombres que preguntaron por él en su casa, pero la policía no le permitió ver a los culpables del secuestro de Carlos Maeso.