1973 -Corrupción en la Junta Departamental

Un increíble caso de corrupción en la Junta Departamental

El verano de 1973 no fue caliente, como otros anteriores a los que los propios tupamaros habían calificado de ese modo en función de las acciones proyectadas, pero desde el punto de vista del gobierno, fue sin duda el más complicado de los treinta o cuarenta años precedentes. Aún en pleno disfrute de sus vacaciones, cualquier persona que hubiera seguido con atención el contínuo aumento de la presión militar, los agudos problemas económicos y la falta de apoyo político del gobierno del presidente Juan María Bordaberry, podía deducir que una grave crisis institucional no iba a demorar mucho en producirse y que ésta probablemente cortara la habitual calma chicha veraniega por la mitad. Por cierto que el Parlamento se encontraba en período de receso, una inactividad ni siquiera fue levantada luego del pregolpe del 9 de febrero, pero eso no era inconveniente para que la agitación social y las graves tensiones que involucraban a políticos y Fuerzas Armadas prosiguieran. Repasemos unos breves ejemplos. Al comenzar el año, el Ejecutivo estaba a punto de votar una nueva Ley de Enseñanza, duramente resistido por la izquierda. Se había dispuesto un aumento general de salarios de un 30% que había sido absorbido rápidamente por el incremento de los precios (UTE por ejemplo había subido sus tarifas un 90%, ANCAP la nafta un 100% y el gasoil un 300%). Continuaban siendo detenidos militantes del MLN. Se sucedían las nerviosas entrevistas de Bordaberry con los líderes de los otros partidos. El país además, estaba pendiente de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, rescatados una semana atrás, los que empezaban a regresar, evidenciando en sus físicos las huellas conmovedoras de lo vivido. En otras esferas, empezaba a disputarse la Copa de Atlántico, que tenía a los equipos grandes como coprotagonistas, el dólar se compraba a mil ochenta pesos, el ganador del Gran Premio José Pedro Ramírez Cascabel era cuestionado por dopping , la comedia Qué pasa doctor de Peter Bogdanovich con Ryan O’ Neil y Barbra Streissand, arrasaba las boleterías y la obra Hair que había dado la vuelta al mundo en medio de un éxito clamoroso, acababa de ser prohibida en Punta del Este por el Intendente Gilberto Acosta Arteta con el argumento de que contenía desnudos que el jerarca y sus asesores consideraban escandalosos. El mismo espectáculo sólo había podido verse en la Argentina, cuando sus actores habían accedido a cubrir sus cuerpos con pudorosas mallas color carne.

Sin embargo, por muchos rumores que circularan acerca de una inminente irrupción militar, por más que el clima político estuviera tensado hasta un grado que hacía prever lo peor, una denuncia publicada por el diario El País el 17 de enero, se transformó de inmediato en un centro de interés casi excluyente: bajo un título catástrofe que decía Ediles: millones de pesos para comida y locomoción, se ponían en evidencia una serie de irregularidad gravísimas cometidas por la Junta Departamental de Montevideo. Las denuncias se resumían así: 1) Caos administrativo. La mayoría de los ediles y algunos suplentes estarían cobrando beneficios y prerrogativas que no les correspondían. 2) Gran parte de los ediles almorzaba o cenaba o ambas cosas en el restaurante El Aguila, en ese momento el más importante de la capital. Muchas veces estos eventos gastronómicos se realizaban con amigos o familiares. En un año, el referido comercio había facturado en apariencia, quince millones de pesos correspondientes aproximadamente a seis mil consumiciones. 3) Pese a disponer de pases libres en el transporte colectivo, se contabilizaban las siguientes corrupciones: a) todos los curules, incluso los que carecían de auto, podían disponer de cuatrocientos litros de nafta mensuales por cabeza. b) como si eso no alcanzara, sus salidas del recinto habrían originado sumas cuantiosas en pagos de taxímetros o remises. c) además de estas ventajas locomotivas, habrían sido arrendados coches sin chofer preferentemente de tipo deportivo, por una suma que de febrero del 72 a febrero del 73 llegaba a veinte millones de pesos. En casi todos los casos, los quilometrajes recorridos correspondían no a visitas a los barrios montevideanos sino a largos trechos de carreteras. 4) Había sido comprobado el pago de $ 700.000 mensuales por concepto de diarios y revistas extranjeras para uso de los treinta y un ediles. Si los diarios valían de promedio ochenta pesos, una simple cuenta daba por resultado que el gasto no podía ser mayor a $ 100.000. Para llegar a la cifra inicial había que comprar como siete mil publicaciones al mes. 5) La Junta estaba construyendo un nuevo y lujoso edificio en la calle Ciudadela. Aparte de las dudas que generaba semejante gasto, ya habrían sido vendidos los subsuelos como garajes para el vecino Banco Central y el dinero se había gastado. 6) Imitando una práctica reprobable y corruptora del Parlamento Nacional, se habrían votado un cuarto de millón de pesos como regalo anual a cada uno de los periodistas de los medios de prensa acreditados, los que como es natural cobraban sueldo en sus respectivas empresas. 7) Muchos ediles habrían viajado al exterior luego de hacer pasar simples comunicados por invitaciones, con pasajes pagados por el organismo municipal y viáticos de cincuenta dólares diarios. Un reciente viaje a Brasil había costado un millón de pesos.

