El batallón extraterritorial

Nunca antes se había dicho que el contingente de efectivos militares y policiales que en el marco de la Operación Cóndor, detuvieron, asesinaron, desaparecieron, robaron y secuestraron niños uruguayos en Argentina, era muy superior al puñado de oficiales mencionados recurrentemente.

Hoy, cuando la hora de la verdad se acerca a pasos agigantados, y un día sí y otro también descubrimos que el odio entronizado en las Fuerzas Armadas parió a asesinos, ladrones, torturadores, secuestradores que dieron por tierra con el heroico legado de Artigas, otra revelación cobra especial significado.

La denuncia fue realizada en 1976, en el Congreso de los EE.UU. por ciudadanos uruguayos, en ocasión de debatirse entonces la situación de los derechos humanos en nuestro país. Los documentos fueron mencionados por el profesor Wilson Fernández en su libro "El gran culpable", que trata sobre la responsabilidad de los EE.UU. en el "proceso militar uruguayo". El texto, que no ha tenido una gran difusión en nuestro país, fue editado por "Atenea" en diciembre de 1986. El autor, entonces docente del IPA y de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, viajó a Washington (EE.UU.) en 1983 y accedió a documentación sobre Seguridad Nacional aplicada en el caso uruguayo para una Tesis que cursaba en la Universidad de Guerrero, México.

En el libro se relata que un batallón de las Fuerzas Conjuntas uruguayas, integrado por 600 (seiscientos) efectivos y a las órdenes de 50 oficiales, operaba durante 1976 en la base que la Fuerza Aérea argentina tiene en la localidad de Morón, Provincia de Buenos Aires.

Tres fuentes militares ahora retirados pero de activa participación durante la dictadura, consultadas por Nueva Tribuna a quién reclamaron reserva de sus identidades, afirmaron que nunca tuvieron conocimiento acerca de la existencia de esa unidad militar. "Es mucha gente, entonces casi un batallón. Fíjese que hoy un batallón lo componen 200 efectivos" señaló uno de ellos.

Sin embargo lo tres coincidieron en afirmar que "ocurrían muchas cosas que no sabíamos. Por ejemplo, no teníamos idea de que hubo un segundo vuelo de la muerte". Uno de los informantes fue tajante con su definición: "Algunos mandos de la época hicieron mucho desastre", señaló.


EL BATALLON EXTRATERRITORIAL.
Según establece el profesor Fernández, por lo menos durante el año 1976, en la localidad de Morón operó una fuerza militar uruguaya encargada de reprimir compatriotas que circunstancialmente estaban residiendo en el hermano país. La misma estaba integrada por 600 efectivos, entre militares y policías, y al mando de 50 oficiales. Entre ellos menciona a: Capitán Gómez del 9º de Caballería; Teniente Vera, también del 9º; Capitán Carbone, de Caballería aunque no identifica su unidad; Capitán Curtis del Batallón de Paso de los Toros; Victor Castiglioni, entonces Director Nacional de Inteligencia, dependiente del Ministerio del Interior ; Pablo Fontana, del D-4 de la Jefatura de Policía de Montevideo; Hugo Campos Hermida y el Coronel Diego Ramírez, sobre quién existen algunas dudas acerca de su verdadera identidad.

En Morón funciona la VII Brigada Aérea y desde 1973 el Instituto Nacional de Aviación Civil. Cuenta con una pista de aterrizaje de 3.000 metros de extensión, habilitada también para la operación de aviones comerciales.

Las investigaciones realizadas por los periodistas uruguayos Roger Rodríguez y Samuel Blixen, dos de los profesionales con más información sobre las violaciones a la Derechos Humanos en el Cono Sur, también señalan a Morón como un lugar donde se centralizaba la represión a los uruguayos en Argentina.

Roger Rodríguez , a su vez, señaló en una nota publicada en los desaparecidos periódicos Surmedia.com y Posdata Folios, que el coronel Diego Ramírez no figura en los archivos del Ministerio de Defensa Nacional.

El periodista Enrique Rodríguez Larreta Piera, uno de los pocos sobrevivientes de Orletti, fue quien por primera vez acusó al coronel Guillermo Ramírez en una entrevista publicada en el diario Le Monde el 9 de abril de 1977. Siete años más tarde, Rodríguez Larreta volvió a mencionar al coronel Ramírez en la denuncia y querella criminal que realizó ante la Justicia uruguaya, apenas se reinstauró el régimen democrático, por abuso de armas, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y torturas.