Con el correr de los días fueron quedando al descubierto otras tremendas irregularidades, entre ellas y por tratarse de las más notorias, puede mencionarse un sobrepago por la compra de una Colonia de Vacaciones en Marindia que ascendía a otro tanto de su valor real y gastos ingentes por reuniones y no precisamente de trabajo, en los lugares nocturnos Zum Zum, Parador del Cerro y Lancelot.

Al día siguiente todos los medios de difusión se hicieron eco de las denuncias, pero también de una aclaración del presidente de la Junta Ricardo Guariglia en la cual éste rechazaba el presunto caos administrativo asegurando que "El Tribunal de Cuentas ejerció una auditoría permanente en la Junta Departamental hasta enero de 1972". Pero esa misma tarde, el presidente del Tribunal contador Julio V. Canessa, se encargó de desmentirla, echando combustible sobre un incendio que comenzaba a adquirir proporciones alarmantes. Era cierto que se habían enviado dos auditores, pero éstos habían sido retirados porque uno de ellos había empleado en la Junta a su hija y el otro a su esposa. Y como si esto no bastara, al cesar en sus funciones en el Tribunal de Cuentas, también los mismos auditores habían conseguido empleo en el órgano deliberativo comunal. Trascendió además, que con motivo de la repatriación de Argentina de los restos del escritor y dirigente político nacionalista Eduardo Acevedo Díaz, habían viajado a Buenos Aires en tres oportunidades nutridas delegaciones de ediles con todos los gastos pagos. Esa misma noche visitó la redacción de El País un grupo de ediles de la lista 15 para hacer algunas puntualizaciones que salvaran su responsabilidad. Una de ellas, era un asombroso ejemplo de humor involuntario: ciertamente, aclaraban, se habían efectuado varios traslados a Buenos Aires, pero estos habían sido solamente en tres ocasiones. En la primera habían concurrido seis ediles, en la segunda ocho y la tercera, igual cantidad. En las tres oportunidades la estadía se había reducido a cuatro días y los viáticos de cincuenta mil pesos a cada uno por cada jornada transcurrida. Volviendo a hacer cuentas, el descanso final del excepcional escritor, había promovido la diligente gestión de veintidos ediles durante un fatigoso trajín de doce días, con un costo de otras tantas jornadas de hotel, más los pasajes y los viáticos. El formidable autor de Ismael, Lanza y Sable y Grito de Gloria nunca imaginó que sus cenizas le iban a costar al Erario Público, de acuerdo a costos estimativos hechos en aquel momento, alrededor de dos millones de pesos gastados en su honor por aquellos esforzados paladines cultores de la literatura.

El viernes 19 de febrero de 1973, se reunió por primera vez la Junta Departamental de Montevideo para estudiar el tema de las denuncias. Durante la crispada sesión, que duró hasta pasadas las cuatro de la madrugada, hubo de todo menos reconocimiento de responsabilidades: lavadas de mano, acusaciones mutuas, pedidos de investigaciones, mociones diversas, agresiones y trompadas tiradas al aire. Dos ediles acusaron al diario denunciante. El de la lista 15 Luis Eduardo Machado de hacer escándalos para vender más ejemplares y el frentista Ricardo Pérez Manrique de utilizar las denuncias como forma de disimular ante la población los nombramientos en los entes autónomos y la creación del CONAE. También se sumó a los epítetos contra el diario denunciante el edil Revello, perteneciente a la lista 515, grupo liderado por el doctor Glauco Segovia en ese momento embajador en Francia, quien también se trabó en pelea verbal con sus colegas del Frente Amplio a los que recordó que si bien era verdad que ellos comían habitualmente en el restaurante El Aguila, los frentistas que ahora pretendían recalcar su inocencia, también lo hacían pero pidiendo que los almuerzos les fueran llevados a la sede del organismo. Además, de acuerdo a las crónicas periodísticas del día inmediato, un edil acusó a otro de beber whisky en exceso siendo contragolpeado por la frase "vos también hacés lo mismo". Finalmente, con las primeras luces del día, la Junta unificó todas las mociones presentadas y aprobó una por la cual se creaba una comisión investigadora de los hechos que habían tomado conocimiento público. Esto significaba que los propios ediles presuntamente infractores terminaban investigándose a sí mismos. Dentro de lo surrealista de todo el episodio, este último absurdo parecía hasta natural. Algunos de los "investigadores" estaban seriamente comprometidos e incluso uno fue expulsado semanas después por su propio grupo político, el Movimiento Nacional de Rocha.

En los días inmediatos, junto con la información sobre el fallecimiento de ex Presidente de Estados Unidos Lyndon Johnson a causa de un paro cardíaco y del resultado del primer clásico del año ganado por Nacional tres a dos con dos goles de Luis Cubilla, en ese momento jugador tricolor y uno de Abad, se conoció que el Tribunal de Cuentas había designado auditor de la Junta Departamental al contador Manuel Gutiérrez Fabré, quien iba a actuar acompañado por los contadores Angel Barreiro y Angel Fortunatti. Paralelamente, también comenzaba a trabajar la comisión autoinvestigadora integrada por cuatro colorados (Luis Gonalves, Miguel Gorfain, Luis Latorre y Carlos Orlando) dos frentistas (Carlos Elichirigoity y Ricardo Pérez Manrique) y un nacionalista (Horacio Rodríguez Alonso). Además, dándose cuenta tardíamente de las barbaridades cometidas la propia Junta decidió no aprobar más gastos de almuerzos en ningún restaurante y el cese total del alquiler de vehículos. Todo parecía encaminarse hacia una calma transitoria hasta tanto se aclararan los hechos ya conocidos. No obstante hubo un hecho que cambió el rumbo de las cosas de manera totalmente sorpresiva. El 25 de enero, ocho días después de las denuncias del diario El País, la plana mayor de las Fuerzas Conjuntas realizó una inesperada aparición por la cadena radial y televisiva. En ella se dio a conocer un comunicado de la Junta de Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, sobre los antedichos sucesos, expresando opiniones y advertencias de singular dureza. Más tarde, las palabras allí expresadas fueron enviadas a la prensa escrita para su divulgación. En sus aspectos esenciales, la palabra oficial de los estamentos militares, se refería a lo ocurrido en la Junta Departamental de esta manera: "los hechos revelan: a) la presunta corrupción en un órgano representativo comunal de la importancia de la Junta Departamental de Montevideo. b) evidenciarían la ineficiencia del contralor máximo de las finanzas públicas que es el Tribunal de Cuentas. c) acentúa la desmoralización de la población y su descreimiento en los organismos públicos (...) Dada la excepcionalidad de los hechos denunciados en sus formas, contenido y consecuencias se entendió recomendable la adopción de medidas excepcionales que limitaran o eliminaran las graves consecuencias analizadas anteriormente".