Sin embargo, en una rueda de prensa realizada el 25 de abril de 1984, luego de presentar su denuncia, se produjo un confuso incidente. El propio coronel Guillermo Ramírez se presentó en el lugar y logró preguntarle a Rodríguez Larreta si lo conocía. El denunciante dijo que no y cuando Ramírez se identificó con su grado y nombre, Rodríguez Larreta tuvo que aceptar que ése no era el Ramírez que había visto durante su cautiverio en Orletti. Desde entonces, ha persistido la duda sobre la identidad de Ramírez.

"Sí aparecen otros tres", escribió el periodista Roger Rodríguez: "Alfredo Ramírez, el hermano de Guillermo, del Arma de Comunicaciones, nació el 8 de octubre de 1926, ascendió a coronel en el 71 y pasó a retiro en 1981. Fue luego Juez Militar de Instrucción de Tercer Turno. Julio E. Ramírez, nacido el 10 de febrero de 1918, tuvo su último grado en 1961 y pasó a retiro en 1973. Finalmente, Roberto Ramírez, de Infantería, nacido el 6 de enero de 1921, ascendido en 1964, quien pasó a retiro en 1975 y a desempeñarse luego en el Estado Mayor Conjunto.

Para mayor confusión, a los cuatro Ramírez se agregaba Diego Ramírez, quien en el Informe Kauffman de Amnistía Internacional en 1976 es nombrado como el coronel uruguayo que comandaba una unidad de inteligencia de la Armada que operaba desde la base Morón, encargada de torturar y secuestrar uruguayos en Argentina.


TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A MORON.
1976 fue un año trágico para los exiliados uruguayos en Argentina. En mayo son asesinados en Buenos Aires los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto a Rosario Barredo y William Whitelow. En junio detienen a Sara Méndez y le roban a Simón, su hijo.

Por ese tiempo desaparecen decenas de compatriotas y secuestran a sus hijos. En marzo se había instalado la dictadura en Argentina; Pinochet continuaba la masacre de chilenos; en Brasil la dictadura asesinaba a los opositores; Stroessner iba engrosando los "archivos del Terror" y los militares uruguayos torturaban acá; mataban en Argentina y secuestraban en Brasil a Universindo Rodríguez y a Lilián Celiberti.

La investigación de Fernández tiene enormes méritos y se encuentra ampliamente documentada. Por ejemplo: fue el primero en mencionar hace 19 años, la existencia de un operativo de coordinación supranacional entre los servicios de Inteligencia de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, llamado Plan Cóndor.

El autor sostiene que "para el intercambio de información sobre las tareas represivas se utilizaba una computadora IBM 370/145 - equipo muy moderno y sofisticado para la época. Poco después se supo que las fuerzas de seguridad argentina habían comprado un complejo Digicom con terminales en los autos policiales, para facilitar la labora represiva". Concluye que ello fue posible por el apoyo que daba EE.UU.

Según el informe elaborado por la Comisión para la Paz en el año 2002, un total de 126 uruguayos figuran como desaparecidos en la República Argentina. Algunos cuerpos fueron ubicados en el cementerio de la localidad de Morón. Centenares, tal vez miles de compatriotas fueron detenidos en la vecina orilla.

En la solicitud de extradición cursada al Poder Judicial de Uruguay, por el magistrado argentino Rodolfo Canicoba del Corral sobre José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y, Hugo Campos Hermida se expresa: "Esta organización, en la cual los incriminados habrían tomado parte-cooperado o ayudado a su formación y/o mantenimiento poniendo en peligro la seguridad de ésta nación, se hallaría conformada e integrada por más de diez personas, por más de un oficial o suboficial de las fuerzas armadas o de seguridad, con estructura celular, disposición de armas de guerra de gran poder ofensivo, operando en mas de una de las jurisdicciones políticas del país, poseyendo conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o exterior y recibiendo algún apoyo-ayuda o dirección de funcionarios públicos".


INFORMACIÓN PARA EL MINISTRO DEL INTERIOR.
En su libro el profesor Wilson Fernández revela documentos sobre la asistencia militar que EE.UU. daba a nuestro país y publica la nómina de todos los oficiales de Policía - 169 en total -que fueron entrenados en territorio estadounidense entre 1967 y 1974. Entre ellos figura el actual Director interino de la Policía Nacional y Director Nacional de Información e Inteligencia, Sydney Ribeiro Bitancourt.

Este alto oficial está identificado con la ficha 072552 / 528-00004 y fue entrenado en la Academia de Policía Internacional (International Police Academy) a partir del 10 de Marzo de 1969. Un año después, el 2 de Julio de 1970, estuvo en la "International Police Service Inc." En ambos organismos dictaba "sus clases" Dan Anthony Mitrione.

Artículo tomado de la edición 1106 de Comcosur al Día, correspondiente al 27 de Septiembre de 2005, publicado originalmente en el semanario Nueva Tribuna.