Quienes observaban los hechos políticos con acentuada inquietud, se dieron cuenta claramente que aquello configuraba más que un atrevimiento, un tanteo para ver hasta dónde los militares podían seguir tirando de la piola sin riesgos. En realidad esta intervención configuraba un desborde más de las Fuerzas Armadas que carecían de toda atribución y todo derecho para formular estas u otras observaciones al Poder Ejecutivo. Era claro que éstas comenzaban a actuar como si fuesen las únicas capaces de asumir la defensa de los valores morales por más que éstos estaban en ese momento en manos de una auditoría del propio Tribunal de Cuentas que ellos mismos elogiaban y que eventual y seguramente las conclusiones de éste iban a pasar como efectivamente sucedió a la justicia ordinaria, único poder del Estado autorizado a esos efectos por la Constitución. Es cierto que las Fuerzas Armadas, como antes la Policía, habían actuado con gran eficacia hasta provocar la derrota del MLN, pero esta lucha las había caracterizado además por su falta de autocontrol, por los saqueos de los domicilios allanados, por las desapariciones de personas, por su ineficacia para evitar cuatro fugas masivas de las cárceles, por las torturas a los detenidos, por la violencia innecesaria y hasta por la violación territorial de una embajada para sacar por la fuerza a una militante tupamara. Nada de eso era reconocido por ellas al abrogarse como máximos custodios de la rectitud de procederes y el Poder Militar, convencido a esa altura que en poco tiempo el gobierno caería bajo su égida, trataba de dar a la gente una imagen de único escudo contra la corrupción. Los extravíos de la Junta Departamental de Montevideo le estaban sirviendo de inmejorable de pretexto para tomar las riendas del poder, eligiendo el dudoso camino de la ilegalidad, pero suponer que esas irregularidades se extendían a todos los ámbitos politicos del país configuraba un desatino.

¿Cómo reaccionó el Poder Ejecutivo ante las advertencias de la Junta de Comandantes en Jefe? Con sorpresa y debilidad. Ni el Ministro de Defensa doctor Armando Malet ni el Secretario de la Presidencia doctor Alvaro Pacheco Seré pudieron ser encontrados por los periodistas durante las horas inmediatas en sus domicilios o en sus lugares de trabajo. De madrugada, al cierre de la edición de los diarios, los cronistas lograron en cambio ubicar al Ministro del Interior doctor Walter Ravenna quien les expresó textualmente "Estuve hasta la noche trabajando en mi despacho y ni me enteré del comunicado". Con las tres personas mencionadas, más el ministro de Ganadería y Agricultura doctor Benito Mederos que era uno de sus asesores personales, estuvo la mañana siguiente reunido el Presidente de la República Juan María Bordaberry analizando la situación. No trascendió lo resuelto aunque tampoco se percibieron enojos oficiales contra la actitud de los militares ni intención de averiguar qué habían querido decir con su pretensión de "adoptar medidas excepcionales". A mitad de la tarde trascendió que el Ministro de Defensa se había entrevistado con los tres Comandantes en Jefe manifestándoles su adhesión personal al mensaje ampliamente difundido y esto hizo suponer que si el Presidente se mantenía firme, tendría que pedirle la cartera. No ocurrió así sino al revés. El doctor Armando Malet renunció pero el presidente Bordaberry no le aceptó la renuncia. A diez días del desacato militar del 9 de febrero, primera parte del quiebre institucional uruguayo de 1973, los actos de corrupción de la Junta Departamental caminaban por dos carriles diferentes. Por un lado la investigación interna y la auditoría del Tribunal de Cuentas y por el otro las consecuencias político-militares que habían desencadenado, aunque las presiones de las Fuerzas Armadas ya venían perfilándose desde tiempo atrás. La crisis final se desató el primer día de febrero, aunque sería pueril e inexacto atribuirla a los problemas de la Junta. Esa noche el senador doctor Amílcar Vasconcellos pronunció un alocución por radio Carve en la que denunció sin eufemismos, que existía una conspiración militar para apoderarse del poder. "Estamos a tiempo: que se movilicen los partidos, que se adopten medidas a nivel gubernamental" —advirtió el senador colorado y agregó en una clara referencia al ministro de Defensa Nacional— "para que los ministros hagan respetar su investidura y no marchen al son que toquen sus subordinados, que cada uno actúe dentro de las atribuciones que marca la ley". Vasconcellos acusó además a los militares de golpistas y los trató de latorritos aludiendo al coronel Lorenzo Latorre. En otra parte de sus palabras, dijo además que "los militares lideran un movimiento que busca desplazar a las instituciones legales por la omnímoda voluntad de los que pasarían a ser integrantes de la ‘internacional de las espadas’. La reacción de los militares ante las palabras del senador fue de gran enojo. "Latorritos para rato", tituló irónicamente una de sus publicaciones sin preocuparse si esas palabras iban más allá de lo establecido por las leyes. Al día siguiente el presidente Bordaberry contestó a Vasconcellos con una carta abierta cuyo contenido resultó demasiado blando para los militares y ese mismo día destituyó al ministro Armando Malet y designó al general Antonio Francese, nominación que no fue admitida por el Ejército precipitando los sucesos ya recordados en notas anteriores. Mientras tanto las investigaciones en la Junta Departamental proseguían y traerían consecuencias de una desconocida gravedad.


En un hogar de vacaciones de la Junta, se encontraron 82 bombachas
Quince días después de las denuncias de corrupción en la Junta Departamental de Montevideo reveladas por el diario El País en enero de 1973, las distintas investigaciones no sólo confirmaron la gravedad de los hechos sino que comprobaron un considerable aumento en las cifras iniciales de lo gastado ilegalmente. De acuerdo a las facturas presentadas por los acreedores, en almuerzos y cenas efectuados únicamente durante el último año en los restaurantes del Hipódromo de Maroñas, El Aguila y Morini y en la boite Zum Zum por algunos ediles y en las que participaban con frecuencia familiares y amigos, las remisiones a "gastos de la Junta" sumaban quince mil dólares, en tanto al alquiler de autos en las firmas de Homero De León, Sudancar y Moncar, la mayor parte de las veces para viajar al interior, llegaba a los once mil dólares. También aparecían cuatro mil dólares en vales de nafta cuya utilización permanecía en la nebulosa. Todas estas erogaciones estaban autorizadas por la firma del entonces Presidente de la Junta Carmelo Cabrera Giordano, quien en el momento de las denuncias había pasado a integrar la Cámara de Diputados. A esa altura nadie se atrevía a dudar que el estilo de vida de los curules montevideanos les exigía un buen comer y beber y un mejor viajar. Por más que estos episodios llenaran de asombro a la población distrayéndola del peligro que traían consigo las violaciones a la Constitución en las que incurrían casi a diario las Fuerzas Armadas, también era fuente de comentarios risueños. En el marco del verano y la proximidad del Carnaval, los sucesos de la Junta configuraban una diversión que se agregaba a las que ponía en práctica la Comisión Municipal de Fiestas. Durante todos esos días, en el Teatro de Verano del Parque Rodó, tenía lugar el denominado Festival de la risa en el cual participaban Roberto Capablanca, Los Tribellinos, el dúo Santomar, Pako y Piko, Roberto Barry, el conjunto Yo kiero dormir con mama y una teatralización del personaje creado por Jorge Scheck, El flaco Cleanto.

En los primeros días de febrero, el Tribunal de Cuentas comprobó que entre los nombramientos de los últimos meses figuraban: una nuera del ex Presidente Jorge Pacheco Areco, la esposa de Ricardo Guariglia, hasta ese momento Presidente de la Junta, María E. Del Signore de Guariglia, una hermana de ésta llamada Elida, la hermana y la esposa del edil Miguel Gorfain Elena Gorfain de Acosta y Gilda Crujeira de Gorfain y Angel Bianchi, secretario del Presidente de la Junta. Se anunció también que la lista de parientes de los ediles que habían sido empleados era mucho mayor y se daría a conocer oportunamente. Cabe recordar que muy poco años antes la Junta Departamental de Montevideo tenía menos de cien funcionarios, que al comenzar el último período llegaba a ciento cincuenta, pero en el momento de esta investigación sobrepasaba los setecientos. Sin embargo el nepotismo no fue el peor de los cargos revelados por quienes investigaban los hechos, sino la comprobación de que la adquisición para disfrute de ediles y funcionarios de una colonia de vacaciones ubicada en Marindia, había sido pagada por una cantidad que según tasación de conocedores era el doble de lo que valía la propiedad. La gravedad de la denuncia que despertaba sospechas de dineros mal habidos, hizo que se fueran a buscar de inmediato antecedentes en los expedientes respectivos, pero nunca pudieron encontrarse. Las dudas aumentaron y las investigaciones pasaron a estudio del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación doctor Fernando Bayardo Bengoa. Para dejar el camino abierto a las responsabilidades, presentó su renuncia el Presidente de la Junta Departamental Ricardo Guariglia siendo sustituído interinamente por el edil Hugo Urbano. En la primer semana de febrero y procediendo con una desconocida celeridad, el Fiscal ya había resuelto que de lo estudiado "surgían actos y responsabilidades que configuraban grave perjuicio para la Administración".

Al aproximarse el nueve de febrero, las repercusiones políticas de los actos de corrupción en la Junta Departamental de Montevideo comenzaron a quedar escondidas por la magnitud de la crisis de autoridad que padecía el Poder Ejecutivo. Se había producido nada menos que un desacato militar a lo dispuesto por el Presidente de la República al designar éste Ministro de Defensa Nacional al general Antonio Francese, los partidos políticos vacilaron en manifestar su apoyo a Bordaberry, quien aunque no les gustara representaba a la legalidad, la Marina en cambio se puso a su lado en defensa de la ley y la gente vislumbró con horror la posibilidad de un enfrentamiento armado. Demasiadas tensiones para que pudieran seguirse de cerca los avatares de los ediles implicados en un caso de corrupción único en la historia del país. Se supo sin embargo que Edegar Guedes, ex Presidente de la Junta y en ese momento diputado se había presentado voluntariamente a declarar en el Juzgado de 5o turno, que también lo había hecho Ricardo Guariglia y que el también diputado Cabrera Giordano amparado en sus fueros legislativos, sería citado por exhorto. Aunque enterrada por los pormenores realmente atemorizantes de los problemas políticos que se sucedían de contínuo (ese mismo día el Presidente Bordaberry había transado en Boiso Lanza aceptando las imposiciones de las Fuerzas Armadas) trascendió la información de que Horacio Rodríguez Alonso, uno de los ediles designados para investigar a sus colegas, había sido expulsado de su grupo, el Movimiento de Rocha, "por desviaciones de conducta tales como el uso abusivo de la locomoción oficial y la realización de un viaje al exterior".

Una semana después, el Tribunal de Cuentas arrojó otra bomba seguramente la de mayor poder explosivo hasta ese momento: en la Junta existían trescientos cincuenta funcionarios, que habían sido designados ilegalmente y corrían el riesgo de ser declarados cesantes. En todo año electoral, las disposiciones vigentes impiden los nombramientos en la Administración Pública pero diligentes ediles habían burlado esa norma antedatando los ingresos que figuraban como realizados un año antes. Antes de terminar febrero, con todos los antecedentes e informes en su poder, el Juez Milton Cairoli decretó el procesamiento de diez ediles, tres altos funcionarios y dos ex ediles. Los cargos para algunos oscilaron entre "omisión contumacial de los deberes del cargo", "omisión en denunciar delitos", "falsificación de documento público" y "fraude". A varios más se les tipificó solamente "abuso de funciones". Todos fueron a parar al Establecimiento de Detención Miguelete. Uno de ellos, se fue del país antes de que lo detuvieran. Estas notas se han limitado a dar sus identificaciones mientras duraron los procesos indagatorios. Luego de los procesamientos el autor ha optado por omitirlos, pese a que sus rostros y sus nombres fueron difundidos amplísimamente en aquel momento por la prensa. Por tratarse en todos los casos de primarios, eso no debió haberse hecho y si se hizo fue porque los hechos configuraban alarma pública. La razón antedicha, sumada al haber pasado ya treinta años de aquellos delitos y a que sus familiares no tienen por qué heredar culpas ni vergüenzas provocadas por otros, explica por qué se ha preferido callarlos.

Normalmente se recuerda que el 27 de junio de 1973, el Presidente de la República Juan María Bordaberry con el apoyo total de las Fuerzas Armadas disolvió el Parlamento nombrando en su lugar un organismo que procuró hacer las veces de aquél, denominado Consejo Nacional de Administración. En cambio se tiene menos presente que también fueron creadas Juntas de Vecinos cuya finalidad fue la de sustituir a las Juntas Departamentales. En todos los casos sin excepción, los cargos fueron designados a dedo sin intervención de la voluntad popular. La de Montevideo fue presidida por el abogado Héctor Volpe Jordán, un batllista proveniente de los medios judiciales. A su testimonio se ha recurrido para complementar los datos que apuntan hacia los episodios ya referidos. Con más de ochenta años en su haber pero sin flaquezas de memoria, Volpe ha rememorado el panorama que enfrentó seis meses después de las investigaciones antes referidas.

-¿Cuál era el fin de la Junta que usted presidía?
-La Junta Departamental que actuaba con varios ediles suplentes ya que una docena habían sido procesados y presos, algunos por un año o más, había quedado disuelta...
-Conviene recordar que el presidente y el intendente de Montevideo se habían convertido a esa altura en gobernantes de hecho.
-.. y el Intendente Víctor Rachetti, que había sido electo legítimamente, no podía actuar porque no tenía el órgano de contralor legislativo.
-En realidad podía, aunque no debía. Estuvo haciéndolo desde junio a agosto, mes en que ustedes fueron designados. De cualquier modo, el tema de esta entrevista no es analizar el carácter efectivo o decorativo que tuvieron las Juntas de Vecinos.
-Yo trabajaba como fiscal adjunto de la Fiscalía de Hacienda y cuando el Presidente Bordaberry me ofreció la Presidencia de la Junta de Vecinos, concurrí a la Casa del Partido pues soy un viejo batllista y se lo planteé primero al Secretario General Baltasar Granucci y luego al doctor Jorge Batlle. Ambos me dijeron que lo aceptara para defender la democracia y el derecho. El cargo era honorario y no debíamos recibir órdenes de nadie. Los designados hicimos una reunión en el consultorio del doctor Paternó y yo mocioné para que ninguno de nosotros aceptara otro cargo público pagado, a lo cual todos nos juramentamos.
-Creo recordar que dos de ustedes, Paternó y Caviglia fueron más tarde integrantes del Consejo Nacional de Gobierno. El juramento tuvo poco efecto.
-El objeto de la Junta de Vecinos era esencialmente de control. El presidente era yo, el vice Francisco Paternó, después estaban Edmundo Bianchi, Samuel Carvallo que es el único que vive, el ingeniero José Foglia Méndez, Buenaventura Caviglia, Cámpora, Juan Carlos Pombo, Juan Carlos Inda e Ingeniero Héctor Basaistegui. Es cierto que dos no cumplieron pero los demás, sí.
-Dentro del marco general, eso tampoco tenía mucha importancia.
-Nuestra primera tarea fue encarar el caos administrativo que había dejado la junta anterior. Fíjese que había tantos empleados que no cabían y habían hecho cuchitriles con cármica y plástico. A los setecientos veinte empleados se les había puesto en la cabeza que si tenían un escritorio, tendrían permanencia. De modo que habían colocado escritoritos hasta en los balcones. Había una suciedad terrible. Nosotros declaramos sede transitoria de la Junta de Vecinos el Cabildo y allí estuvimos hasta que se arregló el otro local. Le voy a contar la primera reunión. Fui a las ocho y media y no encontré a nadie. Pregunté al secretario donde estaba la gente y me dijo que estaban todos en el bar. Este era un lugar muy grande y todos estaban desayunando con bizcochos y sandwiches. También se consumían bebidas sin alcohol sin límites.
-¿Quién pagaba eso?
-Ustedes (se ríe). Yo saludé, fui a mi escritorio, llamé a los nueve miembros de la junta y les dije que mi idea era liquidar ese bar, lo que efectivamente sucedió. Mandé todo para una casa de remates. Después fui a una colonia de vacaciones que la Junta Departamental anterior tenía en Marindia y allí encontré una montaña de botellas mas alta que yo de botellas vacías de whisky, cerveza y champán. Además encontré ochenta y dos bombachas.
-¿Tenían una mercería?
-No sé... las visitantes se las olvidarían luego de ponerse las mallas para tirarse en la piscina... Nunca me lo pude explicar.
-A lo mejor habían perdido la costumbre de usarlas.
-Puede ser... (se ríe) El lugar que era soñado, había pertenecido al señor Heider el de la óptica. Constaba de una media luna bordeada de pinos y en el medio había una torre de cuatro pisos desde donde se dice que en la guerra había un vigía alemán. Además había un parador excepcional. Yo he viajado mucho y nunca he visto algo más bello. Todo de madera importada y bronce. Poco tiempo después el intendente Rachetti puso un cuidador que era pariente de un director del municipio y este funcionario por robar energía eléctrica tiró un alambre hasta los cables de alta tensión y provocó un incendio que consumió el parador por entero. Era una obra de arte. Fíjese que el lugar había sido comprado sin una tasación del Banco Hipotecario como manda la ley. Se había hecho una tasación privada. Cuando vino la investigación se enviaron a los técnicos del banco para que hicieran la evaluación y éstos teniendo en cuenta los valores del momento del negocio, la tasaron por menos de la mitad de lo que se había pagado. Hubo miles de dólares que se pagaron de más, vaya uno a saber por qué causa. Y para peor, el expediente donde constaba todo el proceso de negociación, se extravió misteriosamente. ¿No le huele algo medio feo?
-Suena bastante extraño, pero yo no estoy para oler sino para recoger testimonios. Hace un ratito me dijo que había setecientos veinte funcionarios.
-Sí señor. Nosotros reducimos ese número a cuarenta y cuatro y si me apura, con veinte ya eran suficientes. Los demás fueron redistribuídos. Ahora me han dicho que de nuevo los funcionarios se aproximan a los setecientos y mejor no opino. Cuando yo asumí, la Junta Departamental tenía un presupuesto de tres mil millones y lo dejamos en doce millones. Nunca en ocho años nombramos a nadie, pero la siguiente Junta de Vecinos designó siete funcionarios amigos y parientes de los nuevos miembros.
-¿Y no era que el régimen cívico militar había acabado con la corrupción?
-Le cuento las cosas como fueron. Los ediles anteriores se habían hecho un panteón enorme todo de mármol en el cementerio del Buceo con capacidad para cincuenta cuerpos. También lo vendimos. Ahora lo tiene La Española. Había diez autos y treinta choferes. Yo dejé un solo auto y un solo chofer. Y ni le hablo del asunto de las comidas.
-En estas notas se han adelantado unas cuantas cosas.
-Yo era bastante amigo de don Arturo Costa el dueño de El Aguila. Y apenas accedimos al cargo vino a verme para solicitarme que le pagáramos una cantidad impresionante de dinero que le habían quedado debiendo los ediles. Más de ocho mil dólares de aquellos años. Le dije que no existía ningún decreto por el cual la Junta tuviera que hacerse cargo de esos gastos y el secretario del organismo me aclaró que eso era una vieja costumbre. Entonces le dije a Costa que tenía que presentarse a la justicia para reclamar ese dinero a los ediles que le habían quedado debiendo. El pobre quedó blanco y pensé que le daba algo. Luego me pidió agua y se fue. Después los mozos de El Aguila me contaron que algunos ediles tenían otra maña: preguntarles a cuanto ascendían la cuentas y pedirles facturas falsas por una cantidad mayor para quedarse con la diferencia. ¿Ya le hablé de los viajes?
-No, pero tengo entendido que al respecto hay algunas anécdotas muy jugosas.
-Le voy a contar algunas que conozco muy bien. Eso de viajar gratis al exterior era un vicio muy extendido entre los ediles. Incluso simulaban invitaciones, pedían viáticos y se iban los más campantes. Otras veces las invitaciones llegaban realmente. Hubo una en especial que fue muy comentada. Resulta que hubo en Venezuela un congreso de no sé bien qué y fueron convidados varios integrantes de la Junta Departamental. Por supuesto solicitaron pasajes y viáticos para sus gastitos y se prepararon para el viaje. Pero resultó que el congreso había sido suspendido por razones que no importan y la comunicación que hacía referencia a ésto había sido enviada a la Junta, pero algún edil viajero la había escondido para que nadie se enterara. Resultado: que la expedición marchó igual a Caracas a participar en una reunión inexistente. ¿Qué le parece?
-Un prodigio de imaginación curulesca.
-Le voy a contar otra que no sé si no es peor. No me acuerdo en qué fecha, los ediles se volvieron admiradores de José Enrique Rodó. ¿Usted piensa que fue porque se conmomoraba un aniversario de su muerte? Nada de eso. Fue porque alguien tuvo la feliz idea de que la Junta Departamental encargara un busto del escritor para que luego un grupo de ediles se encargara de transportarlo personalmente hasta la ciudad de Palermo, donde había fallecido. Cuando todo estuvo pronto, los elegidos que eran tres, viajaron a Italia con el busto.
-Por ahora todo es muy tierno y patriótico.
-Pero resulta que en algún momento del viaje y por causas nunca aclaradas el busto se extravió.
-¿Cómo puede perderse un busto? Se supone que lo llevarían siempre con ellos.
-No lo sé. Habrá sido en alguna Aduana o de pronto se lo olvidaron en un hotel o en algún restaurante. El asunto fue que a los homenajes de colocación del busto, llegaron sin él.
-Alguien en Italia lo tendrá de adorno en su jardín sin saber quién fue.
-¿Quiere que le cuente más?
-No. Creo que ya tenemos bastante.

César di Candia